El 44% de los catalanes indica en este momento que en un referéndum plenamente legal sobre la independencia se inclinarían —en principio y sin tener en cuenta posibles consecuencias o alternativas— por votar a favor de la misma, según el sondeo de Metroscopia. Una cifra ligeramente superior (49%) lo haría en contra. Ahora bien, si se indica que la independencia conllevaría que automáticamente, y al menos de momento, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, los independentistas pierden cuatro puntos: 40% a favor y 53% en contra. Pero si a la tajante disyuntiva que conlleva el referéndum se contrapone una alternativa que cabría definir como “de consenso” (por ejemplo, un nuevo esquema constitucional y estatutario que garantizara a Cataluña nuevas y blindadas competencias en exclusiva) los partidarios de la independencia quedan en el 31%. Es decir, el soberanismo tendría en el momento actual un techo del 44%, y un suelo del 31%. Son cifras en modo alguno minimizables y que no cabe soslayar: están, han estado y van a estar ahí al menos en el futuro inmediato. No se trata por tanto de un soufflé a punto de desinflarse, pero tampoco de una creciente ola a punto de devenir tsunami. Albert Camus nos advirtió que todos tenemos derecho a nuestros propios sueños e ilusiones, pero que nuestra verdadera patria común es la realidad del tiempo en que vivimos. Y nuestra realidad actual, en esta cuestión, es que lo deseado por muchos no resulta, por el momento, posible. Y ese es un dilema, que conlleva un enorme potencial de frustración (para todos: soberanistas y no soberanistas) y que por tanto procede gestionar, por unos y otros, con tanta serenidad, respeto y tacto como realismo. Precisamente lo que no se está haciendo. El choque de trenes, la judicialización de lo que requiere en realidad remedio político, no aclara la cuestión, sino que la enturbia, no la sanea sino que la envenena.

Los datos disponibles indican, de forma rotunda, que en Cataluña existe un profundo y extendido malestar por el trato que, según una percepción muy extendida, esta recibe del gobierno español. Y eso es lo que contribuye a transmutar en independentistas a una fracción sustancial de catalanes que antes no lo eran. La cuestión no parece ya arreglable solamente con dinero: ese umbral ya ha quedado superado y lo que la situación ahora requiere es, además, un nuevo tipo de relación que se sustente en el respeto (antesala del afecto) con renuncia sincera a la desconfianza y a los tópicos y medias verdades. Por ambas partes. La clara mayoría de la población del Principado parece dispuesta a ello: la opción que el 69% declara preferir es la permanencia en España pero en un marco relacional razonablemente reajustado. En el resto de España, tiende a consolidarse una apreciable proporción de ciudadanos (33% en el conjunto nacional, 38% entre los más jóvenes y un llamativo 63% de los votantes de Podemos) partidaria de negociar, sincera y lealmente, ese nuevo marco convivencial con Cataluña. Lo relevante es que esta tendencia que parece apuntar al oeste del Ebro surge y se mantiene en ausencia de cualquier esfuerzo pedagógico al respecto por parte de instancia política alguna. La sociedad parecería así tender a ir, una vez más, por delante a la hora de avizorar salidas a problemas que nadie se atreve a plantearle con claridad. Probablemente cada vez vaya siendo menos cierto ese lema pusilánime que da por sentado que “lo que cedo en Cataluña, lo pierdo en Castilla”. Revela, a la vez, tanto un insuficiente conocimiento del sentir ciudadano real como, sobre todo, una lamentable renuncia a liderarlo en la dirección que más beneficiosa pueda ser para el país y no para las propias siglas políticas.