Para seis de cada diez españoles la situación económica ha sido el factor decisivo a la hora de votar en las elecciones del 26J. Es llamativo que esta proporción es básicamente la misma con independencia de la ideología. Tan solo entre quienes votaron por Unidos Podemos y Ciudadanos, el porcentaje es algo superior -alcanza el 75% y 72% respectivamente. Parece que lo que ha primado en estas elecciones es el voto económico. Sin embargo, resulta paradójico que el Partido Popular, gestor de los recortes desde su posición de Gobierno, no haya sido más penalizado sino que, por el contrario, incluso haya incrementado en 700.000 votos su caudal electoral desde las anteriores elecciones de 2015.

Los españoles siguen juzgando con dureza la situación del país. Ajenos a los múltiples indicios que sugieren lo contrario, el 75% mantiene la idea de que la economía española va mal y el 66% cree que el paro seguirá durante bastante tiempo igual de alto que ahora, o incluso más. La inestabilidad política (vulnerabilidad política), los riesgos macroeconómicos percibidos (riesgo económico) y el cada vez más dañado bienestar social (vulnerabilidad social) —reflejado en una creciente desigualdad económica— se convierten en barreras insuperables para la reconstrucción del optimismo económico.

En España, se ha utilizado el voto económico como una regla premio-castigo (Key, 1966), es decir, el voto económico sirve tanto para castigar como para premiar al Gobierno de un país según haya desempeñado su política económica. En los comicios legislativos de 1993, perjudicó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y favoreció las expectativas electorales del Partido Popular (PP). En 2011, penalizó duramente al PSOE y otorgó la mayoría absoluta al PP. Desde ese triunfo de 2011, la crisis económica ha sido —junto con la corrupción— una de las principales causas de desgaste del PP.

Los datos del Barómetro mensual de Clima Social de Metroscopia señalan que, entre enero de 2012 y enero de 2013, se produjo el mayor descenso en la intención de voto del PP de toda la legislatura: pasó del 31% al 14% en solo doce meses. Por un lado, porque los ciudadanos seguían sin percibir la prometida mejora de nuestra economía que Rajoy había anunciado antes de las elecciones; y por otro, porque esa sensación de ausencia de resultados económicos se agudizó con el paquete de medidas anticrisis introducidas por el Gobierno del PP al inicio de legislatura.

Sin embargo, —según la teoría del premio-castigo— los últimos resultados electorales deberían habernos conducido hacia un escenario mucho menos favorable para el PP. Este imprevisto mayor respaldo hacia el partido del Gobierno puede deberse, entre otras cuestiones, al nuevo contexto político actual. Primero, porque por primera vez en la historia de nuestra democracia, son cuatro las formaciones políticas que se distribuyen el grueso del voto. Esto hace que como novedad, también se reparta el castigo: PSOE y PP son percibidos como responsables de la crisis. Uno, por no verla venir y otro, por el daño causado para tratar de remediarla. Ambos son penalizados, aunque en distinta magnitud: el PP ha perdido cerca de 3 millones de votos con respecto a 2011 y el PSOE algo más de un millón y medio). Y en segundo lugar, porque el PP ha logrado estimular a su electorado y perfilarse como la única alternativa de estabilidad económica. El recelo hacia nuevas formas de gestionar la economía ha hecho emerger un voto de la estabilidad entre quienes consideran que cualquier cambio es peor y que más vale lo conocido, aunque no sea lo mejor.

Cuando la sociedad vive desilusionada y con temor al mañana está más predispuesta a apoyar políticas que le ofrezcan seguridad, por desacertadas que estas sean. Como recordaba Antón Costas, este temor hace recordar un momento histórico que tiene similitudes con el actual, el discurso de toma de posesión del presidente de Franklin D. Roosevelt —el 4 de marzo de 1933, en medio de la Gran Depresión— en el que afirmó que “a lo único que hay que temer es al miedo”. El miedo al que se refería Roosevelt era el de los gobiernos a cambiar las políticas que habían agudizado los efectos de la crisis financiera de 1929, provocando paro masivo y desesperanza.

El futuro Gobierno de España debería ser capaz de combinar las fuerzas para poner en marcha un New Deal, un nuevo pacto social que salve a nuestra economía y garantice la protección del bienestar de todos.

Ficha técnica.- El sondeo se ha efectuado mediante entrevistas telefónicas a una muestra nacional de personas residentes en España, mayores de 18 años y con derecho a votar en elecciones generales. Se han completado 4.000 entrevistas a través de llamadas a teléfonos móviles seleccionados de forma aleatoria a partir de un generador automático de números telefónicos. Posteriormente se han calibrado los datos a partir de una ponderación múltiple por las variables sexo, edad, hábitat y región (Comunidad Autonóma). La eficiencia de la ponderación es del 73.7%, de modo que la muestra efectiva equivale a 2948 entrevistas. El error de muestreo, para un nivel de confianza del 95.5% (que es el habitualmente adoptado) y asumiendo los principios del muestreo aleatorio simple, en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50%), es de ± 1.6 puntos (tras la ponderación es de ± 1.8 puntos). La recogida de información y el tratamiento de la misma han sido llevados a cabo íntegramente en Metroscopia. La fecha de realización del trabajo de campo es del 29 de junio al 4 de julio de 2016.