Un 87 % de los españoles califica negativamente la actual situación política de nuestro país, el porcentaje más elevado de, al menos, las últimas dos décadas. Una mala situación de la que responsabilizan en mucha mayor medida a los actuales líderes políticos que a la forma en que está organizada nuestra democracia. Pero la impericia de los primeros está acabando por desteñir, cada vez más, en la confianza en la segunda: así, desde 2010, la repuesta que ha ido haciéndose gradualmente más frecuente —pasando de un 13 % al 25 % actual— es la que señala como culpables a ambos: líderes y sistema.

Cuando la percepción mayoritaria es que son los líderes los que fallan, la solución pasa por sustituirlos, pero puede ocurrir lo mismo con el sistema cuando la mala praxis de los políticos empieza a contagiarle: en esos momentos la legitimidad social de las instituciones puede verse amenazada. Y, sobre todo, en épocas de crisis como la actual cuando un 98 % de los ciudadanos califica como mala o muy mala la situación económica de España, el porcentaje, también, más elevado de los últimos 20 años. Una doble e inquietante señal de alarma. En todo caso, la mala imagen de los políticos no es nueva, pero se va deteriorando aún más según avanza —sin dar señales de ir a remitir— la actual crisis económica.

En esta última oleada del 2012 del barómetro de Clima Social, y en lo que respecta al Gobierno, siguen siendo masivamente mayoritarios los porcentajes de ciudadanos que se muestran críticos con su gestión: un 75 % tiene una impresión de conjunto negativa del Ejecutivo; un 73 % cree que no está sabiendo hacer frente de forma adecuada a la actual situación económica; y un 68 % considera que va improvisando sobre la marcha sin tener un plan claro. La gestión del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha alcanzado un porcentaje de desaprobación muy elevado (71 %, es decir, 20 puntos más que en marzo de este año) y un 85 % —el porcentaje más alto de este 2012— dice tener poca o ninguna confianza en él (algo, por cierto, que declara ahora también un 60 % de sus propios votantes).

Por otro lado, la evaluación ciudadana de la gestión de los distintos ministros solo produce saldos negativos —es decir, en todos los casos son más los españoles que les desaprueban que quienes les aprueban— y, por lo general, más intensos que hace solo un mes. La evaluación que más se deteriora desde primeros de noviembre es la del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que con un balance negativo de -43 puntos pasa a ocupar el penúltimo puesto del ranking (superando solo al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert). Incluso entre los votantes del PP —entre quienes, hasta ahora, había gozado de una imagen mayoritariamente positiva— la opinión sobre Gallardón se presenta ahora dividida: un 46 % aprueba su gestión frente a un 42 % que la desaprueba. El abrumador rechazo a la Ley de Tasas judiciales, recientemente aprobada a propuesta de su Ministerio, parece ser, sin duda, el principal motivo de este abrupto deterioro de su aprecio popular. A fin de cuentas, un 81 % de los españoles (entre ellos, un 69 % de los propios votantes populares) opina que no tiene justificación alguna establecer una tasa para poder acudir a la justicia.

El problema de la falta de liderazgo político, que desde hace ya tiempo percibe la sociedad española, se agrava por un hecho peculiar: la imagen pública del en principio llamado a ser el reemplazo natural del actual Presidente del Gobierno, esto es, del líder del principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, no solo es peor que la de Rajoy, sino que va declinando mes a mes: en estos momentos, un 84 % de los españoles (un 73 % entre sus votantes) desaprueba su labor opositora y un 92 % (81 % entre sus votantes) dice tener poca o ninguna confianza en él.

Así las cosas, la estimación del resultado electoral para el supuesto de que se celebrasen ahora unas nuevas elecciones generales sería un nuevo descenso de los dos grandes partidos —PP y PSOE— y un nuevo ascenso de IU y UPyD. Los populares obtendrían un 31.3 % de los votos, cinco décimas menos que en noviembre y 13.3 puntos menos que el porcentaje logrado en los últimos comicios. Los socialistas, por su parte, siguen rebajando su suelo electoral: obtendrían un 22.7 %, dos décimas menos que hace un mes y seis puntos menos que el logrado en 2011. En cambio, la coalición rojiverde lograría un 13.3 %, 6.4 puntos más de lo logrado hace un año (y su mejor resultado estimado en las 12 oleadas del Barómetro de Clima Social de este año); y la formación magenta, presidida por Rosa Díez, obtendría un 10.2 %, cinco puntos y medio más que en noviembre del año pasado (y, junto al de este pasado octubre, su mejor porcentaje estimado de todo el año).

La participación estaría muy por debajo de la de 2011 y rondaría apenas el 60%. La fidelidad de voto de populares y socialistas está, en estos momentos, bajo mínimos: como en la oleada de noviembre, el PP sigue manteniendo movilizado solo a la mitad de su actual electorado (48 %), mientras que el PSOE a solo cuatro de cada 10 de sus votantes (39 %). Existe una diferencia significativa entre los votantes desmovilizados de uno y otro partido: entre los desmovilizados populares predominan quienes dicen que ahora optarían por la abstención (20 % frente al 11 % que dicen lo mismo entre los desmovilizados de los socialistas); entre los desmovilizados del PSOE predominan en cambio los indecisos, esto es, quienes no saben si acudirían a votar o por qué partido hacerlo (24 % frente al 13% en el caso del PP).

Si algún consuelo puede tener Rajoy es que en este año inesperadamente electoral en el que se han celebrado cuatro comicios que debían haberse llevado a cabo inicialmente más adelante —los del Principado de Asturias, Galicia, País Vasco y, más recientemente, Cataluña— ha logrado un buen resultado en aquellas Comunidades en las que más se jugaba: en Galicia, con la renovada mayoría absoluta de Feijoo (a pesar de lograrla con menos votos absolutos que en 2009) y en Cataluña —tierra en la que los populares están acostumbrados a llevarse más disgustos que alegrías—, consiguiendo un diputado más que en las anteriores elecciones autonómicas (creciendo, además, en número de votos), pero, sobre todo, gracias a que Artur Mas no ha logrado la amplia mayoría absoluta a que aspiraba.

Tras el resultado obtenido por CiU en las elecciones del pasado domingo (en las que no solo no logró la mayoría excepcional que pedía Mas, sino que perdió 12 diputados de los 62 con lo que contaba), un 57 % de españoles (un 71 % entre los votantes del PP) piensan que Mas debería dimitir. Un 27 %, por el contrario, piensa que no debería abandonar su puesto dado que, a pesar de todo, ganó las elecciones y con gran diferencia respecto del segundo partido. También la amplia mayoría de españoles cree que tras ese resultado electoral el Gobierno catalán debería no seguir adelante con su plan de consulta soberanista. En todo caso, tres de cada cuatro españoles (76 %) cree que la posibilidad de que Cataluña se convierta en un Estado independiente tiene ahora muy pocas o nulas probabilidades de llegar a ser realidad en un futuro más o menos cercano; una opinión que ya era mayoritaria antes de las elecciones catalanas pero que se ha ampliado tras el resultado de estas.

Estimación de voto diciembre 2012

Clima político diciembre 2012

El País