Más o menos Autonomía

José Pablo Ferrándiz on Martes, 15 Octubre 2013. Posted in Análisis - Blog

15/10/2013

Las preferencias de los valencianos sobre cuál debería ser la forma ideal de organización del Estado coinciden básicamente con las manifestadas por el resto de los españoles: la mayoría —de unos y de otros— se inclinan por cambiar el actual sistema de Comunidades Autónomas. Mientras que unos abogan por retornar a un Estado centralista, sin Autonomías (opción preferida por una mayoría de votantes populares tanto nacionales como valencianos) otros defienden, por el contrario, extender las actuales competencias de las Comunidades —incluyendo entre estos últimos a quienes se decantan por un Estado federal en el que estas tengan la condición de Estado (opción preferida por una mayoría de votantes socialistas)—.

Desde su constitución en 1978, el sistema autonómico fue gradualmente ganando aceptación entre los ciudadanos hasta alcanzar su culmen en los primeros años del presente siglo, cuando más de la mitad de los españoles lo mencionaban como la forma preferida de organización territorial. Ahora, la proporción de ciudadanos que dicen preferirlo se ha reducido a la mitad, al tiempo que se han multiplicado por tres los partidarios de un sistema centralista —porcentajes similares a los registrados hace un cuarto de siglo—. Y llegan a superar el 20 % quienes defienden un Estado federal, una opción prácticamente inexistente en la agenda política y social de hace solo unos años. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Sin duda, las intensas y prolongadas discusiones públicas sobre la reforma de algunos Estatutos de Autonomía, que estuvieron muy presentes durante las anteriores dos legislaturas, y las tensiones todavía no resueltas con algunas nacionalidades históricas, especialmente con Cataluña, han contribuido a erosionar el afecto ciudadano hacia el actual sistema. Pero, probablemente, el factor que más fuertemente ha mermado su buen crédito alcanzado a lo largo de estas décadas ha sido la llegada y permanencia de la crisis económica. La sensación ciudadana de que las Comunidades Autónomas han contribuido al despilfarro y a empeorar la crisis —aquí entra el problema de la corrupción— y no a crear empleo o mejorar el existente está probablemente detrás de este creciente cuestionamiento del sistema. Es el caso concreto de la Comunidad Valenciana según se desprende del sondeo llevado a cabo por Metroscopia para EL PAÍS. Los valencianos tienen una opinión mayoritariamente negativa de la situación económica de su Comunidad tanto en términos absolutos como comparativos (se ven peor que otras regiones). Señalan el paro y la corrupción como los principales y graves problemas de la región. Y no perciben que sus representantes autonómicos estén tomando las medidas necesarias para solucionarlos.


Metroscopia Organización del Estado

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Foto de Chiot´s Run

¿Cómo comen las ciudades?

Mar Toharia on Viernes, 11 Octubre 2013. Posted in Análisis - Blog

11/10/2013

De productos de proximidad a alimentos kilométricos. De la confianza al anonimato. De economías de subsistencia a negocios millonarios de grandes empresas. La manera de alimentarse ha cambiado. Y, en un mundo donde el 51 % de la población vive en ciudades, esto se convierte en un tema crucial que pone en cuestión las relaciones entre lo urbano y lo rural. Hoy, como ocurriera en anteriores períodos de crisis, las ciudades europeas viven el resurgimiento de una agricultura que se instala en sus calles.

Hasta hace un siglo esto no era extraño. En París, por ejemplo, se producían cosechas abundantes dentro de la ciudad. Cada año se llegaban a apilar hasta 30 centímetros de abono de caballo sobre las parcelas de cultivo y se utilizaban diversos métodos naturales para el control del suelo y la temperatura del aire. Se recolectaban de tres a seis cosechas de frutas y verduras por año, y cada agricultor se ganaba la vida en menos de una hectárea de terreno. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, las ciudades occidentales comienzan a sustituir este modelo de alimentación por otro basado en el transporte de los alimentos a larga distancia y el uso de combustibles fósiles. Actualmente, este modelo alcanza una escala global, y tan solo cinco empresas multinacionales controlan el 80 % del comercio de alimentos. Al mismo tiempo, paradójicamente, la mitad de las personas más pobres del mundo son pequeños productores o agricultores que producen el 70 % de la alimentación mundial.

Como resultado, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2.000 millones de personas sufren actualmente carencia de micronutrientes, mientras que 1.400 millones tienen sobrepeso, de los cuales 500 millones son obesos. Este próximo 16 de octubre los “sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición” serán el tema central del Día Mundial de la Alimentación 2013 promovido por la FAO. Muchos ciudadanos europeos, en consonancia con este objetivo, están ya generando nuevos sistemas alimentarios basados en el cultivo agroecológico dentro de sus ciudades. En Berlín, por ejemplo, los huertos urbanos proporcionan frutas y verduras a 500.000 personas.

En España, el consumo de productos ecológicos es aún muy bajo. El 52 % de la población declara no comprar “nunca” frutas o verduras ecológicas, es decir, cultivadas sin productos químicos ni pesticidas, y un 26 % lo hace tan solo “algunas veces”. Sin embargo, ya sean comunitarios, municipales o en terrazas y balcones, los huertos aumentan de número también en las ciudades españolas. La primera red de huertos regulados nació en Barcelona en 1996 y desde entonces, las experiencias se multiplican: Santander, Sevilla, A Coruña, Madrid (donde la Red de Huertos Urbanos recibió el reconocimiento de Buenas Prácticas Europeas 2012 del Comité HABITAT de la ONU), etc. Quizá estas iniciativas de creación de espacios agrícolas comunitarios, además de facilitar el acceso a alimentos de calidad, confianza y proximidad, nos acerquen hacia formas más sostenibles de alimentar las ciudades.

Mar Toharia Terán es geógrafa y analista de Metroscopia

Barómetro electoral en la Comunidad Valenciana

Metroscopia on Jueves, 10 Octubre 2013. Posted in Análisis - Blog

10/10/2013

El PP perdería la mayoría absoluta en el Parlamento de la Comunidad Valenciana en el caso de que tuvieran lugar ahora, de manera inmediata, unas nuevas elecciones autonómicas. Con un 33.9 % de los votos válidos —un porcentaje 15.4 puntos inferior a su resultado obtenido en los comicios de 2011— los populares obtendrían ahora 41 escaños: 14 menos de los 55 con los que cuenta en la actualidad (y 9 menos de los necesarios para poder gobernar en solitario).

El caudal electoral del PP sufre pérdidas por dos vías: una hacia la abstención y otra hacia UPyD. La menor participación electoral que se produciría ahora —entre un 63 % y un 64 %, inferior en todo caso al 71.5 % de hace dos años— tiene que ver, entre otras cuestiones, con un porcentaje mayor de votantes del PP que no acudirían a votar. Por otro lado, la otra gran novedad del sondeo —además de la pérdida de la mayoría absoluta de los populares— sería que, por primera vez, UPyD podría contar con representación en le Generalitat, en gran parte por la transferencia de votantes populares desencantados con su partido que buscarían refugio en esta formación. El PSOE, por su parte, también obtendría un peor resultado que en 2011, si bien su desgaste es más moderado (perdería 6 escaños: de 33 pasaría a contar con 27). Los más beneficiados por la caída de la participación y el descenso de los dos grandes partidos son Compromís y EUPV, que prácticamente duplicarían sus porcentajes de voto y sus escaños con respecto a los últimos comicios: Compromís pasaría de 6 a 13 diputados (y de un 7.1 % a un 13.3 % de los votos válidos) y EUPV de 5 a 13 (y de un 5.9 % a un 11.7 %).

En realidad, ambas cuestiones —pérdida de la mayoría del PP y la posibilidad de que el partido magenta consiga algunos escaños— son novedades a medias si se tiene en cuenta que ya fueron estimadas en el anterior sondeo realizado por Metroscopia para EL PAÍS el año pasado. Si bien es cierto que estamos fuera de período electoral —y por tanto no se puede hablar de predisposiciones de voto firmes y cristalizadas—, los datos de este año parecen revelar la consolidación del estado de opinión ya manifestado por los ciudadanos en 2012. Un clima de opinión crítico con la situación económica, la política y la social de su Comunidad.

En lo económico, un 85 % considera mala la actual situación económica de la región; un 44 % cree esta es incluso peor que la del conjunto de España (frente a solo un 5 % que piensa que es mejor); un 82 % percibe un empeoramiento de la economía regional a lo largo de los dos últimos años; y quienes piensan que la Comunidad Valenciana está peor preparada que otras Comunidades para hacer frente a la crisis casi duplican a quienes creen que está mejor preparada (31 % frente a 17 %). Las críticas a la situación económica de la Comunidad son compartidas por votantes tanto del PSOE como del PP, aunque difieren en intensidad: más fuertes las de los socialistas y más tenues las de los populares.

En el ámbito social, se han agravado con respecto al año pasado algunos de los problemas ya presentes en aquel momento en la Comunidad. Destacan —como ya destacaban el año pasado— el paro y la corrupción: en una escala de 0 a 10, en la que el 0 equivale a un problema nada importante y el 10 a uno muy importante, el primero obtiene de media un 9.3 y el segundo un 9.1. No se sitúan muy lejos la situación de la Educación (8.6), la de la Sanidad (8.4), la de la Justicia (8.1) y, algo más atrás, el problema de la droga (7.6).

La corrupción vuelve a constituirse en el centro de la vida política y social de la Comunidad Valenciana: un 60 % de los ciudadanos piensa que en su región existe mucha corrupción. Sumado este porcentaje al de quienes consideran que existe ahora corrupción, pero la misma que ha existido en otras ocasiones anteriores, resulta que un 95 % de los valencianos —es decir, la práctica totalidad— cree que la corrupción está presente en la política de su Comunidad. Y son cinco veces más quienes consideran que hay más corrupción política en su región que en otras regiones españolas que quienes piensan que hay menos: 33 % frente a 7 %. Un problema —el de la corrupción— que no solo perjudica a la imagen de la Comunidad en el resto de España (así lo cree un 89 %), sino también a la economía de la región (lo piensa, también, un 89 %).

En el ámbito político es sintomático que los cuatro partidos que tiene representación actualmente en la Generalitat obtienen un saldo negativo a su gestión, esto es, reciben más evaluaciones negativas que positivas de los ciudadanos: sobre todo la gestión del PP en el Gobierno autonómico (16 % frente a 71 %), pero también la del PSOE como principal partido de la oposición (11 % frente a 62 %). Y son cada vez más los valencianos que piensan que no hay ningún partido que defienda sus intereses: de un 27 % que opinaba así en 2010 se ha pasado a un 39 % en la actualidad.

Por otro lado, solo dos de los líderes políticos valencianos obtienen una puntuación media por encima del punto medio de la escala: la mejor evaluada con diferencia es Mónica Oltra (5.9), seguida de Marga Sanz (5.0), si bien ambas son conocidas por menos de la mitad de los valencianos. Es frecuente que los bajos porcentajes de conocimiento de un político lleven asociados mejores puntuaciones medias porque quienes le conocen suelen ser los más cercanos ideológicamente. En general, al aumentar el nivel de conocimiento entre los ciudadanos, los líderes políticos ven descender sus puntuaciones medias (porque entran a valorarlo también personas que no coinciden o están más alejadas de sus ideas políticas y tienden a ser más críticas). Con todo, Oltra es la preferida por un mayor porcentaje de valencianos para presidir la Generalitat —frente a otros posibles candidatos que se plantean en el sondeo—:  es mencionada por un 16 % frente a un 13 % que dice preferir al actual presidente, Alberto Fabra, y un 12 %, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Entre los votantes del PP, un 29% prefiere a Fabra y un 28% a Barberá. Entre los votantes del PSOE son algunos más quienes dicen preferir antes a Oltra que al líder socialista. No  obstante, es significativo y, de nuevo, sintomático del mal clima de opinión política existente en la sociedad valenciana, que uno de cada dos valencianos —47 %— no manifieste su preferencia por alguno de los posibles candidatos a presidir la Generalitat: un 24 % porque no prefiere a ninguno de los seis por los que se le ha consultado y un 23 % porque no sabe o no contesta a esta cuestión.

Los más conocidos en el conjunto de la Comunidad son, precisamente, Fabra (94 %) y Barberá (97 %). Ambos comparten la peor puntuación media: 3.9. Con respecto a la alcaldesa valenciana —que suena como posible futura candidata a la Generalitat—, dos de cada tres valencianos piensan que tanto ella como el anterior presidente de la Comunidad, Francisco Camps, tienen alguna responsabilidad en la adjudicación a la empresa de Iñaki Urdangarin de los contratos en Valencia relacionados con el caso Nóos (una opinión compartida por cuatro de cada diez votantes del PP: 39 %).

La crisis económica parece, así, haber puesto de manifiesto una importante crisis política: los partidos y los políticos actuales no están siendo capaces de solucionar los problemas más importantes que actualmente tienen los ciudadanos. En este sentido, un 72 % (un 52 % entre los votantes del PP) piensa que el Consell no está tomando las medidas necesarias para hacer frente a la crisis económica. Y un 49 % (31 % entre los votantes populares) cree que, en general, el Gobierno español presidido por Mariano Rajoy perjudica a la Comunidad Valenciana.

IDV Comunidad ValencianaEstimación 2Estimación 3Estimación 4Estimación 5Ficha técnicaEn twitter @JPFerrandiz

Barómetro electoral: octubre 2013

Metroscopia on Lunes, 07 Octubre 2013. Posted in Análisis - Blog

07/10/2013

Barómetro electoral octubre 2013

El PP vuelve a situarse por delante del PSOE en la estimación de resultado electoral después de una oleada —la del mes de septiembre— en la que los socialistas se habían situado por delante de los populares por primera vez desde las elecciones de 2011. Si ahora hubiera elecciones, el PP lograría el 34.1 % de los votos frente al 29 % que obtendría el PSOE. Los populares siguen lejos del resultado logrado en los comicios de hace dos años —al contrario que los socialistas que, aunque por poco, lograrían mejorar el suyo— pero parecen haber frenado el desgaste provocado por que su gestión del caso Bárcenas.

De hecho, el asunto del extesorero parece seguir marcando el ritmo electoral: cuando se hace presente en los medios y se constituye el foco de la agenda política —como viene ocurriendo prácticamente desde principio de año—, el PP pierde apoyos electorales; cuando pasa a un segundo plano político y mediático —como en cierta medida ha ocurrido durante este último mes—, los populares recuperan fuelle. El mayor protagonismo del caso Bárcenas tiene lugar porque la crisis económica —el otro factor que altera el caudal electoral de los populares— parece estancada: no mejora (de hecho, la abrumadora mayoría de los ciudadanos —93 %— sigue pensando que la situación actual de la economía es mala) pero tampoco empeora. Esto último es lo que perciben los ciudadanos, la mayoría de los cuales —convencidos de que la recuperación va a ser lenta— sigue pensando que la crisis económica en nuestro país ya ha tocado fondo (57 %) y que en los próximos meses la economía va a mantenerse igual que ahora (48 %) o que va, incluso, a mejorar (21 %).

En todo caso, el resultado estimado en esta oleada para el PP supondría —de confirmarse— su peor porcentaje de las últimas seis elecciones generales (habría que remontarse a las de 1989 en las que se situaron por debajo del 30% de los votos válidos). Hay que tener en cuenta que tanto Rajoy como el Gobierno en su conjunto mantiene una mala imagen ciudadana: un 75 % desaprueba la labor del Presidente, un 85 % no confía en él, un 70 % considera que el Ejecutivo improvisa sobre la marcha y todos los ministros del actual gabinete obtienen un saldo negativo en la evaluación ciudadana a su gestión (son más los españoles que la desaprueban que quienes la aprueban), siendo los peor evaluados la ministra de Sanidad, Ana Mato (-56 puntos), y el ministro de Educación, José Ignacio Wert (-63 puntos). Ambos son los únicos con un balance negativo también entre los votantes del PP.

En el ámbito más directamente relacionado con la economía, además, tres de cada cuatro españoles (74 %) piensan que el paro no va a bajar y un 51 % considera que los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno la semana pasada van a provocar un empeoramiento de la situación económica de España. No obstante, los populares cuentan con la ventaja de que su más directo competidor sigue sin representar una alternativa mejor para los ciudadanos. Tres de cada cuatro españoles (75 %) piensan que España se encontraría ahora en una situación igual o peor que la que ahora está si fuera el PSOE —con Rubalcaba como Presidente— el que gobernara en España. Y lo que es peor para los socialistas: esto mismo lo piensa un 56 % de su electorado. La losa de la gestión económica del último gobierno de Zapatero sigue aplastando las posibilidades de recuperación de este partido: cuando apenas quedan dos meses para que se cumplan dos años de la victoria del PP en las últimas elecciones generales todavía un 70 % de los ciudadanos (y un 47 % de los votantes socialistas) siguen culpabilizando en mayor o menor medida al Gobierno de Rodríguez Zapatero de la mala situación económica que hoy atraviesa nuestro país. Son seis puntos más de quienes señalan como responsable en alguna medida al actual gobierno de los populares (64 %: un 25 % que cree que la culpa es solo del Gobierno de Rajoy más otro 39 % que cree que es compartida con el Gobierno Zapatero).La negra nube de la herencia recibida sigue encima de la actual dirigencia del PSOE, probablemente porque su actual líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha sabido o no ha podido desvincularse —por lo menos a ojos de los ciudadanos— de la gestión llevada a cabo en la etapa anterior: un 84 % desaprueba su labor opositora (un 74 % entre el electorado socialista) y un 94 % (un 83 % entre los votantes del PSOE) no confía en él.

El desapego electoral hacia los dos grandes partidos junto con la menor participación electoral que se produciría en unas hipotéticas elecciones generales (estimada en un 62 %, casi 10 puntos inferior a la que se dio en los pasados comicios) favorecería el crecimiento de las otras dos formaciones de ámbito nacional. IU lograría el 11.5 % de los votos válidos y UPyD —con un 9.1 %— casi duplicaría su actual resultado. La labor opositora de sus respectivos líderes es aprobada por la mayoría de sus actuales votantes: un 55 % en el caso de Cayo Lara y un 64 % en el de Rosa Díez.

Estimación de resultado electoral

Evaluación entre los votantes del Partido Popular

Responsabilidad por la situación de España

Octubre_4

INTENCIÓN DIRECTA DE VOTO

La intención directa de voto equivale a la voz de la calle. Es lo que los españoles responden de forma directa y espontánea cuando se les pregunta por su comportamiento electoral más probable. Es un dato clave para captar el estado de opinión predominante, pero debe ser interpretado con cautela pues no siempre refleja todo lo que los electores piensan, sino sólo lo que deciden revelar al ser preguntados. Distintos factores de coacción ambiental hacen que la verbalización de las distintas opciones ideológicas (su probabilidad de ser expresadas de forma espontánea y natural) no sea siempre la misma. La intención directa de voto (UDV) es, así, sometida a una serie de procesos de ajuste (a partir, fundamentalmente, del recuerdo de voto, de la fidelidad de voto, de la tasa de participación estimada, de la valoración  por cada grupo de votantes de la gestión de cada partido y de sus líderes y de otros datos complementarios proporcionados por el sondeo sobre el estado de ánimo general de las personas entrevistadas) que permitan estimar cuál es, en esas circunstancias, el resultado más probablemente esperable. Obviamente, a partir de una misma IDV sería posible, utilizando otros criterios analíticos e interpretativos, obtener estimaciones de resultado electoral no necesariamente coincidentes con la que aquí se ofrece. La estimación de voto probable, por tanto, no es ya un dato directamente conseguido de la ciudadanía, sino una interpretación de sus declaraciones realizada a partir de unos supuestos determinados (lo que se conoce como “cocina electoral”). Aunque con frecuencia, por un uso descuidado, se confunda intención directa de voto y voto probable estimado, en realidad son cosas distintas. Una intención directa de voto muy elevada puede terminar, tras ser procesada, en una estimación de voto probable más reducida, o a la inversa. La IDV se compara con el resultado real que cada partido obtuvo sobre el Censo de españoles residentes (CER). Por su parte, los datos de voto estimado se comparan con el resultado real de cada partido sobre el total de votos válidos.

En esta oleada del Clima Social correspondiente al mes de octubre de 2013 la intención directa de voto es la siguiente:

IDV octubre 2013

NOTA METODOLÓGICA: MOVILIZADOS/MOVILIZABLES, DESCRIPCIÓN/INTERPRETACIÓN

José Juan Toharia /José Pablo Ferrándiz

(Presidente y vicepresidente, respectivamente, de Metroscopia)

Una cosa es lo que, políticamente, los españoles piensan y dicen ahora y otra lo que resulta más probable que, ante una cita electoral real y no solo imaginaria, acaben finalmente haciendo. Sabemos bien lo que ahora piensan y dicen, pues ha quedado recogido, mes a mes, en el Barómetro de Clima Social Metroscopia/El País, y cabe resumirlo como una profunda decepción con nuestra vida política y, sobre todo, con los dos principales partidos sobre los que esta pivota.

Lo que ante una cita electoral real la ciudadanía pueda acabar realmente haciendo es ya más difícil de determinar con razonable fiabilidad. El Barómetro de Clima Social ha optado en estos meses pasados por limitarse a describir el estado de ánimo ciudadano recurriendo al artificio de expresarlo en forma de los hipotéticos alineamientos electorales a que daría lugar un determinado nivel de movilización electoral y, por tanto, de participación (en torno al 52%, en las últimas oleadas). Por supuesto, y como se explicitaba claramente en cada ocasión, tales estimaciones de voto no solo debían ser entendidas simplemente como lo que eran (es decir, como un intento de “traducción” en terminología electoral del clima de opinión predominante), sino que, además, estaban en relación directa con el concreto porcentaje de participación estimado. Una variación del mismo las invalidaría en gran medida, pues de cara al resultado electoral previsible no es, obviamente, lo mismo que vote el 52%, o el 65% o el 72% del electorado. Los dos partidos que ahora cuentan con un mayor número de votantes desmovilizados (pero, probablemente y al menos en parte, todavía movilizables) son el PP y, en alguna menor medida, el PSOE: cualquier mejora en la muy baja movilización electoral de la ciudadanía que ahora reflejan los sondeos no puede sino redundar fundamentalmente en  beneficio de estas dos formaciones.

El curso político que ahora comienza desembocará, en mayo de 2014, en unas elecciones europeas ya convocadas. Esto, por sí solo, abre un tiempo político nuevo en el que adquiere ya pleno sentido el intento de utilizar las intenciones de voto declaradas por los ciudadanos no solo para describir su estado del ánimo general, sino también y sobre todo para tratar de interpretar lo que este podría significar para la activación y cristalización efectiva de opciones y alineamientos electorales. Se trata, sencillamente, de pasar ahora de la descripción de lo que hay a la estimación de lo que puede acabar habiendo. Y eso es lo en esta nueva etapa se propone hacer este Barómetro de Clima Social. En el Blog de Metroscopia, disponible en la edición digital de este diario, se podrán encontrar, tras cada oleada mensual, las precisiones metodológicas y las ampliaciones analíticas que las lógicas limitaciones de espacio impiden desarrollar en la edición impresa.

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Desde el oeste del Ebro

José Juan Toharia on Domingo, 06 Octubre 2013. Posted in Artículos

06/10/2013

Al oeste del Ebro, las cosas no se ven, lógicamente, igual. Para empezar, ahora como hace un año, la inmensa mayoría de quienes no residen en Cataluña (el 79% en el momento actual) afirma no albergar, personalmente, sentimiento alguno de desafecto o recelo hacia dicha Comunidad. Sin embargo, al mismo tiempo, uno de cada dos sospecha que no ocurre lo mismo, a su respecto, en la otra ribera: nos quieren menos allí de lo que nosotros les queremos a ellos aquí —parecen concluir—. Quienes a uno y otro lado del río-divisoria deberían propiciar la recíproca concordia parecen estar logrando más bien una cosecha de sospecha y recelo mutuos. “Son ellos, son ellos”, parecemos acusarnos mutuamente desde una a otra ribera, como en una disputa de patio de colegio. Lo cierto es que ahora cuando un castellano (o un gallego, o un andaluz) va a Cataluña suele asombrarse de lo cortés y afable que se le muestra la gente allí. Y lo mismo ocurre con los catalanes que viajan por el resto de España. Triste —y por fortuna efímero— logro del extendido encizañamiento…

Por otro lado, la idea predominante entre toda la ciudadanía española (la expresa el 49%) es que su respectiva comunidad autónoma recibe del Estado menos de lo que en cambio le aporta: solo un 14% cree que su región sea beneficiaria neta, y solo un 16% cree que aporte tanto como recibe. Respecto del concreto caso de Cataluña, los españoles que residen en otras comunidades distan mucho de compartir en este punto la idea que, en cambio, predomina de forma clara entre los catalanes: el grupo más numeroso (37%) cree que Cataluña recibe del Estado más de lo que aporta; un 16% estima que recibe lo que le corresponde; y solamente un 18% piensa que recibe menos de lo que aporta, que es en cambio la idea masivamente dominante en Cataluña. Un claro punto de desencuentro que, quienes a uno y otro lado del Ebro deberían haber contribuido a clarificar (lo que en principio no parece tan difícil: todo lo cuantificable es razonablemente sencillo de delimitar y pactar) parecen, en cambio, haber tenido rotundo éxito en embrollar y enconar.

En cuanto a las dificultades financieras y a la enorme deuda pública catalanas, quienes viven en el resto de España parecen tenerlo muy claro: no es resultado de que los últimos gobiernos de España hayan hurtado a Cataluña los recursos que realmente le corresponden sino que son consecuencia de la mala gestión de los últimos gobiernos de la Generalitat. Así lo piensa el 65%. Es decir, al “España nos roba” que se oye en un lado se contrapone un “Cataluña derrocha” en el otro. Una vez más, un inquietante malentendido del que no cabe exculpar a quienes representan a ambas ciudadanías: estas han dado reiteradas pruebas de sensatez y prudencia en fuerte contraste con los continuos chalaneos de muchos que se dicen sus respectivos portavoces.

Finalmente, el viento de la opinión pública parece estar empezando a virar, en forma ya tan claramente perceptible como novedosa, en el siempre embarullado y debatido tema de la forma deseable para nuestro Estado. Una cuarta parte (26%) sigue varada en la añoranza de un Estado unitario, sin comunidades autónomas. Una proporción idéntica (25%) apuesta por un Estado de las Autonomías como el actual. Y —esta es la novedad— un porcentaje ya muy cercano (21%) opta por un Estado federal, algo por lo que en estos últimos años se inclinaba apenas el 10%. Tiende a decaer, en cambio, el apoyo a una ampliación de las actuales competencias autonómicas, y se mantienen en torno al 10% —en el conjunto de la población española— los que se definen independentistas.


Cataluña vista desde el resto de España

Malo para Europa, malo para España

José Pablo Ferrándiz on Domingo, 06 Octubre 2013. Posted in Artículos

EL PAÍS 06/10/2013

La mayor parte de los españoles considera que la victoria de la canciller Ángela Merkel en las elecciones generales alemanas celebradas el pasado 22 de septiembre es perjudicial para el conjunto de la Unión Europea (38%) y, en mayor medida, para España (49%).

El sentir ciudadano no coincide con la idea de algunos analistas políticos que desde hace meses vienen afirmando que fuera ya de campaña electoral, y tras la celebración de los comicios —en los que pocos dudaban de la victoria de Merkel— el Gobierno alemán iba a flexibilizar las medidas económicas exigidas a aquellos países europeos con dificultades económicas debido a la crisis.

Entre ellos, claro está, España. La amplia mayoría de los españoles (60%) cree que Merkel no va a cambiar de actitud en lo que a la economía española se refiere y un 22% cree, incluso, que esta se va a hacer más exigente (el doble de quienes piensan que se hará más flexible: 10%).

En este sentido, ha aumentado el pesimismo con respecto a hace un año: en septiembre de 2012, coincidiendo con la visita a España de Angela Merkel para entrevistarse con Mariano Rajoy, un 23 % pensaba que el encuentro serviría para que el Gobierno alemán fuera más benévolo con nuestro país.

Solo entre los votantes del PP —quienes, por otro lado, tampoco esperan ningún cambio en las políticas del nuevo Gobierno alemán— prevalecen quienes creen que la amplia victoria electoral de la actual canciller es más beneficiosa que perjudicial para los intereses de la UE y de España.

José Pablo Ferrándiz es vicepresidente de Metroscopia.

Pedalear hacia ciudades más sostenibles

Mar Toharia on Miércoles, 02 Octubre 2013. Posted in Análisis - Blog

02/10/2013

La Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS) fue aprobada por el Consejo de Ministros en 2009, con el fin de fomentar el trasporte público, la utilización de combustibles más sostenibles y una planificación urbanística adecuada. Según la EEMS, la energía consumida por el sector del transporte representa más del 40 % de la energía total, siendo uno de los principales responsables del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al deterioro de la calidad del aire que esto supone, hay que añadir la contaminación acústica que genera el tráfico, que afecta al 26.7 % de los hogares y, además, el espacio urbano ocupado por el transporte motorizado, que representa porcentajes superiores al 50 %, lo que reduce en gran medida el carácter socializador de las ciudades.

Actualmente, el 47 % de la energía que se consume en España procede del petróleo, destinado fundamentalmente al transporte. Todavía dependemos de las fuentes de energía fósil, de hecho, si la población global viviera como un ciudadano español medio, se necesitarían tres planetas para cubrir sus necesidades. A pesar de ello, se ha aprobado el Real Decreto-Ley 1/2012 que suprime ayudas a nuevas instalaciones de energía renovable.

Los problemas ambientales urbanos tienen también mucho que ver con la velocidad con que se están produciendo cambios. Entre los años 1950 y 2000, el consumo mundial de energía primaria se multiplicó por cinco, la población, por más de dos, las emisiones de dióxido de carbono, casi por cinco, y el consumo anual de petróleo pasó de 3 800 barriles a 27 635.

La preocupación de los europeos al respecto queda reflejada en los datos del Eurobarómetro 2011: el 51 % considera el cambio climático como uno de los problemas más graves del mundo —el 20 % cree que es el mayor problema—. Una inquietud que recoge la Semana de la Movilidad, celebrada cada año, en septiembre, y que ha reunido a más de 2 000 ciudades de 43 países diferentes para reclamar la necesidad de formas de desplazamiento más sostenibles que favorezcan la mejora de la calidad del aire y de la vida urbana. Posiblemente por ello, cada vez más personas se suman a un ritmo de velocidad de vida más sostenible. En España, como sucede en Europa, se venden ya al año más bicicletas (780 000 unidades, el 4 % del total de la Unión Europea) que coches (700 000). La industria española de la bici tiene el objetivo de lograr un 24 % de movilidad, el mismo que tiene Holanda. Actualmente, en San Sebastián y Zaragoza, los desplazamientos diarios en bicicleta son casi el 3 %; en Barcelona, el 2 %; aunque otras capitales, como Madrid, apenas llegan al 0.3 %. Pese a que aún no todas las ciudades españolas están adaptadas a las dos ruedas, el avance parece ser indiscutible. Y miles de ciudadanos pedalean ya hacia un modelo urbano más sostenible.

Mar Toharia Terán es geógrafa y analista de Metroscopia.

Hágase justicia...

José Juan Toharia on Lunes, 30 Septiembre 2013. Posted in Artículos

29/09/2013

En una sociedad que ha sufrido un intenso y doloroso desgarro interno, la generación de los hijos no suele sentirse en condiciones de ajustar, con razonable serenidad, cuentas con el pasado. Resulta preciso esperar una generación más. O al menos así parece haber ocurrido, por ejemplo, en Francia, en relación con el régimen de Vichy, o, en Alemania, respecto del régimen nazi, y es lo que parece estar ocurriendo también ahora en España respecto del franquismo.

Se explica así que la petición de extradición cursada a España por un juez argentino contra ciudadanos españoles acusados de torturas cometidas en tiempos de la dictadura pueda encontrar en nuestra sociedad una acogida claramente favorable, según el sondeo realizado por Metroscopia en exclusiva para EL PAÍS.  Mayoritariamente, los españoles (y sobre todo los más jóvenes) creen que esos delitos deben poder ser juzgados ahora: ni el tiempo transcurrido les parece excusa suficiente para no hacerlo, ni el que sea a instancias de un tribunal extranjero les mueve, patrioteramente, a considerar que la solicitud suponga agravio alguno a nuestra dignidad nacional. Tan solo los votantes del PP se descuelgan del sentir medio nacional, si bien, entre ellos, los más jóvenes en clara menor medida que los de más edad.

Y en esta mayor propensión ciudadana a que, por encima del tiempo transcurrido, se haga ahora justicia en este —y, por extensión, en cualquier otro caso que se perciba, igualmente, como no debidamente depurado— cabe quizá detectar la influencia de un factor coyuntural como es la actual grave crisis económica. En efecto, —y los datos de encuesta son rotundos al respecto—, la sensación que actualmente predomina en nuestra ciudadanía es que la catástrofe económica y social que le está tocando soportar tiene culpables concretos —es decir, con nombres y apellidos— que llevan todas las trazas de escapar no solo impunes, sino incluso amplia y escandalosamente remunerados. El transcurso del tiempo y la crisis estarían, inesperadamente, confluyendo para reforzarse mutuamente y alentar el profundo sentido justiciero siempre presente entre nosotros, y con frecuencia tan defraudado.

Crímenes del franquismo

Un Papa que arrasa

José Juan Toharia on Lunes, 30 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

30/09/2013

A los seis meses de su elección, el Papa Francisco presenta niveles de popularidad —y no solo en España—  superiores incluso a los que pudo alcanzar, según los datos existentes, Juan Pablo II en su momento de mayor apogeo mediático. En Francia, el 82% de la población considera acertada su elección, y el 79% de los católicos esperan de él grandes reformas; en Estados Unidos merece la aprobación del 79% de los católicos; en Italia, inspira confianza a un 83% de la población (y al 95% de quienes se definen como católicos). Incluso en Rusia, sus primeros seis meses le granjean un 71% de apoyo ciudadano. Y según Twiplomacy (que mide el impacto a escala mundial en twitter de 505 cuentas de líderes y figuras públicas de los 193 países de la ONU), a finales del pasado mes de julio el Papa Francisco se convirtió, por encima del propio presidente Obama, en el líder mundial más influyente en la galaxia procelosa de los tuits.

En España, Francisco también arrasa. Aparece en cabeza del ranking de líderes mundiales, con una llamativa puntuación media de 7.0 (que alcanza un espectacular 8.6 entre quienes se definen como católicos practicantes). Las puntuaciones logradas en nuestra sociedad por sus antecesores fluctuaron entre 3.9 y 4.5 en el caso de Benedicto XVI, y entre 5.9 y 6.9 en el caso de Juan Pablo II. Por otro lado los gestos y palabras recientes del Papa consiguen el apoyo masivo de los españoles y, significativamente, de los que se definen como católicos practicantes. El 80% coincide con él en que la Iglesia ya ha dejado suficientemente clara su doctrina sobre el aborto, el matrimonio homosexual o los anticonceptivos y que no hace falta hablar sin cesar de estas cuestiones. Y en ello se muestra de acuerdo incluso el 73% de los católicos practicantes, que con toda probabilidad echa de menos que hasta ahora sus prelados no parezcan haber prestado una atención equivalente (sobre todo en estos tiempos de crisis), y como propone ahora el Papa, a temas de igual —o superior— relevancia evangélica, como la pobreza, la atención a los desvalidos o la condena del enriquecimiento abusivo. Asimismo, los españoles en general, y específicamente los católicos practicantes, se muestran ampliamente favorables al sacerdocio femenino y a la no obligatoriedad del celibato sacerdotal, cuestiones que Francisco no ha hecho, por ahora, mas que rozar pero sobre los que un cualificado portavoz suyo ha recordado que no constituyen en todo caso materia dogmática.

Ciertamente, los católicos suelen apoyar, por principio, al Papa y en ese sentido la buena acogida inicial que dispensan a Francisco no debe sorprender. Pero sí llama la atención que su fulgurante despegue, aquí y en todas partes, guarde relación más con cuestiones de estilo que de fondo. Porque el nuevo Papa no ha anunciado revolución dogmática alguna: simplemente ha dejado claro que, tal y como él la entiende, la Iglesia no debe tanto regañar como acoger, entender y respetar en vez de condenar: “¿Quien soy yo...?”: palabras inéditas en un pontífice romano que marcan un nuevo y personal —sencillo, respetuoso, directo, natural— de manifestarse. Algo a lo que no pueden dejar de ser sensibles cuantos, dentro y fuera de la Iglesia (y son, según parece, muchos), llevan ya decenios lamentando su alejamiento de los signos de los tiempos que hace medio siglo, en el último Concilio, se autoencomendara atender.

Evaluación figuras internacionales

Papa Francisco I

Mujeres sacerdotes

Sacerdotes y matrimonioFuente: Sondeo de Metroscopia para El País mediante entrevistas telefónicas a una muestra  de 600 personas representativa de la población nacional mayor de 18 años. Margen de error para datos globales: + 4.1 puntos. Trabajo de campo: 26 y 27 de septiembre de 2013. La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a NS/NC.

La trampa de la austeridad

Violeta Assiego on Sábado, 21 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

21/09/2013

Intermón Oxfam —al igual que Joseph Stiglitz, premio nobel de economía— sostiene que la desigualdad no es inevitable y que nadie debería pensar que ha venido para quedarse. Esta opinión la comparte el 53 % de los españoles, aunque otro 45 % mantiene lo opuesto: que siempre habrá un sector social que la sufra. Pero en lo que sí se muestran de acuerdo los ciudadanos es en que la desigualdad es algo estructural que no responde a los méritos y capacidades individuales de cada uno, sino más bien a cómo está organizada y funciona nuestra sociedad. Estas son algunas de las conclusiones del sondeo que ha realizado Metroscopia para Intermón Oxfam con motivo de la presentación de su informe “La Trampa de la Austeridad: el verdadero coste de la desigualdad”. 

Intermón Oxfam afirma en su informe que las actuales políticas de austeridad impuestas desde Europa —lejos de garantizar un crecimiento inclusivo— están desmantelando, a través de ajustes presupuestarios y recortes, los mecanismos que garantizan una sociedad igualitaria y que son los encargados de evitar que aumente la distancia entre los ciudadanos más ricos y los más pobres. 

En España, las actuales medidas adoptadas para afrontar la crisis no convencen a los ciudadanos: creen que con ellas solo se va a conseguir aumentar —o, todo lo más, mantener— las desigualdades y situaciones de pobreza ahora existentes, y que cuando la crisis acabe —y la economía vuelva a crecer— la sociedad española va a ser más pobre y desigual, además, de tardar mucho en volver a la situación en que nos encontrabamos hace seis o siete años.

En el informe “La Trampa de la Austeridad” se hace una previsión poco esperanzadora sobre qué pasará de no corregirse el rumbo de las políticas de austeridad: en el año 2025 el número de europeos que viven en la pobreza podría aumentar en 25 millones. En España, si se mantiene la tendencia de aumento de la pobreza, habría siete millones más que en la actualidad. Pero el informe también ofrece alternativas y propuestas: recuperar la inversión en las personas, la provisión gratuita y universal de los servicios sociales, adoptar sistemas fiscales justos y reforzar los espacios democráticos. En definitiva, garantizar los derechos fundamentales de cada uno de los miembros de la sociedad.

Cuadro 1

Cuadros 2

Iglesia y política

on Viernes, 20 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

20/09/2013 por Antonio López Vega

Cuando la Iglesia Católica es fiel al mensaje evangélico, recibe el aplauso mayoritario de la población. Así, en todos los barómetros de Metroscopia, las entidades de la Iglesia dedicadas a la atención de los más desfavorecidos (Cáritas) figuran siempre entre las más apreciadas de manera continuada.

Por el contrario, los ciudadanos tienden a no simpatizar en absoluto con las posiciones de la Iglesia cuando esta se refiere a cuestiones temporales o políticas, lo que se refleja en la mala percepción que tienen de la Iglesia católica española en su conjunto y, más concretamente, de los obispos y la jerarquía eclesiástica.

Esta es una vieja cuestión desde el inicio de la Edad Media, cuando, conforme a la idiosincrasia de los tiempos, la Iglesia intervenía en cuestiones temporales —como simbolizó mejor que ningún otro acontecimiento la coronación de Carlomagno por León III en el 800 d. C—.

El inicio del cuestionamiento de la teocracia llegó con el Renacimiento y tuvo su fractura definitiva con la Ilustración, cuando el imperio de la razón impuso la progresiva secularización de la vida pública. Lo sorprendente, en este sentido, es que, si bien la Iglesia tardó aún hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965) en establecer de manera oficial la separación entre Iglesia y Estado, todavía hoy, y muy especialmente en España, la jerarquía eclesiástica ha intervenido comúnmente en cuestiones políticas.

Vaya por delante que, cuando afecta a cuestiones éticas esenciales, la Iglesia tiene todo el derecho del mundo a emitir su opinión como autoridad moral que deben atender los católicos y considerar los demás; pero hasta ahí. Recuérdese la posición equívoca de la Iglesia vasca frente a la violencia etarra, que ha recibido la condena mayoritaria de la población española —solo tras la marcha del malhadado Obispo Setién consiguió dignificarse sustancialmente—. Por eso produce estupor contemplar a Artur Mas haciendo su declaración en el púlpito del Monasterio de Ripoll con ocasión de la Diada de Cataluña el pasado día 11 de septiembre. También en el caso catalán es bien conocida la importancia que, en determinados momentos históricos, ha tenido la Iglesia en la cuestión nacional, pero, a estas alturas del siglo XXI y casi cincuenta años después del Concilio Vaticano II, se vuelve a equivocar amparando declaraciones y actos políticos en sus templos. De esta manera, da una imagen equívoca de su postura, se aleja de los fieles que no compartan la opción política que parece amparar y, lo que es todavía más importante, desdibuja su misión esencial: la transmisión del mensaje de Jesucristo.

Evaluación de instituciones 1


Evaluación de instituciones 2

Antonio López Vega es prof. Hª Contemporánea (UCM)  y del IUI Ortega y Gasset y consultor de Metroscopia en análisis histórico-políticos. Ha sido galardonado con el Premio de Investigación Julián Marías para jóvenes investigadores.

Escocia dentro de un año

José Juan Toharia on Jueves, 19 Septiembre 2013. Posted in Artículos

El País 19/09/2013

El 18 de septiembre de 2014, los ciudadanos escoceses podrán acudir a las urnas para dar respuesta a una escueta y rotunda pregunta: “¿Debe ser Escocia un país independiente?”. Según los sondeos disponibles —que son muchos—, desde hace ya meses predominan, y de forma clara, los predispuestos a contestar negativamente: la por ahora última encuesta, publicada el pasado día 13, estima en un 49% los votos contrarios, hoy por hoy, a la independencia, frente a tan solo un 32% a favor. Lo que, ciertamente, supondría un bien pobre resultado teniendo en cuenta que el Partido Nacional Escocés (SNP) ganó inesperadamente, y por mayoría absoluta (69 de los 129 escaños en disputa), las elecciones al parlamento escocés del 5 de mayo de 2011, a las que concurrió con un programa cuya promesa estrella era precisamente este ya convocado referéndum.

Los promotores del secesionismo no pierden, sin embargo, la esperanza de que, a última hora dentro de un año, pueda ocurrir, como en mayo de 2011, lo inesperado. En marzo de aquel año, y a dos meses ya tan solo de la cita electoral, todos los sondeos coincidían en estimar una holgada victoria del Partido Laborista, con hasta 15 de puntos de ventaja sobre el SNP. En abril, sin embargo, pasaron a detectar un práctico empate. Los últimos sondeos, pocos días antes de la votación, anticiparon un vuelco espectacular: una clara victoria (y por hasta 11 puntos de diferencia) del SNP —que fue lo que finalmente ocurrió—.

Pero ahora, sin duda, las circunstancias son otras. Conviene recordar que en aquellas elecciones solo participó la mitad del cuerpo electoral escocés (la abstención fue, en conjunto, del 49,6%). Algunas voces en Westminster han sugerido que el referéndum solo sería plenamente significativo si los votos a favor de la independencia representasen como mínimo el 40% del censo electoral (1,6 millones de votos). Con una participación similar a la de las elecciones de 2011 (apenas dos millones de votantes) ese umbral solo se podría conseguir con una distribución final del voto emitido del orden del 80% a favor del sí frente a solo 20% a favor del no, lo cual por el momento resulta más que dudoso. Solo en la inverosímil hipótesis de una participación masiva (¿alrededor del 80%, es decir, de unos 3,2 millones?) parece pensable una victoria del sí por más de ese 40% del censo.

Debe tenerse presente también que los datos de opinión disponibles indican que, en estos momentos, buena parte de la ciudadanía escocesa se inclina más bien por una “casi ruptura”, es decir, por una ampliación al máximo posible del actual proceso de “devolución” de competencias, pero sin llevar las cosas hasta el extremo de una secesión respecto del Reino Unido. El primer ministro británico, David Cameron, sabedor sin duda del peso real entre los escoceses de esta opción intermedia, logró, en la negociación con el líder independentista Alex Salmond, imponer que la pregunta quedara formulada de forma rotunda e inequívoca: la opción pura y dura entre un sí o un no, sin medias tintas. Y queda, por último, la incertidumbre respecto a si una secesión conllevaría la salida de Escocia de la UE. Esta se ha pronunciado ya con claridad sobre el hipotético caso de Cataluña, pero subsiste ambigüedad en el caso escocés.

Una breve nota final: en estos últimos años, una masiva mayoría ciudadana, y tanto en Escocia (70%-75 %) como en Cataluña (un 80%), se ha declarado partidaria, en los sondeos, de un referéndum sobre la independencia (lo que, cediendo a una admirable argucia conceptual —como bien la ha definido Javier Cercas— aquí hemos dado en denominar “derecho a decidir”). Los datos referidos a Escocia invitan a concluir que la obvia masiva identificación emocional que no puede sino suscitar lo que de ese modo se define (y que, subliminalmente, remite ni más ni menos que al derecho a la libertad) dista mucho de equivaler, sin más, a una opción neta por el independentismo. De hecho, en Cataluña, pese al aludido 80% y con una ciudadanía que masivamente reconoce no estar adecuadamente informada de lo que la secesión podría acabar suponiendo, apenas el 50% se muestra partidario del sí en un hipotético referéndum independentista —un 41% cuando se sugiere que la independencia podría suponer la salida de Cataluña de la UE, según datos recientes de Metroscopia—.

Pero ya no es tanto la economía

José Pablo Ferrándiz on Miércoles, 18 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

18/09/2013

El progresivo desgaste electoral del PP que, desde su victoria en las urnas en noviembre de 2011, viene detectando el Barómetro de Clima Social que Metroscopia realiza para EL PAÍS, está causado básicamente por el efecto cruzado de dos factores: la crisis económica y el denominado de forma genérica como caso Bárcenas, con impacto distinto de uno u otro, según los momentos.

Durante el año 2012 la cuestión económica fue el principal factor de erosión del capital electoral del PP. Primero, porque cuando se habían cumplido los primeros 100 días del nuevo Ejecutivo, los ciudadanos seguían sin percibir la prometida mejora de nuestra economía —que había anticipado Rajoy durante la precampaña— una vez que los populares hubieran llegado al Gobierno. Y segundo, porque esa sensación de ausencia de resultados económicos se hizo más intensa durante el segundo semestre del año, sobre todo tras el paquete de medidas anticrisis propuesto por el Gobierno y aprobado por el Congreso el 19 de julio —con los únicos votos a favor de la bancada popular—. Durante todo 2012 las expectativas pesimistas sobre la evolución de la situación económica de España superaron ampliamente a las positivas: y no solo entre el conjunto de los españoles, sino incluso también, entre los propios votantes del PP.

Desde el comienzo de 2013, sin embargo, el principal factor de desgaste electoral de los populares está siendo el caso Bárcenas. La forma en que tanto el Gobierno como los máximos dirigentes del PP han ido gestionando este asunto desde que el 31 de enero EL PAÍS publicara los documentos del extesorero —donde se mostraba la supuesta contabilidad B del PP y el supuesto pago de sobresueldos a algunos altos cargos del partido— está hundiendo las expectativas electorales de los populares. Ahora, el presidente Rajoy no puede escudarse en la economía para justificar sus malos resultados demoscópicos porque, precisamente desde comienzos de este año, la percepción ciudadana sobre la evolución la situación económica ha ido mejorando mes a mes no solo entre el conjunto de los españoles, sino, sobre todo, entre los votantes populares. Y, sin embargo, la confianza y la fidelidad de voto de sus electores han ido descendiendo, en paralelo, hasta alcanzar mínimos históricos. La gestión del caso Bárcenas está ejerciendo de fuerte contrapeso de las expectativas electorales del PP, que se muestra incapaz de capitalizar y lograr rédito político de ese cambio de tendencia en la visión ciudadana de la economía. El presidente Rajoy debería replantearse su estrategia en el asunto del extesorero si quiere aspirar a una nueva victoria en las próximas elecciones generales. Ya no depende tanto de la economía.

Evolución económica. Total españoles.

Evolución económica votantes PP

Confianza en Rajoy entre votantes PP

Fidelidad de voto

En twitter @JPFerrandiz

Es hora de cambios pero no de locuras

on Viernes, 13 Septiembre 2013. Posted in Análisis - Blog

Por Antonio López Vega 13/09/2013

En el último barómetro de Metroscopia continúa apreciándose que la valoración de los ciudadanos acerca de la vida política, sus instituciones y representantes, la Administración Pública o el sistema jurídico español no es nada positiva. Numerosos analistas están, asimismo, alertando sobre el peligro de implosión de nuestro actual sistema político y constitucional. Además, la marea humana que ha protagonizado  la Diada en Cataluña, así como el apoyo sustantivo que recibe la opción independentista en diferentes encuestas, ha hecho visualizar que el problema de vertebración territorial del Estado está lejos de ser un capítulo de nuestro pasado.

Los historiadores sabemos bien que nada es inevitable y que siempre hubo —y hay— otras posibilidades en el transcurso del ritmo histórico. En este sentido, la responsabilidad de los actores es máxima y, en esta coyuntura concreta, no se ha de focalizar, exclusivamente, en los actores políticos. Junto a ellos, responsables financieros, medios de comunicación, jueces y tribunales, intelectuales, jerarquía eclesiástica, en fin, sociedad civil y todos tenemos nuestro grado de responsabilidad en lo que pueda suceder.

Hoy se cumplen 90 años de la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera. Para algunos de nuestros más reputados historiadores, siguiendo a Raymond Carr, fue “la fecha decisiva en la historia de la España Contemporánea”. Entonces, se puso fin al sistema parlamentario liberal, tras seis años de colapso. Pensemos que en ese período, tras la crisis del verano de 1917, se probaron dos gobiernos de concentración nacional; vuelto el Turno, otros siete gobiernos conservadores entre 1919 y 1922 y, finalmente, un último gobierno liberal. Una gran mayoría recibió con agrado al dictador al que se anunció como el “cirujano de hierro” que habría de sanar el cuerpo enfermo del sistema político de la Restauración. E, incluso, la relativa bonanza económica a la que se asistió en los años de Primo hicieron ver ese período como una “Dictablanda” amable que no perjudicó a nuestro país (como demostraría la cooperación con la dictadura hasta bien avanzada la misma de los más variados sectores políticos y sociales, como algunos representantes del PSOE y la UGT).

Sin embargo, hoy sabemos bien que aquel fue el principio del fin. Roto el Estado de Derecho y las reglas del juego establecidas en la Constitución de 1876 que, a pesar de todos los problemas que tuvo, había hecho posible la convivencia de las dos Españas y la aceptación del adversario político, se abrió de nuevo la puerta al militarismo que, a la postre, pondría fin a la II República, cuya andadura, como sabemos, no fue nada fácil en un contexto de avance dictatorial en Europa y de fuerte crisis económica. El fallido golpe de Estado de 1936 nos introdujo en la peor de nuestras pesadillas, que dio lugar como sabemos a la larguísima dictadura de Franco.

Hoy, tras estos últimos cinco años de gravísima crisis económica, se cuestiona de nuevo el sistema político. Obviamente, no parece que haya riesgo de regresión en materia de libertades democráticas. Sin embargo, antes de abrir el melón constitucional, convendría tener muy en cuenta que, como bien muestra la historia, nada garantiza que lo que haya de venir, inexorablemente, vaya a mejorar lo que tenemos. Es importante que la fatiga democrática a la que asistimos y a la que ha contribuido de manera sustantiva la corrupción e irresponsabilidad de una parte muy significativa de nuestros dirigentes políticos, no lleve a la ciudadanía a apoyar y tomar decisiones —que nos hacen corresponsables cuando votamos— que pongan en riesgo los cuarenta años de mayor modernización y prosperidad de toda nuestra historia. Es hora de cambios, pero no de locuras.

Antonio López Vega es historiador y consultor de Metroscopia en análisis histórico-políticos. Ha sido galardonado con el Premio de Investigación Julián Marías para jóvenes investigadores.