En el último barómetro de Metroscopia continúa apreciándose que la valoración de los ciudadanos acerca de la vida política, sus instituciones y representantes, la Administración Pública o el sistema jurídico español no es nada positiva. Numerosos analistas están, asimismo, alertando sobre el peligro de implosión de nuestro actual sistema político y constitucional. Además, la marea humana que ha protagonizado  la Diada en Cataluña, así como el apoyo sustantivo que recibe la opción independentista en diferentes encuestas, ha hecho visualizar que el problema de vertebración territorial del Estado está lejos de ser un capítulo de nuestro pasado.

Los historiadores sabemos bien que nada es inevitable y que siempre hubo —y hay— otras posibilidades en el transcurso del ritmo histórico. En este sentido, la responsabilidad de los actores es máxima y, en esta coyuntura concreta, no se ha de focalizar, exclusivamente, en los actores políticos. Junto a ellos, responsables financieros, medios de comunicación, jueces y tribunales, intelectuales, jerarquía eclesiástica, en fin, sociedad civil y todos tenemos nuestro grado de responsabilidad en lo que pueda suceder.

Hoy se cumplen 90 años de la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera. Para algunos de nuestros más reputados historiadores, siguiendo a Raymond Carr, fue “la fecha decisiva en la historia de la España Contemporánea”. Entonces, se puso fin al sistema parlamentario liberal, tras seis años de colapso. Pensemos que en ese período, tras la crisis del verano de 1917, se probaron dos gobiernos de concentración nacional; vuelto el Turno, otros siete gobiernos conservadores entre 1919 y 1922 y, finalmente, un último gobierno liberal. Una gran mayoría recibió con agrado al dictador al que se anunció como el “cirujano de hierro” que habría de sanar el cuerpo enfermo del sistema político de la Restauración. E, incluso, la relativa bonanza económica a la que se asistió en los años de Primo hicieron ver ese período como una “Dictablanda” amable que no perjudicó a nuestro país (como demostraría la cooperación con la dictadura hasta bien avanzada la misma de los más variados sectores políticos y sociales, como algunos representantes del PSOE y la UGT).

Sin embargo, hoy sabemos bien que aquel fue el principio del fin. Roto el Estado de Derecho y las reglas del juego establecidas en la Constitución de 1876 que, a pesar de todos los problemas que tuvo, había hecho posible la convivencia de las dos Españas y la aceptación del adversario político, se abrió de nuevo la puerta al militarismo que, a la postre, pondría fin a la II República, cuya andadura, como sabemos, no fue nada fácil en un contexto de avance dictatorial en Europa y de fuerte crisis económica. El fallido golpe de Estado de 1936 nos introdujo en la peor de nuestras pesadillas, que dio lugar como sabemos a la larguísima dictadura de Franco.

Hoy, tras estos últimos cinco años de gravísima crisis económica, se cuestiona de nuevo el sistema político. Obviamente, no parece que haya riesgo de regresión en materia de libertades democráticas. Sin embargo, antes de abrir el melón constitucional, convendría tener muy en cuenta que, como bien muestra la historia, nada garantiza que lo que haya de venir, inexorablemente, vaya a mejorar lo que tenemos. Es importante que la fatiga democrática a la que asistimos y a la que ha contribuido de manera sustantiva la corrupción e irresponsabilidad de una parte muy significativa de nuestros dirigentes políticos, no lleve a la ciudadanía a apoyar y tomar decisiones —que nos hacen corresponsables cuando votamos— que pongan en riesgo los cuarenta años de mayor modernización y prosperidad de toda nuestra historia. Es hora de cambios, pero no de locuras.

Antonio López Vega es historiador y consultor de Metroscopia en análisis histórico-políticos. Ha sido galardonado con el Premio de Investigación Julián Marías para jóvenes investigadores.

El País