Cuarenta años después del final del franquismo, y coincidiendo con una grave y profunda crisis económica —que ha dañado severamente nuestro tejido social— la confianza ciudadana en nuestra clase política ha ido cayendo gradualmente hasta quedar en niveles mínimos. Fue el CIS, en su Barómetro de julio de 2010, el primero en dar la voz de alarma: los políticos habían pasado a ser percibidos como el tercer problema más importante de España (lo indicaba así el 22% de los españoles, tras el la situación económica —53%— y el paro   —78%—; por entonces, la corrupción no tenía aún, en la conciencia pública, el papel estelar que poco después adquiriría). Sencillamente, para una fracción sustancial de la ciudadanía, los llamados por su función institucional a procurar remedio a los problemas existentes  —los políticos— habrían franqueado la línea roja final. Sin duda, en las democracias consolidadas, los políticos rara vez gozan de una imagen establemente positiva. Por lo general, su consideración social tiende a ser ambivalente: fluctúa entre un más o menos respetuoso recelo y un más o menos reticente reconocimiento de su utilidad para gestionar demandas y conflictos sociales. Pero gozar de una simpatía y consideración fluctuantes no es lo mismo que pasar al lado oscuro, como uno más de los problemas que lastran la vida del país.

La existencia de un generalizado e intenso descrédito de la clase política no es una rareza en la vida política democrática. Se ha registrado, y se registra, con parecida intensidad, en varios de nuestros socios de la Unión Europea y es cíclicamente endémica, desde 1958, en Estados Unidos, la democracia más antigua y estable. Tampoco es algo que, por fuerza, revista una gravedad imparable. Son muchos los estudios que han dejado claro que el desprestigio —cuando se produce— de los políticos sólo termina erosionando el crédito social de las instituciones si se mantiene constante, y sin ser remediado, en el tiempo. Por lo general, en una democracia asentada la ciudadanía suele tener la suficiente perspicacia para distinguir entre las instituciones y quienes las pilotan y el remedio que aplica cuando el percibido mal hacer de estos gestores no se enmienda, es, sencillamente proceder a su relevo. Y si ese desprestigio alcanza no solo a quienes están en el poder, sino también a quienes institucionalmente constituyen la oposición, se propicia una renovación a fondo de la escena política abriendo la puerta a savia nueva.

Y, a grandes rasgos, eso es lo que ahora está pasando en España. Desde hace al menos cinco años, en la serie de sondeos “Pulso de España” de Metroscopia, ocho de cada diez españoles han podido expresar su decepción y desapego no con la actual democracia (que siguen percibiendo como el mejor sistema posible) ni con las instituciones que la conforman, sino con el modo en que se las está haciendo funcionar; y  no con los partidos políticos en sí (a los que  siguen considerando imprescindibles), sino con su modo de organizarse y actuar, sobre todo en los últimos dos decenios. Se les reprocha su desentendimiento del sentir ciudadano (según el 90%); su autismo autocomplaciente  (lo dice el 88%); y  su endogamia y consiguiente selección negativa (para el 73%, no logran atraer para la actividad política a las personas más competentes). Y cabría añadir un cuarto, más reciente pero especialmente dañino, reproche: su deplorable reacción ante los casos de corrupción. Lo realmente grave es que los españoles llevan mucho tiempo teniendo la impresión de que el escándalo moral que  —por fortuna— siguen produciéndoles los casos de corrupción, no parece compartido en igual medida por sus representantes políticos. ¿Cómo ha sido posible —se preguntan— que casos tan graves como los conocidos (a estas alturas, parece innecesaria su detallada enumeración que —de una forma u otra y con diversa intensidad— alcanza prácticamente a todo el espectro ideológico) perduraran, desapercibidos, tanto en tiempo? ¿Cómo pudo ser tan blanda, titubeante y torpe la reacción inicial (e incluso posterior)? ¿Cómo se ha podido pensar que con no hablar más de ese asunto este dejaría de pesar en la conciencia ciudadana? Todo ello ha llevado gradualmente a muchos españoles —como han ido dejando claro los sondeos—  a concluir que el problema radica en los actuales partidos, esclerotizados y anclados en un tiempo viejo, ajenos al esquema de futuro deseado. Su advertencia, sondeo tras sondeo, ha sido clara: o  se regeneraban a fondo y de manera creíble, o con su voto abriría paso a otras formaciones nuevas, susceptibles de  encarnar la ejemplaridad pública reclamada y de reeditar el concreto estilo político que un espectacular 84% dice añorar: el de la Transición. Y así, finalmente, las miradas de casi media ciudadanía han acabado volviéndose hacia los llamados partidos “emergentes”: Podemos primero y Ciudadanos después. Uno en apenas un año, en solo unos meses el otro, han logrado darle la vuelta al estado de ánimo ciudadano, reorientándolo desde la indignación con la vida pública a la ilusionada reclamación de su radical oxigenación (por decirlo con términos de Marcos Sanz, en un texto recientemente publicado). Con su irrupción, el anterior amplio desinterés por la política se ha traducido en una creciente movilización ciudadana. La predisposición ahora declarada de acudir a votar en las elecciones del próximo diciembre presenta niveles casi  históricos. Paralelamente, los alineamientos electorales tradicionales han pasado a experimentar una clara y creciente tendencia a fluidificarse, aumentando las probabilidades de trasvases de voto multidireccionales. Cada vez parece más verosímil, a la luz de los datos disponibles, que el actual esquema bipartidista ceda el paso, finalmente, a un modelo nuevo de “tres y medio” o, incluso, de cuatro partidos en práctica igualdad de votos, aunque no necesariamente de escaños. Lo que equivaldría, en la práctica, a un nuevo tiempo político, a una segunda transición.

Por supuesto, está por ver en qué quedará finalmente toda esta nueva — e impensable hace solo unos meses— efervescencia política. Por lo pronto, lo que ya cabe constatar es el modo sin duda ejemplarmente democrático escogido por los españoles para dar salida a la profunda desafección que experimentaban respecto de la situación política imperante: sin ceder a tentación anti-sistema alguna, han optado por la renovación del sistema político actual —no por uno distinto—; exigen de los partidos que revitalicen lo ya existente y conseguido —no su demolición—; y han dejado clara su opción por un retorno al añorado estilo de vida  pública (basado en el diálogo, la negociación y el pacto) que asocian con la Transición —y no por aventurerismos experimentales—. Y todo ello, a través de las urnas.