Un Papa que arrasa

José Juan Toharia on Lunes, 30 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

30/09/2013

A los seis meses de su elección, el Papa Francisco presenta niveles de popularidad —y no solo en España—  superiores incluso a los que pudo alcanzar, según los datos existentes, Juan Pablo II en su momento de mayor apogeo mediático. En Francia, el 82% de la población considera acertada su elección, y el 79% de los católicos esperan de él grandes reformas; en Estados Unidos merece la aprobación del 79% de los católicos; en Italia, inspira confianza a un 83% de la población (y al 95% de quienes se definen como católicos). Incluso en Rusia, sus primeros seis meses le granjean un 71% de apoyo ciudadano. Y según Twiplomacy (que mide el impacto a escala mundial en twitter de 505 cuentas de líderes y figuras públicas de los 193 países de la ONU), a finales del pasado mes de julio el Papa Francisco se convirtió, por encima del propio presidente Obama, en el líder mundial más influyente en la galaxia procelosa de los tuits.

En España, Francisco también arrasa. Aparece en cabeza del ranking de líderes mundiales, con una llamativa puntuación media de 7.0 (que alcanza un espectacular 8.6 entre quienes se definen como católicos practicantes). Las puntuaciones logradas en nuestra sociedad por sus antecesores fluctuaron entre 3.9 y 4.5 en el caso de Benedicto XVI, y entre 5.9 y 6.9 en el caso de Juan Pablo II. Por otro lado los gestos y palabras recientes del Papa consiguen el apoyo masivo de los españoles y, significativamente, de los que se definen como católicos practicantes. El 80% coincide con él en que la Iglesia ya ha dejado suficientemente clara su doctrina sobre el aborto, el matrimonio homosexual o los anticonceptivos y que no hace falta hablar sin cesar de estas cuestiones. Y en ello se muestra de acuerdo incluso el 73% de los católicos practicantes, que con toda probabilidad echa de menos que hasta ahora sus prelados no parezcan haber prestado una atención equivalente (sobre todo en estos tiempos de crisis), y como propone ahora el Papa, a temas de igual —o superior— relevancia evangélica, como la pobreza, la atención a los desvalidos o la condena del enriquecimiento abusivo. Asimismo, los españoles en general, y específicamente los católicos practicantes, se muestran ampliamente favorables al sacerdocio femenino y a la no obligatoriedad del celibato sacerdotal, cuestiones que Francisco no ha hecho, por ahora, mas que rozar pero sobre los que un cualificado portavoz suyo ha recordado que no constituyen en todo caso materia dogmática.

Ciertamente, los católicos suelen apoyar, por principio, al Papa y en ese sentido la buena acogida inicial que dispensan a Francisco no debe sorprender. Pero sí llama la atención que su fulgurante despegue, aquí y en todas partes, guarde relación más con cuestiones de estilo que de fondo. Porque el nuevo Papa no ha anunciado revolución dogmática alguna: simplemente ha dejado claro que, tal y como él la entiende, la Iglesia no debe tanto regañar como acoger, entender y respetar en vez de condenar: “¿Quien soy yo...?”: palabras inéditas en un pontífice romano que marcan un nuevo y personal —sencillo, respetuoso, directo, natural— de manifestarse. Algo a lo que no pueden dejar de ser sensibles cuantos, dentro y fuera de la Iglesia (y son, según parece, muchos), llevan ya decenios lamentando su alejamiento de los signos de los tiempos que hace medio siglo, en el último Concilio, se autoencomendara atender.

Evaluación figuras internacionales

Papa Francisco I

Mujeres sacerdotes

Sacerdotes y matrimonioFuente: Sondeo de Metroscopia para El País mediante entrevistas telefónicas a una muestra  de 600 personas representativa de la población nacional mayor de 18 años. Margen de error para datos globales: + 4.1 puntos. Trabajo de campo: 26 y 27 de septiembre de 2013. La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a NS/NC.

La trampa de la austeridad

Violeta Assiego on Sábado, 21 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

21/09/2013

Intermón Oxfam —al igual que Joseph Stiglitz, premio nobel de economía— sostiene que la desigualdad no es inevitable y que nadie debería pensar que ha venido para quedarse. Esta opinión la comparte el 53 % de los españoles, aunque otro 45 % mantiene lo opuesto: que siempre habrá un sector social que la sufra. Pero en lo que sí se muestran de acuerdo los ciudadanos es en que la desigualdad es algo estructural que no responde a los méritos y capacidades individuales de cada uno, sino más bien a cómo está organizada y funciona nuestra sociedad. Estas son algunas de las conclusiones del sondeo que ha realizado Metroscopia para Intermón Oxfam con motivo de la presentación de su informe “La Trampa de la Austeridad: el verdadero coste de la desigualdad”. 

Intermón Oxfam afirma en su informe que las actuales políticas de austeridad impuestas desde Europa —lejos de garantizar un crecimiento inclusivo— están desmantelando, a través de ajustes presupuestarios y recortes, los mecanismos que garantizan una sociedad igualitaria y que son los encargados de evitar que aumente la distancia entre los ciudadanos más ricos y los más pobres. 

En España, las actuales medidas adoptadas para afrontar la crisis no convencen a los ciudadanos: creen que con ellas solo se va a conseguir aumentar —o, todo lo más, mantener— las desigualdades y situaciones de pobreza ahora existentes, y que cuando la crisis acabe —y la economía vuelva a crecer— la sociedad española va a ser más pobre y desigual, además, de tardar mucho en volver a la situación en que nos encontrabamos hace seis o siete años.

En el informe “La Trampa de la Austeridad” se hace una previsión poco esperanzadora sobre qué pasará de no corregirse el rumbo de las políticas de austeridad: en el año 2025 el número de europeos que viven en la pobreza podría aumentar en 25 millones. En España, si se mantiene la tendencia de aumento de la pobreza, habría siete millones más que en la actualidad. Pero el informe también ofrece alternativas y propuestas: recuperar la inversión en las personas, la provisión gratuita y universal de los servicios sociales, adoptar sistemas fiscales justos y reforzar los espacios democráticos. En definitiva, garantizar los derechos fundamentales de cada uno de los miembros de la sociedad.

Cuadro 1

Cuadros 2

Iglesia y política

on Viernes, 20 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

20/09/2013 por Antonio López Vega

Cuando la Iglesia Católica es fiel al mensaje evangélico, recibe el aplauso mayoritario de la población. Así, en todos los barómetros de Metroscopia, las entidades de la Iglesia dedicadas a la atención de los más desfavorecidos (Cáritas) figuran siempre entre las más apreciadas de manera continuada.

Por el contrario, los ciudadanos tienden a no simpatizar en absoluto con las posiciones de la Iglesia cuando esta se refiere a cuestiones temporales o políticas, lo que se refleja en la mala percepción que tienen de la Iglesia católica española en su conjunto y, más concretamente, de los obispos y la jerarquía eclesiástica.

Esta es una vieja cuestión desde el inicio de la Edad Media, cuando, conforme a la idiosincrasia de los tiempos, la Iglesia intervenía en cuestiones temporales —como simbolizó mejor que ningún otro acontecimiento la coronación de Carlomagno por León III en el 800 d. C—.

El inicio del cuestionamiento de la teocracia llegó con el Renacimiento y tuvo su fractura definitiva con la Ilustración, cuando el imperio de la razón impuso la progresiva secularización de la vida pública. Lo sorprendente, en este sentido, es que, si bien la Iglesia tardó aún hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965) en establecer de manera oficial la separación entre Iglesia y Estado, todavía hoy, y muy especialmente en España, la jerarquía eclesiástica ha intervenido comúnmente en cuestiones políticas.

Vaya por delante que, cuando afecta a cuestiones éticas esenciales, la Iglesia tiene todo el derecho del mundo a emitir su opinión como autoridad moral que deben atender los católicos y considerar los demás; pero hasta ahí. Recuérdese la posición equívoca de la Iglesia vasca frente a la violencia etarra, que ha recibido la condena mayoritaria de la población española —solo tras la marcha del malhadado Obispo Setién consiguió dignificarse sustancialmente—. Por eso produce estupor contemplar a Artur Mas haciendo su declaración en el púlpito del Monasterio de Ripoll con ocasión de la Diada de Cataluña el pasado día 11 de septiembre. También en el caso catalán es bien conocida la importancia que, en determinados momentos históricos, ha tenido la Iglesia en la cuestión nacional, pero, a estas alturas del siglo XXI y casi cincuenta años después del Concilio Vaticano II, se vuelve a equivocar amparando declaraciones y actos políticos en sus templos. De esta manera, da una imagen equívoca de su postura, se aleja de los fieles que no compartan la opción política que parece amparar y, lo que es todavía más importante, desdibuja su misión esencial: la transmisión del mensaje de Jesucristo.

Evaluación de instituciones 1


Evaluación de instituciones 2

Antonio López Vega es prof. Hª Contemporánea (UCM)  y del IUI Ortega y Gasset y consultor de Metroscopia en análisis histórico-políticos. Ha sido galardonado con el Premio de Investigación Julián Marías para jóvenes investigadores.

Escocia dentro de un año

José Juan Toharia on Jueves, 19 Septiembre 2013. Posted in Artículos

El País 19/09/2013

El 18 de septiembre de 2014, los ciudadanos escoceses podrán acudir a las urnas para dar respuesta a una escueta y rotunda pregunta: “¿Debe ser Escocia un país independiente?”. Según los sondeos disponibles —que son muchos—, desde hace ya meses predominan, y de forma clara, los predispuestos a contestar negativamente: la por ahora última encuesta, publicada el pasado día 13, estima en un 49% los votos contrarios, hoy por hoy, a la independencia, frente a tan solo un 32% a favor. Lo que, ciertamente, supondría un bien pobre resultado teniendo en cuenta que el Partido Nacional Escocés (SNP) ganó inesperadamente, y por mayoría absoluta (69 de los 129 escaños en disputa), las elecciones al parlamento escocés del 5 de mayo de 2011, a las que concurrió con un programa cuya promesa estrella era precisamente este ya convocado referéndum.

Los promotores del secesionismo no pierden, sin embargo, la esperanza de que, a última hora dentro de un año, pueda ocurrir, como en mayo de 2011, lo inesperado. En marzo de aquel año, y a dos meses ya tan solo de la cita electoral, todos los sondeos coincidían en estimar una holgada victoria del Partido Laborista, con hasta 15 de puntos de ventaja sobre el SNP. En abril, sin embargo, pasaron a detectar un práctico empate. Los últimos sondeos, pocos días antes de la votación, anticiparon un vuelco espectacular: una clara victoria (y por hasta 11 puntos de diferencia) del SNP —que fue lo que finalmente ocurrió—.

Pero ahora, sin duda, las circunstancias son otras. Conviene recordar que en aquellas elecciones solo participó la mitad del cuerpo electoral escocés (la abstención fue, en conjunto, del 49,6%). Algunas voces en Westminster han sugerido que el referéndum solo sería plenamente significativo si los votos a favor de la independencia representasen como mínimo el 40% del censo electoral (1,6 millones de votos). Con una participación similar a la de las elecciones de 2011 (apenas dos millones de votantes) ese umbral solo se podría conseguir con una distribución final del voto emitido del orden del 80% a favor del sí frente a solo 20% a favor del no, lo cual por el momento resulta más que dudoso. Solo en la inverosímil hipótesis de una participación masiva (¿alrededor del 80%, es decir, de unos 3,2 millones?) parece pensable una victoria del sí por más de ese 40% del censo.

Debe tenerse presente también que los datos de opinión disponibles indican que, en estos momentos, buena parte de la ciudadanía escocesa se inclina más bien por una “casi ruptura”, es decir, por una ampliación al máximo posible del actual proceso de “devolución” de competencias, pero sin llevar las cosas hasta el extremo de una secesión respecto del Reino Unido. El primer ministro británico, David Cameron, sabedor sin duda del peso real entre los escoceses de esta opción intermedia, logró, en la negociación con el líder independentista Alex Salmond, imponer que la pregunta quedara formulada de forma rotunda e inequívoca: la opción pura y dura entre un sí o un no, sin medias tintas. Y queda, por último, la incertidumbre respecto a si una secesión conllevaría la salida de Escocia de la UE. Esta se ha pronunciado ya con claridad sobre el hipotético caso de Cataluña, pero subsiste ambigüedad en el caso escocés.

Una breve nota final: en estos últimos años, una masiva mayoría ciudadana, y tanto en Escocia (70%-75 %) como en Cataluña (un 80%), se ha declarado partidaria, en los sondeos, de un referéndum sobre la independencia (lo que, cediendo a una admirable argucia conceptual —como bien la ha definido Javier Cercas— aquí hemos dado en denominar “derecho a decidir”). Los datos referidos a Escocia invitan a concluir que la obvia masiva identificación emocional que no puede sino suscitar lo que de ese modo se define (y que, subliminalmente, remite ni más ni menos que al derecho a la libertad) dista mucho de equivaler, sin más, a una opción neta por el independentismo. De hecho, en Cataluña, pese al aludido 80% y con una ciudadanía que masivamente reconoce no estar adecuadamente informada de lo que la secesión podría acabar suponiendo, apenas el 50% se muestra partidario del sí en un hipotético referéndum independentista —un 41% cuando se sugiere que la independencia podría suponer la salida de Cataluña de la UE, según datos recientes de Metroscopia—.

Pero ya no es tanto la economía

José Pablo Ferrándiz on Miércoles, 18 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

18/09/2013

El progresivo desgaste electoral del PP que, desde su victoria en las urnas en noviembre de 2011, viene detectando el Barómetro de Clima Social que Metroscopia realiza para EL PAÍS, está causado básicamente por el efecto cruzado de dos factores: la crisis económica y el denominado de forma genérica como caso Bárcenas, con impacto distinto de uno u otro, según los momentos.

Durante el año 2012 la cuestión económica fue el principal factor de erosión del capital electoral del PP. Primero, porque cuando se habían cumplido los primeros 100 días del nuevo Ejecutivo, los ciudadanos seguían sin percibir la prometida mejora de nuestra economía —que había anticipado Rajoy durante la precampaña— una vez que los populares hubieran llegado al Gobierno. Y segundo, porque esa sensación de ausencia de resultados económicos se hizo más intensa durante el segundo semestre del año, sobre todo tras el paquete de medidas anticrisis propuesto por el Gobierno y aprobado por el Congreso el 19 de julio —con los únicos votos a favor de la bancada popular—. Durante todo 2012 las expectativas pesimistas sobre la evolución de la situación económica de España superaron ampliamente a las positivas: y no solo entre el conjunto de los españoles, sino incluso también, entre los propios votantes del PP.

Desde el comienzo de 2013, sin embargo, el principal factor de desgaste electoral de los populares está siendo el caso Bárcenas. La forma en que tanto el Gobierno como los máximos dirigentes del PP han ido gestionando este asunto desde que el 31 de enero EL PAÍS publicara los documentos del extesorero —donde se mostraba la supuesta contabilidad B del PP y el supuesto pago de sobresueldos a algunos altos cargos del partido— está hundiendo las expectativas electorales de los populares. Ahora, el presidente Rajoy no puede escudarse en la economía para justificar sus malos resultados demoscópicos porque, precisamente desde comienzos de este año, la percepción ciudadana sobre la evolución la situación económica ha ido mejorando mes a mes no solo entre el conjunto de los españoles, sino, sobre todo, entre los votantes populares. Y, sin embargo, la confianza y la fidelidad de voto de sus electores han ido descendiendo, en paralelo, hasta alcanzar mínimos históricos. La gestión del caso Bárcenas está ejerciendo de fuerte contrapeso de las expectativas electorales del PP, que se muestra incapaz de capitalizar y lograr rédito político de ese cambio de tendencia en la visión ciudadana de la economía. El presidente Rajoy debería replantearse su estrategia en el asunto del extesorero si quiere aspirar a una nueva victoria en las próximas elecciones generales. Ya no depende tanto de la economía.

Evolución económica. Total españoles.

Evolución económica votantes PP

Confianza en Rajoy entre votantes PP

Fidelidad de voto

En twitter @JPFerrandiz

Es hora de cambios pero no de locuras

on Viernes, 13 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

Por Antonio López Vega 13/09/2013

En el último barómetro de Metroscopia continúa apreciándose que la valoración de los ciudadanos acerca de la vida política, sus instituciones y representantes, la Administración Pública o el sistema jurídico español no es nada positiva. Numerosos analistas están, asimismo, alertando sobre el peligro de implosión de nuestro actual sistema político y constitucional. Además, la marea humana que ha protagonizado  la Diada en Cataluña, así como el apoyo sustantivo que recibe la opción independentista en diferentes encuestas, ha hecho visualizar que el problema de vertebración territorial del Estado está lejos de ser un capítulo de nuestro pasado.

Los historiadores sabemos bien que nada es inevitable y que siempre hubo —y hay— otras posibilidades en el transcurso del ritmo histórico. En este sentido, la responsabilidad de los actores es máxima y, en esta coyuntura concreta, no se ha de focalizar, exclusivamente, en los actores políticos. Junto a ellos, responsables financieros, medios de comunicación, jueces y tribunales, intelectuales, jerarquía eclesiástica, en fin, sociedad civil y todos tenemos nuestro grado de responsabilidad en lo que pueda suceder.

Hoy se cumplen 90 años de la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera. Para algunos de nuestros más reputados historiadores, siguiendo a Raymond Carr, fue “la fecha decisiva en la historia de la España Contemporánea”. Entonces, se puso fin al sistema parlamentario liberal, tras seis años de colapso. Pensemos que en ese período, tras la crisis del verano de 1917, se probaron dos gobiernos de concentración nacional; vuelto el Turno, otros siete gobiernos conservadores entre 1919 y 1922 y, finalmente, un último gobierno liberal. Una gran mayoría recibió con agrado al dictador al que se anunció como el “cirujano de hierro” que habría de sanar el cuerpo enfermo del sistema político de la Restauración. E, incluso, la relativa bonanza económica a la que se asistió en los años de Primo hicieron ver ese período como una “Dictablanda” amable que no perjudicó a nuestro país (como demostraría la cooperación con la dictadura hasta bien avanzada la misma de los más variados sectores políticos y sociales, como algunos representantes del PSOE y la UGT).

Sin embargo, hoy sabemos bien que aquel fue el principio del fin. Roto el Estado de Derecho y las reglas del juego establecidas en la Constitución de 1876 que, a pesar de todos los problemas que tuvo, había hecho posible la convivencia de las dos Españas y la aceptación del adversario político, se abrió de nuevo la puerta al militarismo que, a la postre, pondría fin a la II República, cuya andadura, como sabemos, no fue nada fácil en un contexto de avance dictatorial en Europa y de fuerte crisis económica. El fallido golpe de Estado de 1936 nos introdujo en la peor de nuestras pesadillas, que dio lugar como sabemos a la larguísima dictadura de Franco.

Hoy, tras estos últimos cinco años de gravísima crisis económica, se cuestiona de nuevo el sistema político. Obviamente, no parece que haya riesgo de regresión en materia de libertades democráticas. Sin embargo, antes de abrir el melón constitucional, convendría tener muy en cuenta que, como bien muestra la historia, nada garantiza que lo que haya de venir, inexorablemente, vaya a mejorar lo que tenemos. Es importante que la fatiga democrática a la que asistimos y a la que ha contribuido de manera sustantiva la corrupción e irresponsabilidad de una parte muy significativa de nuestros dirigentes políticos, no lleve a la ciudadanía a apoyar y tomar decisiones —que nos hacen corresponsables cuando votamos— que pongan en riesgo los cuarenta años de mayor modernización y prosperidad de toda nuestra historia. Es hora de cambios, pero no de locuras.

Antonio López Vega es historiador y consultor de Metroscopia en análisis histórico-políticos. Ha sido galardonado con el Premio de Investigación Julián Marías para jóvenes investigadores.

Hambre y Crisis

Violeta Assiego on Jueves, 12 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

Blog 12/09/2013

El 7 % de los ciudadanos —el 12 % en el caso de los parados— afirma conocer a algún adulto en su entorno familiar, o él mismo, que ha dejado de tomar alguna de las tres comidas diarias en este último mes por falta de dinero. Esta es una de las consecuencias que la crisis y sus medidas correctoras está teniendo en los ciudadanos.  

Esta misma semana, la Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad (RIOS) ha avanzado alguno de los datos de su investigación “Insolvencia alimentaria y pobreza en los países del Sur de Europa”. En ella se subraya el hecho de que cada vez a más personas les cuesta cubrir sus necesidades básicas y su alimentación, con el especial riesgo que esto conlleva para los sectores más vulnerables de la sociedad. Hablar de insolvencia alimentaria —dicen los autores de la investigación— “significa no solo hablar de la pobreza efectiva de los ciudadanos, sino de la incapacidad de estos para hacer frente a la alimentación más esencial y a la ingesta diaria de las calorías necesarias para ello”. Según los datos de este estudio, un 4 % del total de la población española estaría en situación de insolvencia alimentaria; es decir, casi dos millones de ciudadanos en España, cifra superior a la que la propia investigación estima para países como Portugal o Grecia.

En este contexto de “insolvencia alimentaria” son los niños los que más están sufriendo las consecuencias del grave deterioro de las condiciones de vida en sus hogares, tal y como señala UNICEF en su informe “El impacto de la crisis en los niños”. Al menos un 3 % de los españoles —el 5 % en el caso de los parados— dice conocer en su entorno familiar a algún niño o menor que por falta de ingresos ha dejado de tomar alguna de las tres comidas diarias en este último mes. Este dato confirma un hecho denunciado a lo largo de este último año por los expertos: la dificultad de muchas familias de poder dar a sus hijos una alimentación adecuada a causa de la falta de ingresos. 

No es suficiente dar respuesta a esta situación a través de los bancos de alimentos y de las entidades sociales, a pesar de que su papel en este momento está siendo clave. Es necesario que se apruebe lo antes posible el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social y que se fijen las medidas y las políticas necesarias para proteger y salvaguardar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Con la actual tasa de paro, su situación no puede depender únicamente de la buena voluntad o de las entidades sociales.

Hambre y Crisis

Violeta Assiego es abogada y coordina los temas de Discriminación, Pobreza y Exclusión Social en Metroscopia. En twitter @Vissibles

¿Independencia? ¿Solo catalanes?

José Pablo Ferrándiz on Miércoles, 11 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

11/09/2013

Los cuadros que acompañan a este post comparan los datos del sondeo de Metroscopia para EL PAÍS llevado a cabo en Cataluña la semana pasada con los datos de la segunda Oleada de 2013 del Barómetro de Opinión Pública del CEO (Centre d´Estudis d´Opinió) con respecto,  por un lado, al sentido del voto en el caso de un hipotético referéndum sobre la independencia de Cataluña y, por otro lado, al sentimiento identitario de la población catalana.

Son mayoría, en ambas encuestas, quienes votarían a favor de la independencia de Cataluña si se produjera ese, hasta ahora, hipotético referéndum: 56% en el sondeo del CEO y 49% en el de Metroscopia. No obstante, en las otras alternativas de respuesta se producen unas llamativas diferencias que, probablemente, tengan que ver más con el diferente enunciado de las mismas que con cambios temporales en la opinión de los ciudadanos. Así, la  alternativa ofrecida por Metroscopia a la independencia es el voto a favor de que Cataluña siga formando parte de España y por ello se inclina un 36%. La opción alternativa del CEO es el voto en contra de la independencia y consigue un 23%. Esta diferencia de 13 puntos probablemente obedece al simple hecho de tener que optar entre algo que se presenta a favor y algo que se plantea en contra: la experiencia demoscópica enseña que “estar a favor” suele ser más fácil que declararse “en contra”. La evasiva usual ante la opción —siempre emocionalmente más costosa— de expresar una respuesta de signo negativo es abstenerse de opinar. De hecho, si en ambas encuestas se suman los porcentajes de quienes no están a favor de la independencia y los de quienes se abstendrían de votar el porcentaje que se obtiene es idéntico : 38%.

En la pregunta sobre el sentimiento identitario de los catalanes también se observan algunas diferencias entre las dos encuestas que pueden ser achacables, también, quizá en mayor medida,  a sesgos en la forma en que ha sido planteada. Pero en todo caso, y al margen de relativamente menores diferencias en las respuestas, lo que queda claro en ambas encuestas es que el sentimiento identitario excluyente  es claramente minoritario en la sociedad catalana: solo un 24% en el caso de la encuesta de Metroscopia y un 35% en la del CEO se declara “Solo español” o “Solo catalán”. La clara mayoría (74% y 65%, respectivamente) expresa, en cambio, identidades incluyentes, por decirlo con la ya clásica terminología de Linz.

Independencia 1

Independencia 2

En twitter @JPFerrandiz

Diada 2013: dos gobiernos, dos ciudadanías

José Juan Toharia on Martes, 10 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

Blog 10/09/2013

Que entre la ciudadanía catalana predomina una sensación de maltrato, y aun de agravio, por parte del resto de España (y, especialmente por parte del actual gobierno del PP) parece claro. Que para ese profundo malestar no se perciba ya otro alivio (sobre todo al este del Ebro) que la secesión no resulta, en cambio, tan evidente.

Para empezar, y de forma masiva (83%), la ciudadanía catalana considera desacertada la forma en que hasta ahora ha actuado el presidente Rajoy en relación con el órdago soberanista planteado por el gobierno de Artur Mas. En esto coincide también una clara mayoría del resto de los españoles (56%), entre los cuales solo un 28% se muestra conforme con el modo en que desde Madrid se está llevando la cuestión. De hecho, incluso entre los propios votantes populares, son tantos los que los se decantan por censurar en este punto al gobierno como los que le aprueban (42% frente a 43%). Pero, al mismo tiempo, también son mayoría (51% frente a 41%) los catalanes que consideran desacertado el actual planteamiento soberanista de su gobierno (en el resto de España expresa esta opinión el 72%).

Ciertamente, la mayoría (54% frente a 29%) cree en Cataluña que la independencia sería beneficiosa para el Principado y un 64% expresa la convicción de que resultaría nociva para España. Esto refleja bien a las claras la convicción de una gran parte de la ciudadanía catalana acerca de a quién beneficia más el actual estado de cosas. Este generalizado diagnóstico de que los males actuales provienen del hecho de formar parte de esta España —y al margen de que el mismo pueda ser validado, en mayor o menor medida, con datos fiables y detallados— es algo que en modo algo cabe desdeñar, pues sobre él se sustenta primordialmente (más que en la crisis económica o en su gestión por el gobierno autonómico) el actual dolorido sentir ciudadano. En el resto de España se comparte solamente la mitad de este diagnóstico, pues si siete de cada diez españoles coinciden en que una eventual secesión catalana sería nociva para España, esa misma proporción piensa que también lo sería para la propia Cataluña.

La política de oídos sordos del gobierno español y el paralelo tensionamiento creciente de la situación por el gobierno catalán y los grupos políticos que le apoyan explican probablemente que sean ya mayoría (55%) en Cataluña, y una importante minoría (39%) en el resto de España los ciudadanos que temen que resulte ya muy difícil, o casi imposible, un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Por más, dicho sea de paso, que ambas ciudadanías en el fondo lo deseen. En Cataluña, por ejemplo, predominan claramente (50% frente a 36%) quienes darían por definitivamente zanjado el actual desencuentro con una nueva configuración de España como estado federal. En el resto de España, las opiniones a este respecto se dividen, lo cual como mínimo invita a pensar que esta opción no resulta, de entrada, totalmente impensable. Por otro lado, la tradicional recia belicosidad española contra posibles secesionismos en lo que ha sido históricamente su configuración territorial se presenta ahora notablemente atenuada: en la hipótesis de un sí mayoritario en un referéndum de independencia, las reacciones que expresan más españoles es, por un lado, la no renuncia pese a ello a seguir negociando y negociando hasta alcanzar un nuevo marco constitucional que haga atractiva para Cataluña su permanencia en España (35%), ganando así la mano a la opción secesionista; y, por otro, la pacífica (y resignada) aceptación de la decisión, democráticamente adoptada, de la ciudadanía catalana (27%). Solo un 30% se muestra partidario del rechazo frontal, y por todos los medios disponibles, del veredicto secesionista arrojado por las urnas: es decir, de la confrontación a cara de perro.

En todo caso, la ciudadanía catalana no acaba de tener claro que la independencia, por más que resulte emocionalmente atractiva y hasta reconfortante, sea su mejor opción. En el momento actual siguen en torno al 50% los que se declaran dispuestos, en principio, a votar por la independencia (en este sondeo se quedan en el 49%; en el sondeo del CEO catalán del pasado mes de junio, en el 55%). Y el porcentaje se reduce incluso a un ya relativamente minoritario 41% cuando se plantea la posibilidad de que la independencia pudiera conllevar la salida de la Unión Europea.

Los ciudadanos de a pie, a uno y otro lado del Ebro, se aparecen así, en conjunto, como más serenos, razonables y proclives al pacto y a la negociación de lo que suelen, en cambio, mostrarse los respectivos liderazgos gubernamentales. Y si en sus opiniones y actitudes pueden dar también, en ocasiones, la sensación de desorientación y desconcierto, es porque quienes tienen por función apaciguar las emociones y canalizar conflictos y desacuerdos parecen, desafortunadamente, optar más veces de las precisas por atizarlos y exacerbarlos.

 

La díada del 11-S en Cataluña

La díada del 11-S en Cataluña

Barómetro electoral: septiembre 2013

Metroscopia on Lunes, 09 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

09/09/2013

El caso Bárcenas amenaza con hundir al PP

Por primera vez desde las elecciones de 2011, el PSOE se sitúa por delante del PP en la estimación de resultado electoral. Con una participación estimada inferior en casi 10 puntos a la que hubo hace dos años (62 % frente al 71.7 %), los socialistas lograrían ganar unas elecciones que tuvieran lugar ahora con el 30.5 % de los votos válidos —casi 2 puntos más de los que obtuvieron en las últimas elecciones— frente al 30.1 % que obtendría el PP —14.5 puntos menos que en 2011—.

Un práctico empate que refleja dos tendencias diferentes: la de los populares en claro declive y la de los socialistas en alza moderada. No puede hablarse todavía de una recuperación del PSOE —en general, la imagen del partido sigue estando bajo mínimos—, pero ahora ha logrado capitalizar el profundo desgaste del PP —algo que no conseguía desde hace años— a pesar de no haberse producido ninguna actividad política especialmente relevante en el ámbito nacional —quizá la más destacada haya sido la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía—. El resultado ahora estimado es, así, de momento, más demérito del PP que logro del PSOE, algo que, en todo caso, encaja con la conocida máxima de que las elecciones no las gana la oposición, sino que las pierde el Gobierno. Y en este descrédito del PP juega un papel principal el caso Bárcenas —y la gestión del mismo por los dirigentes populares, que está dilapidando los apoyos electorales con que contaba—: en este momento, el partido cuenta con la fidelidad de tan solo un 38 % de quienes fueron sus votantes. Los últimos acontecimientos en torno al asunto del extesorero han apuntalado (e incluso acrecentado) las críticas dentro de su propio electorado —ya percibidas en anteriores oleadas del Barómetro—: dos de cada tres votantes del PP (64 %) piensan que los dirigentes populares no están colaborando de forma adecuada con la Justicia en este caso y una proporción mayor —tres de cada cuatro (73 %)— cree que la intención del Gobierno y del partido —manifestada públicamente por Rajoy— de no hablar más del tema y darlo por cerrado es una decisión desacertada.

Así, el intento del Presidente de desviar la atención de este caso para hablar de otras cuestiones según él más importantes para los españoles, no concita el acuerdo ni de sus propios votantes. En parte, probablemente, porque el tema que Rajoy pretende que centre la agenda política —la economía— sigue sin satisfacer a la opinión pública. Apenas ha variado con respecto a meses anteriores la percepción de los españoles sobre el contexto económico: la práctica totalidad (94 %) sigue pensando que la situación de la economía española es mala; un 76 % considera que en los próximos meses esta situación no va a mejorar y un 70 % cree que el paro no va a descender, por lo menos, a medio plazo. El único dato que cabe interpretar en clave esperanzada es que el 67 % de los ciudadanos cree que la situación económica ya ha tocado fondo. Un optimismo en todo caso moderado porque la clara mayoría (59 %) considera que la recuperación va a ser lenta. De hecho, la mayoría de los españoles (52 %) cree que en los próximos meses no se va a producir ningún cambio en nuestra economía y que esta va a seguir igual que hasta ahora. Y las familias españolas siguen sin apreciar en su economía ningún atisbo de mejora: el porcentaje de hogares que califican positivamente la economía familiar sigue instalado —como desde hace más de tres años— por debajo del 50 %.

La percepción de que el Gobierno improvisa sobre la marcha —no solo para la mayoría de los ciudadanos (70 %), sino también para los propios votantes populares (50 %)— es igualmente atribuible a la gestión de la economía y al caso Bárcenas. Y lo mismo podría aplicarse a la confianza que logra transmitir Rajoy: un 87 % de los españoles y un 64 % de los votantes del PP no confían en el Presidente. El Gobierno y el PP siguen atorados en los dos mismos temas que marcaron la agenda al final del pasado curso político y que están consiguiendo desgastarlos electoralmente.

                                            NOTA METODOLÓGICA: MOVILIZADOS/MOVILIZABLES,                                                             DESCRIPCIÓN/INTERPRETACIÓN
                                                    José Juan Toharia /José Pablo Ferrándiz
                                (Presidente y vicepresidente, respectivamente, de Metroscopia)

Una cosa es lo que, políticamente, los españoles piensan y dicen ahora y otra lo que resulta más probable que, ante una cita electoral real y no solo imaginaria, acaben finalmente haciendo. Sabemos bien lo que ahora piensan y dicen, pues ha quedado recogido, mes a mes, en el Barómetro de Clima Social Metroscopia/El País, y cabe resumirlo como una profunda decepción con nuestra vida política y, sobre todo, con los dos principales partidos sobre los que esta pivota.

Lo que ante una cita electoral real la ciudadanía pueda acabar realmente haciendo es ya más difícil de determinar con razonable fiabilidad. El Barómetro de Clima Social ha optado en estos meses pasados por limitarse a describir el estado de ánimo ciudadano recurriendo al artificio de expresarlo en forma de los hipotéticos alineamientos electorales a que daría lugar un determinado nivel de movilización electoral y, por tanto, de participación (en torno al 52%, en las últimas oleadas). Por supuesto, y como se explicitaba claramente en cada ocasión, tales estimaciones de voto no solo debían ser entendidas simplemente como lo que eran (es decir, como un intento de “traducción” en terminología electoral del clima de opinión predominante), sino que, además, estaban en relación directa con el concreto porcentaje de participación estimado. Una variación del mismo las invalidaría en gran medida, pues de cara al resultado electoral previsible no es, obviamente, lo mismo que vote el 52%, o el 65% o el 72% del electorado. Los dos partidos que ahora cuentan con un mayor número de votantes desmovilizados (pero, probablemente y al menos en parte, todavía movilizables) son el PP y, en alguna menor medida, el PSOE: cualquier mejora en la muy baja movilización electoral de la ciudadanía que ahora reflejan los sondeos no puede sino redundar fundamentalmente en  beneficio de estas dos formaciones.

El curso político que ahora comienza desembocará, en mayo de 2014, en unas elecciones europeas ya convocadas. Esto, por sí solo, abre un tiempo político nuevo en el que adquiere ya pleno sentido el intento de utilizar las intenciones de voto declaradas por los ciudadanos no solo para describir su estado del ánimo general, sino también y sobre todo para tratar de interpretar lo que este podría significar para la activación y cristalización efectiva de opciones y alineamientos electorales. Se trata, sencillamente, de pasar ahora de la descripción de lo que hay a la estimación de lo que puede acabar habiendo. Y eso es lo en esta nueva etapa se propone hacer este Barómetro de Clima Social. En el Blog de Metroscopia, disponible en la edición digital de este diario, se podrán encontrar, tras cada oleada mensual, las precisiones metodológicas y las ampliaciones analíticas que las lógicas limitaciones de espacio impiden desarrollar en la edición impresa.


INTENCIÓN DIRECTA DE VOTO
La intención directa de voto equivale a la voz de la calle. Es lo que los españoles responden de forma directa y espontánea cuando se les pregunta por su comportamiento electoral más probable. Es un dato clave para captar el estado de opinión predominante, pero debe ser interpretado con cautela pues no siempre refleja todo lo que los electores piensan, sino sólo lo que deciden revelar al ser preguntados. Distintos factores de coacción ambiental hacen que la verbalización de las distintas opciones ideológicas (su probabilidad de ser expresadas de forma espontánea y natural) no sea siempre la misma. La intención directa de voto (UDV) es, así, sometida a una serie de procesos de ajuste (a partir, fundamentalmente, del recuerdo de voto, de la fidelidad de voto, de la tasa de participación estimada, de la valoración  por cada grupo de votantes de la gestión de cada partido y de sus líderes y de otros datos complementarios proporcionados por el sondeo sobre el estado de ánimo general de las personas entrevistadas) que permitan estimar cuál es, en esas circunstancias, el resultado más probablemente esperable. Obviamente, a partir de una misma IDV sería posible, utilizando otros criterios analíticos e interpretativos, obtener estimaciones de resultado electoral no necesariamente coincidentes con la que aquí se ofrece. La estimación de voto probable, por tanto, no es ya un dato directamente conseguido de la ciudadanía, sino una interpretación de sus declaraciones realizada a partir de unos supuestos determinados (lo que se conoce como “cocina electoral”). Aunque con frecuencia, por un uso descuidado, se confunda intención directa de voto y voto probable estimado, en realidad son cosas distintas. Una intención directa de voto muy elevada puede terminar, tras ser procesada, en una estimación de voto probable más reducida, o a la inversa. La IDV se compara con el resultado real que cada partido obtuvo sobre el Censo de españoles residentes (CER). Por su parte, los datos de voto estimado se comparan con el resultado real de cada partido sobre el total de votos válidos.

En esta oleada del Clima Social correspondiente al mes de septiembre de 2013 la intención directa de voto es la siguiente:

Intención directa de voto septiembre 2013

Ficha Técnica

Encuesta efectuada mediante entrevistas telefónicas a una muestra nacional de personas mayores de 18 años. Se han completado 700 entrevistas, estratificadas por la intersección hábitat/Comunidad Autónoma y distribuidas de manera proporcional al total de la región, con cuotas de sexo y edad aplicadas a la unidad última (persona entrevistada). Partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple, para un nivel de confianza del 95.5% (que es el habitualmente adoptado) y en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50), el margen de error de los datos referidos al total de la muestra es de ± 3.8 puntos. La recogida de información y el tratamiento de la misma han sido llevados a cabo íntegramente en Metroscopia. FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: 4 y 5 de septiembre de 2013.

En twitter @JPFerrandiz

Lo que se espera del Estado (Pulso de España / 4)

José Juan Toharia on Viernes, 06 Septiembre 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 06/09/2013

España es el país de la Unión Europea que en mayor medida espera del Estado protección para los desfavorecidos y un control efectivo sobre los desmanes de la economía financiera.

España es, posiblemente, el país europeo en el que más se espera del Estado y de “lo público”. El porcentaje de españoles que pide a las instituciones públicas amparo y protección en toda una variada serie de ámbitos  es, en promedio, casi 25 puntos más elevado que en el conjunto de los demás países de la Unión Europea, según un reciente y clarificador estudio comparado llevado a cabo por la Fundación BBVA en diez países —especialmente significativos— de los que la componen. Esta es, a todas luces, una sociedad fuertemente “estatalista” y, además, de forma transversal, por encima de los alineamientos ideológicos que la recorren. Los distintos grupos de votantes —de derecha, centro o izquierda— solo varían en cuestiones de matiz o intensidad, no de sustancia, en cuanto a la importancia que atribuyen a la acción del estado sobre la vida social. Dos ejemplos: una amplia mayoría tanto de votantes populares (62%) como de votantes socialistas (63%) cree que la economía funciona mejor cuando el Estado supervisa su funcionamiento; y una inequívoca mayoría en ambos electorados (65% en el caso del PP, 80% en el del PSOE) afirma que es el Estado el que, en primer lugar y ante todo, tiene la obligación de proteger y ayudar a las personas más necesitadas y desfavorecidas.

Esta extendida convicción de que son los poderes públicos los que han de velar por quienes viven en situación precaria parece de hecho constituir un claro rasgo distintivo de nuestra cultura política actual. España resulta ser (en comparación con Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, según datos del Pew Research Center) el país donde una mayor proporción de ciudadanos (67%) llega incluso a considerar más importante que los poderes públicos garanticen que nadie viva desprotegido y sin asistencia que verse asegurada la no injerencia de los mismos en su capacidad personal de organizar, libremente, su propia vida (30%). La situación opuesta se registra en Estados Unidos, donde estos porcentajes son, respectivamente, 35% y 58%, es decir, casi milimétricamente inversos.

En cuanto a la economía, y especialmente en lo que respecta a su vertiente financiera, los españoles desean que el Estado controle las actividades y beneficios de los bancos (lo pide un 78%) y que garantice los depósitos de los ahorradores frente al posible mal uso bancario de los mismos (71%). Los españoles están particularmente escaldados con mucho de lo que, en nuestra vida financiera, ha acontecido, y sin duda por eso (y según datos de Metroscopia), el 92% piensa que los únicos responsables del hundimiento de determinados bancos y cajas son sus gestores; el 90% cree que, pese a ello, a estos todavía no se les ha exigido adecuadamente las oportunas responsabilidades; y ello lleva a un 71% a preferir, visto lo visto, que el Estado deje quebrar a los bancos y cajas mal gestionados antes que utilizar para salvarlos recursos que incrementan la deuda pública y derivan en recortes del dinero público dedicado a sanidad o educación. Es fácil comprender esta casi unánime exigencia de un mayor rigor controlador público sobre actividades financieras más propias de una “economía de casino” que expresan los españoles. Aunque solo sea porque luego, cuando se rompe la engañosa y artificial galería de espejos montada, es a ellos a quienes acaba tocando pagar, colectivamente y sin rechistar, los platos que solo algunos han roto —impunemente, además—.
Lo que se espera del estado 1

Lo que se espera del estado 2
Este artículo constituye el cuarto y último avance del Pulso de España 3 (junio 2012-junio 2013) que, dirigido por José Juan Toharia, elabora Metroscopia para la Fundación Ortega-Marañón, con la colaboración de Telefónica. Fue publicado en la edición impresa de EL PAÍS el 1 de septiembre de 2013.

Por qué no se hunde España (Pulso de España / 3)

José Juan Toharia on Jueves, 05 Septiembre 2013. Posted in Artículos

Blog 05/09/2013

En medio de una profunda crisis que, para la ciudadanía, va a su aire y sin control, España se mantiene en pie gracias a instituciones, públicas y privadas, que contribuyen eficazmente al bienestar común.

¿Qué mantiene, pese a todo, en pie a la sociedad española, tan intensamente decepcionada con sus instituciones políticas, tan castigada por el desempleo y, por vez primera en decenios, tan desconcertada, tan pesimista y tan carente de liderazgos? La respuesta es clara: España se sustenta en el buen hacer de muchas de las instituciones que integran el aparato estatal y también de las que componen lo que, para abreviar, cabe describir como sociedad civil, según la última oleada (junio-julio 2013) del Barómetro de Confianza Institucional que elabora trimestralmente Metroscopia para este diario
Por un lado, en la actual coyuntura, las prestaciones de la Administración Pública española son evaluadas, en conjunto, de forma positiva por un 70% de la ciudadanía, cifra superior en 13 puntos a la que en este mismo asunto se registra en Francia y en 52 a la que se da en Italia. Un llamativo grado global de satisfacción con nuestro servicio público que se sustenta fundamentalmente en la espectacular consideración en que tienen los españoles a los médicos de la sanidad pública (evaluados positivamente por un 92%), a los investigadores científicos (92%), a los profesores de la enseñanza pública (85%) y a los cuerpos y fuerzas de seguridad (86% la Guardia Civil,  83% la policía y 72% las fuerzas armadas). Es decir, significativamente, a instituciones y servicios moderada —o incluso modestamente— remunerados y, además,  castigados con especial dureza por los recortes presupuestarios. Nada refleja probablemente mejor la actual falta de sintonía entre las prioridades de la ciudadanía y las de sus gobernantes que el hecho de que sean precisamente los tres sectores con un reconocimiento ciudadano prácticamente unánime (la investigación, la sanidad y la docencia) los que se vean más severa —y quizá, en algunos casos, irreparablemente— dañados por las medidas de ajuste. Y por lo que respecta a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad, nada dice tanto de la buena salud de una democracia como la existencia de una alta confianza ciudadana en ellas. Las evaluaciones que al respecto expresan hoy los españoles son milimétricamente equivalentes a las que se registran en democracias más que solventes, como Francia, Alemania o Estados Unidos.

Del lado de la sociedad civil, el papel estelar corresponde, sin lugar a dudas, a las pymes, que ocupan el segundo lugar (evaluadas positivamente por un 90%) en el ranking general de confianza ciudadana. Además de confirmar la nueva mentalidad predominante en nuestra sociedad respecto de la vida económica y empresarial, este dato sin duda expresa el generalizado reconocimiento ciudadano al esfuerzo de tantas empresas pequeñas y medianas por sobrevivir y dar trabajo a más de nueve de cada diez personas que tienen todavía empleo, a pesar de las dificultades que las abruman. No solo siguen, mayoritariamente, sin poder disponer, en condiciones razonables, del crédito que precisan, sino que de hecho, en la práctica cotidiana, son más bien ellas las que se ven  forzadas a financiar al propio Estado o a las grandes empresas: a aquel, abonándole puntualmente, y por adelantado, el IVA de facturas aún sin cobrar y a ambos, soportando su frecuente morosidad en el abono de lo debido. La actual crisis está haciendo, además, que muchas pymes estén aprendiendo a sobrevivir “desbancarizadamente”: habrá que ver con qué consecuencias cuando amaine la crisis. Los Bancos, por cierto, siguen ocupando el antepenúltimo lugar en el ranking general de confianza, por delante tan solo de políticos y partidos.

En un país crecientemente empobrecido (y que soporta con serena dignidad pagar así, colectivamente, culpas aún mal determinadas pero que con certeza no corresponden a todos por igual) no puede extrañar el también masivo reconocimiento a la labor asistencial  de los servicios sociales de los municipios y, sobre todo, de instituciones como Cáritas. Esta, de hecho, se constituye de forma rotunda en la cara mejor evaluada de una Iglesia española juzgada por la ciudadanía con profundas matizaciones: el 74% de reconocimiento ciudadano a Cáritas baja a un todavía apreciable 51% en el caso del clero parroquial, a un moderadamente negativo 41% en la caso de la Iglesia considerada en conjunto, y a tan solo un 21%  en el caso de los obispos, relegados así al pelotón de cola junto a bancos, políticos y partidos.

Y una apostilla final: la claramente positiva evaluación ciudadana de la labor informativa de los medios de comunicación (60% para el concreto caso de los periódicos), parecería sugerir un reverdecimiento, en estos nuevos tiempos de desconfianza ciudadana respecto de la “política oficial”, de la condición de “parlamento de papel” que aquellos un día ostentaran.

Principales institucione

Este artículo constituye el tercer avance del Pulso de España 3 (junio 2012-junio 2013) que, dirigido por José Juan Toharia, elabora Metroscopia para la Fundación Ortega-Marañón, con la colaboración de Telefónica. Fue publicado en la edición impresa de EL PAÍS el 25 de agosto de 2013.

El desplome de la política (Pulso de España / 2)

José Juan Toharia on Miércoles, 04 Septiembre 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 04/09/2013

Los españoles se muestran tan decepcionados con la política como los ciudadanos de otros países comparables al nuestro, pero además profundamente irritados con una corrupción que perciben tolerada e impune.

No es algo que esté ocurriendo solo en España. También en otros países afectados por la crisis económica y sólidamente democráticos se registra un profundo desplome de la confianza ciudadana en las instituciones políticas. Así, ahora, en Francia y en Estados Unidos apenas un tercio de la ciudadanía aprueba la gestión del Presidente de la República. En Italia, el 70% que hace apenas dos años evaluaba positivamente al presidente Napolitano ha menguado hasta el 45%. En este contexto, el rey Juan Carlos, pese al profundo desgaste experimentado por su imagen pública entre nuestra ciudadanía a lo largo de este último año, aparece con todo como el Jefe de Estado mejor librado, pues retiene un apoyo ciudadano que alcanza el 50%. En cuanto a los gobiernos, solo merecen la aprobación de una muy reducida fracción de la población: el 16% en Italia, el 21% en Francia, el 26% en España. Y lo mismo ocurre con los respectivos parlamentos, siendo destacable el particularmente grave hundimiento del crédito público del italiano y, sobre todo, del estadounidense (cuyo 10% actual de aprobación representa un mínimo histórico). Por último, España, Francia e Italia prácticamente empatan en cuanto al masivo grado de desafección ciudadana respecto de los  partidos políticos.

El grave descrédito de la vida pública en estos cuatro países contrasta fuertemente con la alta estima en todos ellos por las pymes,  la escuela pública,  la policía, el  sistema público de salud o las fuerzas armadas. Solamente los bancos (y especialmente en España) obtienen porcentajes de aprobación tan mínimos como los de las instituciones políticas, probablemente porque para el ciudadano medio se aparecen como cooperadores necesarios, o incluso como causantes últimos, del actual desastre económico.

La idea ampliamente extendida en buena parte de Europa (en España la expresan tres de cada cuatro ciudadanos) es que en estos años se ha producido, de hecho, un golpe de estado, subrepticio y consentido: ahora son los mercados quienes realmente detentan todo el poder, por encima de soberanías nacionales o voluntades populares. Con un diagnóstico de situación tal, no puede extrañar este generalizado y profundo desplome de la confianza en las instituciones políticas. Desplome que, por cierto, no es en España precisamente donde se da en mayor medida, contra lo que se suele pensar aquí. Si los españoles viven este desplome con un claro plus de desasosiego es, sin duda, porque se les presenta asociado a un problema adicional que pesa especialmente sobre su moral cívica: la cada vez más gravosa evidencia de una corrupción política que es “relevante, general y recurrente”, en palabras del Círculo Cívico de Opinión. Sin duda, y en proporción de dos a uno (67% frente a 32%), los españoles reconocen que, en realidad, en nuestro país los políticos corruptos son una minoría. Pero, eso sí, una minoría que, por la confluencia de tres factores que se refuerzan mutuamente, resulta particularmente dañina para esta ya doliente democracia.

En primer lugar, y como afirma el 95% de la ciudadanía, los partidos, por una malentendida solidaridad, tienden a tapar y proteger a aquellos de sus militantes probada o potencialmente corruptos en vez de investigarles, denunciarles y expulsarles. En segundo lugar, la lentitud con que la Justicia se ve forzada a actuar en este tipo de casos (como señala el 92%) por su escasez de recursos —materiales y humanos— y por las peculiaridades del actual sistema procesal que permite a los imputados marear impunemente, y por tiempo indefinido, al juez que les investiga. Y, en tercer lugar, porque el sistema electoral vigente admite que los imputados puedan figurar en las listas electorales (¡hasta algo más de cien lo hicieron en las últimas elecciones municipales y autonómicas!). Y dado que estas son cerradas y bloqueadas, quienes deseen penalizar a un imputado por la Justicia negándole su voto han de renunciar al mismo tiempo a dar su apoyo al resto de la lista en que aquel aparece. Un modo no precisamente sutil de forzar a votar tapándose la nariz a quienes, pese a todo, deseen acudir a las urnas (y encima, luego, hay quienes les tachan de cómplices objetivos de la malsana situación existente cuando en realidad son simples rehenes de un sistema devenido perverso por obvia dejación de quienes tienen en su mano solucionarlo).

El 85% de la ciudadanía admite que con un boicot generalizado a todas las listas que incluyan imputados se limpiaría sustancialmente el actual panorama. Pero como tan extrema medida parece dudosamente viable en la práctica, los españoles proponen remedios más modestos: posibilidad de tachar a candidatos de las listas (lo pide el 85%), elecciones primarias (las reclama el 79%), limitación temporal del mandato de los dirigentes de los partidos (lo sugiere el 83%), y un sistema procesal específico y especialmente expeditivo para casos de especial gravedad económica o política (lo reclama el 89%). Medidas todas ellas no imposibles, pero quizá ya inevitables para la regeneración de esta democracia.Confianza en las instituciones

Este artículo constituye el segundo avance del Pulso de España 3 (junio 2012-junio 2013) que, dirigido por José Juan Toharia, elabora Metroscopia para la Fundación Ortega-Marañón, con la colaboración de Telefónica. Fue publicado en la edición impresa de EL PAÍS el 18 de agosto de 2013.

Del 20-N a los papeles de Bárcenas: la progresiva y profunda erosión de un caudal electoral

José Pablo Ferrándiz on Lunes, 02 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

Blog 02/09/2013

Estimación de resultado electoral

En las elecciones del 20 de noviembre de 2011 el PP obtuvo un espectacular 44.6% de los votos que le valió no su primera pero sí su más amplia mayoría parlamentaria. Desde entonces, su capital electoral parece haber ido decreciendo severamente por el efecto cruzado de dos factores: uno con el que sin duda se contaba (las medidas para afrontar la crisis) y otro inesperado y que está resultando especialmente dañino (lo que se conoce, genéricamente, como “caso Bárcenas”).

La oleada de abril de 2012 del Barómetro mensual que Metroscopia elabora para este diario —y que coincidió con los 100 primeros días del Gobierno de Rajoy— registró ya una primera caída brusca del apoyo ciudadano al Gobierno y al partido que lo apoya. En ese momento, tan solo cuatro meses después de las elecciones, la estimación de voto para el PP en unas hipotéticas nuevas elecciones fue ya seis puntos y medio inferior al resultado real obtenido en los comicios. En tan breve lapso de tiempo la realidad económica había dejado ya de coincidir con la expectativa alimentada por Rajoy durante la campaña electoral de que, con el PP en el gobierno, llegaría la recuperación de la economía española. No solo no se percibía mejora alguna sino que se hizo predominante entre la ciudadanía la sensación de que el Gobierno improvisaba y de que no estaba sabiendo hacer frente a la crisis.

Tras el paquete de medidas anticrisis propuesto por el Gobierno de Rajoy  aprobado por el Congreso el 19 de julio de 2012 —sin más votos a favor que los del propio PP— se produjo un segundo descenso abrupto de los potenciales apoyos electorales al partido gobernante. A primeros de agosto de 2012, la estimación de voto favorable al PP para el supuesto de unas hipotéticas inmediatas elecciones generales elaborado por Metroscopia registraba una caída de siete puntos con respecto al mes de julio, y, por vez primera desde octubre de 2006, el PP pasó a tener una fidelidad de voto inferior a la del PSOE. Este progresivo deterioro del capital electoral del PP se produjo en asociación con una paralea contracción de la predisposición a participar en unas supuestas nuevas elecciones: el 71.7 % de participación real del 20-N de 2011 pasó a reducirse a una hipotética nueva participación de tan solo el 59%.

La por ahora última, y quizá más significativa, contracción del voto popular potencial se registró tras la publicación por el diario EL PAÍS el 31 de enero de este año de la primera entrega de los “papeles de Bárcenas”. En la oleada de febrero de 2013 del Barómetro de Metroscopia, el PP volvió a perder otros seis puntos de potencial apoyo electoral, al tiempo que se producía otra nueva contracción de la predisposición ciudadana a acudir a las urnas (la hipotética participación electoral pasó a ser de tan solo el 53%).

El impacto que, en caliente y de forma más inmediata, tuvo el caso Bárcenas sobre la ciudadanía, en general, y de forma especialmente destacable, sobre los votantes del PP no se ha atenuado, sino más bien consolidado y extendido, en estos últimos cuatro meses. En febrero pasado el 80 % de los españoles (y lo que es más significativo, el 59% de los votantes del PP) pidió la inmediata dimisión de sus cargos de los dirigentes que aparecen como posibles beneficiarios de pagos irregulares, una reacción claramente expresiva de la ya nula paciencia y tolerancia ciudadana ante la cascada de  noticias referidas a conductas improcedentes en nuestra vida pública. Asimismo, ya entonces el 70% de los españoles (y una clara mayoría de los propios votantes populares: 54% frente a 36%) pedían la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario del partido gobernante que permitiera el relevo de sus actuales dirigentes y el inicio de una nueva etapa, discontinua de la anterior.

El nulo éxito, a  todo lo largo de este año 2013, del actual equipo dirigente del Partido Popular en el intento de conectar con el sentir ciudadano queda reflejado en los siguientes dos datos: por un lado, en febrero, el 76% de los españoles (y lo que sin duda es más relevante, el 58% de los propios votantes del PP) no consideraba ni creíbles ni convincentes las explicaciones entonces recibidas respecto del caso Bárcenas; por otro, ahora, a finales de julio, el 90% de los españoles (y el 79% de los votantes del PP) cree que Rajoy no comparece en las Cortes de forma voluntaria y escogiendo libremente el momento de hacerlo; el 89% (y el 78% de los votantes del PP) no espera que lo que vaya a decir contribuya a aclarar el caso; y, lo que probablemente es especialmente grave, solo un 14% de los españoles (y solo un 37% de los votantes populares) tiende a prestar más credibilidad a Rajoy que a Bárcenas.

Este análisis fue publicado el 1 de agosto de 2013 en la edición digital de EL PAÍS.

En twitter: @JPFerrandiz