Una cuerda ya muy tensa

José Juan Toharia on Lunes, 13 Mayo 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 13/05/2013

No hay cuerda, por resistente que sea, irrompible. La que secularmente ha unido a Cataluña y España empieza a dar signos de fuerte desgaste y —esta sería la novedad— no solo desde uno de los extremos. Si en una orilla del Ebro son muy numerosos los que dicen que quieren irse, empieza a ser cada vez más frecuente que los de la orilla opuesta opten por encogerse de hombros y respondan: “Que se vayan”. Y eso a pesar de que fuera de Cataluña una amplia mayoría (siete de cada 10) considera que la ruptura sería mala para ambas partes. En Cataluña las opiniones al respecto parecen estar divididas: una clara mayoría cree que la secesión sería mala para España, pero prácticamente empatan (44% frente a 39%) quienes piensan que sería buena para el principado.

Lo que ocurre es que el hartazgo empieza a ser mutuo, y no ya tanto entre las ciudadanías (los datos disponibles siguen revelando la existencia en ambas de un básico afecto recíproco) como respecto de los respectivos liderazgos políticos. Cada vez son menos los catalanes y españoles que ven a sus gobernantes capaces de alcanzar un acuerdo que permita la convivencia de Cataluña y España (solo el 48% ahora, frente al 72% el pasado mes de septiembre). Al mismo tiempo, tres de cada cuatro españoles (e incluso dos de cada tres catalanes) no creen que la independencia pueda llegar a ser una realidad, al menos en un futuro cercano.

Así, la situación se hace cada vez más tensa al tiempo que parece encaminarse, a ojos del ciudadano medio, a un callejón sin salida —por fuerza frustrante, tras tanta inversión emocional en el asunto—. ¿Podría el federalismo ser una solución? No es una alternativa que genere, al menos por ahora, entusiasmos masivos, pero no deja de ser llamativo que, pese a estar siendo propuesta básicamente por un solo partido —el PSOE, que no parece estar precisamente en su mejor momento en imagen pública—, se registre entre los españoles una práctica división de opiniones sobre la posible reconversión del actual modelo autonómico en otro plenamente federal si con ello se resolviese definitivamente el encaje de Cataluña en España. Y, por cierto, en Cataluña esta alternativa federal parece suscitar apoyo mayoritario.

Así funciona la cocina de las encuestas

José Juan Toharia on Lunes, 13 Mayo 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 13/05/2013 Luz Sánchez-Mellado

A nadie le gusta verse mal en el espejo. Sobre todo, a quienes viven de la imagen que los demás tienen de ellos, de su capacidad de convicción, de la confianza que generan. Por eso, algunos políticos llevan meses agarrándose unos cabreos de campeonato con las encuestas. Salen feos. Antipáticos. Poco o nada valorados hasta por sus partidarios. En público, suelen declarar que es normal que la gente esté enfadada, con la que está cayendo, y que toman nota. Pero algunos, en privado, arremeten contra estos estudios. Dicen que no se los creen. Que están mal hechos. Manipulados. Pagados por el adversario. Cocinados. Que el espejo está trucado. Las empresas del sector, por su parte, defienden su cocina, sin cursiva, arguyendo que no es más que la aplicación de sus métodos de tratamiento de datos para intentar reflejar lo más fielmente posible una opinión pública difícil de captar en una foto fija.

Con la crisis arreciando, el clima de descontento social, y la ausencia de citas electorales en el horizonte, las encuestas cobran un creciente interés informativo. Este mes, la difusión sucesiva de varios estudios de opinión se ha convertido en noticia de primera. La de Metroscopia para EL PAÍS, publicada el 2 de mayo, certificaba la pérdida de la mayoría absoluta del PP y el desplome del PSOE en la Comunidad de Madrid. Dos días después, el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) constataba la caída de la expectativa de voto de los dos grandes partidos en toda España en provecho de IU y UPyD. Ayer mismo, el sondeo de mayo de Metroscopia para este diario mostraba un hundimiento aún mayor del bipartidismo. En sus declaraciones, tanto populares como socialistas tratan de agarrarse, sin embargo, a la lectura más favorable para ellos. Los populares, al hecho de que le separan 5,8 puntos del PSOE (según el CIS). Los socialistas, a que, según el dato de su intención de voto directo, sin la cocina de los expertos, su debacle no es tan desastrosa. Oyéndolos, parece que todos ganan, o al menos pierden menos que el contrario, como en las noches electorales.

Si Mariano Rajoy o Alfredo Pérez Rubalcaba pasaran unas horas en el call center de Metroscopia, se darían un buen baño de realidad. “¿Rajoy? Me merece poca confianza, se ha equivocado y de sabios es rectificar, pero no lo hace”. “¿Rubalcaba? Ninguna confianza, su jefe nos llevó a lo que ahora tenemos, y él no reacciona”. Desde su mesa de control, la responsable de la sala escucha y supervisa las conversaciones de los 40 hombres y mujeres diversos —se ven desde señoras maduras, a inmigrantes, hasta algún joven de familia bien en su primer trabajo remunerado— que entrevistan, por un sueldo de unos 800 euros, a las 1.000 personas que forman la muestra de la encuesta que realizan entre hoy y mañana. Marcan teléfonos elegidos aleatoriamente hasta completar una serie de cuotas —sexo, edad, tamaño del municipio— que conformen una lista representativa. Son las cuatro de la tarde. Mucha gente no está en casa. Algunos requeridos rechazan la propuesta con la voz pastosa de la siesta. Pero la mayoría acepta dedicar cinco minutos a expresar sus opiniones. Hoy, los encuestados le están dando fuerte al Gobierno. Y a la oposición.

“Hoy más que nunca la gente tiene ganas de hablar, de que se la escuche, de ser tenida en cuenta”, dice José Juan Toharia, de 70 años, sociólogo, periodista y presidente de Metroscopia. Toharia lleva más de 25 años haciendo encuestas y presume de conocer la trastienda de un oficio que, “más que una ciencia, es casi artesanía, un arte de estimación en el que juega tanto tu conocimiento, como tu interpretación y tu experiencia”. “Trabajamos con un material muy delicado y sensible: personas y opiniones. Lo que la buena gente te quiere decir sobre lo que cree que va a hacer”, explica. “Y la gente no suele mentir, pero puede cambiar de opinión, y no te lo dice todo. Te responde a lo que le preguntas. Esa es la clave: la pregunta. A preguntas tontas, respuestas tontas. A preguntas sesgadas, respuestas sesgadas”. Por eso, la confección y redacción del cuestionario son para él, con la representatividad de la muestra, y la profesionalidad tanto del encuestador como del equipo que trata los datos, los ingredientes necesarios para elaborar una buena encuesta.

¿Y la famosa cocina? Tanto Toharia, como Narciso Michavila, presidente de la empresa de análisis demoscópico Gad 3, con 10 años de experiencia en el mercado, y Belén Barreiro, exdirectora del Centro de Investigaciones Sociológicas y fundadora de MyWord, una nueva firma de estudios online, precisan que los fogones solo se aplican a las encuestas sobre intención de voto. Esas que preguntan a la gente qué votaría si hubiera elecciones mañana, aunque falten, como ahora, dos años para las generales. En ese caso, los datos brutos —lo que el CIS denomina voto directo— son muy poco fiables. Solo representan el núcleo duro de cada opción. El “no sabe, no contesta” del último barómetro del CIS, por ejemplo, fue de 21,5%. El voto en blanco, casi el 10%. La abstención, del 22,7%. La cocina consiste en interpretar esos silencios y tratar de aproximarse al resultado real.

Ahí es donde entra el librillo de cada maestrillo. “Es lo que los americanos llaman ordeñar los datos. Y ahí no hay algoritmo que valga, o si lo hay, sirve tanto como el excel ese que nos ha llevado a la ruina”, bromea Toharia. Michavila, al que no le molesta en absoluto el término cocina, “porque se trata exactamente de eso, de guisar los datos con tu receta particular”, está de acuerdo en que no hay una única fórmula. Y, aunque Barreiro habla de “modelos de estimación de voto”, sitúa a la “intuición, el olfato, y un punto de apuesta” como parte fundamental del resultado de sus trabajos.

Lo que hacen los expertos es imputar a los indecisos una opción de voto basándose en determinadas variables y combinándolas. Por ejemplo: lo que los encuestados recuerdan que votaron en elecciones anteriores, y el resultado real de las mismas, que no siempre coinciden. La fidelidad tradicional del votante de cada partido. La actualidad política, económica y social. Y, sobre todo, su conocimiento del votante autóctono, al que están continuamente preguntando mediante miniencuestas, bien sea remuneradas o de oficio, para no perderles la pista. Metroscopia, que realiza un sondeo semanal, mantiene unas 100.000 entrevistas telefónicas con otras tantas personas al año. Michavila, responsable de Gad 3, incluye, previo acuerdo con sus clientes, preguntas sobre intención de voto en casi todos sus estudios y tiene “siempre una oreja pegada en la calle”. Barreiro que, como todos, dispone del archivo del Instituto Nacional de Estadística y del CIS, unánimemente respetados por los profesionales, habla del ojo demoscópico: “Aprendes a coger las mentiras del votante, sus poses, sus costumbres; digamos que les ves venir”.

Con todos esos elementos, los sociólogos emiten su dictamen: una toma de temperatura del estado de ánimo de la sociedad en un momento determinado. Por eso usan palabras relacionadas con la climatología: barómetro, oleada, termómetro. Al presidente de Metroscopia, hermano del meteorólogo Manuel Toharia, no le disgusta el símil. “Sí, somos como hombres del tiempo”, admite. No siempre aciertan, a veces fallan estrepitosamente, pero sus pronósticos le interesan a todo el mundo. De ahí su éxito. Desde que George Gallup predijo en 1936 la victoria de Roosevelt en las elecciones norteamericanas usando una base demográfica pequeña pero representativa, el uso de las encuestas no ha hecho más que crecer. Partidos políticos, universidades, Administraciones, medios de comunicación, empresas, ONG..., cualquiera que tenga algo que vender o quiera conocer cómo está el patio social para actuar en consecuencia están, en principio, dispuestos a pagar por ellas. A razón de unos 10 euros por cada entrevista telefónica de las 600 a 1.000 que suelen comprender un sondeo, o los 3.000 euros de un grupo de discusión sobre un tema determinado.

El sector movió en España 505 millones de euros en 2011, según la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (Aneimo), que agrupa a las grandes firmas, la mayoría multinacionales, del gremio. Porque estas firmas no son ONG ni entidades sin ánimo de lucro empeñadas en descubrir la verdad social. Sus estudios los pagan sus clientes. Interesados, en principio, en conocer la opinión de la sociedad respecto a un tema determinado. Pero no siempre, o casi nunca, solo en eso. De ahí es donde, según los profesionales, pueden venir las presiones para dirigir o manipular los datos de las encuestas en un determinado sentido. Ya se ha dicho que a todo el mundo le gusta salir guapo en las fotos.

“La opinión pública es información en sí misma, un servicio público, una forma de conocimiento, un modo de conseguir una sociedad con más criterio, más crítica y más libre, pero muy pocos quieren pagar por conocerla tal cual es”, sostiene José Juan Toharia, que dice no aceptar “injerencias” en sus cuestionarios, y estar acostumbrado a que los políticos le “frían” a llamadas para pedirle información gratuita y/o quejarse de sus predicciones.

“El 99% de los clientes no quiere conocer la verdad, sino que busca un titular y que se lo confirmes. Tú puedes confeccionar las preguntas, pero ellos tienen que darte el OK. Son los que pagan y los que mandan”, contemporiza Narciso Michavila, para el que las notables diferencias que se dan entre una y otra encuesta que, aparentemente, inquieren sobre lo mismo, estriban, precisamente, en el cuestionario. “Todos los datos de las encuestas son verdaderos si publicas al lado la pregunta exacta que se hizo”. Esa, la publicación de la pregunta, es, aparte del compromiso de no alterar los datos, la salvaguarda que exige a sus clientes para firmar sus trabajos.

Belén Barreiro prefiere apelar a su “amor propio” a la hora de defender la objetividad de su trabajo. Esta politóloga y socióloga, nombrada por sorpresa por José Luis Rodríguez Zapatero directora del CIS en 2008 y destituida, igual de fulminantemente, por la entonces vicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega en 2010, sabe lo que es “pagar con el cargo” la independencia profesional. Se negó a esperar, como se le indicaba desde arriba, a que pasara el debate del estado de la nación, que esperaba ganar Zapatero, para realizar el barómetro correspondiente a ese mes y ya no realizó ninguno más.

En cualquier caso, Zapatero perdió las elecciones de 2011. Esa, la noche electoral es la gran prueba de fuego para estos profesionales. En tres horas, las que van desde el cierre de las urnas hasta el final de recuento de votos, sus encuestas se van quedando irremediablemente viejas. Sus autores aciertan o yerran delante de todo el mundo y sacan pecho o meten la cabeza bajo tierra. Su credibilidad sube o baja de golpe, hasta la próxima cita. Conociendo la complejidad de su trabajo, lo raro es que alguna vez acierten.

Algunos aciertos y errores de los augures

Los empleados de Metroscopia, con su presidente José Juan Toharia a la cabeza, se autodenominan, en broma, “los chicos del 3,7”. Esos fueron los puntos por los que el PP ganó al PSOE en las elecciones europeas de 2009. Y los clavaron en su encuesta para este diario. “Pura chiripa”, admite Toharia. “Nos salía una diferencia entre tres y cuatro puntos. Nos pedían que nos mojásemos, un 3,5 nos parecía muy redondo, apostamos, y sonó la flauta”. Los decimales, en una encuesta que tiene un margen de error de tres puntos arriba y abajo, “no tienen mucho sentido”, según Toharia. “Pero, a veces, las décimas pueden significar escaños y es lógico que nos los pidan”, añade este veterano sociólogo que tuvo que defender, en directo en el plató de Telecinco la mismísima noche electoral, la encuesta en la que vaticinaba la victoria del PP en las generales del 14 de marzo de 2004, y que ganó el PSOE tras el 11-M.

El primer acierto en predicción electoral de Narciso Michavila, presidente de Gad 3, fue cuando aún era comandante de artillería y trabajaba haciendo estadísticas para el Ministerio de Defensa. El comandante, hermano de José María Michavila, entonces secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, le pasó al entonces presidente y candidato del PP a la reelección José María Aznar, un papelito diciéndole que iba a ganar por mayoría absoluta en las elecciones de 2000. Así fue. Sin embargo, ya dedicado en exclusiva a su firma de análisis demoscópicos, ha perdido unas cuantas paellas. La última, en las elecciones andaluzas, en las que pronosticó mayoría absoluta al PP de Arenas, que perdió frente a PSOE e IU. “Se me quedó gente popular en casa, y me subió mucho Izquierda Unida”, se disculpa.

Más allá de haber quedado “la segunda más acertada” en las últimas elecciones gallegas y catalanas con la encuesta que realizó al frente de su empresa MyWord, la exdirectora del CIS, Belén Barreiro, está especialmente orgullosa de haber predicho el vuelco electoral que dio la victoria al socialista Zapatero el 14 de marzo de 2004. Fue en un artículo, publicado en este periódico el 3 de marzo de 2004, ocho días antes del fatídico 11-M. Barreiro no olvida, no obstante, su “error personal” cuando, como máxima responsable del CIS de entonces, apostó “con el corazón” por un empate técnico entre PSOE y PP en las europeas de 2009. Las mismas que ganó el PP por el célebre 3,7.

Clima Social - mayo 2013

El clima político
Posibles pactos frente a la crisis
Cataluña
Los españoles y la Unión Europea

¿Pacto sin líderes?

José Pablo Ferrándiz on Domingo, 12 Mayo 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 12/05/2013

La gran mayoría de los españoles (71%) cree que lo que España necesita con urgencia para hacer frente a la actual crisis económica es un gran pacto entre el Gobierno, los partidos de la oposición y las organizaciones sindicales y patronales, similar al que suscribieron estas mismas instituciones en el año 1977.

No es este un dato que indique nostalgia, o que los ciudadanos piensen que cualquier tiempo pasado fue mejor —la opinión es ampliamente compartida también (65%) por los menores de 35 años, que solo pueden conocer aquellos Pactos de la Moncloa de manera referencial—, sino una llamada de auxilio a los principales agentes sociales y políticos de este país.

De momento, la mayoría de ciudadanos son conscientes de que llevar a cabo un pacto como este —que según ellos debería incluir la educación, la sanidad, la Administración de justicia y la política exterior— es actualmente difícil, pero no imposible (51%).

Por eso, no llevarlo a cabo —o no ver intención por parte de sus representantes de hacerlo— podría acarrear cierto sentimiento de frustración entre la ciudadanía y, como resultado, un previsible grado de reproche hacia los actores políticos. Sobre todo hacia aquellos a quienes consideren mayores culpables de su no concreción.

Tres de cada cuatro españoles (76%) piensan que si finalmente no se consigue este gran acuerdo, tanta culpa tendrá el Gobierno como la oposición. Pero, sin duda, el primero tendrá mayor parte de responsabilidad: pactar es ceder y solo puede ceder quien tiene el poder. Y de momento los ciudadanos no están percibiendo esa actitud ni en el Gobierno ni en el presidente Mariano Rajoy.

La cuestión, voluntades al margen, es que para sacar adelante cualquier pacto de estas características hacen falta líderes políticos que cuenten con la confianza, el apoyo y la legitimidad (no solo electoral, también moral e incluso carismática) de sus conciudadanos. Y, sin embargo, si algo ha puesto de relieve la actual crisis económica es la existencia de otra crisis política igual de profunda y preocupante, cuyo principal rasgo parece ser, precisamente, la ausencia de liderazgos políticos.

De hecho, entre los ciudadanos que se manifiestan críticos con la actual situación política de nuestro país, que son la abrumadora mayoría (91%), un 47% responsabiliza de ello en mucha mayor medida a los actuales líderes políticos que a la forma en que está organizada nuestra democracia (23%).

Que el pacto para salir de la crisis es necesario parece evidente; ahora bien, la cuestión que quizá debería plantearse es si los actuales líderes políticos están capacitados para suscribirlo. Los ciudadanos ya se han hecho esa pregunta y la han contestado.

Los españoles ante el aborto (1976-2013)

José Juan Toharia on Viernes, 03 Mayo 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 03/05/2013

Humildad, respeto y tolerancia: estos son los rasgos que de forma prácticamente unánime los españoles desearían ver predominar en nuestra vida pública. Así, el 88% afirma que nadie está en posesión de la verdad ni tiene derecho a decir a los demás cómo deben pensar o cómo tienen que vivir; el 98% cree que cada uno puede pensar lo que quiera, siempre que respete las ideas de los demás y no trate de imponer las suyas; y el 89% concluye que para que nuestro país vaya bien “lo más importante es que todos respetemos las ideas y formas de vivir de los demás, siempre que estén dentro de la ley”. Nunca antes en su historia nuestra sociedad había metabolizado tan plenamente como ahora la idea de que la convivencia en libertad, concordia y paz solo es posible si el estricto respeto a la ley (es decir, a las reglas que para la vida colectiva nos damos a nosotros mismos) se combina con todo el pluralismo de valores, de ideas y de estilos de vida que una convivencia democrática puede albergar (y que no es precisamente poco).

Quizá por ello nuestra ciudadanía lleva tan mal la sobreactuada y a veces ofensiva exageración con que propenden a abordar cuestiones complejas y delicadas quienes, por su posición institucional, parecerían llamados más bien a propiciar el entendimiento y la concordia. El caso del aborto es, en este sentido, paradigmático. Nuestra sociedad se acerca a este tema —desde hace ya casi medio siglo— con una actitud compasiva y serena, que contrasta fuertemente con la rígida dureza por la que ha optado en cambio la jerarquía católica (y, en su estela, algunos políticos).

Ya en 1976, una mayoría clara de españoles (incluso de católicos practicantes) consideraba que debía permitirse la interrupción del embarazo cuando el feto presente una malformación grave. No deja de resultar paradójico que precisamente este concreto caso (al que el neurocirujano Javier Esparza dedicara en estas páginas, en julio de 2012, un texto memorable: “Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento”) sea cuestionado ahora en la reforma que se prepara. Conviene en todo caso subrayar la significación de este primer dato, obtenido hace 37 años cuando la presión ambiental del nacional-catolicismo franquista —que eso sí que era, por cierto, coacción ambiental— apenas si había empezado a atenuarse y cuando las leyes penales seguían castigando severamente el aborto (con una sola excepción que hoy resulta sonrojante por su descarada hipocresía: el —así definido— aborto honoris causa, realizado para preservar la honra de la encausada y siempre que se probara que esta tenía realmente honra que proteger).

Ya en 1983, cuando el primer Gobierno de Felipe González planteó la despenalización de algunos supuestos de aborto, el 64% de los españoles se mostró partidario de que esa legalización fuera total y solo un 24% consideró que la interrupción voluntaria del embarazo debía seguir estando penada sin excepciones. Es decir, nuestra sociedad tenía ya claro que una cosa es que el aborto sea o no pecado, o moralmente aceptable o condenable, y otra muy distinta que deba ser delito. En 1985, vigente ya la reforma del Código Penal, el apoyo social a los supuestos despenalizados fue masivo. Tan solo entre los votantes del PP (y quizá, al menos en parte, por lealtad a la posición mantenida entonces por su partido en este asunto) más de la mitad se declararon opuestos a la reforma (que, con todo, fue apoyada por una sustancial tercera parte).

Desde entonces, el tema del aborto ha perdido relevancia y virulencia en el debate social cotidiano. Sigue siendo, en todo caso, una de esas cuestiones cuya intrínseca complejidad propicia un cierto grado de labilidad en las opiniones, según cuál sea el concreto ángulo desde el que se aborde su consideración. Por ejemplo, el 75% de todos los españoles (e incluso el 57% de los votantes del PP) piensa que la mujer tiene derecho a decidir libremente si desea o no seguir con un embarazo sin temor a sanción penal alguna. Tan solo un 17% (29% entre los votantes del PP) afirma en cambio que quien aborta comete un delito que debe ser legalmente penado. O lo que es igual, cuando se relaciona la interrupción del embarazo con el derecho de la mujer a disponer libremente de su propio cuerpo, la respuesta ciudadana favorable a la total despenalización del aborto es inequívoca. Sencillamente, así planteado el caso, tres de cada cuatro españoles se resisten a aceptar que, por estar embarazada, el Estado pueda “expropiar” a la mujer su plena capacidad de decisión sobre su propia corporeidad por una supuesta colisión de sus derechos con los de alguien que aún no es, por más que finalmente pueda llegar a ser (y a este respecto, permítaseme recomendar un segundo texto memorable: “El roble, la bellota y el aborto”, del profesor Jesús Mosterín, publicado también en estas páginas).

Los últimos datos de opinión disponibles, obtenidos hace solo unos días, invitan por último a concluir que el ministro de Justicia como mínimo exagera, y notablemente, al afirmar que la reforma del aborto que prepara responde a “un mandato de los ciudadanos”. La realidad es más bien que en el momento actual solo un 10% de los españoles (y solo un 26% de los católicos practicantes) cree que el aborto deba ser considerado siempre como delito y que el resto se divide entre una mayoría relativa (46%) partidaria de que se mantenga el actual sistema de plazos y un porcentaje cercano (41%) que preferiría volver al anterior sistema de supuestos. Tan solo entre los votantes del PP existe una mayoría clara (61%) favorable al sistema de supuestos, si bien una apreciable fracción (22%) no reclama cambio alguno.

José Juan Toharia, es catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia.

Clima político y social en la Comunidad de Madrid

José Pablo Ferrándiz on Viernes, 03 Mayo 2013. Posted in Análisis - Blog

03/05/2013

Si ahora se celebrasen unas elecciones autonómicas en al Comunidad de Madrid, el PP perdería la mayoría absoluta que conserva de manera interrumpida desde hace 10 años. Con una participación inferior a la de hace dos años —en torno a 10 puntos menos: fue del 68.3 % en los últimos comicios y ahora rondaría el 58 % del electorado— el PP obtendría el 35.2 % de los votos válidos emitidos, es decir, 16.5 puntos menos que los logrados en las últimas elecciones autonómicas (51.7 %). Esta pérdida de votos conllevaría una sustancial reducción de su actual número de diputados en la Asamblea madrileña: de 72 escaños que tiene ahora pasaría a contar con 54 (18 menos).

El PSOE, por su parte, sufriría también un retroceso importante aunque más moderado que el de los populares: obtendría un 20.1 % de los votos (6.1 puntos menos que en 2011) y 30 diputados (6 menos que ahora). El descenso de los dos partidos mayoritarios sería aprovechado por las otras dos formaciones que actualmente cuentan con representación en el parlamento autonómico: IU y UPyD. La coalición rojiverde se quedaría a escasa distancia del sorpasso al duplicar, prácticamente, su resultado de hace dos años tanto en porcentaje de voto como en número de diputados: obtendría el 18.9 % de los votos (frente al 9.6 logrado en 2011) y 29 escaños (16 más). Algo similar a lo que sucedería con el partido magenta: duplicaría su representación en la Asamblea (pasando de 8 a 16 diputados) al aumentar en algo más de cuatro puntos su porcentaje de voto actual (de 6.3 % a 10.4 %). El partido EQUO obtendría un mejor resultado que en los últimos comicios —3.8 % frente al 1 %— pero insuficiente para alcanzar la barrera electoral del 5 % de los votos establecida en la Comunidad para poder entrar a formar parte del reparto de escaños.

La estimación corresponde a un parlamento autonómico constituido por 129 diputados como en la actualidad. No obstante, si se redujera el número de escaños en la Asamblea de cara a la próxima legislatura —como en algún momento se ha planteado—  el panorama no sería muy distinto al descrito: con un Parlamento autonómico reducido bien a 100 diputados bien a 99 bien a 65, el PP no obtendría mayoría absoluta y, en todas estas opciones, la llave del Gobierno autonómico recaería sobre UPyD dado que tampoco la suma de escaños de PSOE e IU sería suficiente para un gobierno mayoritario de coalición. Las 600 entrevistas que se han realizado en este sondeo son insuficientes para poder hacer una estimación electoral teniendo en cuenta la última reforma que se ha barajado (que un tercio de los diputados sean elegidos de manera directa en una serie de circunscripciones preestablecidas y el resto como resultado de la aplicación de la Ley D´Hont).

La mayoría del electorado del PP —57 %— sigue fiel a su partido y volvería a votar por los populares si se celebrasen elecciones autonómicas de manera inminente. No obstante, la caída electoral que sufriría ahora mismo el PP se debe principalmente a la desmovilización de una quinta parte (20 %) de sus votantes que optaría ahora por la abstención. El porcentaje de infieles —esto es, quienes manifiestan que votarían ahora a otra opción política diferente— entre las filas populares se sitúa en el 13 %. En el caso del PSOE —que cuenta con una sustancial menor fidelidad que apenas supera el tercio de sus votantes (35 %)—, sus dos vías de fuga de sus votantes tienen un caudal similar aunque los infieles son ahora algunos más que los desmovilizados: un 27 % dice que votaría a otro partido diferente al PSOE o en blanco y un 23 % que no acudiría a votar. El destino preferido por un mayor porcentaje de estos votantes infieles socialistas es IU: un 17 % votaría a la formación encabezada por Gregorio Gordo (en términos absolutos supondría unos 130.000 votos). IU es el partido que cuenta en la actualidad con un porcentaje de fidelidad de voto más elevado (60 %), y aunque un 5 % dice que votaría ahora al PSOE (unos 15.000 votos) el saldo con los socialistas les beneficia de manera clara. En el caso de UPyD, uno de cada dos votantes suyos sigue fiel a las siglas. Su mayor fuga de votos se dirige hacia IU (18 %), si bien como receptor se ve beneficiado de la llegada de antiguos votantes del PP (un 3%, es decir unos 50.000 votos en términos absolutos) y del PSOE (4 %, en torno a 30.000 votos).

Los líderes de los cuatro partidos con representación en la Asamblea madrileña obtienen la desaprobación mayoritaria de sus conciudadanos. Todos obtienen un saldo negativo a su gestión —esto es, son más los madrileños que desaprueban su gestión que quienes la aprueban—. El peor evaluado es el líder socialista, Tomás Gómez, con un saldo de -51 puntos, (le aprueba un 18 % frente a un 69 % que le desaprueba) seguido del actual Presidente de la Comunidad, Ignacio González, con 41 puntos negativos. Quien obtiene un mejor balance —menos negativo— es la anterior Presidenta de la región, Esperanza Aguirre —incluida también en este sondeo—: cuenta, también, con la desaprobación de la mayoría de los madrileños (58 %) pero su saldo evaluativo es de -23 puntos (la aprueba un 35 %). Gregorio Gordo, de IU, y Luis de Velasco, de UPyD, obtienen un mismo saldo negativo de -36 puntos.

Más relevante, no obstante, es la evaluación que hacen de cada político sus respectivos electorados, y, en este sentido, la Presidenta el PP madrileño destaca sobre el resto: sigue contando con la aprobación de tres de cada cuatro votantes del PP (76 % frente a un 18 % que desaprueba su labor) y con un balance positivo de 57 puntos. Le sigue el líder de IU, Gregorio Gordo, con + 45 puntos y el Presidente de la Comunidad, Ignacio González, con +26 puntos. Los peor evaluados por sus votantes son el líder socialista, Tomás Gómez, con un saldo negativo de 31 puntos y el portavoz parlamentario de UPyD, Luis de Velasco, con -42 puntos. Velasco y Gordo son, con diferencia, los líderes autonómicos menos conocidos: lo son por menos de la mitad no solo del conjunto de madrileños sino también de sus votantes.

Los dos principales líderes de la política regional madrileña —González y Gómez— obtienen una mejor evaluación que sus líderes nacionales —Rajoy y Rubalcaba—. La diferencia fundamental entre ambos es que mientras que el actual Presidente de la Comunidad logra la aprobación de la mayoría de sus votantes (58 %), el secretario general de los socialistas madrileños obtiene la desaprobación de seis de cada 10 votantes socialistas (59 %). El primero parece, así, haber sido capaz de diferenciarse y distanciarse, en cierta medida, de las políticas del Gobierno central mientras que el segundo parece haberse contagiado del desgaste que viene acompañando al PSOE nacional desde su derrota electoral en noviembre de 2011. De hecho, la mayoría de votantes del PP (54 %) piensa que la situación económica de la Comunidad de Madrid es mejor que la del conjunto de España (un 34 % piensa que es igual y solo un 10 % que es peor), y son más entre este electorado quienes creen que la situación política en la región es mejor que la nacional (46 % frente a 6%). 


INTENCIÓN DIRECTA DE VOTO

La intención directa de voto equivale a la voz de la calle. Es lo que, en este caso, los madrileños responden de forma directa y espontánea cuando se les pregunta por su comportamiento electoral más probable. Es un dato clave para captar el estado de opinión predominante, pero debe ser interpretado con cautela pues no siempre refleja todo lo que los electores piensan, sino sólo lo que deciden revelar al ser preguntados. Distintos factores de coacción ambiental hacen que la verbalización de las distintas opciones ideológicas (su probabilidad de ser expresadas de forma espontánea y natural) no sea siempre la misma. La intención directa de voto (IDV) es, así, sometida a una serie de procesos de ajuste (a partir, fundamentalmente, del recuerdo de voto, de la fidelidad de voto, de la tasa de participación estimada, de la valoración  por cada grupo de votantes de la gestión de cada partido y de sus líderes y de otros datos complementarios proporcionados por el sondeo sobre el estado de ánimo general de las personas entrevistadas) que permitan estimar cuál es, en esas circunstancias, el resultado más probablemente esperable. Obviamente, a partir de una misma IDV sería posible, utilizando otros criterios analíticos e interpretativos, obtener estimaciones de resultado electoral no necesariamente coincidentes con la que aquí se ofrece. La estimación de voto probable, por tanto, no es ya un dato directamente conseguido de la ciudadanía, sino una interpretación de sus declaraciones realizada a partir de unos supuestos determinados (lo que se conoce como “cocina electoral”). Aunque con frecuencia, por un uso descuidado, se confunda intención directa de voto y voto probable estimado, en realidad son cosas distintas. Una intención directa de voto muy elevada puede terminar, tras ser procesada, en una estimación de voto probable más reducida, o a la inversa. La IDV se compara con el resultado real que cada partido obtuvo sobre el Censo de residentes (CER). Por su parte, los datos de voto estimado se comparan con el resultado real de cada partido sobre el total de votos válidos.

 

En twitter @JPFerrandiz

Aguas revueltas

José Pablo Ferrándiz on Jueves, 02 Mayo 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 02/05/2013

Lo más destacable del sondeo llevado a cabo en la Comunidad de Madrid por Metroscopia con motivo del 2 de mayo es, sin duda, la pérdida de la mayoría absoluta del PP después de 10 años de ininterrumpida primacía al frente del Gobierno regional. Pero la encuesta arroja otros datos que merecen ser igualmente destacados. El primero de ellos, la sustancial reducción de las diferencias, en votos y diputados, que actualmente separan al PSOE e IU: de una distancia actual de 16,6 puntos y 23 diputados favorable a los primeros se pasaría a otra que no hace imposible, y ni siquiera improbable, un sorpasso por parte de la formación rojiverde (solo 1,2 puntos y solo un escaño). Una posibilidad que tiene su razón de ser en el descenso de los socialistas —más moderado que el de los populares, bien es cierto—, y en el fuerte ascenso de IU (principal receptor de los votantes desencantados del PSOE). El tercer dato relevante sería el crecimiento de UPyD, partido que aun cuando se mantendría como la cuarta fuerza política de la comunidad, pasaría a tener —con el resultado ahora estimado— la llave de la gobernabilidad en la región. Una coalición entre PSOE e IU se quedaría por debajo de los 65 escaños que conforman la mayoría absoluta en el actual Parlamento madrileño (que cuenta con 129 diputados), por lo que los 16 escaños que lograría UPyD serían necesarios tanto para la misma como para el PP. Y esto a pesar de que su actual portavoz en la Asamblea, Luis de Velasco, es el líder regional menos conocido, no solo por el conjunto de la ciudadanía sino, también, por sus propios votantes. Esto parece indicar que el voto que logra captar la formación magenta se debe más al claro desencanto que algunos votantes sienten hacia sus actuales partidos (PSOE y PP principalmente) que a la atracción intrínseca (innegable en todo caso) que puedan generar realmente las propuestas de este partido. Es decir, se trataría de un electorado que no ha traspasado del todo el punto de no retorno y que probablemente se mantendría fiel a sus actuales partidos a poco que estos cambiaran algunos aspectos concretos de sus políticas. Pero tampoco es descartable, y cada vez menos, que si los dos grandes partidos no realizan esas modificaciones que sus propios electorados les están reclamando con creciente insistencia, UPyD sea capaz de hacerse de manera definitiva con esos votantes. Hay que tener en cuenta que todavía está por saber cuál es su techo electoral: desde que se presentó por primera vez a unas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid no ha dejado de incrementar su caudal electoral. La sensación es que ha llegado para quedarse.

Este panorama político regional presenta, así, los mismos rasgos que el nacional: un importante desgaste de los dos principales partidos y un sustancial crecimiento de las formaciones minoritarias. El PP regional empieza a verse afectado por las políticas de austeridad dictadas por el Gobierno central —los votantes populares de la región que califican negativamente la economía de la comunidad lo atribuyen más a la gestión de Mariano Rajoy que a la de Ignacio González, y este está mejor evaluado por el electorado popular que el presidente del Gobierno—. De ahí, probablemente, los intentos del presidente González por desmarcarse de actuaciones políticas concretas del PP nacional, así como algunas de sus decisiones contrarias al criterio de la dirección nacional del partido. En estos momentos, aparecer en sintonía con el Gobierno de la nación resta más que suma. El Partido Socialista de Madrid, por su parte, acompaña a su hermano mayor en su travesía del desierto, iniciada tras las elecciones generales de 2011, y aunque su líder, Tomás Gómez, está mejor evaluado entre los madrileños que Rubalcaba, cuenta, como este, con la desaprobación de la mayoría del electorado socialista. En su caso, al contrario de lo que ocurre con los populares, parece contar, a ojos de los electores, con un menor grado de autonomía para diferenciarse del PSOE nacional, y eso a pesar de que Gómez se ha destacado como voz crítica interna desde que Rubalcaba se hiciera con la secretaría general del partido. Pero también en su caso lo que sigue teniendo un peso determinante es el descrédito colectivo que todavía afecta a las siglas PSOE entre el electorado español.

José Pablo Ferrándiz es sociólogo y vicepresidente de Metroscopia.

RD-LEY 27/2012: ENSAYO Y ERROR

Violeta Assiego on Miércoles, 01 Mayo 2013. Posted in Análisis - Blog

01/05/2013

A falta de su tramitación por el Senado, la Proposición de Ley de medidas para reforzar la proteccion a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social está a punto de aprobarse definitivamente. Su texto —en gran parte— da continuidad a los dos reales decretos de medidas urgentes de protección a los deudores que aprobó el Gobierno en el año 2012. Sin embargo, ningún estudio previo ni información estadística avala que esas medidas hayan sido efectivas ni hayan respondido al objeto para el cuál se formularon: proteger a un colectivo social en situación de extraordinaria vulnerabilidad y aliviar la situación de los deudores hipotecarios que se encuentren en dicha situación.

Es precisamente sobre los efectos reales de una de esas dos normas, el RD Ley 27/2012 de 15 de noviembre, donde se centra la pionera investigación que hemos realizado Metroscopia y la Asociación Ciudadanía y Justicia de la mano de la que fue Decana de Madrid y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Manuela Carmena. La investigación publicada en El País el domingo 27 de abril —y cuyos principales resultados volvemos a compartir en esta entrada— se ha fijado en una muestra no representativa de expedientes pero significativa a la hora de aportar datos reales sobre el impacto del real decreto entre los deudores hipotecarios más vulnerables.

El texto del RD Ley 27/2012 establece la posibilidad de solicitar la suspensión inmediata y por un plazo de 2 años de los desahucios por parte de las familias que estén en situación de especial riesgo de exclusión social. De los datos extraídos de esta investigación sabemos que la duración media de un procedimiento de ejecución hipotecaria ha sido de 3 años y 3 meses y que entre la subasta y el desalojo —momento procesal para solicitar la suspensión— transcurrían 16 meses. La inmediatez de la medida queda muy supeditada a la lentitud del proceso.

De los procedimientos estudiados se ha observado que gran parte de los préstamos hipotecarios (un 53,5%) se concedieron entre 2006 y 2007, años anteriormente anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria, y que desde que se suscribió el préstamo hasta que dejó de abonarse transcurrieron solo 4 años y 2 meses. Esto explica que importe medio de la cantidad reclamada (212.261€) sea poco inferior a la cuantía media préstamo concedido (227.319€). Otro dato que llama la atención es el tamaño medio de las viviendas hipotecadas, algo más de 63m2.

Muy destacable es que todas las escrituras analizadas contienen intereses moratorios que la doctrina y las principales juntas de jueces de toda España entienden como abusivos: el mínimo encontrado incrementaba en 4 puntos el interés legalmente aplicable pero había casos con intereses moratorios de hasta el 25% y aún el 29%.

Los bancos nunca ejecutaron el préstamo ante el primer impago y el tiempo medio de espera hasta la interposición de la demanda fue de 10 meses. Esto pone en entredicho la reciente propuesta de que en la práctica el banco espere al tercer impago antes de reclamar la deuda. 

Respecto a la tasación de la casa a efectos de subasta, el valor medio es de 287.386€ y en un 60% de los casos la vivienda se subastó por el 60% del valor de tasación, siendo el precio medio de adjudicación a las entidades financieras en la subasta de 150.121€, lo que hace que la deuda viva pendiente de pagar por el deudor fuese, en promedio, de 62.140€.

Pero la principal conclusión de esta investigación —realizada en el juzgado hipotecario nº 32 de Madrid— es que apenas un 2% de todos los procedimiento de ejecución iniciados en el año 2010 y 2011 han podido acogerse a la medida de suspender temporalmente el lanzamiento que establecía el real decreto.

Las situaciones descritas en el RD-Ley 27/2012 como situaciones de vulnerabilidad dejan fuera a un amplio abanico de personas por el solo hecho de no formar parte de una unidad familiar en los términos que recoge la norma. Así mismo, la vulnerabilidad aparece muy limitada a situaciones extremas. Por ejemplo, si se contempla la existencia de menores en dichas unidades familiares es dentro de unas cortas franjas de edad que excluyen a muchas familias con menores cuya situación es dramática y límite.

A esta rígida definición de vulnerabilidad se une el cumplimiento de cuatro condiciones económicas con carácter acumulativo y concatenado que termina por descartar a buena parte de quienes —estando en una de las situaciones de vulnerabilidad señaladas en el RD-Ley— no logran reunir estos requisitos económicos o que incluso reuniéndolos, no logran acreditarlos documentalmente.

Con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa que sitúa la tasa de paro en un 27,16% de la población activa y las últimas previsiones del propio Gobierno, se hace más necesario que nunca poder medir el impacto de las medidas que supuestamente van a aliviar a los ciudadanos para evitar que caigan en situación de grave exclusión social. Ante la futura ley —y en este contexto— esta investigación invita a un replanteamiento sobre qué es y qué no es situación de vulnerabilidad en el caso concreto de los deudores hipotecarios. Hasta ahora las medidas de protección contempladas lo han sido con carácter temporal y han aplazado los problemas pero no los han resuelto. Medir el impacto de esas medidas y tener datos fiables puede evitar pérdidas de tiempo y dinero, especialmente dolorosas cuando la situación es límite y el margen de maniobra muy pequeño.

Cuadro DESAHUCIOS

Violeta Assiego,es abogada y coordina los temas de Discriminación, Pobreza y Exclusión Social en Metroscopia. En twitter @Vissibles

Vulnerables y vulnerados

Violeta Assiego on Sábado, 27 Abril 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 27/04/2013

La proposición de ley que el Senado tiene pendiente de aprobar —y con cuyas medidas se quiere reforzar la protección del deudor hipotecario— es insuficiente e ineficiente. Esta es la principal conclusión que se puede extraer de esta investigación.

El capítulo primero de la futura ley calca el contenido, y el espíritu, del Real Decreto ley 27/2012, cuando —a la luz del estudio realizado— todo parece indicar que no más de un 2% de los procedimientos hipotecarios iniciados en los años 2010 y 2011 se han podido beneficiar de la medida contenida en esta norma. Este —y otros datos recogidos en la investigación— vienen a corroborar que la nueva ley da la espalda al debate social y ha llegado a su tramitación parlamentaria sin haber medido previamente el verdadero impacto del Real Decreto al que se va a dar continuidad.

La medida de suspender los desahucios durante dos años buscaba garantizar —así se afirmaba en la exposición de motivos del Real Decreto— que ningún ciudadano fuese conducido a una situación de exclusión social. Sin embargo, el análisis de los expedientes judiciales revela la existencia de deudores cuya situación personal y económica es de suma fragilidad y que, sin embargo, quedan fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto al no cumplir los cuatro requisitos económicos exigidos, o por vivir solos, o por no tener un modelo de familia que cumpla la literalidad de la norma, o que, teniendo ese tipo de unidad familiar, su situación de vulnerabilidad no se corresponda con ninguna de las contempladas en el texto legal.

Estos deudores sobreendeudados a consecuencia del paro y de la crisis no son vulnerables en los términos que establece el Real Decreto, pese a que su capacidad patrimonial actual sea claramente insuficiente para hacer frente a sus gastos más cotidianos y básicos.

Tras conocerse los últimos datos de la EPA cabe más bien concluir que el solo hecho de encontrarse en situación de desempleo y tener firmado un contrato de préstamo hipotecario de vivienda habitual debería ser causa suficiente para recibir un tratamiento especial previo a iniciarse un proceso de desahucio. En el actual contexto, esta parece ser la mayor situación de vulnerabilidad que podría llevar a agravar y empeorar el riesgo de exclusión social de un ciudadano.

Violeta Assiego es abogada y coordina los estudios de Discriminación, Pobreza y Exclusión Social en Metroscopia. En twitter @Vissibles

¿Brotes verdes?

José Pablo Ferrándiz on Sábado, 27 Abril 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 27/04/2013

El anhelo de regeneración de la vida política que reclama la sociedad parece llevar implícito la exigencia de un recambio de los actuales líderes: su relevo por otra generación. ¿Cuentan nuestros partidos, actualmente, con banquillo y cantera suficientes para esa renovación? ¿Percibe la ciudadanía la existencia de una nueva hornada de políticos que puedan devolverle la confianza en la actividad política como instrumento de convivencia y solución de conflictos? Metroscopia ha sometido a evaluación ciudadana a 12 políticos de diferentes partidos mencionados como potenciales protagonistas de nuestra vida política. El porcentaje de ciudadanos que conoce a cada uno de ellos es moderado, pero lograr un mayor grado de conocimiento suele tener fácil arreglo, más complicado es convencer, y, en este sentido, resulta esperanzador el potencial entusiasmo que en esta imaginaria línea de salida de su hipotético despegue hacia el estrellato parecen despertar entre la ciudadanía.

En primer lugar, porque en la comparación con sus respectivos líderes nacionales salen mejor parados —cuentan con una mejor imagen— tanto entre el conjunto de ciudadanos como entre sus respectivos electorados. Y, en segundo lugar, porque no provocan un rechazo exacerbado entre otros electorados ajenos —lo contrario que los líderes nacionales, que solo obtienen la aprobación de los suyos— y, por ello, podrían ejercer de posibles vertebradores de la vida política y social, facilitando el entendimiento que la sociedad española no ha dejado de reclamar —frente a la confrontación—, y más en momentos de crisis como el actual.

Y entre estas raíces destacan dos brotes verdes de la política: Alberto Garzón y Eduardo Madina. En el caso del diputado de IU, predominan quienes le atribuyen la capacidad de regenerar la vida política tanto entre los votantes de su partido como entre los del PSOE, los de UPyD e incluso entre los del PP. Madina logra también convencer, además de a la mayoría de sus votantes, a un porcentaje más elevado de electores de IU y de UPyD. Lo que parece quedar patente es la existencia de una acuciante necesidad por parte de la ciudadanía de cambios en la vida política: en cuanto a las ideas y propuestas pero también en cuanto a los líderes. De hecho, es probable que unas nuevas ideas y propuestas que surgieran serían creíbles solo si fueran planteadas por políticos diferentes. La regeneración política requiere otra generación de políticos: una que ya está y se la espera.

El matrimonio y la evolución

on Jueves, 25 Abril 2013. Posted in Análisis - Blog

Nayra Marrero 25/04/2013

Hay palabras que juegan en otra liga, que superan el papel del diccionario, la pantalla de un ordenador y levantan pasiones. La palabra matrimonio tiene el poder de agrupar en torno a ella muy diversas concepciones e ideologías, y servir de abanderada a diferentes luchas.

Aunque el número de bodas no para de descender, el matrimonio está de moda, y cuando parece que nos olvidamos un poco de él salta a la palestra de la mano de una sentencia constitucional que se hizo esperar o de un Ministro del Interior insatisfecho con el sentir popular o una jerarquía católica que pide su “protección”. O un país vecino, Francia, donde tras  136 horas y 56 minutos de debate en la Asamblea Nacional y manifestaciones multitudinarias, han adoptado la aprobación del matrimonio igualitario, convirtiéndose en el 14º país en reconocer este derecho a las parejas del mismo sexo.

Sin embargo, poco parecen cambiar la opinión de la ciudadanía española los altibajos en la actualidad respecto al matrimonio. El 59% de los españoles, según los datos de Metroscopia, están de acuerdo con que la acepción correcta para las uniones civiles entre dos mujeres o dos hombres es matrimonio, con el consiguiente derecho a la adopción. Entre quienes no son creyentes, el número se eleva al 82%. 

La batalla contra el matrimonio igualitario, que en el caso de Francia se ha cebado con un aumento considerable de las agresiones homófobas, es en realidad contra un cambio en la concepción de la familia, una pérdida del control de la unidad social básica por parte de la Iglesia Católica que hasta hace bien poco marcaba las reglas del juego.

La sociedad española sin embargo, incluso los católicos, considera que es la Iglesia la que tiene que reformar sus concepciones. El 75% —70%de los creyentes— cree que deberían admitir que el concepto de familia no tiene por qué referirse exclusivamente a la constituida por un hombre y una mujer y el 72% —67% de los católicos— cree que deben aceptar que una pareja del mismo sexo está capacitada para criar a un niño como lo están las constituidas por un papá y una mamá.

Sin embargo, esto se altera si nos centramos en quienes se reconocen como practicantes. En ese caso, el apoyo al matrimonio igualitario es solo del 27%, aunque el 49% sí cree que son familia y el 45% que son buenos padres o madres. Son estas cifras las que marcan una diferenciación con el resto de la sociedad, un abismo en la percepción social. 

Porque mientras la sociedad tiene momentos de respiro, en los que convive con el matrimonio entre parejas del mismo sexo con normalidad, desde los púlpitos la realidad es otra y la “guerra de Dios” a la que hizo referencia el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires es continua.

El peligro de la exclusión es que solo tiene víctimas: lesbianas, gais y bisexuales, receptores de la frustración de una legislación que no comulga con el modelo que se quiere imponer y los católicos practicantes, defensores de ese modelo que la sociedad española considera caduco y les hace vivir aislados de los avances sociales.

Según la ley de la evolución, las especies que no se adaptan no sobreviven. Es una ley natural, más que el contrato matrimonial, a la que la Iglesia Católica  debe prestarle atención.

 

 NAYRA MARRERO, periodista especializada en temas de No Discriminación y Diversidad Sexual (En Twitter @Nayramar)

Sencillez y realismo: o sea, una iglesia nueva

José Juan Toharia on Domingo, 21 Abril 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 21/04/2013

Esta vez va en serio: o así lo cree el 52% de los católicos españoles (y más significativamente, el 71% de los que se definen como católicos practicantes), que ven en el estilo personal del papa Francisco y en su declarada opción por una “Iglesia de los pobres” el anuncio de un tiempo nuevo. Incluso, cabría decir, radicalmente nuevo.

Para empezar, el cambio más deseado (lo expresan nueve de cada diez españoles, creyentes o no) es que la Iglesia se sitúe en adelante, sistemáticamente, del lado de los pobres y de los desfavorecidos y no de los ricos y de los poderosos.

Toda una revolución, pues, históricamente, la Iglesia -como institución- rara vez (si es que alguna) se ha visto en la tesitura de tener que optar por uno de estos dos bandos: siempre ha aparecido alineada con el segundo de ellos. Además, el 85% de los españoles (y el 70% de los católicos practicantes) querrían ropajes y ceremoniales litúrgicos más austeros y no de “alta costura” eclesiástica: los zapatos remendados del nuevo Papa se elevan así a la categoría simbólica de ejemplo que seguir.

Además, mayorías muy claras (tanto entre la población general, como entre el 73% de la misma que se declara católica, y también entre el concreto 17% que específicamente se define como “católicos practicantes”) desean que en este anunciado tiempo nuevo la Iglesia se sostenga exclusivamente con las aportaciones voluntarias, que el Papa viva permanentemente (como ha empezado ya a hacer Francisco) en una residencia sencilla, que la Iglesia deje de tener un banco propio y que, renunciando a toda apariencia de poder temporal, ponga fin a la existencia del Estado Vaticano (este último punto es el único en que la opinión de la católicos practicantes no concuerda con la del resto de los españoles).

Y por lo que respecta en concreto a España, el apoyo de nuestra ciudadanía a los posibles cambios que cabría desear es generalizadamente masivo y mayoritario tanto entre no creyentes como entre creyentes.

De forma unánime se espera una actitud de absoluta intransigencia por parte de la jerarquía de la Iglesia en los casos de pederastia que impliquen a eclesiásticos. No puede sino escandalizar, a creyentes y no creyentes, la prudencia y tacto con que, por lo general, estos casos han solido ser tratados, sobre todo si al tiempo se recuerda la trompetería desaforada -e incluso en algún caso ridículamente excesiva y aun paranoide- de algunos de nuestros prelados en temas como el aborto o el matrimonio homosexual (¡hay quien a este respecto ha llegado incluso a sugerir la existencia de una conspiración urdida desde el exterior para socavar nuestra moral colectiva!).

De forma masiva, los españoles (católicos practicantes incluidos) desearían ver a la Iglesia superar lo que a estas alturas no resulta sino una mojigatería pacata (de tan tenue, por no decir nula, sustentación dogmática) que le lleva a rechazar el divorcio o el uso de anticonceptivos. Nada mina más el crédito social de una institución que su empecinamiento por mantener, aunque sea nominalmente, normas de comportamiento que, en la realidad, no sigue prácticamente nadie (y esto es algo que quizá ayude a entender por qué, si el 73% de los españoles se reconocen como católicos, solo sean un 17% los que digan ser efectivamente practicantes).

Pero hay más: incluso entre los propios católicos practicantes resultan ser más numerosos quienes creen que el concepto de familia no tiene por qué referirse exclusivamente a la constituida por un hombre y una mujer (52% frente a 40%), y son tantos los que creen que una pareja del mismo sexo está capacitada para criar a un niño como quienes creen que lo está mas una pareja compuesta por personas de distinto sexo.

Entre el conjunto de la población, y entre los católicos poco o nada practicantes, en estos dos puntos las mayorías a favor de las primeras opciones son abrumadoras.

Por otra parte, los españoles desean un nuevo Concordato (84%), que se ponga fin al trato preferente que la Iglesia Católica recibe del Estado en general (73%) y, específicamente, en materia fiscal (82%). Y por último, quizá el deseo más complicado de ver cumplido por más que sea expresado por el 88% de los católicos (y por el 73% de los que específicamente se definen como practicantes): que se acabe con la actual discriminación de la mujer en el gobierno de la Iglesia.

Comparando estos datos con la prédica (y la práctica) habitual de nuestros prelados el desencuentro adquiere magnitudes siderales. No puede así extrañar que, desde hace años ya, la idea mayoritaria (75%) entre los españoles (incluso entre los propios católicos practicantes -49%-) sea que la Iglesia española no ha sabido adaptarse a nuestra sociedad actual. Es decir, que cada vez entiende menos los problemas que tienen los españoles, que cada vez es, por ello, menos capaz de proporcionarles orientaciones oportunas y viables y, llegado el caso, el adecuado apoyo y consuelo. Porque tal y como están las cosas -y según expresa nuestra ciudadanía- la imagen que ahora transmite la Iglesia no puede resultar menos acorde con el mensaje que aspira a transmitir: su rostro es de dureza y condena (51%) más que de bondad y perdón (33%).

José Juan Toharia, catedrático de sociología, es presidente de Metroscopia.

Alemania en el horizonte

José Juan Toharia on Viernes, 19 Abril 2013. Posted in Análisis - Blog

19/04/2013

Los españoles tienden a mostrarse muy críticos con la política económica actual del Gobierno alemán. Consideran que está planteada para beneficiar más a su país que al conjunto de la Unión Europea. Esto se ha traducido en una apreciable pérdida de imagen de la canciller Angela Merkel, que anteriormente era la líder extranjera mejor valorada en España, tan solo superada por el presidente Obama.

Pero ni la crisis económica, ni el modo en que el actual gobierno alemán hace frente a la misma, parecen estar dañando en cambio de forma comparable la imagen que los españoles tienen de Alemania como país: para un 65% sigue siendo tan o más positiva que antes de la crisis (entre los menores de 35 años este porcentaje sube incluso al 75%). Así pues, y al menos  por el momento, la pérdida de imagen de la Canciller Merkel no está destiñendo de modo proporcional sobre la imagen de conjunto de su país.

Mucho más extendida, por contra, entre los españoles es la sensación (que expresa un 77%) de que, con la actual crisis, la imagen y el prestigio de España deben de haberse deteriorado en Alemania. Esta sensación de ser ahora peor vistos en la sociedad alemana (algo más extendida entre los más jóvenes —86 %— y entre los votantes del PSOE —82 %—) es, en realidad infundada: datos de un sondeo paralelo al de Metroscopia llevado asimismo en Alemania en estos días por la Fundación Bertelsmann revelan que para un 61% de los alemanes la crisis de la economía española no ha afectado para nada la básica buena imagen que tienen de nuestro país. Merece la pena resaltar la coincidencia: una muy cercana proporción de españoles y alemanes (65% y 61%, respectivamente) declaran tener una imagen recíproca positiva.

Aunque uno de cada dos españoles considera que, en este momento, las relaciones entre ambos países son más tensas de lo que solían, esto en nada influye sobre el juicio favorable que les merecen las oportunidades laborales y de desarrollo profesional que Alemania ofrece actualmente. Dos de cada tres españoles (66 %) piensan que existen en Alemania buenas oportunidades para profesionales españoles ya formados que quieran trabajar allí y un 55% cree que también existen oportunidades de formación y desarrollo para estudiantes. Paralelamente, en Alemanía, un 60% ve con buenos ojos que profesionales o jóvenes españoles busquen allí  acomodo. Medio siglo después, Alemania vuelve así a aparecer en el horizonte vital de muchos españoles como potencial (y atractiva) tierra de acogida, si bien ahora  de personas con un nivel ya sustancial de formación o de experiencia... y bienvenidas.

En Twitter @JJToharia

No olvidar lo importante

Violeta Assiego on Lunes, 08 Abril 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 08/04/2013

Lo urgente es reformar el sistema hipotecario español de manera que se logre dar una mayor y mejor protección al deudor, aunque con ello no se recojan todas las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular. Así se desprende del sondeo realizado por Metroscopia esta semana para el periódico EL PAÍS, en el que un 90% de los ciudadanos está de acuerdo con esta afirmación mientras que tan solo un 6% se muestra en desacuerdo.

En un país donde el 46% de los españoles tiene dificultades para salir adelante un mes tras otro y poder llegar a final de mes —según los datos del Eurobarómetro de otoño de 2012— y donde ese porcentaje se incrementa significativamente al 70% en el caso de la población extranjera —tal y como da a conocer un estudio realizado por la EAE Business School—, existe la urgente necesidad de dar con las soluciones legales que subsanen los errores y abusos de una legislación hipotecaria injusta y llena de falta de equidad entre las partes.

En los sondeos que viene publicando Metroscopia, la sociedad española muestra con claridad cuál es su posición ante el drama de los desahucios de vivienda habitual. El 91% manifiesta su claro malestar por cómo se están repartiendo los efectos de esta crisis al pensar que los mismos los están sufriendo todos menos los bancos y los más ricos. El 86%, que las normas que regulan las hipotecas protegen más los intereses de los bancos que concede el préstamo que los del cliente que los solicita. Y el 91%, que los bancos y las cajas han abusado de la buena fe y la falta de conocimientos jurídicos de la gente para firmar hipotecas con cláusulas abusivas.

Las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cuentan con un amplio apoyo social. La conexión emocional que han logrado establecer con los ciudadanos se debe en gran medida al uso de medios pacíficos en la protesta, a la percepción ciudadana de que lo que se demanda es de justicia y al hecho de que los cambios legislativos que se reclaman benefician a toda la sociedad. Es en esta clave de medios pacíficos y de bien común desde donde la ciudadanía se posiciona mejor, y por eso un 66% piensa que somos un país pacífico y con fuertes valores que nos permiten lograr acuerdos ante los problemas.

Una solución justa y legal es lo que quieren mayoritariamente los ciudadanos ante la próxima reforma hipotecaria pendiente de aprobar. No parece que estén dispuestos a olvidar que eso es lo verdaderamente importante.

Violeta Assiego es abogada y coordina los estudios de Discriminación, Pobreza y Exclusión Social en Metroscopia. En Twitter: @Vissibles