A punto de finalizar 2016, el balance de conjunto continúa siendo muy negativo y la ciudadanía sigue sin percibir la mejora económica. Este ha sido un año, con dos convocatorias electorales celebradas en seis meses, marcado por un elevado grado de incertidumbre. La inestabilidad política (vulnerabilidad política), los riesgos macroeconómicos percibidos (riesgo económico) y el cada vez más dañado bienestar social (vulnerabilidad social) —reflejado en una creciente desigualdad económica— se han convertido en barreras insuperables para la reconstrucción del optimismo económico.

La mejora económica permea a cuentagotas. El pesimismo sigue siendo el estado de ánimo predominante en nuestra sociedad. Con todo, se observa un relativo descenso del malestar económico, desde finales de 2014 el porcentaje de opiniones negativas sobre la marcha de nuestra economía ha descendido 12 puntos (el 90% opinaba que era mala a finales de 2014 y ahora es el 78%). La recuperación sigue sin ser percibida de manera clara por la ciudadanía debido al elevado desempleo y al aumento de la desigualdad. A ojos del ciudadano medio, la mejora efectiva de la economía está aún por llegar: ocho de cada diez españoles opinan que la crisis no ha sido superada y que todavía falta tiempo para que el actual estado de cosas mejore de forma definitiva.

La evolución del desempleo es el reflejo más claro de que la crisis sigue presente. Aunque el mercado laboral comenzó a remontar en 2014, la sensación más predominante entre la ciudadanía es la de que el paro va a seguir todavía igual de alto durante mucho tiempo (67%). La peor crisis económica en décadas ha destruido 3.8 millones de empleos y la tasa de paro ha alcanzado en estos últimos ocho años niveles nunca vistos (casi el 27%). Las cifras son tan abrumadoras que la inseguridad e incertidumbre han alcanzado también al segmento de población ocupada: el 19% contempla la posibilidad de ser despedido a corto plazo y son mayoría clara (73%) quienes creen que en caso de perder su trabajo actual, sería prácticamente imposible encontrar otro de similares características.

El incremento de la desigualdad impide percibir los indicios de recuperación. Lo que más está desalentando el estado de ánimo colectivo son las consecuencias económicas derivadas de la crisis y del elevado desempleo asociado. Primero, porque la vida de muchas personas se ha visto severamente castigada por sus efectos. La mayor parte de los españoles está convencida de que, superada la crisis, España será más pobre y desigual (73%). Otra amplia mayoría percibe que el coste de la vida sigue subiendo (85%), y el 56% dice tener dificultades para llegar a fin de mes. Y en segundo lugar, porque la falta de expectativas de reincorporación al mercado laboral es cada día más preocupante: dos de cada tres desempleados consideran bastante improbable la posibilidad de encontrar trabajo en un futuro cercano (proporción que se acerca al 100% entre los parados de más de 55 años).

La relación entre incertidumbre política y riesgo económico ha hecho emerger el voto económico. Siete de cada diez españoles estaban convencidos de que el retraso en formar Gobierno podría poner en riesgo la posible recuperación de la economía. Por todo ello, lo que ha primado en las últimas elecciones —celebradas el 26 de junio— es el voto económico, que relaciona la percepción de la situación económica con el comportamiento electoral: para seis de cada diez españoles la situación económica fue un factor decisivo a la hora de votar.

En España se ha utilizado el voto económico como una regla premio-castigo (Key, 1966), es decir, el voto económico sirve tanto para castigar como para premiar al Gobierno de un país según haya desempeñado su política económica. En los comicios legislativos de 1993, perjudicó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y favoreció las expectativas electorales del Partido Popular (PP). En 2011, penalizó duramente al PSOE y otorgó la mayoría absoluta al PP. Sin embargo, —según la teoría del premio-castigo— los resultados electorales de junio deberían habernos conducido hacia un escenario mucho menos favorable para el PP. Este imprevisto mayor respaldo hacia el partido del Gobierno puede deberse, entre otras cuestiones, al nuevo contexto político reinante. Primero, porque por primera vez en la historia de nuestra democracia, han sido cuatro las formaciones políticas que se han distribuido el grueso del voto. Esto hace que como novedad, también se hay repartido el castigo: PSOE y PP son percibidos como responsables de la crisis. Uno, por no verla venir y otro, por el daño causado para tratar de remediarla. Ambos han sido penalizados, aunque en distinta magnitud: el PP ha perdido cerca de 3 millones de votos con respecto a 2011 y el PSOE algo más de un millón y medio. Y en segundo lugar, porque el PP ha logrado estimular a su electorado y perfilarse como la única alternativa de estabilidad económica. El recelo hacia nuevas formas de gestionar la economía hizo emerger un voto de la estabilidad entre quienes consideraban que cualquier cambio era peor y que más valía lo conocido, aunque no fuera lo mejor.

Pero, aunque el PP haya conseguido renovar la titularidad del gobierno, en modo alguno está legitimado como el mejor gestor de la crisis. Solo un tercio de la población atribuye la mejora de la economía a las medidas puestas en práctica por el Gobierno de Mariano Rajoy. La mayoría (60%) cree que, por el contrario, nada tiene que ver con las políticas gubernamentales, dado que la mejora económica también se está produciendo en otros países que aplicaron medidas distintas.

Cuando la sociedad vive desilusionada y con temor al mañana está más predispuesta a apoyar políticas que le ofrezcan seguridad, por desacertadas que estas sean. 2017 va a comenzar con muchas incógnitas, la política económica española debería ser capaz de combinar las fuerzas para poner en marcha un New Deal, un nuevo pacto social que salve a nuestra economía y garantice la protección del bienestar de todos.