El 86% de la ciudadanía española se ha mostrado a favor de una reforma del sistema electoral. La amplia mayoría de la población está de acuerdo con que esa reforma aplique la proporcionalidad más exacta posible entre el número total de votos y el número de escaños que se derivan de ellos.

La relevancia de un cambio del sistema electoral adquiere más fuerza después de constatar que continúa existiendo una prima de escaños a PP y PSOE a pesar de que ninguno supera el 30% de los votos y el tándem de fuerzas emergentes Podemos-Ciudadanos suman el 34%.

La cuestión está en cómo atajar la indefinición y las genéricas directrices que existen respecto a la propia idea de proporcionalidad.

El Tribunal Constitucional lo reconocía en una sentencia de 1985 cuando declaraba que la proporcionalidad es en realidad una orientación o criterio tendencial, es decir, una guía cuya implementación dependerá de las decisiones políticas que se tomen. Por tanto, no se pretenderá alcanzar la más pura proporcionalidad desde un punto de vista matemático, sino más bien ofrecer a quien legisle un margen de flexibilidad de acuerdo a los criterios que estime oportunos.

En el caso español, el criterio básico seguido desde 1977 fue la conjugación de dos principios: proporcionalidad (como expresión del pluralismo) y eficacia (de estabilidad política). Así, el sistema acabó asentándose fundamentalmente en dos ejes: a) los apartados 1 y 2 del artículo 68 de la Constitución, que restringen la composición del Congreso de los Diputados a un número entre 300 y 400 representantes y que otorgan a la provincia el rango de circunscripción electoral —posiblemente la piedra angular del sistema—; y b) el filtro de candidaturas que establece el artículo 163 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, fijando una barrera del 3 % de los votos válidos emitidos para acceder al reparto de escaños. Junto a la aplicación del método ideado por el jurista belga Victor d’Hondt, estas directrices pretendían otorgar una cierta ventaja relativa a los partidos políticos más votados, evitar una excesiva fragmentación del Parlamento y, así, lograr mayor estabilidad política.

Tras casi 40 años de historia, la eficacia de este sistema se ha validado con creces a nivel nacional: un modelo bipartidista estable acompañado de una relativa fragmentación parlamentaria. Una proporcionalidad a conveniencia de PP y PSOE, beneficiarios de una prima sistemática de escaños como candidaturas más votadas y aglutinadoras de media del 75% de los votos de 1982 a 2011.

Hasta hace poco la demanda de otro criterio de proporcionalidad salía de la voz de las formaciones más penalizadas y, por ende, minoritarias. Es el caso de IU, formación a la que se privaba de media del 63 % de los escaños que le hubieran correspondido si el sistema fuera estrictamente proporcional.

Por eso, tras la incorporación nuevos actores —Podemos y Ciudadanos— y un cambio de modelo —de bipartidista a multipartidista—, cabe preguntarse si es sostenible un criterio de proporcionalidad como el usado hasta ahora.

Lejos de la proporcionalidad pura, parece al menos pertinente repensar y tratar de aplicar otro criterio de proporcionalidad, sea este el que sea, pero más a conveniencia del nuevo tiempo político y, evidentemente, de las demandas de la ciudadanía.