En las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015 —las duodécimas desde la restauración de la democracia— se produjo la transformación del sistema de partidos vigente en España desde hacía décadas. Desde los comicios legislativos de 1993 y hasta los de 2011 nuestro sistema ha sido definido como un pluripartidismo limitado y no polarizado —utilizando las clásicas categorías de Sartori— o, si se prefiere, como un bipartidismo imperfecto protagonizado por el PSOE y el PP. Ambas formaciones políticas se fueron turnando en el poder gracias a sus victorias electorales: en ocasiones logrando la mayoría absoluta que les permitía gobernar en solitario y en otras consiguiendo mayorías minoritarias que les permitían un gobierno monocolor apoyado puntualmente por otras formaciones políticas. Un modelo multipartidista pero cuya competición real, en todo caso, estaba limitada y circunscrita únicamente a dos partidos (un multipartidismo con dinámica bipartidista).

Tras las elecciones de 2015 el sistema de partidos español se transforma en un multipartidismo, ahora sí, competitivo, con la presencia de cuatro partidos con capacidad de formar coaliciones de gobierno. Por primera vez desde las elecciones constituyentes de 1977 cuatro partidos políticos lograban superar el 10 % de los votos válidos emitidos sin que ninguno de ellos consiguiera alcanzar el 30 %. El PP obtuvo el 28.7 %, el PSOE el 22 %, Podemos el 20.7 % y Ciudadanos el 13.9 %. Además, nunca antes la diferencia entre el primer y el cuarto partido, tanto en número de votos como en número de escaños, había sido tan estrecha: 15.8 puntos porcentuales y 83 diputados. Asimismo, el número de escaños logrado por la formación política que consiguió más votos (en este caso, el Partido Popular) fue el más bajo de todos los procesos electorales anteriores (123). Y fue, también, la primera vez que el segundo partido se quedaba por debajo de los 100 diputados (el PSOE logró 90). Por otro lado, nunca antes la suma de porcentajes de votos y la suma de escaños de los dos partidos principales habían sido tan reducidas: 50.7 % y 213 diputados (un 60.9 % del total de los 350 escaños que componen el Congreso de los Diputados). Y otra novedad: fue la primera vez que dos partidos debutantes en unas elecciones generales obtenían tantos votos y escaños como los logrados por Podemos y por Ciudadanos: entre los dos sumaron casi nueve millones de votos (5.189.333 votos los primeros y 3.500.446 los segundos) y casi un tercio de los diputados del Congreso (109: 69 y 40, respectivamente). También fue la primera vez que los españoles se fueron a la cama la noche electoral sin estar seguros de quién iba a ser su próximo presidente del Gobierno. De hecho, por primera vez en la historia de España, hubo que repetir las elecciones generales por la falta de acuerdo entre los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria para elegir a un presidente. Tras las elecciones de 2015, el 13 de enero de 2016 se iniciaba la XI Legislatura que finalizó el 3 de mayo de este mismo año pasando a ser —otra novedad— la más corta de la democracia española: solo duró 111 días.

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Los resultados del 20D fueron excepcionales pero no supusieron sorpresa alguna si se analizan a la luz de algunos acontecimientos, de algunos sondeos de opinión y, también, de algunos datos electorales previos a los comicios. Las señales del multipartidismo por venir estaban ahí.

El 15M. Las movilizaciones iniciadas una semana antes de las elecciones municipales de 2011 reclamando, entre otras cosas, cambios en la forma de hacer política de los partidos y cambios en los propios partidos, concitaron el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Año tras año —desde 2011 y hasta 2014— los españoles manifestaban su simpatía por un movimiento al que consideraban pacífico y con el que compartían la mayoría de sus demandas. A lo largo de esos años, los españoles no dejaban de reclamar, sondeo tras sondeo, que los partidos políticos introdujeran cambios profundos en su forma de funcionar para prestar más atención a las necesidades de los ciudadanos (así pensaba un 90 % en abril de 2012) o, directamente, que surgieran nuevas formaciones para que la oferta partidista fuera más amplia (así lo pedía un 70 % en mayo de 2013). De hecho, un 74 % pensaba —también en mayo de 2013— que sería bueno para el sistema político español que los dos partidos predominantes en la escena política española en esos años, PP y PSOE, pasaran a compartir protagonismo con otros partidos de ámbito nacional (en aquellos momentos, IU y UPyD). Y un 67 % consideraba que para ser plenamente eficaces, los movimientos y plataformas sociales que habían surgido en esos años (principalmente el movimiento 15M, las mareas ciudadanas en defensa de la educación y la sanidad públicas y la plataforma de afectados por las hipotecas) deberían formar una plataforma política nueva que los agrupara y que pudiera competir con los partidos políticos existentes.

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Los huérfanos del PSOE. De los cuatro principales partidos que se presentaron a las elecciones generales del 20N de 2011 —PP, PSOE, IU y UPyD— solo los socialistas perdieron votos con respecto a las precedentes elecciones de 2008. Los populares ganaron más de medio millón de votantes, UPyD más de ochocientos mil y la coalición rojiverde más setecientos mil. Los socialistas, por el contrario, perdieron más de cuatro millones. Durante la segunda legislatura de Zapatero una parte sustancial de sus votantes se fue alejando electoralmente de PSOE: primero se marcharon los votantes más pragmáticos críticos con la persistente insistencia de Zapatero en negar una crisis económica que la mayoría de los ciudadanos ya percibía; después lo hicieron los votantes más ideológicos descontentos con las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno en mayo de 2010 (medidas que fueron vistas como muy alejadas del ideario socialdemócrata). Una parte de estos huérfanos políticos del PSOE optó por votar a otras formaciones políticas en las elecciones generales de 2011; otra parte prefirió abstenerse. En todo caso, la mayoría no retornó posteriormente a las filas socialistas sino que prefirieron votar en 2015 a los dos partidos emergentes: Podemos y Ciudadanos.

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Los huérfanos del PP. No existe en España un precedente de un desgaste tan rápido de un Gobierno recién elegido. Tras las elecciones de 2011 y después de unos primeros meses de apoyo ciudadano, la imagen del nuevo Gobierno se tornaba negativa cuando tan solo habían transcurrido 100 días desde su formación: en la oleada de abril de 2012 del Barómetro de Clima Social de Metroscopia pasaban a ser mayoría (64 %) los españoles que decían tener una impresión negativa del Ejecutivo. Este rápido desgaste de imagen se sustentaba en la percepción mayoritaria —un 56 % de los ciudadanos así lo pensaba— de que no estaba sabiendo hacer frente de forma adecuada a la situación económica. Esta negativa impresión de conjunto se tradujo en el abandono electoral de una sustancial parte de quienes habían votado al PP en 2011. En dos fases. Una primera tuvo lugar entre abril y julio de 2012: en este último mes el PP adoptó un paquete de medidas anticrisis muy similar —o así era percibido— al llevado a cabo por el anterior Gobierno del PSOE que le hizo perder el apoyo de —sobre todo— electores que en 2008 habían votado a los socialistas y en 2011 habían optado por el PP. La segunda fase se inicia en los primeros meses de 2013 coincidiendo con la publicación de la supuesta contabilidad oculta del PP entre 1990 y 2008 (los denominados “papeles de Bárcenas”). Su fidelidad de voto, históricamente muy alta, cayó por debajo del 50 %.

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Cuatripartidismo incipiente. No obstante, y según las encuestas, el desgaste electoral del PP no lo capitalizaba, como históricamente había ocurrido, el PSOE. Los huérfanos electorales de los dos principales partidos optaban, principalmente, por la abstención (que dejó de ser una respuesta vergonzante en las encuestas para pasar a ser una manifestación del descontento político) y, en menor medida, por los otros dos partidos de ámbito nacional: IU y UPyD. Estos dos procesos —uno de expulsión hacia la abstención y otro de reordenación del electorado— quedaron reflejados en la oleada del Clima Social de febrero de 2013. Por un lado, la estimación de participación electoral se situaba en un preocupante mínimo histórico: solo un 53 %, casi 20 puntos menos que en las elecciones de 2011. Por otro lado, se producía un cuatripartidismo incipiente con cuatro formaciones políticas superando el 10 % de los votos pero ninguna alcanzando el 30 %: un 23.9 % el PP; un 23.5 % el PSOE; un 15.3 % IU y un 13.6 % UPyD.

Hay que tener en cuenta que en esa fecha, cuando apenas había transcurrido un año de la mayor victoria electoral del PP en unos comicios generales, el 80 % de los españoles (un 66 % entre los votantes populares) decía no sentirse representado por el Congreso de los Diputados (¿se acuerdan de aquel lema del 15M “No nos representan”?).

Desconfianza ciudadana en las instituciones políticas. Desde la primera oleada del Barómetro de confianza ciudadana en las instituciones de Metroscopia, llevada a cabo en el año 2012, hasta la última de 2015, las instituciones más estrechamente relacionadas con el ámbito político —políticos, partidos políticos, instituciones políticas en general— han ocupado siempre, junto a los bancos, los últimos puestos del ranking. La crisis económica provocó, sin duda, una importante crisis social que llegó a transformar el sistema. Y frente a la mayor crisis económica y a la más grave y profunda crisis social a las que España ha tenido que hacer frente en décadas, los ciudadanos se encontraron con unas instituciones políticas que se mostraron incapaces de atender a sus urgentes demandas de ayuda. Durante estos años, los españoles han venido reprochando de forma masiva (sin diferencias en función de la edad o de la ideología) a los partidos políticos y a sus líderes su incapacidad para alcanzar los grandes acuerdos que los ciudadanos entendían que demandaba la crisis. Año tras año, los españoles constataban la carencia de liderazgos políticos confiables y eficientes cuando más necesarios resultaban.

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La situación económica, la social y la política de España parecían, así, ser un estupendo caldo de cultivo para el surgimiento de nuevas formaciones políticas que atendieran a las demandas ciudadanas. Y así fue.

Podemos y Ciudadanos hacen acto de presencia. La gran sorpresa de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo 2014 fueron los cinco escaños logrados por Podemos, un partido de reciente creación y que por primera vez se presentaba a unos comicios (del orden que fueran) en nuestro país. Pero lo más interesante fue lo que vino después. Los sondeos postelectorales suelen detectar un aumento significativo —en comparación con el dato real— del porcentaje de electores que manifiestan haber votado por el partido que es percibido como ganador de los comicios. La explicación de esta diferencia es que, una vez conocido el resultado electoral y su trascendencia, un porcentaje de electores opta por apuntarse al bando de los triunfadores, al carro (percibido como) ganador. Este hecho —que es conocido como efecto bandwagon o de arrastre— puede expresar, también, un intento de algunos electores de reconstrucción del pasado: no voté a ese partido, pero debería o me gustaría haberlo hecho. Siguiendo este razonamiento, tras las elecciones europeas de ese año, todo parece indicar que los ciudadanos asignaron ese papel de ganador —o una mayor trascendencia a su resultado que al de otros— a Podemos. Si en las elecciones fue un 3.6 % del Censo de Electores Residentes (CER) el que votó a la formación liderada por Pablo Iglesias, en el sondeo de Metroscopia decía haberlo hecho el 9.4 %: casi tres veces más.

Por otro lado, tanto en el Barómetro de julio de 2014 del CIS como en el Clima Social de Metroscopia de octubre de ese año, Podemos se situaba en segunda posición en la Intención Directa de Voto para el caso de unas elecciones generales. Un hecho inédito porque era la primera vez en toda la serie histórica (del CIS y de Metroscopia) que un partido que no fuera el PSOE o el PP se situaba en segunda posición en ese indicador.

Por su parte, y en enero de 2015, Ciudadanos hacía acto de presencia. El Clima Social de enero de Metroscopia mostraba que la formación que lideraba Albert Rivera estaba en condiciones, apenas un mes después de anunciar formalmente su intención de concurrir a las siguientes elecciones generales, de hacerse con unos dos millones de votos (el 8.1 % de la participación estimada por Metroscopia), lo que le otorgaba la condición de cuarta fuerza política nacional. El cuatripartidismo ya estaba entre nosotros.

La confirmación de los partidos emergentes. La primera prueba de fuego para Podemos y Ciudadanos fueron las elecciones al Parlamento andaluz de marzo de 2015. Se trataba de comprobar si su éxito demoscópico se materializaba en las urnas en las primeras elecciones a las que se postulaban fuera de su ámbito “natural” (Europa en el caso de Podemos y Cataluña en el de Ciudadanos). Y así fue: Podemos logró el 14.8 % de los votos y 15 diputados y Ciudadanos el 9.3 % y 9 escaños. Un resultado histórico que se confirmaría posteriormente, primero, en las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo de ese año (entre ambos partidos lograron casi cinco millones de votos en los comicios locales) y, después, en las elecciones al Parlamento de Cataluña en septiembre (donde Ciudadanos con más de setecientos mil votos se situó como principal partido de la oposición y la marca de Podemos —Catalunya Sí que es Pot— más de trescientos mil).

Las elecciones generales de 2015 y 2016. Pero, sin duda, la confirmación del multipartidismo se produjo en las elecciones generales del 2015 cuando se dieron los resultados descritos al principio de este artículo. Tal y como venían reclamando los ciudadanos sondeo tras sondeo era el tiempo de los pactos. Como es conocido por todos, los partidos políticos fueron incapaces de llegar a acuerdos y hubo que repetir las elecciones. Los partidos y sus líderes parecían querer dejar en manos de la aritmética (que los ciudadanos votaran otra cosa diferente de forma que fuera más fácil para los partidos llegar a entenderse) lo que era una cuestión política. Pero los ciudadanos volvieron a votar multipartidismo. Con alguna variación con respecto a 2015 (el PP logró superar el 30 % de los votos) el resultado de las elecciones del 26 de junio de 2016 repitió básicamente el esquema multipartidista de seis meses antes: de nuevo eran necesarios los pactos y/o acuerdos entre al menos tres partidos para formar Gobierno.

Preferencia por el multipartidismo. A pesar de que el nuevo sistema de partidos español parece haber hecho más difícil la formación de nuevos Gobiernos, los ciudadanos no han dejado de apoyar el multipartidismo. Desde la oleada del Clima Social del mes de mayo de 2014 —coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo de ese año— el porcentaje de españoles que considera que lo mejor para nuestro país es un sistema de varios partidos de tamaño similar antes que un sistema con dos grandes partidos (aunque esto último facilite la formación de Gobiernos) no ha bajado, hasta la fecha, del 60 %. Y desde marzo de 2015, tres de cada cuatro españoles han venido manifestando su preferencia por un sistema en el que PP y PSOE dejaran de ser los dos partidos predominantes para pasar a compartir protagonismo con otros partidos con los que tener que contar para poder gobernar.

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