¿Independencia? ¿Solo catalanes?

José Pablo Ferrándiz on Miércoles, 11 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

11/09/2013

Los cuadros que acompañan a este post comparan los datos del sondeo de Metroscopia para EL PAÍS llevado a cabo en Cataluña la semana pasada con los datos de la segunda Oleada de 2013 del Barómetro de Opinión Pública del CEO (Centre d´Estudis d´Opinió) con respecto,  por un lado, al sentido del voto en el caso de un hipotético referéndum sobre la independencia de Cataluña y, por otro lado, al sentimiento identitario de la población catalana.

Son mayoría, en ambas encuestas, quienes votarían a favor de la independencia de Cataluña si se produjera ese, hasta ahora, hipotético referéndum: 56% en el sondeo del CEO y 49% en el de Metroscopia. No obstante, en las otras alternativas de respuesta se producen unas llamativas diferencias que, probablemente, tengan que ver más con el diferente enunciado de las mismas que con cambios temporales en la opinión de los ciudadanos. Así, la  alternativa ofrecida por Metroscopia a la independencia es el voto a favor de que Cataluña siga formando parte de España y por ello se inclina un 36%. La opción alternativa del CEO es el voto en contra de la independencia y consigue un 23%. Esta diferencia de 13 puntos probablemente obedece al simple hecho de tener que optar entre algo que se presenta a favor y algo que se plantea en contra: la experiencia demoscópica enseña que “estar a favor” suele ser más fácil que declararse “en contra”. La evasiva usual ante la opción —siempre emocionalmente más costosa— de expresar una respuesta de signo negativo es abstenerse de opinar. De hecho, si en ambas encuestas se suman los porcentajes de quienes no están a favor de la independencia y los de quienes se abstendrían de votar el porcentaje que se obtiene es idéntico : 38%.

En la pregunta sobre el sentimiento identitario de los catalanes también se observan algunas diferencias entre las dos encuestas que pueden ser achacables, también, quizá en mayor medida,  a sesgos en la forma en que ha sido planteada. Pero en todo caso, y al margen de relativamente menores diferencias en las respuestas, lo que queda claro en ambas encuestas es que el sentimiento identitario excluyente  es claramente minoritario en la sociedad catalana: solo un 24% en el caso de la encuesta de Metroscopia y un 35% en la del CEO se declara “Solo español” o “Solo catalán”. La clara mayoría (74% y 65%, respectivamente) expresa, en cambio, identidades incluyentes, por decirlo con la ya clásica terminología de Linz.

Independencia 1

Independencia 2

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Diada 2013: dos gobiernos, dos ciudadanías

José Juan Toharia on Martes, 10 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

Blog 10/09/2013

Que entre la ciudadanía catalana predomina una sensación de maltrato, y aun de agravio, por parte del resto de España (y, especialmente por parte del actual gobierno del PP) parece claro. Que para ese profundo malestar no se perciba ya otro alivio (sobre todo al este del Ebro) que la secesión no resulta, en cambio, tan evidente.

Para empezar, y de forma masiva (83%), la ciudadanía catalana considera desacertada la forma en que hasta ahora ha actuado el presidente Rajoy en relación con el órdago soberanista planteado por el gobierno de Artur Mas. En esto coincide también una clara mayoría del resto de los españoles (56%), entre los cuales solo un 28% se muestra conforme con el modo en que desde Madrid se está llevando la cuestión. De hecho, incluso entre los propios votantes populares, son tantos los que los se decantan por censurar en este punto al gobierno como los que le aprueban (42% frente a 43%). Pero, al mismo tiempo, también son mayoría (51% frente a 41%) los catalanes que consideran desacertado el actual planteamiento soberanista de su gobierno (en el resto de España expresa esta opinión el 72%).

Ciertamente, la mayoría (54% frente a 29%) cree en Cataluña que la independencia sería beneficiosa para el Principado y un 64% expresa la convicción de que resultaría nociva para España. Esto refleja bien a las claras la convicción de una gran parte de la ciudadanía catalana acerca de a quién beneficia más el actual estado de cosas. Este generalizado diagnóstico de que los males actuales provienen del hecho de formar parte de esta España —y al margen de que el mismo pueda ser validado, en mayor o menor medida, con datos fiables y detallados— es algo que en modo algo cabe desdeñar, pues sobre él se sustenta primordialmente (más que en la crisis económica o en su gestión por el gobierno autonómico) el actual dolorido sentir ciudadano. En el resto de España se comparte solamente la mitad de este diagnóstico, pues si siete de cada diez españoles coinciden en que una eventual secesión catalana sería nociva para España, esa misma proporción piensa que también lo sería para la propia Cataluña.

La política de oídos sordos del gobierno español y el paralelo tensionamiento creciente de la situación por el gobierno catalán y los grupos políticos que le apoyan explican probablemente que sean ya mayoría (55%) en Cataluña, y una importante minoría (39%) en el resto de España los ciudadanos que temen que resulte ya muy difícil, o casi imposible, un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Por más, dicho sea de paso, que ambas ciudadanías en el fondo lo deseen. En Cataluña, por ejemplo, predominan claramente (50% frente a 36%) quienes darían por definitivamente zanjado el actual desencuentro con una nueva configuración de España como estado federal. En el resto de España, las opiniones a este respecto se dividen, lo cual como mínimo invita a pensar que esta opción no resulta, de entrada, totalmente impensable. Por otro lado, la tradicional recia belicosidad española contra posibles secesionismos en lo que ha sido históricamente su configuración territorial se presenta ahora notablemente atenuada: en la hipótesis de un sí mayoritario en un referéndum de independencia, las reacciones que expresan más españoles es, por un lado, la no renuncia pese a ello a seguir negociando y negociando hasta alcanzar un nuevo marco constitucional que haga atractiva para Cataluña su permanencia en España (35%), ganando así la mano a la opción secesionista; y, por otro, la pacífica (y resignada) aceptación de la decisión, democráticamente adoptada, de la ciudadanía catalana (27%). Solo un 30% se muestra partidario del rechazo frontal, y por todos los medios disponibles, del veredicto secesionista arrojado por las urnas: es decir, de la confrontación a cara de perro.

En todo caso, la ciudadanía catalana no acaba de tener claro que la independencia, por más que resulte emocionalmente atractiva y hasta reconfortante, sea su mejor opción. En el momento actual siguen en torno al 50% los que se declaran dispuestos, en principio, a votar por la independencia (en este sondeo se quedan en el 49%; en el sondeo del CEO catalán del pasado mes de junio, en el 55%). Y el porcentaje se reduce incluso a un ya relativamente minoritario 41% cuando se plantea la posibilidad de que la independencia pudiera conllevar la salida de la Unión Europea.

Los ciudadanos de a pie, a uno y otro lado del Ebro, se aparecen así, en conjunto, como más serenos, razonables y proclives al pacto y a la negociación de lo que suelen, en cambio, mostrarse los respectivos liderazgos gubernamentales. Y si en sus opiniones y actitudes pueden dar también, en ocasiones, la sensación de desorientación y desconcierto, es porque quienes tienen por función apaciguar las emociones y canalizar conflictos y desacuerdos parecen, desafortunadamente, optar más veces de las precisas por atizarlos y exacerbarlos.

 

La díada del 11-S en Cataluña

La díada del 11-S en Cataluña

Barómetro electoral: septiembre 2013

Metroscopia on Lunes, 09 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

09/09/2013

El caso Bárcenas amenaza con hundir al PP

Por primera vez desde las elecciones de 2011, el PSOE se sitúa por delante del PP en la estimación de resultado electoral. Con una participación estimada inferior en casi 10 puntos a la que hubo hace dos años (62 % frente al 71.7 %), los socialistas lograrían ganar unas elecciones que tuvieran lugar ahora con el 30.5 % de los votos válidos —casi 2 puntos más de los que obtuvieron en las últimas elecciones— frente al 30.1 % que obtendría el PP —14.5 puntos menos que en 2011—.

Un práctico empate que refleja dos tendencias diferentes: la de los populares en claro declive y la de los socialistas en alza moderada. No puede hablarse todavía de una recuperación del PSOE —en general, la imagen del partido sigue estando bajo mínimos—, pero ahora ha logrado capitalizar el profundo desgaste del PP —algo que no conseguía desde hace años— a pesar de no haberse producido ninguna actividad política especialmente relevante en el ámbito nacional —quizá la más destacada haya sido la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía—. El resultado ahora estimado es, así, de momento, más demérito del PP que logro del PSOE, algo que, en todo caso, encaja con la conocida máxima de que las elecciones no las gana la oposición, sino que las pierde el Gobierno. Y en este descrédito del PP juega un papel principal el caso Bárcenas —y la gestión del mismo por los dirigentes populares, que está dilapidando los apoyos electorales con que contaba—: en este momento, el partido cuenta con la fidelidad de tan solo un 38 % de quienes fueron sus votantes. Los últimos acontecimientos en torno al asunto del extesorero han apuntalado (e incluso acrecentado) las críticas dentro de su propio electorado —ya percibidas en anteriores oleadas del Barómetro—: dos de cada tres votantes del PP (64 %) piensan que los dirigentes populares no están colaborando de forma adecuada con la Justicia en este caso y una proporción mayor —tres de cada cuatro (73 %)— cree que la intención del Gobierno y del partido —manifestada públicamente por Rajoy— de no hablar más del tema y darlo por cerrado es una decisión desacertada.

Así, el intento del Presidente de desviar la atención de este caso para hablar de otras cuestiones según él más importantes para los españoles, no concita el acuerdo ni de sus propios votantes. En parte, probablemente, porque el tema que Rajoy pretende que centre la agenda política —la economía— sigue sin satisfacer a la opinión pública. Apenas ha variado con respecto a meses anteriores la percepción de los españoles sobre el contexto económico: la práctica totalidad (94 %) sigue pensando que la situación de la economía española es mala; un 76 % considera que en los próximos meses esta situación no va a mejorar y un 70 % cree que el paro no va a descender, por lo menos, a medio plazo. El único dato que cabe interpretar en clave esperanzada es que el 67 % de los ciudadanos cree que la situación económica ya ha tocado fondo. Un optimismo en todo caso moderado porque la clara mayoría (59 %) considera que la recuperación va a ser lenta. De hecho, la mayoría de los españoles (52 %) cree que en los próximos meses no se va a producir ningún cambio en nuestra economía y que esta va a seguir igual que hasta ahora. Y las familias españolas siguen sin apreciar en su economía ningún atisbo de mejora: el porcentaje de hogares que califican positivamente la economía familiar sigue instalado —como desde hace más de tres años— por debajo del 50 %.

La percepción de que el Gobierno improvisa sobre la marcha —no solo para la mayoría de los ciudadanos (70 %), sino también para los propios votantes populares (50 %)— es igualmente atribuible a la gestión de la economía y al caso Bárcenas. Y lo mismo podría aplicarse a la confianza que logra transmitir Rajoy: un 87 % de los españoles y un 64 % de los votantes del PP no confían en el Presidente. El Gobierno y el PP siguen atorados en los dos mismos temas que marcaron la agenda al final del pasado curso político y que están consiguiendo desgastarlos electoralmente.

                                            NOTA METODOLÓGICA: MOVILIZADOS/MOVILIZABLES,                                                             DESCRIPCIÓN/INTERPRETACIÓN
                                                    José Juan Toharia /José Pablo Ferrándiz
                                (Presidente y vicepresidente, respectivamente, de Metroscopia)

Una cosa es lo que, políticamente, los españoles piensan y dicen ahora y otra lo que resulta más probable que, ante una cita electoral real y no solo imaginaria, acaben finalmente haciendo. Sabemos bien lo que ahora piensan y dicen, pues ha quedado recogido, mes a mes, en el Barómetro de Clima Social Metroscopia/El País, y cabe resumirlo como una profunda decepción con nuestra vida política y, sobre todo, con los dos principales partidos sobre los que esta pivota.

Lo que ante una cita electoral real la ciudadanía pueda acabar realmente haciendo es ya más difícil de determinar con razonable fiabilidad. El Barómetro de Clima Social ha optado en estos meses pasados por limitarse a describir el estado de ánimo ciudadano recurriendo al artificio de expresarlo en forma de los hipotéticos alineamientos electorales a que daría lugar un determinado nivel de movilización electoral y, por tanto, de participación (en torno al 52%, en las últimas oleadas). Por supuesto, y como se explicitaba claramente en cada ocasión, tales estimaciones de voto no solo debían ser entendidas simplemente como lo que eran (es decir, como un intento de “traducción” en terminología electoral del clima de opinión predominante), sino que, además, estaban en relación directa con el concreto porcentaje de participación estimado. Una variación del mismo las invalidaría en gran medida, pues de cara al resultado electoral previsible no es, obviamente, lo mismo que vote el 52%, o el 65% o el 72% del electorado. Los dos partidos que ahora cuentan con un mayor número de votantes desmovilizados (pero, probablemente y al menos en parte, todavía movilizables) son el PP y, en alguna menor medida, el PSOE: cualquier mejora en la muy baja movilización electoral de la ciudadanía que ahora reflejan los sondeos no puede sino redundar fundamentalmente en  beneficio de estas dos formaciones.

El curso político que ahora comienza desembocará, en mayo de 2014, en unas elecciones europeas ya convocadas. Esto, por sí solo, abre un tiempo político nuevo en el que adquiere ya pleno sentido el intento de utilizar las intenciones de voto declaradas por los ciudadanos no solo para describir su estado del ánimo general, sino también y sobre todo para tratar de interpretar lo que este podría significar para la activación y cristalización efectiva de opciones y alineamientos electorales. Se trata, sencillamente, de pasar ahora de la descripción de lo que hay a la estimación de lo que puede acabar habiendo. Y eso es lo en esta nueva etapa se propone hacer este Barómetro de Clima Social. En el Blog de Metroscopia, disponible en la edición digital de este diario, se podrán encontrar, tras cada oleada mensual, las precisiones metodológicas y las ampliaciones analíticas que las lógicas limitaciones de espacio impiden desarrollar en la edición impresa.


INTENCIÓN DIRECTA DE VOTO
La intención directa de voto equivale a la voz de la calle. Es lo que los españoles responden de forma directa y espontánea cuando se les pregunta por su comportamiento electoral más probable. Es un dato clave para captar el estado de opinión predominante, pero debe ser interpretado con cautela pues no siempre refleja todo lo que los electores piensan, sino sólo lo que deciden revelar al ser preguntados. Distintos factores de coacción ambiental hacen que la verbalización de las distintas opciones ideológicas (su probabilidad de ser expresadas de forma espontánea y natural) no sea siempre la misma. La intención directa de voto (UDV) es, así, sometida a una serie de procesos de ajuste (a partir, fundamentalmente, del recuerdo de voto, de la fidelidad de voto, de la tasa de participación estimada, de la valoración  por cada grupo de votantes de la gestión de cada partido y de sus líderes y de otros datos complementarios proporcionados por el sondeo sobre el estado de ánimo general de las personas entrevistadas) que permitan estimar cuál es, en esas circunstancias, el resultado más probablemente esperable. Obviamente, a partir de una misma IDV sería posible, utilizando otros criterios analíticos e interpretativos, obtener estimaciones de resultado electoral no necesariamente coincidentes con la que aquí se ofrece. La estimación de voto probable, por tanto, no es ya un dato directamente conseguido de la ciudadanía, sino una interpretación de sus declaraciones realizada a partir de unos supuestos determinados (lo que se conoce como “cocina electoral”). Aunque con frecuencia, por un uso descuidado, se confunda intención directa de voto y voto probable estimado, en realidad son cosas distintas. Una intención directa de voto muy elevada puede terminar, tras ser procesada, en una estimación de voto probable más reducida, o a la inversa. La IDV se compara con el resultado real que cada partido obtuvo sobre el Censo de españoles residentes (CER). Por su parte, los datos de voto estimado se comparan con el resultado real de cada partido sobre el total de votos válidos.

En esta oleada del Clima Social correspondiente al mes de septiembre de 2013 la intención directa de voto es la siguiente:

Intención directa de voto septiembre 2013

Ficha Técnica

Encuesta efectuada mediante entrevistas telefónicas a una muestra nacional de personas mayores de 18 años. Se han completado 700 entrevistas, estratificadas por la intersección hábitat/Comunidad Autónoma y distribuidas de manera proporcional al total de la región, con cuotas de sexo y edad aplicadas a la unidad última (persona entrevistada). Partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple, para un nivel de confianza del 95.5% (que es el habitualmente adoptado) y en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50), el margen de error de los datos referidos al total de la muestra es de ± 3.8 puntos. La recogida de información y el tratamiento de la misma han sido llevados a cabo íntegramente en Metroscopia. FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: 4 y 5 de septiembre de 2013.

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Lo que se espera del Estado (Pulso de España / 4)

José Juan Toharia on Viernes, 06 Septiembre 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 06/09/2013

España es el país de la Unión Europea que en mayor medida espera del Estado protección para los desfavorecidos y un control efectivo sobre los desmanes de la economía financiera.

España es, posiblemente, el país europeo en el que más se espera del Estado y de “lo público”. El porcentaje de españoles que pide a las instituciones públicas amparo y protección en toda una variada serie de ámbitos  es, en promedio, casi 25 puntos más elevado que en el conjunto de los demás países de la Unión Europea, según un reciente y clarificador estudio comparado llevado a cabo por la Fundación BBVA en diez países —especialmente significativos— de los que la componen. Esta es, a todas luces, una sociedad fuertemente “estatalista” y, además, de forma transversal, por encima de los alineamientos ideológicos que la recorren. Los distintos grupos de votantes —de derecha, centro o izquierda— solo varían en cuestiones de matiz o intensidad, no de sustancia, en cuanto a la importancia que atribuyen a la acción del estado sobre la vida social. Dos ejemplos: una amplia mayoría tanto de votantes populares (62%) como de votantes socialistas (63%) cree que la economía funciona mejor cuando el Estado supervisa su funcionamiento; y una inequívoca mayoría en ambos electorados (65% en el caso del PP, 80% en el del PSOE) afirma que es el Estado el que, en primer lugar y ante todo, tiene la obligación de proteger y ayudar a las personas más necesitadas y desfavorecidas.

Esta extendida convicción de que son los poderes públicos los que han de velar por quienes viven en situación precaria parece de hecho constituir un claro rasgo distintivo de nuestra cultura política actual. España resulta ser (en comparación con Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, según datos del Pew Research Center) el país donde una mayor proporción de ciudadanos (67%) llega incluso a considerar más importante que los poderes públicos garanticen que nadie viva desprotegido y sin asistencia que verse asegurada la no injerencia de los mismos en su capacidad personal de organizar, libremente, su propia vida (30%). La situación opuesta se registra en Estados Unidos, donde estos porcentajes son, respectivamente, 35% y 58%, es decir, casi milimétricamente inversos.

En cuanto a la economía, y especialmente en lo que respecta a su vertiente financiera, los españoles desean que el Estado controle las actividades y beneficios de los bancos (lo pide un 78%) y que garantice los depósitos de los ahorradores frente al posible mal uso bancario de los mismos (71%). Los españoles están particularmente escaldados con mucho de lo que, en nuestra vida financiera, ha acontecido, y sin duda por eso (y según datos de Metroscopia), el 92% piensa que los únicos responsables del hundimiento de determinados bancos y cajas son sus gestores; el 90% cree que, pese a ello, a estos todavía no se les ha exigido adecuadamente las oportunas responsabilidades; y ello lleva a un 71% a preferir, visto lo visto, que el Estado deje quebrar a los bancos y cajas mal gestionados antes que utilizar para salvarlos recursos que incrementan la deuda pública y derivan en recortes del dinero público dedicado a sanidad o educación. Es fácil comprender esta casi unánime exigencia de un mayor rigor controlador público sobre actividades financieras más propias de una “economía de casino” que expresan los españoles. Aunque solo sea porque luego, cuando se rompe la engañosa y artificial galería de espejos montada, es a ellos a quienes acaba tocando pagar, colectivamente y sin rechistar, los platos que solo algunos han roto —impunemente, además—.
Lo que se espera del estado 1

Lo que se espera del estado 2
Este artículo constituye el cuarto y último avance del Pulso de España 3 (junio 2012-junio 2013) que, dirigido por José Juan Toharia, elabora Metroscopia para la Fundación Ortega-Marañón, con la colaboración de Telefónica. Fue publicado en la edición impresa de EL PAÍS el 1 de septiembre de 2013.

Por qué no se hunde España (Pulso de España / 3)

José Juan Toharia on Jueves, 05 Septiembre 2013. Posted in Artículos

Blog 05/09/2013

En medio de una profunda crisis que, para la ciudadanía, va a su aire y sin control, España se mantiene en pie gracias a instituciones, públicas y privadas, que contribuyen eficazmente al bienestar común.

¿Qué mantiene, pese a todo, en pie a la sociedad española, tan intensamente decepcionada con sus instituciones políticas, tan castigada por el desempleo y, por vez primera en decenios, tan desconcertada, tan pesimista y tan carente de liderazgos? La respuesta es clara: España se sustenta en el buen hacer de muchas de las instituciones que integran el aparato estatal y también de las que componen lo que, para abreviar, cabe describir como sociedad civil, según la última oleada (junio-julio 2013) del Barómetro de Confianza Institucional que elabora trimestralmente Metroscopia para este diario
Por un lado, en la actual coyuntura, las prestaciones de la Administración Pública española son evaluadas, en conjunto, de forma positiva por un 70% de la ciudadanía, cifra superior en 13 puntos a la que en este mismo asunto se registra en Francia y en 52 a la que se da en Italia. Un llamativo grado global de satisfacción con nuestro servicio público que se sustenta fundamentalmente en la espectacular consideración en que tienen los españoles a los médicos de la sanidad pública (evaluados positivamente por un 92%), a los investigadores científicos (92%), a los profesores de la enseñanza pública (85%) y a los cuerpos y fuerzas de seguridad (86% la Guardia Civil,  83% la policía y 72% las fuerzas armadas). Es decir, significativamente, a instituciones y servicios moderada —o incluso modestamente— remunerados y, además,  castigados con especial dureza por los recortes presupuestarios. Nada refleja probablemente mejor la actual falta de sintonía entre las prioridades de la ciudadanía y las de sus gobernantes que el hecho de que sean precisamente los tres sectores con un reconocimiento ciudadano prácticamente unánime (la investigación, la sanidad y la docencia) los que se vean más severa —y quizá, en algunos casos, irreparablemente— dañados por las medidas de ajuste. Y por lo que respecta a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad, nada dice tanto de la buena salud de una democracia como la existencia de una alta confianza ciudadana en ellas. Las evaluaciones que al respecto expresan hoy los españoles son milimétricamente equivalentes a las que se registran en democracias más que solventes, como Francia, Alemania o Estados Unidos.

Del lado de la sociedad civil, el papel estelar corresponde, sin lugar a dudas, a las pymes, que ocupan el segundo lugar (evaluadas positivamente por un 90%) en el ranking general de confianza ciudadana. Además de confirmar la nueva mentalidad predominante en nuestra sociedad respecto de la vida económica y empresarial, este dato sin duda expresa el generalizado reconocimiento ciudadano al esfuerzo de tantas empresas pequeñas y medianas por sobrevivir y dar trabajo a más de nueve de cada diez personas que tienen todavía empleo, a pesar de las dificultades que las abruman. No solo siguen, mayoritariamente, sin poder disponer, en condiciones razonables, del crédito que precisan, sino que de hecho, en la práctica cotidiana, son más bien ellas las que se ven  forzadas a financiar al propio Estado o a las grandes empresas: a aquel, abonándole puntualmente, y por adelantado, el IVA de facturas aún sin cobrar y a ambos, soportando su frecuente morosidad en el abono de lo debido. La actual crisis está haciendo, además, que muchas pymes estén aprendiendo a sobrevivir “desbancarizadamente”: habrá que ver con qué consecuencias cuando amaine la crisis. Los Bancos, por cierto, siguen ocupando el antepenúltimo lugar en el ranking general de confianza, por delante tan solo de políticos y partidos.

En un país crecientemente empobrecido (y que soporta con serena dignidad pagar así, colectivamente, culpas aún mal determinadas pero que con certeza no corresponden a todos por igual) no puede extrañar el también masivo reconocimiento a la labor asistencial  de los servicios sociales de los municipios y, sobre todo, de instituciones como Cáritas. Esta, de hecho, se constituye de forma rotunda en la cara mejor evaluada de una Iglesia española juzgada por la ciudadanía con profundas matizaciones: el 74% de reconocimiento ciudadano a Cáritas baja a un todavía apreciable 51% en el caso del clero parroquial, a un moderadamente negativo 41% en la caso de la Iglesia considerada en conjunto, y a tan solo un 21%  en el caso de los obispos, relegados así al pelotón de cola junto a bancos, políticos y partidos.

Y una apostilla final: la claramente positiva evaluación ciudadana de la labor informativa de los medios de comunicación (60% para el concreto caso de los periódicos), parecería sugerir un reverdecimiento, en estos nuevos tiempos de desconfianza ciudadana respecto de la “política oficial”, de la condición de “parlamento de papel” que aquellos un día ostentaran.

Principales institucione

Este artículo constituye el tercer avance del Pulso de España 3 (junio 2012-junio 2013) que, dirigido por José Juan Toharia, elabora Metroscopia para la Fundación Ortega-Marañón, con la colaboración de Telefónica. Fue publicado en la edición impresa de EL PAÍS el 25 de agosto de 2013.

El desplome de la política (Pulso de España / 2)

José Juan Toharia on Miércoles, 04 Septiembre 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 04/09/2013

Los españoles se muestran tan decepcionados con la política como los ciudadanos de otros países comparables al nuestro, pero además profundamente irritados con una corrupción que perciben tolerada e impune.

No es algo que esté ocurriendo solo en España. También en otros países afectados por la crisis económica y sólidamente democráticos se registra un profundo desplome de la confianza ciudadana en las instituciones políticas. Así, ahora, en Francia y en Estados Unidos apenas un tercio de la ciudadanía aprueba la gestión del Presidente de la República. En Italia, el 70% que hace apenas dos años evaluaba positivamente al presidente Napolitano ha menguado hasta el 45%. En este contexto, el rey Juan Carlos, pese al profundo desgaste experimentado por su imagen pública entre nuestra ciudadanía a lo largo de este último año, aparece con todo como el Jefe de Estado mejor librado, pues retiene un apoyo ciudadano que alcanza el 50%. En cuanto a los gobiernos, solo merecen la aprobación de una muy reducida fracción de la población: el 16% en Italia, el 21% en Francia, el 26% en España. Y lo mismo ocurre con los respectivos parlamentos, siendo destacable el particularmente grave hundimiento del crédito público del italiano y, sobre todo, del estadounidense (cuyo 10% actual de aprobación representa un mínimo histórico). Por último, España, Francia e Italia prácticamente empatan en cuanto al masivo grado de desafección ciudadana respecto de los  partidos políticos.

El grave descrédito de la vida pública en estos cuatro países contrasta fuertemente con la alta estima en todos ellos por las pymes,  la escuela pública,  la policía, el  sistema público de salud o las fuerzas armadas. Solamente los bancos (y especialmente en España) obtienen porcentajes de aprobación tan mínimos como los de las instituciones políticas, probablemente porque para el ciudadano medio se aparecen como cooperadores necesarios, o incluso como causantes últimos, del actual desastre económico.

La idea ampliamente extendida en buena parte de Europa (en España la expresan tres de cada cuatro ciudadanos) es que en estos años se ha producido, de hecho, un golpe de estado, subrepticio y consentido: ahora son los mercados quienes realmente detentan todo el poder, por encima de soberanías nacionales o voluntades populares. Con un diagnóstico de situación tal, no puede extrañar este generalizado y profundo desplome de la confianza en las instituciones políticas. Desplome que, por cierto, no es en España precisamente donde se da en mayor medida, contra lo que se suele pensar aquí. Si los españoles viven este desplome con un claro plus de desasosiego es, sin duda, porque se les presenta asociado a un problema adicional que pesa especialmente sobre su moral cívica: la cada vez más gravosa evidencia de una corrupción política que es “relevante, general y recurrente”, en palabras del Círculo Cívico de Opinión. Sin duda, y en proporción de dos a uno (67% frente a 32%), los españoles reconocen que, en realidad, en nuestro país los políticos corruptos son una minoría. Pero, eso sí, una minoría que, por la confluencia de tres factores que se refuerzan mutuamente, resulta particularmente dañina para esta ya doliente democracia.

En primer lugar, y como afirma el 95% de la ciudadanía, los partidos, por una malentendida solidaridad, tienden a tapar y proteger a aquellos de sus militantes probada o potencialmente corruptos en vez de investigarles, denunciarles y expulsarles. En segundo lugar, la lentitud con que la Justicia se ve forzada a actuar en este tipo de casos (como señala el 92%) por su escasez de recursos —materiales y humanos— y por las peculiaridades del actual sistema procesal que permite a los imputados marear impunemente, y por tiempo indefinido, al juez que les investiga. Y, en tercer lugar, porque el sistema electoral vigente admite que los imputados puedan figurar en las listas electorales (¡hasta algo más de cien lo hicieron en las últimas elecciones municipales y autonómicas!). Y dado que estas son cerradas y bloqueadas, quienes deseen penalizar a un imputado por la Justicia negándole su voto han de renunciar al mismo tiempo a dar su apoyo al resto de la lista en que aquel aparece. Un modo no precisamente sutil de forzar a votar tapándose la nariz a quienes, pese a todo, deseen acudir a las urnas (y encima, luego, hay quienes les tachan de cómplices objetivos de la malsana situación existente cuando en realidad son simples rehenes de un sistema devenido perverso por obvia dejación de quienes tienen en su mano solucionarlo).

El 85% de la ciudadanía admite que con un boicot generalizado a todas las listas que incluyan imputados se limpiaría sustancialmente el actual panorama. Pero como tan extrema medida parece dudosamente viable en la práctica, los españoles proponen remedios más modestos: posibilidad de tachar a candidatos de las listas (lo pide el 85%), elecciones primarias (las reclama el 79%), limitación temporal del mandato de los dirigentes de los partidos (lo sugiere el 83%), y un sistema procesal específico y especialmente expeditivo para casos de especial gravedad económica o política (lo reclama el 89%). Medidas todas ellas no imposibles, pero quizá ya inevitables para la regeneración de esta democracia.Confianza en las instituciones

Este artículo constituye el segundo avance del Pulso de España 3 (junio 2012-junio 2013) que, dirigido por José Juan Toharia, elabora Metroscopia para la Fundación Ortega-Marañón, con la colaboración de Telefónica. Fue publicado en la edición impresa de EL PAÍS el 18 de agosto de 2013.

Del 20-N a los papeles de Bárcenas: la progresiva y profunda erosión de un caudal electoral

José Pablo Ferrándiz on Lunes, 02 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

Blog 02/09/2013

Estimación de resultado electoral

En las elecciones del 20 de noviembre de 2011 el PP obtuvo un espectacular 44.6% de los votos que le valió no su primera pero sí su más amplia mayoría parlamentaria. Desde entonces, su capital electoral parece haber ido decreciendo severamente por el efecto cruzado de dos factores: uno con el que sin duda se contaba (las medidas para afrontar la crisis) y otro inesperado y que está resultando especialmente dañino (lo que se conoce, genéricamente, como “caso Bárcenas”).

La oleada de abril de 2012 del Barómetro mensual que Metroscopia elabora para este diario —y que coincidió con los 100 primeros días del Gobierno de Rajoy— registró ya una primera caída brusca del apoyo ciudadano al Gobierno y al partido que lo apoya. En ese momento, tan solo cuatro meses después de las elecciones, la estimación de voto para el PP en unas hipotéticas nuevas elecciones fue ya seis puntos y medio inferior al resultado real obtenido en los comicios. En tan breve lapso de tiempo la realidad económica había dejado ya de coincidir con la expectativa alimentada por Rajoy durante la campaña electoral de que, con el PP en el gobierno, llegaría la recuperación de la economía española. No solo no se percibía mejora alguna sino que se hizo predominante entre la ciudadanía la sensación de que el Gobierno improvisaba y de que no estaba sabiendo hacer frente a la crisis.

Tras el paquete de medidas anticrisis propuesto por el Gobierno de Rajoy  aprobado por el Congreso el 19 de julio de 2012 —sin más votos a favor que los del propio PP— se produjo un segundo descenso abrupto de los potenciales apoyos electorales al partido gobernante. A primeros de agosto de 2012, la estimación de voto favorable al PP para el supuesto de unas hipotéticas inmediatas elecciones generales elaborado por Metroscopia registraba una caída de siete puntos con respecto al mes de julio, y, por vez primera desde octubre de 2006, el PP pasó a tener una fidelidad de voto inferior a la del PSOE. Este progresivo deterioro del capital electoral del PP se produjo en asociación con una paralea contracción de la predisposición a participar en unas supuestas nuevas elecciones: el 71.7 % de participación real del 20-N de 2011 pasó a reducirse a una hipotética nueva participación de tan solo el 59%.

La por ahora última, y quizá más significativa, contracción del voto popular potencial se registró tras la publicación por el diario EL PAÍS el 31 de enero de este año de la primera entrega de los “papeles de Bárcenas”. En la oleada de febrero de 2013 del Barómetro de Metroscopia, el PP volvió a perder otros seis puntos de potencial apoyo electoral, al tiempo que se producía otra nueva contracción de la predisposición ciudadana a acudir a las urnas (la hipotética participación electoral pasó a ser de tan solo el 53%).

El impacto que, en caliente y de forma más inmediata, tuvo el caso Bárcenas sobre la ciudadanía, en general, y de forma especialmente destacable, sobre los votantes del PP no se ha atenuado, sino más bien consolidado y extendido, en estos últimos cuatro meses. En febrero pasado el 80 % de los españoles (y lo que es más significativo, el 59% de los votantes del PP) pidió la inmediata dimisión de sus cargos de los dirigentes que aparecen como posibles beneficiarios de pagos irregulares, una reacción claramente expresiva de la ya nula paciencia y tolerancia ciudadana ante la cascada de  noticias referidas a conductas improcedentes en nuestra vida pública. Asimismo, ya entonces el 70% de los españoles (y una clara mayoría de los propios votantes populares: 54% frente a 36%) pedían la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario del partido gobernante que permitiera el relevo de sus actuales dirigentes y el inicio de una nueva etapa, discontinua de la anterior.

El nulo éxito, a  todo lo largo de este año 2013, del actual equipo dirigente del Partido Popular en el intento de conectar con el sentir ciudadano queda reflejado en los siguientes dos datos: por un lado, en febrero, el 76% de los españoles (y lo que sin duda es más relevante, el 58% de los propios votantes del PP) no consideraba ni creíbles ni convincentes las explicaciones entonces recibidas respecto del caso Bárcenas; por otro, ahora, a finales de julio, el 90% de los españoles (y el 79% de los votantes del PP) cree que Rajoy no comparece en las Cortes de forma voluntaria y escogiendo libremente el momento de hacerlo; el 89% (y el 78% de los votantes del PP) no espera que lo que vaya a decir contribuya a aclarar el caso; y, lo que probablemente es especialmente grave, solo un 14% de los españoles (y solo un 37% de los votantes populares) tiende a prestar más credibilidad a Rajoy que a Bárcenas.

Este análisis fue publicado el 1 de agosto de 2013 en la edición digital de EL PAÍS.

En twitter: @JPFerrandiz

Un país serio y decente (Pulso de España / 1)

José Juan Toharia on Domingo, 11 Agosto 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 11/08/2013

España es un país serio y decente, en el que se puede confiar. Pero aunque sobreabundan los datos sociológicos que avalan esta afirmación, lo cierto es que nuestra propia ciudadanía expresa al respecto reacciones contradictorias. Por un lado, el 74% cree que, en conjunto y en líneas generales, los españoles somos ciertamente gente seria y decente; pero al mismo tiempo son mayoría (54% frente a 42%) quienes pese a ello piensan que, en la actualidad, España no es un país responsable y de fiar. Son 32 los puntos (74% frente a 42%) que separan a ambos diagnósticos.

Si aceptamos que  para el español medio el término ‘país’ puede connotar, semánticamente, dimensiones y elementos adicionales al de la exclusiva ciudadanía (como, por ejemplo, las instituciones) tendríamos una posible pista para explicarlo. A fin de cuentas, desde hace ya varios años, los españoles vienen expresando su cada vez más profunda decepción y creciente enfado con nuestras instituciones públicas, esas que de modo más directamente perceptible nos articulan y estructuran como país. El actual desaliento ciudadano no respondería así tanto a una pérdida de autoestima y confianza en nosotros mismos cuanto a la cada vez más insoportable constatación de que buena parte de nuestras instituciones y figuras públicas no están sabiendo estar a la altura que nuestra sociedad merece. Y no sobra decir que este desazonante diagnóstico ciudadano, reflejado mes a mes en los sondeos de Metroscopia para este diario, resulta coincidir milimétricamente con lo que llevan ya tiempo denunciando muchos de nuestros más fiables politólogos y analistas sociales. Lo que de su juicio experto, y de la intuición ciudadana, se desprende es que, de nuevo, nos hallamos ante una ‘España real’ y una ‘España oficial’, pero dando ahora a estas expresiones un sentido distinto del que les prestaran, cuando las acuñaron y popularizaron, Joaquín Costa y Ortega y Gasset (y sobre esto no me resisto a recomendar, a quien no lo haya leído todavía, el ejemplar alegato de Muñoz Molina en su “Todo lo que era sólido”). Ahora, un Silvela redivivo no podría concluir que España está sin pulso, sino más bien que los encargados de conducirla y regentarla no saben encontrárselo.

Nuestra sociedad está viva, pero muchas de sus instituciones languidecen y se muestran incapaces de seguirle el paso. A principios de los años 60 del pasado siglo, España era un país socialmente desigual, económicamente atrasado y padecía una dictadura que nos aislaba de nuestro solar europeo. En apenas una generación el panorama cambió radicalmente. Los españoles, los ciudadanos de a pie, se tomaron muy en serio el cambio político y llevaron a cabo una transición que fue modélica, se diga lo que se diga ahora —a toro muy pasado, y cuando ya no hay riesgo alguno de que este cornee—; se tomaron en serio resistir y hacer frente, con entereza, al terrorismo; se tomaron en serio el pluralismo de ideas, valores y estilos de vida, culminando así esa “revolución del respeto” que ansiara Fernando de los Ríos; se tomaron en serio el europeismo y nuestra integración en Europa. Además, al hacerse una economía potente, España cambió su mentalidad colectiva en el terreno económico, con una nueva y positiva actitud, cada vez más generalizada, respecto del emprendimiento y de la función empresarial (sobre todo en el caso de las PYMES, que ahora son la tercera institución mejor evaluada por los españoles, según el último Barómetro de Confianza Ciudadana realizado por Metroscopia). Se sigue recelando, eso sí, —y fuertemente, y no sin buenos motivos— de esa economía financiera desbocada, que nos ha descarrilado.

En proporción de dos a uno, los españoles creen que las cosas van mejor cuando el Estado ejerce un control razonable sobre la vida económica y no cuando le permite esa absoluta libertad, sin regulación alguna, que algunos preconizan. Se recela fuertemente de la globalización (que, en opinión del 72% de los españoles lo que hasta ahora ha supuesto ha sido, fundamentalmente, que sean los mercados quienes en realidad manden en los países, suplantando a las instituciones democráticas) y se abomina de la cultura del pelotazo y del enriquecimiento súbito. Es este, se mire por donde se mire, un país decente, y en modo alguno un país corrupto (como subrayaba, con énfasis, este pasado domingo, 28 de julio,  Antón Costas, otro connotado experto). Es, además, un país sereno, y moderado, que abomina de extremismos y violencias. Cuando en alguna ocasión se satura la capacidad de paciencia social, lo que se producen son movimientos como el 15-M o como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que si atraen una atención universal es, precisamente, por su carácter cívico, por lo básicamente razonable —y aun prudente— de sus planteamientos y por su afán regenerador de una democracia que languidece. La España violenta y cainita es un mito del pasado, al menos entre la ciudadanía de a pie: siete de cada diez españoles afirman que somos un país fundamentalmente pacífico y con fuertes valores cívicos que resuelve sus problemas mediante la negociación y el acuerdo. Nadie cuestiona, hoy, ni siquiera en medio de la actual catástrofe económica y social, el sistema democrático: el 75% de nuestra ciudadanía (el mismo porcentaje que hace, por ejemplo, tres años) sigue diciendo que es, sin duda alguna, el preferible. No parece fácil encontrar en nuestro entorno europeo una sociedad que sepa mantenerse tan paciente, solidaria y generosa en medio de una crisis tan profunda y con una tal carencia de liderazgo público. Porque ese es el principal problema que pesa sobre nuestra sociedad: el derrumbamiento (por anquilosamiento, incompetencia o ceguera partidista) de algunas instituciones de crucial importancia para la vigorización de nuestra vida pública.

Un país serio y decente

Este artículo constituye el primer avance del Pulso de España 3 (junio 2012-junio 2013) que, dirigido por José Juan Toharia, elabora Metroscopia para la Fundación Ortega-Marañón, con la colaboración de Telefónica. Fue publicado en la edición impresa de EL PAÍS el 11 de agosto de 2013 bajo el título "Un país decepcionado"

El vuelco depende de la participación

José Juan Toharia José Pablo Ferrándiz on Domingo, 28 Julio 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 28/07/2013

Cuadro Metroscopia

La crisis, el caso Bárcenas y el de los ERE, y la sostenida incapacidad de los dos grandes partidos para alcanzar los pactos y acuerdos que reclama el 74% de la ciudadanía, ensombrecen seriamente el panorama político en este fin de curso. El estado de ánimo de los españoles, y especialmente el de los votantes populares y socialistas, se encuentra bajo mínimos. Su trasposición milimétrica a un hipotético resultado electoral arrojaría cifras del estilo de las recogidas en el cuadro y el gráfico que acompañan a estas líneas. Es decir, por un lado, y sobre todo, tendríamos hoy una masiva abstención (del orden del 48 %), cifra sin precedente en las elecciones generales hasta ahora celebradas; y por otro, y en paralelo a este hipotético voluminoso alejamiento ciudadano de las urnas, una formidable caída del PP que, con el 23% de los votos, quedaría prácticamente empatado con el PSOE (que obtendría el 22,8%) y a no mucha distancia de las otras dos formaciones de ámbito nacional, IU (con un 16,2%) y UPyD (con un 11,8%). El voto en blanco, además, podría alcanzar niveles espectaculares (en torno al 8%).

Evidentemente, esto no debe entenderse en modo alguno como una predicción más o menos fundada de lo que en su momento ocurrirá, sino solo como una forma de expresar el estado de ánimo que ahora predomina en nuestra sociedad y el modo en que podría electoralmente cristalizar si se celebraran ya mismo, de forma inmediata y sin mayor trámite, unas elecciones a las que efectivamente concurriese únicamente el 52% del cuerpo electoral (es decir, unos 18 millones de personas: en torno a 6,6 millones menos que en noviembre de 2011). Este es el específico y limitado sentido —conviene insistir en ello— en el que debe entenderse la estimación electoral que aquí se ofrece y que, forzosamente, representa tan solo un ejercicio de simulación. Y ello por la sencilla razón de que se basa en el supuesto irreal y meramente imaginario de unas súbitas e instantáneas elecciones que reflejasen milimétricamente, sin variación alguna, los hipotéticos alineamientos electorales que ahora, desde su estado de hondo enfado y desafección, expresan los españoles. Todo lo cual resulta altamente improbable.

De hecho, si realmente se convocasen ahora elecciones, cambiaría automáticamente, por fuerza y sustancialmente, el marco contextual de los datos que han quedado recogidos en el sondeo y, por tanto, la interpretación que procedería dar a los mismos. Una vez puesto efectivamente en marcha el proceso electoral, resulta difícilmente pensable que este no tuviera efecto tangible alguno ni sobre la predisposición a votar ni sobre la reactivación de lealtades partidistas ahora irritadas, distraídas o silentes. Sencillamente, la intención de participar pasaría a ser, con toda probabilidad, más alta que la que ahora se declara y, en consecuencia, el caudal electoral de los distintos partidos (y sobre todo, de los dos principales) no sería ya tan escuálido como ahora se presenta. No es, ciertamente, lo mismo que voten 18 millones de españoles que lo hagan, por ejemplo, 22 millones, que es lo que ocurriría con una participación en torno al 65%, algo no imposible incluso con un estado de ánimo ciudadano como el actual. Conviene recordar que los sondeos de Metroscopia han venido recurrentemente reflejando que los españoles están muy enfadados con el funcionamiento actual de los partidos (sobre todo de PP y PSOE), pero ni reniegan de ellos ni del sistema de partidos ni de la democracia, con la que se identifican más que nunca. No hay, en el horizonte, indicio alguno de posible movimiento antisistema o radical (de derecha o de izquierda) partidario de arramblar con todo el actual entramado institucional, al modo, por ejemplo, de aquel movimiento de l´Uomo Qualunque de la postguerra italiana cuya propuesta era —para qué andarse con sutilezas— “abajo todo”. Por el contrario, si algo caracteriza a la ciudadanía española actual es su elevado grado de conciencia cívica, de respeto institucional y de compromiso con las virtudes democráticas. Y por eso mismo está tan irritada: porque considera que quienes pilotan muchas de nuestras instituciones básicas no saben estar a la altura que las circunstancias exigen. Y por eso piden cambios en las personas o en su forma de actuar, no en las instituciones. Al menos por ahora.

En todo caso, esos posibles cuatro millones adicionales de votos que reportaría una participación algo mayor que la que ahora se atisba no se repartirían, verosímilmente, de modo lineal o estrictamente proporcional entre todos los partidos, sino que, con toda probabilidad, acrecerían en mayor medida el caudal electoral de PP y PSOE que el de los demás contendientes. Y ello, valga la insistencia, a pesar del estado de bronca en que ahora se encuentran sus respectivos electorados. A partir de la amplia información complementaria que proporciona este Barómetro de Clima Social, resulta posible aventurar, sin forzar excesivamente las cosas, que si la participación rondase finalmente el 65% (porcentaje que, con todo, seguiría siendo casi siete puntos inferior al registrado en noviembre de 2011), el PP podría conseguir casi el 35 % de los votos y el PSOE casi el 28%. IU y UPyD quedarían en un 11,4 % y un 7,7 %, respectivamente. Con esas cifras, no sería muy arriesgado pensar en una distribución de escaños que rondaría los 145 a 150 para el PP, los 125 a 130 para el PSOE, entre 25 y 30 para IU y entre 10 y 15 para UPyD. Es decir, el tan temido o esperado —según los casos— ocaso del bipartidismo podría quedar más bien en espejismo. Con este escenario seguirían existiendo dos grandes partidos nacionales, flanqueados por otros dos, de implantación asimismo nacional, que complementarían el actual abanico compuesto exclusivamente por partidos nacionalistas o regionalistas. Las posibilidades de combinaciones y pactos electorales se ampliarían así sustancialmente, y en direcciones más diversas y complejas que las hasta ahora posibles, y sin comprometer por ello, al mismo tiempo y de forma grave, la gobernabilidad y estabilidad del sistema. Pero lo cierto, hoy por hoy, es que existe un profundo derrumbamiento anímico entre los votantes del PP y del PSOE. Es, como se ha visto, muy probable que de sonar la corneta electoral se produjera un cierto rearme y reagrupamiento en ambos casos. Pero por probable que esto parezca no deja de ser algo que está por ver.

José Juan Toharia y José Pablo Ferrándiz son, respectivamente, presidente y vicepresidente de Metroscopia

Barómetro electoral: julio 2013

Metroscopia on Lunes, 15 Julio 2013. Posted in Análisis - Blog

08/07/2013

LA CORRUPCIÓN PESA MÁS QUE LA PERCEPCIÓN DE MEJORA DEL EMPLEO

Los datos que arroja la oleada de julio del Barómetro de Clima Social —llevada a cabo tras la comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados el pasado martes, la última antes de las vacaciones de verano— reafirman la estabilidad que ya se reflejaba en las oleadas precedentes en cuanto a la evaluación negativa de la actuación del Gobierno y de los líderes de los principales partidos de la oposición. El dato quizá más relevante es que ha aumentado 11 puntos el porcentaje de españoles que piensa que está ya próximo el momento en que el paro dejará de crecer para empezar a bajar de forma continuada: de un 18 % en junio a un 29 % ahora. Si bien una amplia mayoría (69%) sigue pensando que ese momento está aún lejos y que el desempleo va a continuar como hasta ahora o que incluso que va a crecer en un futuro cercano, lo cierto es que este porcentaje se ha reducido 10 puntos en solo un mes.

A pesar de lo cual, la evaluación de la situación económica de España —la presente y la futura— apenas ha variado y continúa siendo abrumadoramente negativa. Además el Gobierno tampoco ha logrado capitalizar esta mejora de las expectativas laborales percibida por los españoles. De hecho, en la estimación electoral de este mes —en el hipotético caso de que se celebrasen unas inmediatas elecciones generales— el PP pierde un punto y medio con respecto a primeros de junio —de 24.5 % de los votos válidos pasa al 23.0 %— reduciéndose la distancia que le separa del PSOE a tan solo 1.4 puntos. El resultado estimado en el caso de los socialistas se mantiene prácticamente idéntico al del mes pasado, e IU y UPyD retroceden apenas unas décimas. La participación estimada se mantiene en el entorno del 50 % (52 % en esta oleada, un punto menos que en junio) y crece ligeramente el voto en blanco.

Todos los ministros del actual Gabinete vuelven a tener, en esta oleada, un saldo negativo a su gestión (esto es, son más los españoles que la desaprueban que quienes la aprueban). Los peores evaluados son el ministro de Educación, José Ignacio Wert, con un saldo de -65 puntos (un 80 % desaprueba su labor al frente del Ministerio y solo un 15 % la aprueba);  la ministra de Sanidad, Ana Mato, con un saldo de -63 puntos (77 % la desaprueba frente a un 14% que la aprueba); el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con un saldo de -61 puntos (77 % frente a 16 %) y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con un saldo de -60 puntos (76 % frente a 16%). Estos cuatro ministros también obtienen un saldo negativo entre los propios votantes populares al igual que la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Barómetro julio 2013

 La caída del apoyo electoral de los populares estimado en esta oleada y el deterioro de la imagen del Gobierno se deben, probablemente, a que los ciudadanos están dando más peso en sus evaluaciones a los casos de corrupción en el entorno del PP que están siendo actualmente investigados —en especial, el “caso Bárcenas”— que a la relativa mejora de los datos de empleo. Hay que tener en cuenta que la mayoría tanto de los ciudadanos (92%) como de los votantes populares (89%) piensa que el PP tiene responsabilidad en dicho asunto por no haber vigilado adecuadamente a su tesorero. Pero aún más: un 82 % de los españoles y un 63 % de los electores del PP consideran que este partido es responsable porque sabía lo que pasaba y aún así lo toleró. Es decir, la responsabilidad del PP no sería solo por falta de vigilancia, sino por inacción tras advertir lo que pasaba. Con estas opiniones mayoritarias no debe extrañar que ni la forma de actuar ni las explicaciones de los dirigentes populares en este tema terminen de convencer ni siquiera a sus propios votantes.

Corrupción 1

 En este sentido, prevalecen los electores del PP que ven más desacertadas que acertadas las declaraciones sobre el caso Bárcenas de Rajoy (47 % frente a 26 %), de Cospedal (45 % frente a 21 %) y de Floriano (32 % frente a 8 %, aunque en este último caso un 59 % no entra a evaluar sus declaraciones probablemente por desconocerlas). Sin embargo, los votantes populares se muestran claramente más satisfechos con la postura de Esperanza Aguirre (un 43 % ve acertadas sus manifestaciones frente a  un 25 % que las considera desacertadas) y de Núñez Feijóo (27 % frente a 24 %). Es decir, los votantes populares coinciden más con los dos líderes que más autocríticos se han mostrado con la corrupción que rodea al PP. Unos datos que podrían ser interpretados como un mensaje del electorado popular a sus dirigentes para que aborden el tema con claridad, firmeza y determinación. De no ser así, podría extenderse la opinión de que realmente Bárcenas tiene en su poder pruebas que pueden llegar a comprometer tanto al partido como a alguno de sus actuales máximos dirigentes —una idea que ya comparte un 62 % de los votantes populares— y que, en consecuencia, los líderes populares están realmente tratando de ocultar algo.Sin duda, este hecho está lastrando el apoyo electoral del PP, que en esta oleada obtiene su peor dato histórico de fidelidad entre su electorado: en estos momentos, solo un 35 % de quienes le dieron su voto en 2011 volvería a hacerlo.

Corrupción 2

 Algo similar ocurre con el PSOE y el caso de los ERE en Andalucía, aunque con algunos matices. La amplia mayoría, tanto de ciudadanos (77 %) como de votantes socialistas (78 %) no ve creíbles ni convincentes las explicaciones sobre este asunto dadas por los dirigentes del partido. No obstante, entre los ciudadanos existe una cierta mayor sensación de que en el caso de los ERE —en comparación con el caso Bárcenas— la concreta responsabilidad del partido es menor, en cambio, es mayor la de quienes se han aprovechado económicamente del asunto. Esto es, mientras que en el caso que afecta a los socialistas, un 55 % de españoles piensa que los principales responsables son unas cuantas personas que se han lucrado engañando a su partido, en el caso Bárcenas solo un 26 % cree que el principal responsable sea solo el extesorero. Por otro lado, y a diferencia de lo que ocurre con el caso Bárcenas, el de los socialistas es un asunto que afecta a los dirigentes de una región concreta —y no a la dirección nacional del partido— y a un Gobierno diferente al actual (a pesar de que el ahora presidente del partido nacional y del gobierno andaluz, José Antonio Griñán, ocupara cargos en el anterior Ejecutivo regional).

Corrupción 3

La mayoría de españoles (59 %) no cree que haya ahora más casos de corrupción que en otros momentos, sino que, en la actualidad, se lucha cada vez más y mejor contra la corrupción y por eso salen a la luz más casos. No obstante, las opiniones se dividen entre quienes, por un lado, consideran no solo que en España hay mucha gente corrupta, sino también que casi toda nuestra sociedad, de una forma u otra, participa y se aprovecha de ella (51 %); y, por otro, entre quienes creen que realmente son pocas las personas corruptas, pero manejan tal cantidad de dinero que causan un gran perjuicio y crean una mala imagen general (49%).

TRASVASES ELECTORALES

En esta oleada, el PSOE supera en cuatro décimas al PP en la intención directa de voto que manifiestan los españoles: 10.4 % frente a 10.0 %. En esta ocasión —y como viene ocurriendo desde comienzos de este año—, los porcentajes de intención directa de voto a populares y socialistas arrojados por el sondeo siguen siendo inusualmente bajos en comparación con los datos registrados en las oleadas anteriores a enero de 2013. En estos momentos, un 26 % de los electores dice que si ahora hubiera elecciones, no votaría, y un 16.9 % no sabe qué haría (si acudir o no a votar o, en el caso de acudir, duda entre alguna de las diferentes opciones políticas). Y si ahora hubiera elecciones, solo un tercio (35 %) de votantes populares y de votantes socialistas volvería a votar a PP y PSOE respectivamente. Entre los votantes del PP, un 29 % dice que no acudiría a votar, un 20 % votaría a otro partido (sobre todo a UPyD: 8 %) y un 15 % dice no saber qué haría. Entre los votantes del PSOE, un 15 % no acudiría a votar, un 33 % votaría a otro partido (sobre todo IU: 15 %) y un 16 % no lo tiene decidido. Tanto IU como UPyD mantienen una fidelidad de voto muy superior en comparación con la de populares y socialistas: la de la coalición rojiverde se sitúa en un 65 % y la del partido magenta en un 62 %.

 INTENCIÓN DIRECTA DE VOTO

La intención directa de voto equivale a la voz de la calle. Es lo que los españoles responden de forma directa y espontánea cuando se les pregunta por su comportamiento electoral más probable. Es un dato clave para captar el estado de opinión predominante, pero debe ser interpretado con cautela pues no siempre refleja todo lo que los electores piensan, sino sólo lo que deciden revelar al ser preguntados. Distintos factores de coacción ambiental hacen que la verbalización de las distintas opciones ideológicas (su probabilidad de ser expresadas de forma espontánea y natural) no sea siempre la misma. La intención directa de voto (UDV) es, así, sometida a una serie de procesos de ajuste (a partir, fundamentalmente, del recuerdo de voto, de la fidelidad de voto, de la tasa de participación estimada, de la valoración  por cada grupo de votantes de la gestión de cada partido y de sus líderes y de otros datos complementarios proporcionados por el sondeo sobre el estado de ánimo general de las personas entrevistadas) que permitan estimar cuál es, en esas circunstancias, el resultado más probablemente esperable. Obviamente, a partir de una misma IDV sería posible, utilizando otros criterios analíticos e interpretativos, obtener estimaciones de resultado electoral no necesariamente coincidentes con la que aquí se ofrece. La estimación de voto probable, por tanto, no es ya un dato directamente conseguido de la ciudadanía, sino una interpretación de sus declaraciones realizada a partir de unos supuestos determinados (lo que se conoce como “cocina electoral”). Aunque con frecuencia, por un uso descuidado, se confunda intención directa de voto y voto probable estimado, en realidad son cosas distintas. Una intención directa de voto muy elevada puede terminar, tras ser procesada, en una estimación de voto probable más reducida, o a la inversa. La IDV se compara con el resultado real que cada partido obtuvo sobre el Censo de españoles residentes (CER). Por su parte, los datos de voto estimado se comparan con el resultado real de cada partido sobre el total de votos válidos.

En esta oleada del Clima Social correspondiente al mes de julio de 2013 la intención directa de voto es la siguiente:

Intención directa de voto julio 2013

En twitter @JPFerrandiz

A paella coalition?

on Sábado, 06 Julio 2013. Posted in Artículos

06/07/2013 The Economist

Disillusion is leading to the rise of two alternative parties

DRAMATIC political change is sweeping Spain, or so polling suggests. For three decades Mariano Rajoy’s conservative Popular Party (PP) and the Socialists have taken turns to run the country. Now their support is crumbling (see chart) and a two-party system that guarantees stable governments is at risk.

Two recessions in five years and 27% unemployment have shaken faith in the status quo. And as bond markets are getting the jitters again, promises of a return to growth this year have failed to restore shattered confidence. Corruption, cronyism, entitlement and a lack of transparency have helped persuade voters that the system which served their fledging democracy so well has become a liability.

Backing for the PP has shrivelled from 45% to 24%. Yet under Alfredo Pérez Rubalcaba the Socialists have failed dismally to capitalise on the growing discontent. Instead, support has shrunk from 29% in the elections of November 2011 to around 21%. Elections are not due until late 2015, but Spain is on track for its weakest government since democracy was restored in 1977.

If Spaniards want to throw out the old order, what other choices do they have? Two parties are mopping up the discontent. The centrist Union for Progress and Democracy (UPyD), founded by Rosa Díez, a former Socialist, is settling in as the new third party, making her a potential kingmaker at the next general election. Ms Díez blames the two big parties for wrecking the economy by pumping up a property bubble through their joint control of planning laws, regulators, the central bank and reckless savings banks. She bashes nationalists in Catalonia and her native Basque country. She seeks radical internal reform, re-centralising control over health and education and taking privileges away from Basques, Catalans and Navarrans by putting all regions on an equal footing. And, like Britain’s Liberal Democrats, she wants electoral reform to favour her own party.

Ms Díez refuses to rule out future deals with any party except those with ties to ETA, the Basque terrorist group. But she insists on a constitutional overhaul and wants the next parliament to bring it about. “A self-confident democracy revises its laws on the basis of their consequences,” she says. Ms Díez claims UPyD, which has just five deputies, has already pushed political debate towards previously taboo topics such as constitutional reform or reversing devolution.

The other beneficiary of discontent is United Left (IU), a communist-led coalition that has shown surprising flexibility in regional governments. It helped a minority PP government snatch power from the Socialists in Extremadura. But it backed the Socialists in Asturias and is in a coalition with them in Andalusia, one of the largest regions. José Luis Centella, an IU deputy, says these regional deals cannot be extrapolated to national politics.

With future votes spread so widely, dealmaking will decide elections. The Socialists have the advantage. They can ally with IU, UpyD as well as Catalan or Basque nationalists. They could even bring several parties together. Perhaps, given the number of ingredients it may need, Spain’s next government will look like the popular national dish: a paella coalition.

From the print edition: Europe

Clima Social - julio 2013

El clima político

La situación económica y el posible rescate europeo

La corrupción pesa más que la percepción de mejora de empleo

Becas y notas

on Lunes, 01 Julio 2013. Posted in Análisis - Blog

Por Xavier Coller 01/07/2013

El debate político sobre el umbral para acceder a una beca universitaria bascula sobre dos posturas: la que dice perseguir la “excelencia”, que exige la elevación de la nota a un 6.5, y la que defiende que las becas son una “redistribución” de la riqueza para que la falta de recursos económicos no impida el acceso a (y permanencia en) la universidad. Este debate parece resuelto en la sociedad. Casi la mitad de los españoles (44%) se muestra partidario de que la nota de acceso a una beca sea de 5 puntos frente al 21% que prefiere que sea de un 6.5 y al 31% que opta por la vía intermedia del 5.5. Existen diferencias sensibles por edad: los ciudadanos de más de 55 años (que son los que tienen tasas de universitarios más bajas) se inclinan menos que el resto por la opción del 5 y más por la del 6.5. Pero las diferencias son más notables cuando se observan las preferencias políticas. Mientras que casi dos tercios (64%) de los votantes del PSOE se inclinan por exigir un 5 para optar a la beca, la mayor parte de los votantes del PP (38%) apoyan la opción del 6.5 o la vía intermedia del 5.5 (34%).

En realidad este debate oculta dos hechos relevantes. Primero, todos los estudiantes universitarios están subvencionados por los contribuyentes puesto que, según los datos del Observatorio del Sistema Universitario, el estudiante solamente paga de promedio un 20% del coste de su formación (aunque hay diferencias territoriales). Segundo, siguen existiendo limitaciones económicas de acceso a la universidad que se concentran en los grupos sociales más desfavorecidos. Con la crisis económica, estas limitaciones se amplían y pueden explicar la contestación que está teniendo la propuesta del ministerio.

 Metroscopia - Becas y notas

Xavier Coller es catedrático de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y analista-consultor de Metroscopia.