Que entre la ciudadanía catalana predomina una sensación de maltrato, y aun de agravio, por parte del resto de España (y, especialmente por parte del actual gobierno del PP) parece claro. Que para ese profundo malestar no se perciba ya otro alivio (sobre todo al este del Ebro) que la secesión no resulta, en cambio, tan evidente.

Para empezar, y de forma masiva (83%), la ciudadanía catalana considera desacertada la forma en que hasta ahora ha actuado el presidente Rajoy en relación con el órdago soberanista planteado por el gobierno de Artur Mas. En esto coincide también una clara mayoría del resto de los españoles (56%), entre los cuales solo un 28% se muestra conforme con el modo en que desde Madrid se está llevando la cuestión. De hecho, incluso entre los propios votantes populares, son tantos los que los se decantan por censurar en este punto al gobierno como los que le aprueban (42% frente a 43%). Pero, al mismo tiempo, también son mayoría (51% frente a 41%) los catalanes que consideran desacertado el actual planteamiento soberanista de su gobierno (en el resto de España expresa esta opinión el 72%).

Ciertamente, la mayoría (54% frente a 29%) cree en Cataluña que la independencia sería beneficiosa para el Principado y un 64% expresa la convicción de que resultaría nociva para España. Esto refleja bien a las claras la convicción de una gran parte de la ciudadanía catalana acerca de a quién beneficia más el actual estado de cosas. Este generalizado diagnóstico de que los males actuales provienen del hecho de formar parte de esta España —y al margen de que el mismo pueda ser validado, en mayor o menor medida, con datos fiables y detallados— es algo que en modo algo cabe desdeñar, pues sobre él se sustenta primordialmente (más que en la crisis económica o en su gestión por el gobierno autonómico) el actual dolorido sentir ciudadano. En el resto de España se comparte solamente la mitad de este diagnóstico, pues si siete de cada diez españoles coinciden en que una eventual secesión catalana sería nociva para España, esa misma proporción piensa que también lo sería para la propia Cataluña.

La política de oídos sordos del gobierno español y el paralelo tensionamiento creciente de la situación por el gobierno catalán y los grupos políticos que le apoyan explican probablemente que sean ya mayoría (55%) en Cataluña, y una importante minoría (39%) en el resto de España los ciudadanos que temen que resulte ya muy difícil, o casi imposible, un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Por más, dicho sea de paso, que ambas ciudadanías en el fondo lo deseen. En Cataluña, por ejemplo, predominan claramente (50% frente a 36%) quienes darían por definitivamente zanjado el actual desencuentro con una nueva configuración de España como estado federal. En el resto de España, las opiniones a este respecto se dividen, lo cual como mínimo invita a pensar que esta opción no resulta, de entrada, totalmente impensable. Por otro lado, la tradicional recia belicosidad española contra posibles secesionismos en lo que ha sido históricamente su configuración territorial se presenta ahora notablemente atenuada: en la hipótesis de un sí mayoritario en un referéndum de independencia, las reacciones que expresan más españoles es, por un lado, la no renuncia pese a ello a seguir negociando y negociando hasta alcanzar un nuevo marco constitucional que haga atractiva para Cataluña su permanencia en España (35%), ganando así la mano a la opción secesionista; y, por otro, la pacífica (y resignada) aceptación de la decisión, democráticamente adoptada, de la ciudadanía catalana (27%). Solo un 30% se muestra partidario del rechazo frontal, y por todos los medios disponibles, del veredicto secesionista arrojado por las urnas: es decir, de la confrontación a cara de perro.

En todo caso, la ciudadanía catalana no acaba de tener claro que la independencia, por más que resulte emocionalmente atractiva y hasta reconfortante, sea su mejor opción. En el momento actual siguen en torno al 50% los que se declaran dispuestos, en principio, a votar por la independencia (en este sondeo se quedan en el 49%; en el sondeo del CEO catalán del pasado mes de junio, en el 55%). Y el porcentaje se reduce incluso a un ya relativamente minoritario 41% cuando se plantea la posibilidad de que la independencia pudiera conllevar la salida de la Unión Europea.

Los ciudadanos de a pie, a uno y otro lado del Ebro, se aparecen así, en conjunto, como más serenos, razonables y proclives al pacto y a la negociación de lo que suelen, en cambio, mostrarse los respectivos liderazgos gubernamentales. Y si en sus opiniones y actitudes pueden dar también, en ocasiones, la sensación de desorientación y desconcierto, es porque quienes tienen por función apaciguar las emociones y canalizar conflictos y desacuerdos parecen, desafortunadamente, optar más veces de las precisas por atizarlos y exacerbarlos.

 

La díada del 11-S en Cataluña

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El País