Desde 1980, se han celebrado en Cataluña doce elecciones autonómicas. En la primera, la de 1980, los dos partidos claramente nacionalistas que a las mismas concurrieron —CiU y ERC— lograron, en conjunto, el 36.6% de los votos. En los once comicios siguientes, el promedio de votos obtenido en conjunto por las formaciones nacionalistas (CiU, ERC, CUP, en las distintas modulaciones estratégicas de cada uno en cada momento) ha quedado ni más ni menos que en el 48.6% del total de votos emitidos. Es decir, de forma recurrente, y durante casi ya cuatro decenios, la campana nacionalista (gracias a los diferentes, complementarios y sucesivos sonidos con que se ha sabido hacerla sonar: pactismo autonomista, nacionalismo posibilista o unilateralismo independentista) ha logrado atraer a casi la mitad de la ciudadanía catalana, aunque no siempre con la misma intensidad. El promedio pro-nacionalista más elevado (53.9%) se produjo en 1992; el menos elevado (45.5%), en 2010; precisamente en 2010.

Teniendo en cuenta estos datos, el 47.5% logrado en conjunto por JxC, ERC y CUP en las elecciones últimas (las del 21 de diciembre pasado), o el 47.7% de las inmediatamente anteriores (2015), no tendrían, por sí mismos, que suponer mayor motivo de alarma: son las usuales cifras globales del bloque nacionalista. Lo que ocurre es que ahora esta estabilidad cuantitativa se dobla con una importante novedad cualitativa: la feligresía que con ese campaneo se agrupaba antes en torno a la senyera, propende ahora a hacerlo en cambio en torno a la estelada, por decirlo de forma sintética. Es decir, la oferta ideológico-identitaria ha cambiado sustancialmente de dirección e intensidad sin por ello mermar en nada su atractivo electoral. Y así, lo que en esencia era, ante todo, un desacuerdo entre catalanes sobre cuestiones más bien de matices, se ha convertido ahora en un radical desajuste entre ellos en cuanto a la melodía misma. Y, de paso, lleva todo el camino de generar una grave crisis de Estado.

La actual situación, que produce perplejidad a todo observador carente de prejuicios o anteojeras, suscita de inmediato dos preguntas: ¿cómo explicar que media Cataluña, identificada durante tres decenios con el tacticismo nacionalista, moderado y posibilista, de Jordi Pujol, haya pasado ahora, casi de la noche a la mañana, a hacerlo con un independentismo que no solo ha optado por la vía unilateral (la más agresiva y arriesgada posible para lograr su propósito) aceptando además un liderazgo que resulta muy difícil no percibir a años-luz —en cuanto a competencia política, habilidad y visión de futuro— del de los Jordi Pujol, Miquel Roca o Josep Antoni Durán Lleida de ese antaño todavía tan cercano? ¿Y cómo explicar, por otro lado, la asombrosa estolidez del gobierno del PP ante tantas e inequívocas señales emitidas desde 2014 por el independentismo catalán, su negativa a reconocer la profunda e inequívoca raíz política del conflicto, y su recurso, como único remedio, a alambicadas ecuaciones jurídicas como si de un ejercicio práctico de unas oposiciones a algún alto cuerpo funcionarial se tratase? 

Una crisis constitucional —escribe Tom Burns Marañón en el inicio mismo de su sugerente y recién disponible reflexión sobre la actual situación política española (Entre el ruido y la furia. El fracaso del bipartidismo en España, Galaxia Gutenberg, 2018)— es fruto de un conjunto de circunstancias y entre ellas siempre figuran dos. Una es el descuido y la dejadez, la mediocridad y hasta la inmoralidad (…) . La otra es la irrupción de bruscos cambios en el entorno socioeconómico que el sistema es incapaz de encauzar y que aceleran su extenuación. Una crisis constitucional no es un accidente fortuito”. Si el caso catalán desemboca en crisis constitucional no será, ciertamente, por azar: unos la habrían buscado con éxito, otros habrían fracasado en evitarla. A ambos, por el momento, les van castigando severamente las urnas. A unos, infligiéndoles, una vez más, la innegable humillación que supone seguir, pese a tanta extremada arrogancia, por debajo del umbral mínimamente (muy mínimamente) exigible para poder hablar con propiedad en nombre de toda Cataluña: solo podrán seguir haciéndolo, como mucho, en nombre de la mitad de ella. A los otros, dejándoles literalmente fuera juego precisamente en una cancha en la que, como ya se empieza a percibir que de lo que en ella se trata es, en realidad, del Estado, cuanto en la misma acontece les va a pasar severa factura en el resto de España (en vez de aportarles réditos, como alguna vez pudieron quizá pensar).

Sabemos, desde hace tiempo, que el independentismo no es un bloque hermético y sin fisuras. Sabemos (hay decenas de datos publicados que lo indican) que una parte sustancial de quienes han apoyado el procés son independentistas sobrevenidos, abiertos a soluciones intermedias a poco que se les hubiera entreabierto esa posibilidad. Y sabemos que, por desgracia, quienes tenían la obligación de actuar, en consecuencia, con tacto y sutileza, han acabado inflamando aún más la situación, en vez de reconducirla. Tanta mediocridad, tanta supuesta astucia, tanta improvisación, tanta incapacidad política no pueden durar ya mucho más. El ridículo y la inoperancia tienen un límite: el de la paciencia ciudadana, que no es infinita. Y cada vez son más y más claras las señales que advierten de la llegada de un ciclo político nuevo.