EL CASO BÁRCENAS

La noticia publicada por El País el pasado jueves sobre los papeles secretos de Bárcenas corrió como un reguero de pólvora por la sociedad española: a media tarde de ese mismo, según datos de Metroscopia, estaban ya al tanto de la noticia siete de cada diez españoles (70%): es decir, prácticamente tantos como votaron en las últimas elecciones generales.

La inmediata y masiva atención a esta información se presentó de la mano de un profundo y amplio enojo: la primera reacción del 80 % de los españoles (y lo que es más significativo, del 59% de los votantes del PP) es pedir la inmediata dimisión de sus cargos de los dirigentes que aparecen como posibles beneficiarios de pagos irregulares. Se trata, sin duda, de una respuesta “en caliente” —y por tanto más emocional que racional, y quizá precipitada—, pero que expresa claramente la ya nula paciencia y tolerancia ciudadana ante la cascada de  noticias referidas a conductas improcedentes en nuestra vida pública.

De forma asimismo masiva (70%) los españoles piden al PP la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario de renovación, que permita el relevo de sus actuales dirigentes y el inicio de una nueva etapa, discontinua de la anterior. Entre los votantes del PP los partidarios de este congreso extraordinario superan en 18 puntos a los opuestos (54% frente a 36%).  La petición de elecciones generales, como posible salida a la situación creada, obtiene un apoyo que aun siendo mayoritario, es claramente más reducido (54%): al respecto, los votantes populares y socialistas mantienen posturas diametralmente opuestas (entre los primeros siete de cada diez se oponen, entre los segundos esa misma proporción se muestra a favor).

El fracaso del actual equipo dirigente del Partido Popular a la hora de conectar con la sociedad queda evidenciado por el hecho de que el 76% de los españoles (y lo que sin duda es más relevante, el 58% de los propios votantes del PP) no consideren ni creíbles ni convincentes las explicaciones hasta ahora recibidas. Y esa misma masiva sospecha se registra respecto de la posible eficacia y credibilidad final de las anunciadas auditorías entre el conjunto de la ciudadanía, dividiéndose al respecto las opiniones de los votantes populares, con leve predominio de los que se muestran escépticos).

Caso Bárcenas

CAUSAS, EFECTOS Y REMEDIOS

La sensación de que existe un grado sustancial de corrupción en la vida pública es masiva entre la ciudadanía de la Unión Europea: la expresa, en promedio, el 74% de todos los europeos, según el Eurobarómetro de febrero de 2012 dedicado monográficamente a este tema. Esta sensación no es ni mucho menos homogénea en toda la Unión: la expresa, por ejemplo, el 98% de los griegos, pero solo el 19% de los daneses. Los españoles aparecen en el grupo de cabeza, con un 88%. No es de extrañar: casos que se tornan inacabables (como el ERE andaluz, o el Gürtel, o los que afectan a CiU), o recién aparecidos (como el caso Bárcenas), no contribuyen precisamente a sosegar el ánimo ciudadano.

Con todo, la idea más extendida en nuestro país es que el grado de corrupción aquí existente no es necesariamente mayor que el de la generalidad de los países de la UE: si se propicia esa impresión es porque en España se tarda más que en otros lugares en investigarla y castigarla. Pero así y todo, el diagnóstico global de situación es altamente alarmante: en proporción de dos a uno (60% frente a 32%) predominan los españoles que creen que la gran mayoría de los políticos y de quienes ocupan cargos públicos no actúa de forma honrada. Esta demoledora descalificación de nuestra clase dirigente es algo más amplia entre los votantes del PSOE (60%/36%) que entre los votantes del partido que gobierna (52%/39%). Además, ocho de cada diez españoles creen que ni PP ni PSOE ni CiU (por citar tan solo a los tres partidos que más atención mediática han merecido recientemente por casos de supuesta corrupción) están sabiendo hacer frente de forma adecuada y creíble a las acusaciones de corrupción contra algunos de sus miembros o exdirigentes.

Y lo que quizá es más relevante: esta es la opinión que expresan respecto de su propio partido dos de cada tres votantes de los mismos. Los españoles esperan poco de los dos principales partidos en la lucha contra la corrupción: apenas perciben diferencias entre la forma en que PP y PSOE, cuando están en el gobierno, actúan contra ella. Y apenas la mitad de los propios votantes de PP y PSOE (42% y 47%, respectivamente) cree que su partido luche, cuando gobierna, de forma más firme y eficaz contra la corrupción que su antagonista. Para siete de cada diez españoles (69%) este nivel de corrupción que perciben en nuestra vida pública se debe fundamentalmente a una profunda crisis en nuestros valores morales y cívicos: la generalizada entronización del enriquecimiento como meta suprema, sin que importe demasiado la forma de lograrlo.

El resultado de este estado de cosas se aparece como catastrófico: el 96% de los españoles (lo que prácticamente equivale a la unanimidad) indica que esta sensación de que existe una corrupción tan extendida como impune está desmoralizando a la inmensa mayoría ciudadana, que es honrada, y soporta como puede las consecuencias de una crisis que no ha provocado. Y, además, un abrumador 90% cree que si no se remedia de forma urgente y eficaz esta situación, nuestra credibilidad en el mundo como país se verá seriamente dañada, con las consiguientes y previsibles nocivas consecuencias sobre posibles inversiones en nuestra economía.

¿Remedios posibles? De forma prácticamente unánime (y sin diferencias por tanto en función de la edad o de la ideología política), los españoles proponen dos, de factibilidad probablemente desigual: por un lado, el 97% reclama una Ley de Transparencia que obligue a todos los partidos a dar cuenta, clara y detallada, de sus ingresos y gastos y que responsabilice de su gestión a toda la ejecutiva de los mismos, y no solo a personas o cargos concretos y mudables. Por otro lado, el 88% expresa el deseo de que existiera una unidad especial de inspectores de Hacienda dedicada en exclusiva a quienes ocupan cargos públicos.

El País