¿Hasta qué punto ha quedado dañada la confianza de los españoles en el andamiaje institucional que vertebra su vida colectiva como consecuencia de los ya ocho años de crisis?  De forma no muy diferente a como se ha visto afectada en Francia, Italia y Estados Unidos la confianza de sus ciudadanos en sus respectivas instituciones nacionales. Esta es la primera gran conclusión que se obtiene comparando los datos del último Barómetro de Confianza Institucional —completado por Metroscopia en este mes final de 2016— con otros similares producidos, para este mismo año, en los tres países pre-citados. La segunda, es que el grado de confianza que los ciudadanos españoles, franceses, italianos y estadounidenses dicen sentir en las 17 instituciones básicas que comparten y para las que ha sido posible reunir información comparable, presenta perfiles llamativamente coincidentes. Es decir, las instituciones que, en los cuatro casos, alcanzan niveles más elevados de confianza y las que, en cambio, obtienen niveles más bajos resultan ser las mismas. Esto no supone en realidad una novedad: suele ser lo usual en estudios comparados de este tipo. En las democracias la confianza ciudadana (que puede presentar altibajos ocasionales) no se reparte por igual a todo lo largo del paisaje institucional: tiende a adherirse más establemente a unas determinadas instituciones que a otras, y estas, en todos los casos, suelen ser las mismas. En consecuencia, y como ocurre en esta ocasión, suelen coincidir casi milimétricamente los rankings institucionales que se obtienen.

Las instituciones en que más se confía. En los cuatro países que estamos considerando, los ciudadanos coinciden en situar en los primeros lugares del ranking de su confianza a las instituciones que se les aparecen como predominantemente protectoras y altruistas: es decir, aquellas en las que no perciben otro objetivo o intención (por legítimos que estos pudieran ser) que el de estar al  exclusivo servicio del interés público. Se trata del sistema sanitario (público), de la policía, del sistema educativo (público), de las pequeñas y medianas empresas, de las ONG y las asociaciones voluntarias, y de las Fuerzas Armadas. En el caso de España y en el de Italia cabría añadir, además, a la Jefatura del Estado (el Rey y el Presidente de la República, respectivamente).

De entrada, puede llamar la atención que en este grupo de instituciones que gozan de un aprecio ciudadano especialmente elevado se encuentren, en los cuatro países, las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Quizá resulte explicable por el masivo contacto con ellas de la ciudadanía (a fin de cuentas, emplean a la inmensa mayoría —entre el 80% y 90%— de cuantos trabajan) y por el reconocimiento que ese contacto directo propicia de su capacidad de resiliencia, sin apenas ayuda, ante una crisis que les ha afectado con especial dureza.

En democracia, la alta confianza en policía y fuerzas armadas, por un lado, y en las asociaciones voluntarias, por otro, no puede sorprender: es lo esperable.

La máxima consideración en que son tenidas la sanidad y  la enseñanza públicas revela con claridad la medida en que (al margen del color político del gobierno de cada momento concreto) la cultura política de las sociedades europeas, y en todo caso de la española,  está ya impregnada de valores originariamente socialdemócratas. En este específico punto, la diferencia entre los datos europeos y los referidos a Estados Unidos resulta significativa.

En lo que respecta a la Jefatura del Estado, cabría pensar que el mayor nivel de confianza ciudadana  que se registra en España e Italia[1],  en comparación con Francia y Estados Unidos, puede guardar relación con el hecho de que en los dos últimos casos se llega a dicho cargo mediante una disputa partidaria abierta y directa, que podría así lastrar y diluir, en alguna medida, la imagen de imparcialidad e independencia en principio deseable en  una magistratura con tan alta carga simbólica y representativa.

Las instituciones que menos confianza suscitan. En el extremo opuesto del ranking, con niveles de confianza mínimos, quedan situados el sistema financiero, los partidos políticos, los sindicatos, los parlamentos (Congreso, en el caso de Estados Unidos) y las asociaciones empresariales: es decir, las instituciones básicas que integran el sistema político y el económico-laboral.

El generalizado recelo ciudadano ante la política no constituye en sí mismo una alarmante novedad, pero su actual intensificación sí constituye una clara señal de alerta. En todos estos años de crisis, la consideración de la democracia como el mejor sistema político posible se ha mantenido en cotas máximas en la mayoría de los países, y en todo caso en los cuatro aquí considerados. Lo que, en cambio, se ha agudizado en todos ellos es la sensación de que no funciona adecuadamente, y de ello se culpa a los encargados de pilotarla (es decir, a partidos y políticos). El desencanto no se refiere así al sistema mismo, sino a quienes en la actual coyuntura lo pilotan y a los que, en todas partes, se reprocha el alejamiento de sus representados, la incapacidad negociadora, la aridez ideológica e, incluso, la corrupción.

Patronal y sindicatos quedan también en los niveles más bajos del ranking de confianza ciudadana. En el caso de la primera (que para muchos equivale casi exclusivamente a “los empleadores”, o incluso “a los que despiden”) esta deficiente evaluación parece entendible. Más inquietante resultante el generalizado bajo concepto (incluso levemente más bajo que el de la patronal) en que son tenidos los sindicatos en las cuatro sociedades consideradas. Su incuestionable papel histórico, y el indiscutido reconocimiento de su necesidad actual (que afirman, por ejemplo, siete de cada diez españoles y franceses) casan mal con esta generalizada crisis de identidad que de forma tan severa parece lastrar, no solo aquí, su imagen pública.

En cuanto a las instituciones financieras, tampoco puede sorprender su extendido mínimo crédito ciudadano. En todos los sondeos disponibles en los cuatro países considerados, aparecen señaladas como responsables principales (o, en el mejor de los casos, como cómplices necesarios) del cataclismo económico padecido. Con la crisis han quedado ubicadas, en el imaginario colectivo, en la poco agraciada rúbrica de “mal necesario”. Su credibilidad genérica ha podido quedar gravemente dañada, pero su indispensabilidad en una economía avanzada (y la eficacia funcional que pese a todo se les reconoce) parece bastarles para seguir, pese a todo, a flote. El caso es que si bien solo el 15% de los españoles dice confiar —en general, y sin pararse a distinguir— en los bancos, cuando se les pregunta por empresas españolas que, en su opinión, representan dignamente a nuestro país, entre las diez que más suelen citar  aparecen tres entidades financieras.

Las instituciones con evaluaciones ambiguas. Entremedias de ambos grandes grupos de instituciones (las tenidas por más y por menos confiables), y con evaluaciones ciudadanas que cabe entender como dubitativas o ambivalentes, queda, en los cuatro países, un mismo ramillete: la Justicia, las grandes empresas, la Iglesia, y el Gobierno (como institución del Estado, con independencia de su posible titular actual).

La Justicia (que, comparativamente, en España queda apreciablemente menos mal parada) se aparece, a ojos de las cuatro ciudadanías, atenazada por las presiones estructurales y funcionales que se le imputan y que le  estarían impidiendo un desempeño más acorde con lo que de ella cabría esperar. En España, en Francia y en Italia, y en los dos últimos decenios, la creciente judicialización de la política (es decir, el traspaso a los tribunales de cuestiones y problemas de índole básicamente política, revestidos para la ocasión de una significación jurídica más o menos forzada) ha terminado por propiciar —con variable fundamento— la sensación ciudadana de que, inevitablemente, la Justicia se ha ido politizando. En España, ocho de cada diez ciudadanos creen ahora (y lo llevan expresando desde hace tres decenios) que, con todas sus posibles carencias y deficiencias, la Justicia representa la salvaguarda última en la defensa de los derechos y libertades. Pero pese a ello, no acaban de tener claro que esta no se encuentre trabada en su quehacer por dependencias más o menos subterráneas de las instancias políticas, dado el constante, y apenas velado, afán de todas ellas por controlarla[2].

La Iglesia católica (en España, Francia e Italia; en el caso de Estados Unidos “las religiones organizadas”) merece un grado llamativamente similar de confianza ciudadana: en torno al 40%. En España, y probablemente en los otros tres países, el ámbito de lo religioso engloba dimensiones o entidades dispares que consiguen un desigual aprecio ciudadano. Por ejemplo, en nuestro país, confía en los obispos el 24% (porcentaje, por cierto, similar al de quienes se declaran católicos practicantes), el 39% lo hace en la Iglesia en su conjunto, el 46% en los curas de las parroquias y un llamativo 76% en la obra social de la Iglesia (Cáritas).

Las grandes empresas nacionales presentan unos niveles de confianza ciudadana apreciables, y prácticamente idénticos, en España y Francia. Son, además,  ampliamente superiores a los que se registran en Estados Unidos. A este respecto cabe adelantar que un estudio en curso de Metroscopia[3] revela que el supuesto desentendimiento —o incluso menosprecio— de los españoles respecto del emprendimiento y de la actividad empresarial carece de fundamento. Nada en nuestra cultura cívica actual avala el extendido tópico de que los españoles sienten más atracción por una posible carrera funcionarial que por el emprendimiento.

Finalmente, el Gobierno —como institución ejecutiva, y al margen de su ocasional coloración política—  obtiene en España una evaluación algo mejor (once puntos más que en Francia o Italia; en este punto la comparación con Estados Unidos no procede pues el Presidente es, a la vez, jefe del ejecutivo). Esta mayor confianza genérica de los españoles en una institución tan determinante de la vida política nacional probablemente se explica por la clara mayor sensación de estabilidad (y por tanto de eficiencia) que su andadura, en estos últimos decenios, ha podido transmitir. España, desde 1979 y en sus ya doce legislaturas (excluyendo la preconstitucional: 1977-79), ha conocido solamente seis cambios de presidente de Gobierno. En ese mismo período (1978-2016) el gobierno francés ha cambiado 16 veces de titular y el italiano 22 (en siete ocasiones retornó al cargo alguien que lo había detentado ya antes, pero no en la ocasión inmediatamente anterior: Berlusconi tres veces, Fanfani dos veces y Prodi otras dos).

Una conclusión sorprendente. Del conjunto de datos considerado, se desprende una conclusión inesperada y sorprendente: el nivel global de confianza institucional actualmente existente en España no desentona, precisamente, del existente en los otros tres países para los que ha sido posible agavillar un número mínimamente suficiente de datos razonablemente comparables. De hecho, el promedio global de confianza, para todas las instituciones sometidas en cada caso a evaluación, es el 54% en España, el 50% en Francia, el 44% en Italia y el 37% en EEUU. Estas diferencias, cuya significación conviene entender con prudencia, sugieren que pese a la dureza con que la crisis económica (y sus secuelas sobre la vida social y el ánimo ciudadano) se ha hecho sentir en España,  esa fibra básica insustituible —la confianza— que mantiene enhebrado el entramado de nuestra sociedad no solo parece  estar algo menos dañada que en otras sociedades de nuestro entorno más inmediato sino que, además, sería en estos momentos la única que presenta un balance global ligeramente más positivo que negativo.

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[1] En el caso de Italia,  el porcentaje de confianza en el Presidente Mattarella (52%) se refiere a enero de 2016, cuando apenas había iniciado su septenato. Su inmediato antecesor, Napolitano, obtuvo regularmente porcentajes aprobatorios del orden de 68% (por no retrotraernos a Sandro Pertini, a quien todavía hoy, y según un reciente sondeo, más de la mitad de los italianos consideran la figura política más apreciada en toda la historia de la actual República).
[2] En Estados Unidos la confianza en los tribunales, en su conjunto, parece dañada por la confluencia de dos factores que se refuerzan: por un lado, la creencia (que expresa un 61% frente al 34%) de que los tribunales están politizados; por otro, el coste económico que implica litigar y la amplia convicción de que las decisiones judiciales están sesgadas por factores raciales y socio-económico. Datos del National Center for State Courts, 2015.
[3] Se trata del “Barómetro de cultura económica y de evaluación de la actividad empresarial”, de inminente divulgación.
FICHA TÉCNICA: Este Informe condensa los datos obtenidos en una secuencia de tres sondeos consecutivos sobre muestras estadísticamente representativas de la población nacional: realizados entre los días 7 y 30 de noviembre de 2016, se han completado 3.500 entrevistas y un margen de error para datos globales de +1.7 puntos La recogida de información y su tratamiento informático han sido llevados a cabo íntegramente por el personal especializado de Metroscopia.