Las instituciones que merecen a la ciudadanía española el juicio más negativo son la clase política, la Justicia, las grandes empresas, los sindicatos, la Iglesia y los bancos, según los datos de Metroscopia ya analizados en la serie que hoy termina. Es decir, precisamente aquellas que de forma más directa inciden en la gestión de nuestra común vida política, jurídica, económica y laboral, así como en la conformación de nuestro entramado valorativo. Este es un diagnóstico sin duda alarmante, pero ocurre que no nos es exclusivo: lo compartimos con la práctica totalidad de las sociedades avanzadas. Incluso con Estados Unidos, por citar un país cuyo entramado institucional y cultura política apenas presenta similitudes con el nuestro, más allá de la condición común de democracias consolidadas. Datos muy recientes del Instituto Gallup (que desde 1973 ha medido regularmente el nivel de confianza de la ciudadanía estadounidense en 16 grandes instituciones) indican que entre estas las más severamente evaluadas en el momento actual son la clase política, las grandes empresas, los bancos, los sindicatos y la Justicia. Es decir, las mismas que en España (con una diferencia: las iglesias, que allí logran mantener, aunque a la baja, un crédito social todavía sustancial). La Presidencia de la nación aparece situada en un lugar medio-alto de la escala, pero ya no en los puestos de cabeza que solía ocupar: algo similar a lo que —quizá coyunturalmente— ocurre en estos momentos con la Corona española, como ya se ha visto. Y quizá también, en alguna medida, por parecidas razones: el generalizado descrédito de la política con minúscula no puede sino acabar dañando también a las instituciones llamadas a simbolizar, además, la política con mayúscula. Pero es posible extender más la comparación: en ambos países la evaluación ciudadana más intensamente positiva corresponde (aunque no milimétricamente en el mismo orden ni con la misma intensidad) a instituciones a las que cabe atribuir un carácter netamente protector y altruista: médicos y sistema sanitario —especialmente en el caso de España—, científicos y docentes, policía y fuerzas armadas y -sorpresa- las pequeñas y medianas empresas.

Sin entrar aquí en consideraciones de alcance más genérico, me limitaré a dos observaciones que, siempre a la luz de los datos, me parecen obvias para el caso específico español. Por un lado, algo muy profundo ha cambiado en nuestra sociedad cuando quienes ahora se alzan, y con rotundidad, con la palma del reconocimiento ciudadano son quienes curan, investigan, enseñan, protegen y proporcionan el 90% de los empleos. No puede sino reconfortar que en medio del desastre económico en que ha desembocado la tanto tiempo celebrada (¡y fomentada!) cultura de la codicia (cuyo máximo logro ha sido alumbrar esa portentosa —y por ahora, insistamos en ello, impune— “ingeniería financiera”, gracias a la cual solo uno de cada 80 títulos que en el mundo se compran y venden corresponden a activos reales), el ciudadano medio sepa reconocer y premiar a quienes, en vez de contribuir alegremente a la ruina colectiva, han sabido ser fieles —a contracorriente, y austeramente, dicho sea de paso— a una ética de servicio público.

Por otro lado, parece claro que la regeneración de nuestra vida pública no puede demorarse más. Las instituciones y entidades de signo altruista y protector —único soporte actual, según se ve, de nuestra moral colectiva— son tan admirables como necesarias, pero no pueden seguir siendo las depositarias en exclusiva de nuestra confianza institucional. La ciudadanía lleva ya años, sondeo tras sondeo, reclamando lo mismo a los distintos actores políticosociales: vuelta a una cultura política de negociación y pacto, renuncia a la confrontación y a la imposición. Recordemos, una vez más, los datos, que, tozudamente, no cambian: el 88% piensa que nuestros partidos han abandonado el espíritu de consenso que caracterizó la Transición y solo piensan en sus intereses partidistas, con independencia de lo más conveniente para el interés general; el 90% cree que los partidos deben variar su actual funcionamiento para prestar más atención a lo que piensa la ciudadanía; y el 73% concluye que España necesita ahora una “segunda transición” para, con el mismo espíritu de pacto y concordia de la primera, modificar y actualizar nuestro sistema político. Este, tal y como ahora funciona, es percibido así, de forma casi unánime, como anquilosado, cerrado sobre sí mismo, generador de tensiones sociales cuando conviene a sus propias estrategias cortoplacistas e incapaz de encarar los problemas con generosidad y altura de miras, en definitiva, con espíritu de concordia.

El País