En la vida política hay palabras tótem y palabras tabú. “República” y “monarquía” son, respectivamente, casos paradigmáticos al respecto. Hay quienes usan la palabra república como si, al pronunciarla, la boca se les inundara, sin más, de democracia; con la palabra monarquía no. La experiencia histórica y político-constitucional acumulada no avala en modo alguno un reduccionismo tan simplista. Por un lado, no cabe meter en el mismo saco a las repúblicas aristocrático-oligárquicas (como la griega y romana clásicas), las totalitarias (como la URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), las dictatoriales (como las de Salazar en Portugal, la de de Ortega en Nicaragüa o la de Maduro en Venezuela), las presidencialistas (como la estadounidense o la francesa), o las parlamentarias (como, entre otras muchas, la italiana o alemana actuales). De todas ellas, y pese a compartir el mismo nombre, solo las dos últimas modalidades merecen la consideración de democracias plenas. Y tampoco cabe igualar las monarquías absolutas del antiguo régimen con las monarquías constitucionales posteriores a la Revolución Francesa (en las que el poder era repartido o ejercido conjuntamente por rey y parlamento) o con las monarquías parlamentarias actuales (como las de Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda o España: todos ellos, por cierto, países que figuran entre los más avanzados socialmente de la Unión Europea).

La decisiva característica que, en la actualidad, confiere un idéntico grado de calidad democrática a repúblicas y monarquías parlamentarias es precisamente el concreto adjetivo (“parlamentarias”) que comparten y que es de crucial importancia: connota, en efecto, que en uno y otro tipo de Estado todo el poder político reside exclusivamente en las instituciones parlamentarias. Al respectivo Jefe del Estado (el presidente, el rey) le corresponden exclusivamente funciones representativas y arbitrales, sin duda imprescindibles pero que les sitúan totalmente al margen del debate político y de la pugna partidista-electoral.

El profesor Francesc de Carreras lleva ya tiempo explicando esto en sus escritos con tanta claridad y brillantez como moderado éxito (pues ya se sabe que no hay peor sordo que el que no quiere oír); pero léanle, merece la pena: deja meridianamente claro lo que tantos se empeñan —ignorante o sectariamente— en emborronar. Por supuesto, puede gustar más o menos, o parecer más o menos funcional, el distinto modo en que se designa al Jefe del Estado en estos dos tipos de democracia parlamentaria. Pero por respetable (y también compleja) que sea la discusión al respecto, en el fondo lo que plantea guarda más relación con el ámbito de la estética política que con la medición del nivel efectivo de democracia que una y otra conllevan.

En todo caso, los datos disponibles revelan que en cuanto a la forma del Estado, la sociedad española actual se muestra sumamente pragmática, como sin duda procede en una sociedad avanzada e ideológicamente plural: la mayoría —amplia— de españoles (según datos recurrentes de Metroscopia) considera que lo realmente importante no es que, constitucionalmente, nuestro país se organice en forma de monarquía o de república sino que la Jefatura del Estado sea ejercida de forma adecuada. Y, dicho esto, una asimismo amplia mayoría afirma que la Corona (tanto con su anterior titular, como ahora con Felipe VI) funciona de forma más que satisfactoria. De hecho, es la institución del ámbito jurídico-político que, en nuestro país, obtiene —con diferencia— la evaluación ciudadana más positiva en cuanto al desempeño de sus funciones. Independentistas catalanes (y Comunes) aparte, la Corona es, pues, percibida por la ciudadanía como un activo que fortalece nuestro andamiaje constitucional. Se explica así, por ejemplo, que en las encuestas del CIS –por citar ahora datos de una institución con la que no tengo relación profesional alguna, pero a la que respeto enormemente-, cuando se pregunta por los problemas que tiene España, en la larguísima lista de respuestas espontáneas que periódicamente se obtienen la monarquía figura, sistemáticamente al final, mencionada por un ínfimo 0,1% o un 0,2% de todos los españoles.

Así las cosas, no deja de ser pintoresco que en el Parlamento catalán, una ajustada mayoría de diputados (que representa a menos de la mitad de todos los catalanes) repruebe a la Corona, incomodando —por decirlo suavemente— a la otra media Cataluña, y a una muy amplia mayoría en el resto de España. Parecería que el Govern, y quienes lo apoyan, no tuvieran en su agenda temas sociales y económicos necesitados de más inmediata e intensa atención; o que, si los tienen (como realmente ocurre) no logran acordar entre sí como abordarlos y por ello optan por ocurrencias como esta. Se trataría de, adolescentemente, épater les bourgeois, de dar sensación de actividad y, de paso, de llenar el tiempo en espera de una coyuntura política más propicia para el languideciente procés. Para ello nada como recurrir al clásico espantajo del “enemigo exterior” (y ahora también —¡oh inesperada sorpresa!— interior) con tópicos de trazo grueso que contribuyan a mantener inflamados los ánimos creyentes: una España que roba, una monarquía opresora (¡que osa recordar que las leyes están para ser cumplidas!), un estado fascista y media Cataluña botifler. Que tan chocarrera caricatura no tenga nada que ver con la realidad es irrelevante. El procesismo parece haberse abonado a la peculiar estrategia que se atribuye a Lenin: si nuestros esfuerzos van en contra de la realidad, ¡peor para la realidad! Y de paso, claro está, para quienes viven en ella y no en ensoñaciones.

En política, observó Tarradellas, lo único que no se puede hacer es el ridículo. Me temo que hace ya mucho que el procesismo independentista dejó atrás la fase de las sonrojantes sobreactuaciones que producían vergüenza ajena (¡aquellas identificaciones con Martin Luther King, o con Mandela o con Rosa Parks!) para entrar, de lleno, en otra aún peor: cuanto ahora dice o hace suena a gastado y a hueco, y ya simplemente aburre.

Artículo publicado en: lainformacion.com