Supongamos que por arte de magia (tal y como están las cosas no parece que pudiera ser de otra manera) se celebrara legalmente en Cataluña, el 9  de noviembre de 2014, el referéndum que hasta ahora pareció referido al derecho a decidir y que ha resultado finalmente enfocado a una posible independencia.  ¿Qué pasaría?

En primer lugar, y con seguridad, que en los meses previos cambiaría sustancialmente el actual debate público catalán, haciéndose más plural. Hay ahora casi media Cataluña que guarda silencio (según los datos disponibles de Metroscopia), pero que ante una inmediata cita en las urnas empezaría sin duda a hacerse oír. La componen ciudadanos que  se sienten tan catalanes como españoles; que están incómodos —muy incómodos— con Madrid (pero también muy desagradados con el gobierno de Mas); que ya saben que la independencia implicaría la salida inmediata de la Unión Europea (por más que se les diga, de forma infundadamente voluntarista, que “eso está por ver”); que piensan que lo único que bordea el fascismo es el nacionalismo extremo, excluyente y radical (ya sea español, catalán,  francés o estonio), y no el sentirse o ser español o compaginar, en una u otra medida, sentimientos identitarios catalanes y españoles; y que al memorial de agravios —reales, exagerados o imaginarios— que condensa el eslogan “España nos roba” sabe añadir también la amplia relación de ventajas que para Cataluña ha supuesto formar parte de España y que tanto han contribuido a su larga prosperidad. Es, sin duda, este clima renovado de opinión, más ventilado y polifónico, el que  prevalecería antes del día de la votación.

Ahora bien, antes de abrir los colegios electorales habría sido preciso decidir la forma de interpretar el resultado que las urnas arrojen: ¿qué cantidad de votos favorables a la independencia podrían ser considerados como expresión veraz y suficiente de la voluntad real, presumiblemente estable y duradera, de la ciudadanía catalana? No será fácil establecerlo, por dos razones. Por un lado, no hay reglas establecidas, con validez universal, para el caso de un referéndum de secesión. Y, por otro, el peculiar sistema adoptado, con dos preguntas ambiguas y secuenciadas (la primera actuando, además, de filtro sobre la segunda) puede complicar aún más las cosas. Para lo primero, quizá podría aceptarse como suficiente que el “sí” logre entre la mitad más uno y el 60%, como mínimo, de los votos emitidos, como pareció considerar adecuado el Tribunal Supremo canadiense para el caso de Québec. O que quienes opten por la secesión representen al menos el 40% del total de electores, es decir del total de personas con edad de votar (con independencia de cuantas sean las que efectivamente voten), como ha sugerido —pero no impuesto— el Parlamento británico en el caso escocés. Son, sin duda, planteamientos razonables para dilucidar un asunto de tanta trascendencia.

La dificultad añadida por la doble pregunta tiene más difícil solución pues se presta a múltiples interpretaciones. Veamos con algún detalle el posible itinerario que, en el momento actual y en base a los datos disponibles, cabe estimar que seguirían los votos emitidos. Para empezar, ¿cuántos catalanes acudirían a las urnas el próximo 9 de noviembre? Con fluctuaciones, algo más del 70% se ha venido mostrando en estos meses pasados partidario del llamado derecho a decidir. Aunque el referéndum convocado ha adquirido ahora un sentido algo distinto (ahora va ya claramente de independencia), cabe  aceptar que el porcentaje de participación pudiera situarse efectivamente en torno a esa cifra del 70%. Ello supondría un grado de participación muy elevado, similar al 69,6% registrado en las elecciones autonómicas de 2012 (y que fue la cifra históricamente más elevada).

En el caso de la primera pregunta (“¿Quiere que Cataluña sea un Estado?”), —pregunta ambigua, que lo que sugiere de forma más inmediata es la independencia, pero sin cerrar la puerta a otras interpretaciones menos tajantes, presumiblemente de corte federalista—, el resultado que parece hoy por hoy más probable sería un 70% para el “sí” y un 30% para el “no”. Ese 70% de votantes afirmativos serían los admitidos a responder la segunda pregunta (“¿Quiere que este  Estado sea independiente?”). El 30% eliminado pasaría a la casilla del “no”.

En cuanto a la segunda pregunta,  los diversos sondeos de Metroscopia indican que el 50% aproximado de aquellos catalanes que, en principio, se muestran partidarios de la independencia se reduce al 40% si se menciona que esta supondría salir de la Unión Europea —algo que sin duda se recordaría con creces durante la campaña previa—, y al 30% en cuanto se les sugiere una fórmula intermedia entre la independencia y la situación actual (algo que tampoco parece impensable que se planteara explícitamente durante la campaña). Así las cosas, en esta pregunta final, la estimación más probable es que los votos a favor del “sí” podrían estar cerca del 58%, inclinándose el 42% por el “no”. Pero —¡cuidado!— este 58% puede ser engañoso si no se recuerda que está calculado exclusivamente sobre los votantes que pudieron pasar a responder esta pregunta por haber contestado “sí” a la primera, no sobre el total de votos emitidos ni, menos aún, sobre el total de catalanes con derecho a voto. Sobre los primeros (es decir, sobre todos los que acudieron a las urnas y contestaron a la primera pregunta) este 58% de “sí” vendría a representar en realidad —redondeando las cifras— un 41%; y sobre los segundos (es decir, sobre todos los catalanes con derecho a voto) significaría tan solo el 29%. O lo que es igual, se obtendría un resultado final a favor de la independencia que quedaría lejos tanto del 51% del total de votos emitidos —es decir, de la mayoría absoluta—, como del 40% del censo electoral total.

En realidad, el voto mayoritario sería el negativo, resultante de sumar a quienes niegan tanto la primera propuesta (“un Estado”) como la segunda (“que sea independiente”): en total, el “no” representaría el 59% de los votos emitidos y el 42% del censo electoral. Pero parece obvio que, salvo que las reglas interpretativas hubieran quedado nítida y taxativamente pactadas de antemano, la polémica posterior sin duda sería inevitable.

El País