La sociedad española no termina de advertir que la reforma sanitaria que acometió  el Gobierno –y que excluye de la asistencia sanitaria normalizada a los extranjeros en situación irregular– represente un ahorro significativo para el Sistema Nacional de Salud. En cambio, sí observa -de manera clara- que esta exclusión va en contra de los derechos fundamentales de las personas tal y como establecen nuestra leyes (lo afirma un 77%) además de suponer un riesgo para la salud pública al dejar sin tratamiento a personas que pueden padecer una enfermedad infecto contagiosa (un 72%). 

Ante un tema tan sensible como el derecho a la salud y la integridad física de los inmigrantes irregulares, los españoles dan prioridad a la protección los derechos fundamentales de las personas a la hora de establecer medidas de ahorro. Esta opinión mayoritaria coincide con el argumento expresado esta semana por el Tribunal Constitucional al sostener que “el derecho a la salud debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro”.

La sanidad, la vivienda, la educación y el gasto social son temas vertebradores de los Valores sobre los que se construye una sociedad. Diferenciar una salud para españoles y otra para inmigrantes en situación irregular significa trazar una frontera -hasta ahora inexistente– en nuestra Constitución de dudosa legalidad.

Para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud han de existir prioridades que no impliquen forzosamente un ahorro en derechos individuales y garantías sociales. El hecho de que -ante la exclusión de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares- los españoles vean en primer lugar una vulneración de derechos individuales y seguidamente un riesgo para la salud de todos, refleja por su parte una escala de valores de la que tomar ejemplo, y que puede resultar clave a la hora de afrontar los retos de futuro que –como sociedad- tenemos por delante.

El País