La mayoría absoluta de los españoles (53%) cree que la Constitución necesita ya reformas profundas. Este porcentaje llega al 75% en Cataluña. Es la primera vez que la ciudadanía expresa un diagnóstico tan rotundo: hasta ahora había predominado siempre, de forma clara, la idea de que solo eran precisos retoques parciales; hace cinco años, por ejemplo, quienes creían necesaria una reforma a fondo eran la mitad que ahora: el 29%.

Esta negativa evaluación ciudadana del grado de lozanía de nuestro sistema constitucional es especialmente intensa respecto de la organización territorial del Estado: para un 82%, debe ser reformada con urgencia. En esto coinciden jóvenes y mayores, votantes de PP, PSOE, IU o UPyD, catalanes, vascos y el resto de españoles. Pero solo en esto, pues al mismo tiempo existe en nuestra sociedad una profunda divergencia en cuanto al sentido de esta masivamente requerida reforma. Lo que el 45% espera es freno y marcha atrás: es decir, recuperación por el Estado de muchas de las competencias transferidas o, incluso, la vuelta a un estado centralista, sin autonomías. En el polo opuesto, un porcentaje algo menor pero sustancial (35%) considera que la reforma debe consistir en pisar el acelerador autonomista, ampliando las transferencias al máximo posible. Tan solo el 13% de los españoles cree que el Estado de las autonomías deba permanecer tal y como ahora está estructurado.

Durante casi 30 años la historia del sistema autonómico español ha sido, desde la óptica ciudadana, la historia de un claro éxito. En gran medida su consolidación se ha asociado con el generalizado avance socioeconómico del país. La prescripción orteguiana para desperezar y dinamizar España (“imponer la autonomía comarcana o regional”) parecía haber quedado inequívocamente avalada por los resultados conseguidos. Hasta que, con la crisis, ha ido quedando al descubierto gradualmente la otra cara, hasta entonces oculta (o ignorada), del modelo: endeudamiento tan profundo como innecesario, incompetencia, ineficiencia, clientelismo, corrupción… Y de ahí el pujante cuestionamiento en gran parte de España, en el momento presente, del camino autonomista recorrido. En comunidades como Madrid, Castilla y León, Aragón o Asturias, y según datos del CIS, han pasado a constituir mayoría relativa (43%) los ciudadanos que anhelan —para sus regiones— menos autonomía, sin descartar el retorno a un Estado centralizado. En otras 11 Comunidades (entre ellas dos “históricas”: Andalucía y Galicia) predomina, en cambio, de forma clara, el deseo de que se mantenga el modelo autonómico tal y como ahora funciona. Finalmente, en el País Vasco y sobre todo en Cataluña, una amplia mayoría absoluta ciudadana apuesta por la potenciación, al máximo posible, del autonomismo.

Metroscopia 35 años de la Constitución

De algún modo, tras estos datos cabe vislumbrar la emergencia —incipiente pero ya apreciable— entre la ciudadanía de un nuevo enfoque de la cuestión, que vendría a superar tanto aquel inicial “café para todos” como el acomplejado e infantilmente envidioso planteamiento de “lo que consiga Cataluña lo tendrá inmediatamente también mi región” (conocido también en algunos círculos como “doctrina Camps”). En efecto, cuatro de cada diez españoles —y sin que nadie, hasta ahora, haya hecho la menor pedagogía política en esta dirección, fuera de Cataluña o del País Vasco— piensan que cada comunidad debe poder tener las competencias que desee o que se vea en condiciones de asumir, independientemente de lo que hagan las demás. Nuestra sociedad parece así estar, gradual y espontáneamente, visualizando la posibilidad de un autonomismo “a la carta”, o lo que es igual, de un autonomismo asimétrico. Que, a la postre, resulte factible y, sobre todo, asumible sin generar sentimientos de agravio comparativo más o menos sinceros o fundados, dependerá ciertamente de cómo sepan, en adelante, gestionar esta incipiente situación los actores políticos. Es decir, dependerá de la calidad (tan puesta en entredicho) del liderazgo político en este tiempo inmediato. Porque, en definitiva, si una parte de España quiere para sí más autonomía y otra quiere menos, ¿por qué ha de ser absolutamente imposible complacer a ambas?

El País