Barómetro electoral: octubre 2013

Metroscopia on Lunes, 07 Octubre 2013. Posted in Análisis - Blog

07/10/2013

Barómetro electoral octubre 2013

El PP vuelve a situarse por delante del PSOE en la estimación de resultado electoral después de una oleada —la del mes de septiembre— en la que los socialistas se habían situado por delante de los populares por primera vez desde las elecciones de 2011. Si ahora hubiera elecciones, el PP lograría el 34.1 % de los votos frente al 29 % que obtendría el PSOE. Los populares siguen lejos del resultado logrado en los comicios de hace dos años —al contrario que los socialistas que, aunque por poco, lograrían mejorar el suyo— pero parecen haber frenado el desgaste provocado por que su gestión del caso Bárcenas.

De hecho, el asunto del extesorero parece seguir marcando el ritmo electoral: cuando se hace presente en los medios y se constituye el foco de la agenda política —como viene ocurriendo prácticamente desde principio de año—, el PP pierde apoyos electorales; cuando pasa a un segundo plano político y mediático —como en cierta medida ha ocurrido durante este último mes—, los populares recuperan fuelle. El mayor protagonismo del caso Bárcenas tiene lugar porque la crisis económica —el otro factor que altera el caudal electoral de los populares— parece estancada: no mejora (de hecho, la abrumadora mayoría de los ciudadanos —93 %— sigue pensando que la situación actual de la economía es mala) pero tampoco empeora. Esto último es lo que perciben los ciudadanos, la mayoría de los cuales —convencidos de que la recuperación va a ser lenta— sigue pensando que la crisis económica en nuestro país ya ha tocado fondo (57 %) y que en los próximos meses la economía va a mantenerse igual que ahora (48 %) o que va, incluso, a mejorar (21 %).

En todo caso, el resultado estimado en esta oleada para el PP supondría —de confirmarse— su peor porcentaje de las últimas seis elecciones generales (habría que remontarse a las de 1989 en las que se situaron por debajo del 30% de los votos válidos). Hay que tener en cuenta que tanto Rajoy como el Gobierno en su conjunto mantiene una mala imagen ciudadana: un 75 % desaprueba la labor del Presidente, un 85 % no confía en él, un 70 % considera que el Ejecutivo improvisa sobre la marcha y todos los ministros del actual gabinete obtienen un saldo negativo en la evaluación ciudadana a su gestión (son más los españoles que la desaprueban que quienes la aprueban), siendo los peor evaluados la ministra de Sanidad, Ana Mato (-56 puntos), y el ministro de Educación, José Ignacio Wert (-63 puntos). Ambos son los únicos con un balance negativo también entre los votantes del PP.

En el ámbito más directamente relacionado con la economía, además, tres de cada cuatro españoles (74 %) piensan que el paro no va a bajar y un 51 % considera que los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno la semana pasada van a provocar un empeoramiento de la situación económica de España. No obstante, los populares cuentan con la ventaja de que su más directo competidor sigue sin representar una alternativa mejor para los ciudadanos. Tres de cada cuatro españoles (75 %) piensan que España se encontraría ahora en una situación igual o peor que la que ahora está si fuera el PSOE —con Rubalcaba como Presidente— el que gobernara en España. Y lo que es peor para los socialistas: esto mismo lo piensa un 56 % de su electorado. La losa de la gestión económica del último gobierno de Zapatero sigue aplastando las posibilidades de recuperación de este partido: cuando apenas quedan dos meses para que se cumplan dos años de la victoria del PP en las últimas elecciones generales todavía un 70 % de los ciudadanos (y un 47 % de los votantes socialistas) siguen culpabilizando en mayor o menor medida al Gobierno de Rodríguez Zapatero de la mala situación económica que hoy atraviesa nuestro país. Son seis puntos más de quienes señalan como responsable en alguna medida al actual gobierno de los populares (64 %: un 25 % que cree que la culpa es solo del Gobierno de Rajoy más otro 39 % que cree que es compartida con el Gobierno Zapatero).La negra nube de la herencia recibida sigue encima de la actual dirigencia del PSOE, probablemente porque su actual líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha sabido o no ha podido desvincularse —por lo menos a ojos de los ciudadanos— de la gestión llevada a cabo en la etapa anterior: un 84 % desaprueba su labor opositora (un 74 % entre el electorado socialista) y un 94 % (un 83 % entre los votantes del PSOE) no confía en él.

El desapego electoral hacia los dos grandes partidos junto con la menor participación electoral que se produciría en unas hipotéticas elecciones generales (estimada en un 62 %, casi 10 puntos inferior a la que se dio en los pasados comicios) favorecería el crecimiento de las otras dos formaciones de ámbito nacional. IU lograría el 11.5 % de los votos válidos y UPyD —con un 9.1 %— casi duplicaría su actual resultado. La labor opositora de sus respectivos líderes es aprobada por la mayoría de sus actuales votantes: un 55 % en el caso de Cayo Lara y un 64 % en el de Rosa Díez.

Estimación de resultado electoral

Evaluación entre los votantes del Partido Popular

Responsabilidad por la situación de España

Octubre_4

INTENCIÓN DIRECTA DE VOTO

La intención directa de voto equivale a la voz de la calle. Es lo que los españoles responden de forma directa y espontánea cuando se les pregunta por su comportamiento electoral más probable. Es un dato clave para captar el estado de opinión predominante, pero debe ser interpretado con cautela pues no siempre refleja todo lo que los electores piensan, sino sólo lo que deciden revelar al ser preguntados. Distintos factores de coacción ambiental hacen que la verbalización de las distintas opciones ideológicas (su probabilidad de ser expresadas de forma espontánea y natural) no sea siempre la misma. La intención directa de voto (UDV) es, así, sometida a una serie de procesos de ajuste (a partir, fundamentalmente, del recuerdo de voto, de la fidelidad de voto, de la tasa de participación estimada, de la valoración  por cada grupo de votantes de la gestión de cada partido y de sus líderes y de otros datos complementarios proporcionados por el sondeo sobre el estado de ánimo general de las personas entrevistadas) que permitan estimar cuál es, en esas circunstancias, el resultado más probablemente esperable. Obviamente, a partir de una misma IDV sería posible, utilizando otros criterios analíticos e interpretativos, obtener estimaciones de resultado electoral no necesariamente coincidentes con la que aquí se ofrece. La estimación de voto probable, por tanto, no es ya un dato directamente conseguido de la ciudadanía, sino una interpretación de sus declaraciones realizada a partir de unos supuestos determinados (lo que se conoce como “cocina electoral”). Aunque con frecuencia, por un uso descuidado, se confunda intención directa de voto y voto probable estimado, en realidad son cosas distintas. Una intención directa de voto muy elevada puede terminar, tras ser procesada, en una estimación de voto probable más reducida, o a la inversa. La IDV se compara con el resultado real que cada partido obtuvo sobre el Censo de españoles residentes (CER). Por su parte, los datos de voto estimado se comparan con el resultado real de cada partido sobre el total de votos válidos.

En esta oleada del Clima Social correspondiente al mes de octubre de 2013 la intención directa de voto es la siguiente:

IDV octubre 2013

NOTA METODOLÓGICA: MOVILIZADOS/MOVILIZABLES, DESCRIPCIÓN/INTERPRETACIÓN

José Juan Toharia /José Pablo Ferrándiz

(Presidente y vicepresidente, respectivamente, de Metroscopia)

Una cosa es lo que, políticamente, los españoles piensan y dicen ahora y otra lo que resulta más probable que, ante una cita electoral real y no solo imaginaria, acaben finalmente haciendo. Sabemos bien lo que ahora piensan y dicen, pues ha quedado recogido, mes a mes, en el Barómetro de Clima Social Metroscopia/El País, y cabe resumirlo como una profunda decepción con nuestra vida política y, sobre todo, con los dos principales partidos sobre los que esta pivota.

Lo que ante una cita electoral real la ciudadanía pueda acabar realmente haciendo es ya más difícil de determinar con razonable fiabilidad. El Barómetro de Clima Social ha optado en estos meses pasados por limitarse a describir el estado de ánimo ciudadano recurriendo al artificio de expresarlo en forma de los hipotéticos alineamientos electorales a que daría lugar un determinado nivel de movilización electoral y, por tanto, de participación (en torno al 52%, en las últimas oleadas). Por supuesto, y como se explicitaba claramente en cada ocasión, tales estimaciones de voto no solo debían ser entendidas simplemente como lo que eran (es decir, como un intento de “traducción” en terminología electoral del clima de opinión predominante), sino que, además, estaban en relación directa con el concreto porcentaje de participación estimado. Una variación del mismo las invalidaría en gran medida, pues de cara al resultado electoral previsible no es, obviamente, lo mismo que vote el 52%, o el 65% o el 72% del electorado. Los dos partidos que ahora cuentan con un mayor número de votantes desmovilizados (pero, probablemente y al menos en parte, todavía movilizables) son el PP y, en alguna menor medida, el PSOE: cualquier mejora en la muy baja movilización electoral de la ciudadanía que ahora reflejan los sondeos no puede sino redundar fundamentalmente en  beneficio de estas dos formaciones.

El curso político que ahora comienza desembocará, en mayo de 2014, en unas elecciones europeas ya convocadas. Esto, por sí solo, abre un tiempo político nuevo en el que adquiere ya pleno sentido el intento de utilizar las intenciones de voto declaradas por los ciudadanos no solo para describir su estado del ánimo general, sino también y sobre todo para tratar de interpretar lo que este podría significar para la activación y cristalización efectiva de opciones y alineamientos electorales. Se trata, sencillamente, de pasar ahora de la descripción de lo que hay a la estimación de lo que puede acabar habiendo. Y eso es lo en esta nueva etapa se propone hacer este Barómetro de Clima Social. En el Blog de Metroscopia, disponible en la edición digital de este diario, se podrán encontrar, tras cada oleada mensual, las precisiones metodológicas y las ampliaciones analíticas que las lógicas limitaciones de espacio impiden desarrollar en la edición impresa.

En twitter @JPFerrandiz

Desde el oeste del Ebro

José Juan Toharia on Domingo, 06 Octubre 2013. Posted in Artículos

06/10/2013

Al oeste del Ebro, las cosas no se ven, lógicamente, igual. Para empezar, ahora como hace un año, la inmensa mayoría de quienes no residen en Cataluña (el 79% en el momento actual) afirma no albergar, personalmente, sentimiento alguno de desafecto o recelo hacia dicha Comunidad. Sin embargo, al mismo tiempo, uno de cada dos sospecha que no ocurre lo mismo, a su respecto, en la otra ribera: nos quieren menos allí de lo que nosotros les queremos a ellos aquí —parecen concluir—. Quienes a uno y otro lado del río-divisoria deberían propiciar la recíproca concordia parecen estar logrando más bien una cosecha de sospecha y recelo mutuos. “Son ellos, son ellos”, parecemos acusarnos mutuamente desde una a otra ribera, como en una disputa de patio de colegio. Lo cierto es que ahora cuando un castellano (o un gallego, o un andaluz) va a Cataluña suele asombrarse de lo cortés y afable que se le muestra la gente allí. Y lo mismo ocurre con los catalanes que viajan por el resto de España. Triste —y por fortuna efímero— logro del extendido encizañamiento…

Por otro lado, la idea predominante entre toda la ciudadanía española (la expresa el 49%) es que su respectiva comunidad autónoma recibe del Estado menos de lo que en cambio le aporta: solo un 14% cree que su región sea beneficiaria neta, y solo un 16% cree que aporte tanto como recibe. Respecto del concreto caso de Cataluña, los españoles que residen en otras comunidades distan mucho de compartir en este punto la idea que, en cambio, predomina de forma clara entre los catalanes: el grupo más numeroso (37%) cree que Cataluña recibe del Estado más de lo que aporta; un 16% estima que recibe lo que le corresponde; y solamente un 18% piensa que recibe menos de lo que aporta, que es en cambio la idea masivamente dominante en Cataluña. Un claro punto de desencuentro que, quienes a uno y otro lado del Ebro deberían haber contribuido a clarificar (lo que en principio no parece tan difícil: todo lo cuantificable es razonablemente sencillo de delimitar y pactar) parecen, en cambio, haber tenido rotundo éxito en embrollar y enconar.

En cuanto a las dificultades financieras y a la enorme deuda pública catalanas, quienes viven en el resto de España parecen tenerlo muy claro: no es resultado de que los últimos gobiernos de España hayan hurtado a Cataluña los recursos que realmente le corresponden sino que son consecuencia de la mala gestión de los últimos gobiernos de la Generalitat. Así lo piensa el 65%. Es decir, al “España nos roba” que se oye en un lado se contrapone un “Cataluña derrocha” en el otro. Una vez más, un inquietante malentendido del que no cabe exculpar a quienes representan a ambas ciudadanías: estas han dado reiteradas pruebas de sensatez y prudencia en fuerte contraste con los continuos chalaneos de muchos que se dicen sus respectivos portavoces.

Finalmente, el viento de la opinión pública parece estar empezando a virar, en forma ya tan claramente perceptible como novedosa, en el siempre embarullado y debatido tema de la forma deseable para nuestro Estado. Una cuarta parte (26%) sigue varada en la añoranza de un Estado unitario, sin comunidades autónomas. Una proporción idéntica (25%) apuesta por un Estado de las Autonomías como el actual. Y —esta es la novedad— un porcentaje ya muy cercano (21%) opta por un Estado federal, algo por lo que en estos últimos años se inclinaba apenas el 10%. Tiende a decaer, en cambio, el apoyo a una ampliación de las actuales competencias autonómicas, y se mantienen en torno al 10% —en el conjunto de la población española— los que se definen independentistas.


Cataluña vista desde el resto de España

Malo para Europa, malo para España

José Pablo Ferrándiz on Domingo, 06 Octubre 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 06/10/2013

La mayor parte de los españoles considera que la victoria de la canciller Ángela Merkel en las elecciones generales alemanas celebradas el pasado 22 de septiembre es perjudicial para el conjunto de la Unión Europea (38%) y, en mayor medida, para España (49%).

El sentir ciudadano no coincide con la idea de algunos analistas políticos que desde hace meses vienen afirmando que fuera ya de campaña electoral, y tras la celebración de los comicios —en los que pocos dudaban de la victoria de Merkel— el Gobierno alemán iba a flexibilizar las medidas económicas exigidas a aquellos países europeos con dificultades económicas debido a la crisis.

Entre ellos, claro está, España. La amplia mayoría de los españoles (60%) cree que Merkel no va a cambiar de actitud en lo que a la economía española se refiere y un 22% cree, incluso, que esta se va a hacer más exigente (el doble de quienes piensan que se hará más flexible: 10%).

En este sentido, ha aumentado el pesimismo con respecto a hace un año: en septiembre de 2012, coincidiendo con la visita a España de Angela Merkel para entrevistarse con Mariano Rajoy, un 23 % pensaba que el encuentro serviría para que el Gobierno alemán fuera más benévolo con nuestro país.

Solo entre los votantes del PP —quienes, por otro lado, tampoco esperan ningún cambio en las políticas del nuevo Gobierno alemán— prevalecen quienes creen que la amplia victoria electoral de la actual canciller es más beneficiosa que perjudicial para los intereses de la UE y de España.

José Pablo Ferrándiz es vicepresidente de Metroscopia.

Pedalear hacia ciudades más sostenibles

Mar Toharia on Miércoles, 02 Octubre 2013. Posted in Análisis - Blog

02/10/2013

La Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS) fue aprobada por el Consejo de Ministros en 2009, con el fin de fomentar el trasporte público, la utilización de combustibles más sostenibles y una planificación urbanística adecuada. Según la EEMS, la energía consumida por el sector del transporte representa más del 40 % de la energía total, siendo uno de los principales responsables del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al deterioro de la calidad del aire que esto supone, hay que añadir la contaminación acústica que genera el tráfico, que afecta al 26.7 % de los hogares y, además, el espacio urbano ocupado por el transporte motorizado, que representa porcentajes superiores al 50 %, lo que reduce en gran medida el carácter socializador de las ciudades.

Actualmente, el 47 % de la energía que se consume en España procede del petróleo, destinado fundamentalmente al transporte. Todavía dependemos de las fuentes de energía fósil, de hecho, si la población global viviera como un ciudadano español medio, se necesitarían tres planetas para cubrir sus necesidades. A pesar de ello, se ha aprobado el Real Decreto-Ley 1/2012 que suprime ayudas a nuevas instalaciones de energía renovable.

Los problemas ambientales urbanos tienen también mucho que ver con la velocidad con que se están produciendo cambios. Entre los años 1950 y 2000, el consumo mundial de energía primaria se multiplicó por cinco, la población, por más de dos, las emisiones de dióxido de carbono, casi por cinco, y el consumo anual de petróleo pasó de 3 800 barriles a 27 635.

La preocupación de los europeos al respecto queda reflejada en los datos del Eurobarómetro 2011: el 51 % considera el cambio climático como uno de los problemas más graves del mundo —el 20 % cree que es el mayor problema—. Una inquietud que recoge la Semana de la Movilidad, celebrada cada año, en septiembre, y que ha reunido a más de 2 000 ciudades de 43 países diferentes para reclamar la necesidad de formas de desplazamiento más sostenibles que favorezcan la mejora de la calidad del aire y de la vida urbana. Posiblemente por ello, cada vez más personas se suman a un ritmo de velocidad de vida más sostenible. En España, como sucede en Europa, se venden ya al año más bicicletas (780 000 unidades, el 4 % del total de la Unión Europea) que coches (700 000). La industria española de la bici tiene el objetivo de lograr un 24 % de movilidad, el mismo que tiene Holanda. Actualmente, en San Sebastián y Zaragoza, los desplazamientos diarios en bicicleta son casi el 3 %; en Barcelona, el 2 %; aunque otras capitales, como Madrid, apenas llegan al 0.3 %. Pese a que aún no todas las ciudades españolas están adaptadas a las dos ruedas, el avance parece ser indiscutible. Y miles de ciudadanos pedalean ya hacia un modelo urbano más sostenible.

Mar Toharia Terán es geógrafa y analista de Metroscopia.

Hágase justicia...

José Juan Toharia on Lunes, 30 Septiembre 2013. Posted in Artículos

29/09/2013

En una sociedad que ha sufrido un intenso y doloroso desgarro interno, la generación de los hijos no suele sentirse en condiciones de ajustar, con razonable serenidad, cuentas con el pasado. Resulta preciso esperar una generación más. O al menos así parece haber ocurrido, por ejemplo, en Francia, en relación con el régimen de Vichy, o, en Alemania, respecto del régimen nazi, y es lo que parece estar ocurriendo también ahora en España respecto del franquismo.

Se explica así que la petición de extradición cursada a España por un juez argentino contra ciudadanos españoles acusados de torturas cometidas en tiempos de la dictadura pueda encontrar en nuestra sociedad una acogida claramente favorable, según el sondeo realizado por Metroscopia en exclusiva para EL PAÍS.  Mayoritariamente, los españoles (y sobre todo los más jóvenes) creen que esos delitos deben poder ser juzgados ahora: ni el tiempo transcurrido les parece excusa suficiente para no hacerlo, ni el que sea a instancias de un tribunal extranjero les mueve, patrioteramente, a considerar que la solicitud suponga agravio alguno a nuestra dignidad nacional. Tan solo los votantes del PP se descuelgan del sentir medio nacional, si bien, entre ellos, los más jóvenes en clara menor medida que los de más edad.

Y en esta mayor propensión ciudadana a que, por encima del tiempo transcurrido, se haga ahora justicia en este —y, por extensión, en cualquier otro caso que se perciba, igualmente, como no debidamente depurado— cabe quizá detectar la influencia de un factor coyuntural como es la actual grave crisis económica. En efecto, —y los datos de encuesta son rotundos al respecto—, la sensación que actualmente predomina en nuestra ciudadanía es que la catástrofe económica y social que le está tocando soportar tiene culpables concretos —es decir, con nombres y apellidos— que llevan todas las trazas de escapar no solo impunes, sino incluso amplia y escandalosamente remunerados. El transcurso del tiempo y la crisis estarían, inesperadamente, confluyendo para reforzarse mutuamente y alentar el profundo sentido justiciero siempre presente entre nosotros, y con frecuencia tan defraudado.

Crímenes del franquismo

Un Papa que arrasa

José Juan Toharia on Lunes, 30 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

30/09/2013

A los seis meses de su elección, el Papa Francisco presenta niveles de popularidad —y no solo en España—  superiores incluso a los que pudo alcanzar, según los datos existentes, Juan Pablo II en su momento de mayor apogeo mediático. En Francia, el 82% de la población considera acertada su elección, y el 79% de los católicos esperan de él grandes reformas; en Estados Unidos merece la aprobación del 79% de los católicos; en Italia, inspira confianza a un 83% de la población (y al 95% de quienes se definen como católicos). Incluso en Rusia, sus primeros seis meses le granjean un 71% de apoyo ciudadano. Y según Twiplomacy (que mide el impacto a escala mundial en twitter de 505 cuentas de líderes y figuras públicas de los 193 países de la ONU), a finales del pasado mes de julio el Papa Francisco se convirtió, por encima del propio presidente Obama, en el líder mundial más influyente en la galaxia procelosa de los tuits.

En España, Francisco también arrasa. Aparece en cabeza del ranking de líderes mundiales, con una llamativa puntuación media de 7.0 (que alcanza un espectacular 8.6 entre quienes se definen como católicos practicantes). Las puntuaciones logradas en nuestra sociedad por sus antecesores fluctuaron entre 3.9 y 4.5 en el caso de Benedicto XVI, y entre 5.9 y 6.9 en el caso de Juan Pablo II. Por otro lado los gestos y palabras recientes del Papa consiguen el apoyo masivo de los españoles y, significativamente, de los que se definen como católicos practicantes. El 80% coincide con él en que la Iglesia ya ha dejado suficientemente clara su doctrina sobre el aborto, el matrimonio homosexual o los anticonceptivos y que no hace falta hablar sin cesar de estas cuestiones. Y en ello se muestra de acuerdo incluso el 73% de los católicos practicantes, que con toda probabilidad echa de menos que hasta ahora sus prelados no parezcan haber prestado una atención equivalente (sobre todo en estos tiempos de crisis), y como propone ahora el Papa, a temas de igual —o superior— relevancia evangélica, como la pobreza, la atención a los desvalidos o la condena del enriquecimiento abusivo. Asimismo, los españoles en general, y específicamente los católicos practicantes, se muestran ampliamente favorables al sacerdocio femenino y a la no obligatoriedad del celibato sacerdotal, cuestiones que Francisco no ha hecho, por ahora, mas que rozar pero sobre los que un cualificado portavoz suyo ha recordado que no constituyen en todo caso materia dogmática.

Ciertamente, los católicos suelen apoyar, por principio, al Papa y en ese sentido la buena acogida inicial que dispensan a Francisco no debe sorprender. Pero sí llama la atención que su fulgurante despegue, aquí y en todas partes, guarde relación más con cuestiones de estilo que de fondo. Porque el nuevo Papa no ha anunciado revolución dogmática alguna: simplemente ha dejado claro que, tal y como él la entiende, la Iglesia no debe tanto regañar como acoger, entender y respetar en vez de condenar: “¿Quien soy yo...?”: palabras inéditas en un pontífice romano que marcan un nuevo y personal —sencillo, respetuoso, directo, natural— de manifestarse. Algo a lo que no pueden dejar de ser sensibles cuantos, dentro y fuera de la Iglesia (y son, según parece, muchos), llevan ya decenios lamentando su alejamiento de los signos de los tiempos que hace medio siglo, en el último Concilio, se autoencomendara atender.

Evaluación figuras internacionales

Papa Francisco I

Mujeres sacerdotes

Sacerdotes y matrimonioFuente: Sondeo de Metroscopia para El País mediante entrevistas telefónicas a una muestra  de 600 personas representativa de la población nacional mayor de 18 años. Margen de error para datos globales: + 4.1 puntos. Trabajo de campo: 26 y 27 de septiembre de 2013. La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a NS/NC.

La trampa de la austeridad

Violeta Assiego on Sábado, 21 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

21/09/2013

Intermón Oxfam —al igual que Joseph Stiglitz, premio nobel de economía— sostiene que la desigualdad no es inevitable y que nadie debería pensar que ha venido para quedarse. Esta opinión la comparte el 53 % de los españoles, aunque otro 45 % mantiene lo opuesto: que siempre habrá un sector social que la sufra. Pero en lo que sí se muestran de acuerdo los ciudadanos es en que la desigualdad es algo estructural que no responde a los méritos y capacidades individuales de cada uno, sino más bien a cómo está organizada y funciona nuestra sociedad. Estas son algunas de las conclusiones del sondeo que ha realizado Metroscopia para Intermón Oxfam con motivo de la presentación de su informe “La Trampa de la Austeridad: el verdadero coste de la desigualdad”. 

Intermón Oxfam afirma en su informe que las actuales políticas de austeridad impuestas desde Europa —lejos de garantizar un crecimiento inclusivo— están desmantelando, a través de ajustes presupuestarios y recortes, los mecanismos que garantizan una sociedad igualitaria y que son los encargados de evitar que aumente la distancia entre los ciudadanos más ricos y los más pobres. 

En España, las actuales medidas adoptadas para afrontar la crisis no convencen a los ciudadanos: creen que con ellas solo se va a conseguir aumentar —o, todo lo más, mantener— las desigualdades y situaciones de pobreza ahora existentes, y que cuando la crisis acabe —y la economía vuelva a crecer— la sociedad española va a ser más pobre y desigual, además, de tardar mucho en volver a la situación en que nos encontrabamos hace seis o siete años.

En el informe “La Trampa de la Austeridad” se hace una previsión poco esperanzadora sobre qué pasará de no corregirse el rumbo de las políticas de austeridad: en el año 2025 el número de europeos que viven en la pobreza podría aumentar en 25 millones. En España, si se mantiene la tendencia de aumento de la pobreza, habría siete millones más que en la actualidad. Pero el informe también ofrece alternativas y propuestas: recuperar la inversión en las personas, la provisión gratuita y universal de los servicios sociales, adoptar sistemas fiscales justos y reforzar los espacios democráticos. En definitiva, garantizar los derechos fundamentales de cada uno de los miembros de la sociedad.

Cuadro 1

Cuadros 2

Iglesia y política

on Viernes, 20 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

20/09/2013 por Antonio López Vega

Cuando la Iglesia Católica es fiel al mensaje evangélico, recibe el aplauso mayoritario de la población. Así, en todos los barómetros de Metroscopia, las entidades de la Iglesia dedicadas a la atención de los más desfavorecidos (Cáritas) figuran siempre entre las más apreciadas de manera continuada.

Por el contrario, los ciudadanos tienden a no simpatizar en absoluto con las posiciones de la Iglesia cuando esta se refiere a cuestiones temporales o políticas, lo que se refleja en la mala percepción que tienen de la Iglesia católica española en su conjunto y, más concretamente, de los obispos y la jerarquía eclesiástica.

Esta es una vieja cuestión desde el inicio de la Edad Media, cuando, conforme a la idiosincrasia de los tiempos, la Iglesia intervenía en cuestiones temporales —como simbolizó mejor que ningún otro acontecimiento la coronación de Carlomagno por León III en el 800 d. C—.

El inicio del cuestionamiento de la teocracia llegó con el Renacimiento y tuvo su fractura definitiva con la Ilustración, cuando el imperio de la razón impuso la progresiva secularización de la vida pública. Lo sorprendente, en este sentido, es que, si bien la Iglesia tardó aún hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965) en establecer de manera oficial la separación entre Iglesia y Estado, todavía hoy, y muy especialmente en España, la jerarquía eclesiástica ha intervenido comúnmente en cuestiones políticas.

Vaya por delante que, cuando afecta a cuestiones éticas esenciales, la Iglesia tiene todo el derecho del mundo a emitir su opinión como autoridad moral que deben atender los católicos y considerar los demás; pero hasta ahí. Recuérdese la posición equívoca de la Iglesia vasca frente a la violencia etarra, que ha recibido la condena mayoritaria de la población española —solo tras la marcha del malhadado Obispo Setién consiguió dignificarse sustancialmente—. Por eso produce estupor contemplar a Artur Mas haciendo su declaración en el púlpito del Monasterio de Ripoll con ocasión de la Diada de Cataluña el pasado día 11 de septiembre. También en el caso catalán es bien conocida la importancia que, en determinados momentos históricos, ha tenido la Iglesia en la cuestión nacional, pero, a estas alturas del siglo XXI y casi cincuenta años después del Concilio Vaticano II, se vuelve a equivocar amparando declaraciones y actos políticos en sus templos. De esta manera, da una imagen equívoca de su postura, se aleja de los fieles que no compartan la opción política que parece amparar y, lo que es todavía más importante, desdibuja su misión esencial: la transmisión del mensaje de Jesucristo.

Evaluación de instituciones 1


Evaluación de instituciones 2

Antonio López Vega es prof. Hª Contemporánea (UCM)  y del IUI Ortega y Gasset y consultor de Metroscopia en análisis histórico-políticos. Ha sido galardonado con el Premio de Investigación Julián Marías para jóvenes investigadores.

Escocia dentro de un año

José Juan Toharia on Jueves, 19 Septiembre 2013. Posted in Artículos

El País 19/09/2013

El 18 de septiembre de 2014, los ciudadanos escoceses podrán acudir a las urnas para dar respuesta a una escueta y rotunda pregunta: “¿Debe ser Escocia un país independiente?”. Según los sondeos disponibles —que son muchos—, desde hace ya meses predominan, y de forma clara, los predispuestos a contestar negativamente: la por ahora última encuesta, publicada el pasado día 13, estima en un 49% los votos contrarios, hoy por hoy, a la independencia, frente a tan solo un 32% a favor. Lo que, ciertamente, supondría un bien pobre resultado teniendo en cuenta que el Partido Nacional Escocés (SNP) ganó inesperadamente, y por mayoría absoluta (69 de los 129 escaños en disputa), las elecciones al parlamento escocés del 5 de mayo de 2011, a las que concurrió con un programa cuya promesa estrella era precisamente este ya convocado referéndum.

Los promotores del secesionismo no pierden, sin embargo, la esperanza de que, a última hora dentro de un año, pueda ocurrir, como en mayo de 2011, lo inesperado. En marzo de aquel año, y a dos meses ya tan solo de la cita electoral, todos los sondeos coincidían en estimar una holgada victoria del Partido Laborista, con hasta 15 de puntos de ventaja sobre el SNP. En abril, sin embargo, pasaron a detectar un práctico empate. Los últimos sondeos, pocos días antes de la votación, anticiparon un vuelco espectacular: una clara victoria (y por hasta 11 puntos de diferencia) del SNP —que fue lo que finalmente ocurrió—.

Pero ahora, sin duda, las circunstancias son otras. Conviene recordar que en aquellas elecciones solo participó la mitad del cuerpo electoral escocés (la abstención fue, en conjunto, del 49,6%). Algunas voces en Westminster han sugerido que el referéndum solo sería plenamente significativo si los votos a favor de la independencia representasen como mínimo el 40% del censo electoral (1,6 millones de votos). Con una participación similar a la de las elecciones de 2011 (apenas dos millones de votantes) ese umbral solo se podría conseguir con una distribución final del voto emitido del orden del 80% a favor del sí frente a solo 20% a favor del no, lo cual por el momento resulta más que dudoso. Solo en la inverosímil hipótesis de una participación masiva (¿alrededor del 80%, es decir, de unos 3,2 millones?) parece pensable una victoria del sí por más de ese 40% del censo.

Debe tenerse presente también que los datos de opinión disponibles indican que, en estos momentos, buena parte de la ciudadanía escocesa se inclina más bien por una “casi ruptura”, es decir, por una ampliación al máximo posible del actual proceso de “devolución” de competencias, pero sin llevar las cosas hasta el extremo de una secesión respecto del Reino Unido. El primer ministro británico, David Cameron, sabedor sin duda del peso real entre los escoceses de esta opción intermedia, logró, en la negociación con el líder independentista Alex Salmond, imponer que la pregunta quedara formulada de forma rotunda e inequívoca: la opción pura y dura entre un sí o un no, sin medias tintas. Y queda, por último, la incertidumbre respecto a si una secesión conllevaría la salida de Escocia de la UE. Esta se ha pronunciado ya con claridad sobre el hipotético caso de Cataluña, pero subsiste ambigüedad en el caso escocés.

Una breve nota final: en estos últimos años, una masiva mayoría ciudadana, y tanto en Escocia (70%-75 %) como en Cataluña (un 80%), se ha declarado partidaria, en los sondeos, de un referéndum sobre la independencia (lo que, cediendo a una admirable argucia conceptual —como bien la ha definido Javier Cercas— aquí hemos dado en denominar “derecho a decidir”). Los datos referidos a Escocia invitan a concluir que la obvia masiva identificación emocional que no puede sino suscitar lo que de ese modo se define (y que, subliminalmente, remite ni más ni menos que al derecho a la libertad) dista mucho de equivaler, sin más, a una opción neta por el independentismo. De hecho, en Cataluña, pese al aludido 80% y con una ciudadanía que masivamente reconoce no estar adecuadamente informada de lo que la secesión podría acabar suponiendo, apenas el 50% se muestra partidario del sí en un hipotético referéndum independentista —un 41% cuando se sugiere que la independencia podría suponer la salida de Cataluña de la UE, según datos recientes de Metroscopia—.

Pero ya no es tanto la economía

José Pablo Ferrándiz on Miércoles, 18 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

18/09/2013

El progresivo desgaste electoral del PP que, desde su victoria en las urnas en noviembre de 2011, viene detectando el Barómetro de Clima Social que Metroscopia realiza para EL PAÍS, está causado básicamente por el efecto cruzado de dos factores: la crisis económica y el denominado de forma genérica como caso Bárcenas, con impacto distinto de uno u otro, según los momentos.

Durante el año 2012 la cuestión económica fue el principal factor de erosión del capital electoral del PP. Primero, porque cuando se habían cumplido los primeros 100 días del nuevo Ejecutivo, los ciudadanos seguían sin percibir la prometida mejora de nuestra economía —que había anticipado Rajoy durante la precampaña— una vez que los populares hubieran llegado al Gobierno. Y segundo, porque esa sensación de ausencia de resultados económicos se hizo más intensa durante el segundo semestre del año, sobre todo tras el paquete de medidas anticrisis propuesto por el Gobierno y aprobado por el Congreso el 19 de julio —con los únicos votos a favor de la bancada popular—. Durante todo 2012 las expectativas pesimistas sobre la evolución de la situación económica de España superaron ampliamente a las positivas: y no solo entre el conjunto de los españoles, sino incluso también, entre los propios votantes del PP.

Desde el comienzo de 2013, sin embargo, el principal factor de desgaste electoral de los populares está siendo el caso Bárcenas. La forma en que tanto el Gobierno como los máximos dirigentes del PP han ido gestionando este asunto desde que el 31 de enero EL PAÍS publicara los documentos del extesorero —donde se mostraba la supuesta contabilidad B del PP y el supuesto pago de sobresueldos a algunos altos cargos del partido— está hundiendo las expectativas electorales de los populares. Ahora, el presidente Rajoy no puede escudarse en la economía para justificar sus malos resultados demoscópicos porque, precisamente desde comienzos de este año, la percepción ciudadana sobre la evolución la situación económica ha ido mejorando mes a mes no solo entre el conjunto de los españoles, sino, sobre todo, entre los votantes populares. Y, sin embargo, la confianza y la fidelidad de voto de sus electores han ido descendiendo, en paralelo, hasta alcanzar mínimos históricos. La gestión del caso Bárcenas está ejerciendo de fuerte contrapeso de las expectativas electorales del PP, que se muestra incapaz de capitalizar y lograr rédito político de ese cambio de tendencia en la visión ciudadana de la economía. El presidente Rajoy debería replantearse su estrategia en el asunto del extesorero si quiere aspirar a una nueva victoria en las próximas elecciones generales. Ya no depende tanto de la economía.

Evolución económica. Total españoles.

Evolución económica votantes PP

Confianza en Rajoy entre votantes PP

Fidelidad de voto

En twitter @JPFerrandiz

Es hora de cambios pero no de locuras

on Viernes, 13 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

Por Antonio López Vega 13/09/2013

En el último barómetro de Metroscopia continúa apreciándose que la valoración de los ciudadanos acerca de la vida política, sus instituciones y representantes, la Administración Pública o el sistema jurídico español no es nada positiva. Numerosos analistas están, asimismo, alertando sobre el peligro de implosión de nuestro actual sistema político y constitucional. Además, la marea humana que ha protagonizado  la Diada en Cataluña, así como el apoyo sustantivo que recibe la opción independentista en diferentes encuestas, ha hecho visualizar que el problema de vertebración territorial del Estado está lejos de ser un capítulo de nuestro pasado.

Los historiadores sabemos bien que nada es inevitable y que siempre hubo —y hay— otras posibilidades en el transcurso del ritmo histórico. En este sentido, la responsabilidad de los actores es máxima y, en esta coyuntura concreta, no se ha de focalizar, exclusivamente, en los actores políticos. Junto a ellos, responsables financieros, medios de comunicación, jueces y tribunales, intelectuales, jerarquía eclesiástica, en fin, sociedad civil y todos tenemos nuestro grado de responsabilidad en lo que pueda suceder.

Hoy se cumplen 90 años de la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera. Para algunos de nuestros más reputados historiadores, siguiendo a Raymond Carr, fue “la fecha decisiva en la historia de la España Contemporánea”. Entonces, se puso fin al sistema parlamentario liberal, tras seis años de colapso. Pensemos que en ese período, tras la crisis del verano de 1917, se probaron dos gobiernos de concentración nacional; vuelto el Turno, otros siete gobiernos conservadores entre 1919 y 1922 y, finalmente, un último gobierno liberal. Una gran mayoría recibió con agrado al dictador al que se anunció como el “cirujano de hierro” que habría de sanar el cuerpo enfermo del sistema político de la Restauración. E, incluso, la relativa bonanza económica a la que se asistió en los años de Primo hicieron ver ese período como una “Dictablanda” amable que no perjudicó a nuestro país (como demostraría la cooperación con la dictadura hasta bien avanzada la misma de los más variados sectores políticos y sociales, como algunos representantes del PSOE y la UGT).

Sin embargo, hoy sabemos bien que aquel fue el principio del fin. Roto el Estado de Derecho y las reglas del juego establecidas en la Constitución de 1876 que, a pesar de todos los problemas que tuvo, había hecho posible la convivencia de las dos Españas y la aceptación del adversario político, se abrió de nuevo la puerta al militarismo que, a la postre, pondría fin a la II República, cuya andadura, como sabemos, no fue nada fácil en un contexto de avance dictatorial en Europa y de fuerte crisis económica. El fallido golpe de Estado de 1936 nos introdujo en la peor de nuestras pesadillas, que dio lugar como sabemos a la larguísima dictadura de Franco.

Hoy, tras estos últimos cinco años de gravísima crisis económica, se cuestiona de nuevo el sistema político. Obviamente, no parece que haya riesgo de regresión en materia de libertades democráticas. Sin embargo, antes de abrir el melón constitucional, convendría tener muy en cuenta que, como bien muestra la historia, nada garantiza que lo que haya de venir, inexorablemente, vaya a mejorar lo que tenemos. Es importante que la fatiga democrática a la que asistimos y a la que ha contribuido de manera sustantiva la corrupción e irresponsabilidad de una parte muy significativa de nuestros dirigentes políticos, no lleve a la ciudadanía a apoyar y tomar decisiones —que nos hacen corresponsables cuando votamos— que pongan en riesgo los cuarenta años de mayor modernización y prosperidad de toda nuestra historia. Es hora de cambios, pero no de locuras.

Antonio López Vega es historiador y consultor de Metroscopia en análisis histórico-políticos. Ha sido galardonado con el Premio de Investigación Julián Marías para jóvenes investigadores.

Hambre y Crisis

Violeta Assiego on Jueves, 12 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

Blog 12/09/2013

El 7 % de los ciudadanos —el 12 % en el caso de los parados— afirma conocer a algún adulto en su entorno familiar, o él mismo, que ha dejado de tomar alguna de las tres comidas diarias en este último mes por falta de dinero. Esta es una de las consecuencias que la crisis y sus medidas correctoras está teniendo en los ciudadanos.  

Esta misma semana, la Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad (RIOS) ha avanzado alguno de los datos de su investigación “Insolvencia alimentaria y pobreza en los países del Sur de Europa”. En ella se subraya el hecho de que cada vez a más personas les cuesta cubrir sus necesidades básicas y su alimentación, con el especial riesgo que esto conlleva para los sectores más vulnerables de la sociedad. Hablar de insolvencia alimentaria —dicen los autores de la investigación— “significa no solo hablar de la pobreza efectiva de los ciudadanos, sino de la incapacidad de estos para hacer frente a la alimentación más esencial y a la ingesta diaria de las calorías necesarias para ello”. Según los datos de este estudio, un 4 % del total de la población española estaría en situación de insolvencia alimentaria; es decir, casi dos millones de ciudadanos en España, cifra superior a la que la propia investigación estima para países como Portugal o Grecia.

En este contexto de “insolvencia alimentaria” son los niños los que más están sufriendo las consecuencias del grave deterioro de las condiciones de vida en sus hogares, tal y como señala UNICEF en su informe “El impacto de la crisis en los niños”. Al menos un 3 % de los españoles —el 5 % en el caso de los parados— dice conocer en su entorno familiar a algún niño o menor que por falta de ingresos ha dejado de tomar alguna de las tres comidas diarias en este último mes. Este dato confirma un hecho denunciado a lo largo de este último año por los expertos: la dificultad de muchas familias de poder dar a sus hijos una alimentación adecuada a causa de la falta de ingresos. 

No es suficiente dar respuesta a esta situación a través de los bancos de alimentos y de las entidades sociales, a pesar de que su papel en este momento está siendo clave. Es necesario que se apruebe lo antes posible el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social y que se fijen las medidas y las políticas necesarias para proteger y salvaguardar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Con la actual tasa de paro, su situación no puede depender únicamente de la buena voluntad o de las entidades sociales.

Hambre y Crisis

Violeta Assiego es abogada y coordina los temas de Discriminación, Pobreza y Exclusión Social en Metroscopia. En twitter @Vissibles

¿Independencia? ¿Solo catalanes?

José Pablo Ferrándiz on Miércoles, 11 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

11/09/2013

Los cuadros que acompañan a este post comparan los datos del sondeo de Metroscopia para EL PAÍS llevado a cabo en Cataluña la semana pasada con los datos de la segunda Oleada de 2013 del Barómetro de Opinión Pública del CEO (Centre d´Estudis d´Opinió) con respecto,  por un lado, al sentido del voto en el caso de un hipotético referéndum sobre la independencia de Cataluña y, por otro lado, al sentimiento identitario de la población catalana.

Son mayoría, en ambas encuestas, quienes votarían a favor de la independencia de Cataluña si se produjera ese, hasta ahora, hipotético referéndum: 56% en el sondeo del CEO y 49% en el de Metroscopia. No obstante, en las otras alternativas de respuesta se producen unas llamativas diferencias que, probablemente, tengan que ver más con el diferente enunciado de las mismas que con cambios temporales en la opinión de los ciudadanos. Así, la  alternativa ofrecida por Metroscopia a la independencia es el voto a favor de que Cataluña siga formando parte de España y por ello se inclina un 36%. La opción alternativa del CEO es el voto en contra de la independencia y consigue un 23%. Esta diferencia de 13 puntos probablemente obedece al simple hecho de tener que optar entre algo que se presenta a favor y algo que se plantea en contra: la experiencia demoscópica enseña que “estar a favor” suele ser más fácil que declararse “en contra”. La evasiva usual ante la opción —siempre emocionalmente más costosa— de expresar una respuesta de signo negativo es abstenerse de opinar. De hecho, si en ambas encuestas se suman los porcentajes de quienes no están a favor de la independencia y los de quienes se abstendrían de votar el porcentaje que se obtiene es idéntico : 38%.

En la pregunta sobre el sentimiento identitario de los catalanes también se observan algunas diferencias entre las dos encuestas que pueden ser achacables, también, quizá en mayor medida,  a sesgos en la forma en que ha sido planteada. Pero en todo caso, y al margen de relativamente menores diferencias en las respuestas, lo que queda claro en ambas encuestas es que el sentimiento identitario excluyente  es claramente minoritario en la sociedad catalana: solo un 24% en el caso de la encuesta de Metroscopia y un 35% en la del CEO se declara “Solo español” o “Solo catalán”. La clara mayoría (74% y 65%, respectivamente) expresa, en cambio, identidades incluyentes, por decirlo con la ya clásica terminología de Linz.

Independencia 1

Independencia 2

En twitter @JPFerrandiz

Diada 2013: dos gobiernos, dos ciudadanías

José Juan Toharia on Martes, 10 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

Blog 10/09/2013

Que entre la ciudadanía catalana predomina una sensación de maltrato, y aun de agravio, por parte del resto de España (y, especialmente por parte del actual gobierno del PP) parece claro. Que para ese profundo malestar no se perciba ya otro alivio (sobre todo al este del Ebro) que la secesión no resulta, en cambio, tan evidente.

Para empezar, y de forma masiva (83%), la ciudadanía catalana considera desacertada la forma en que hasta ahora ha actuado el presidente Rajoy en relación con el órdago soberanista planteado por el gobierno de Artur Mas. En esto coincide también una clara mayoría del resto de los españoles (56%), entre los cuales solo un 28% se muestra conforme con el modo en que desde Madrid se está llevando la cuestión. De hecho, incluso entre los propios votantes populares, son tantos los que los se decantan por censurar en este punto al gobierno como los que le aprueban (42% frente a 43%). Pero, al mismo tiempo, también son mayoría (51% frente a 41%) los catalanes que consideran desacertado el actual planteamiento soberanista de su gobierno (en el resto de España expresa esta opinión el 72%).

Ciertamente, la mayoría (54% frente a 29%) cree en Cataluña que la independencia sería beneficiosa para el Principado y un 64% expresa la convicción de que resultaría nociva para España. Esto refleja bien a las claras la convicción de una gran parte de la ciudadanía catalana acerca de a quién beneficia más el actual estado de cosas. Este generalizado diagnóstico de que los males actuales provienen del hecho de formar parte de esta España —y al margen de que el mismo pueda ser validado, en mayor o menor medida, con datos fiables y detallados— es algo que en modo algo cabe desdeñar, pues sobre él se sustenta primordialmente (más que en la crisis económica o en su gestión por el gobierno autonómico) el actual dolorido sentir ciudadano. En el resto de España se comparte solamente la mitad de este diagnóstico, pues si siete de cada diez españoles coinciden en que una eventual secesión catalana sería nociva para España, esa misma proporción piensa que también lo sería para la propia Cataluña.

La política de oídos sordos del gobierno español y el paralelo tensionamiento creciente de la situación por el gobierno catalán y los grupos políticos que le apoyan explican probablemente que sean ya mayoría (55%) en Cataluña, y una importante minoría (39%) en el resto de España los ciudadanos que temen que resulte ya muy difícil, o casi imposible, un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Por más, dicho sea de paso, que ambas ciudadanías en el fondo lo deseen. En Cataluña, por ejemplo, predominan claramente (50% frente a 36%) quienes darían por definitivamente zanjado el actual desencuentro con una nueva configuración de España como estado federal. En el resto de España, las opiniones a este respecto se dividen, lo cual como mínimo invita a pensar que esta opción no resulta, de entrada, totalmente impensable. Por otro lado, la tradicional recia belicosidad española contra posibles secesionismos en lo que ha sido históricamente su configuración territorial se presenta ahora notablemente atenuada: en la hipótesis de un sí mayoritario en un referéndum de independencia, las reacciones que expresan más españoles es, por un lado, la no renuncia pese a ello a seguir negociando y negociando hasta alcanzar un nuevo marco constitucional que haga atractiva para Cataluña su permanencia en España (35%), ganando así la mano a la opción secesionista; y, por otro, la pacífica (y resignada) aceptación de la decisión, democráticamente adoptada, de la ciudadanía catalana (27%). Solo un 30% se muestra partidario del rechazo frontal, y por todos los medios disponibles, del veredicto secesionista arrojado por las urnas: es decir, de la confrontación a cara de perro.

En todo caso, la ciudadanía catalana no acaba de tener claro que la independencia, por más que resulte emocionalmente atractiva y hasta reconfortante, sea su mejor opción. En el momento actual siguen en torno al 50% los que se declaran dispuestos, en principio, a votar por la independencia (en este sondeo se quedan en el 49%; en el sondeo del CEO catalán del pasado mes de junio, en el 55%). Y el porcentaje se reduce incluso a un ya relativamente minoritario 41% cuando se plantea la posibilidad de que la independencia pudiera conllevar la salida de la Unión Europea.

Los ciudadanos de a pie, a uno y otro lado del Ebro, se aparecen así, en conjunto, como más serenos, razonables y proclives al pacto y a la negociación de lo que suelen, en cambio, mostrarse los respectivos liderazgos gubernamentales. Y si en sus opiniones y actitudes pueden dar también, en ocasiones, la sensación de desorientación y desconcierto, es porque quienes tienen por función apaciguar las emociones y canalizar conflictos y desacuerdos parecen, desafortunadamente, optar más veces de las precisas por atizarlos y exacerbarlos.

 

La díada del 11-S en Cataluña

La díada del 11-S en Cataluña