A pesar del crecimiento del 3,2 % del PIB en el 2015 y las estimaciones positivas para el año entrante, la percepción de los españoles del alcance de su capacidad adquisitiva continúa su senda decreciente. En marzo del 2016, ocho de cada diez manifiestan que el coste de la vida se está incrementando para ellos.

Esta apreciación de la ciudadanía sobre el coste real de las cosas se produce bajo un elemento diferencial único en la historia económica reciente de nuestro país: el estancamiento de los precios e, incluso, deflación. Algunas de las partidas principales del Índice, como el precio del combustible y de los alimentos frescos destacan con importantes y continúas bajadas.  El IPC armonizado[1] de la economía española fue negativo en los dos últimos años, -1,1% y -0,19%, para 2014 y 2015, respectivamente. Las cosas no pintan muy diferentes a principios de este año que anticipa más tensiones deflacionistas: el último dato disponible para el IPC de marzo de 2016 muestra una bajada interanual del -1,3 % para una cesta de la compra “representativa”.

El cálculo del coste de la vida para cualquier economía doméstica supone relacionar el ingreso obtenido –salarial o de cualquier otra fuente– con el precio al cual se adquiere la cesta de bienes de referencia. Es decir, ingreso en el numerador y nivel de precios en el denominador. Si los salarios permanecen constantes y los precios bajan, la cantidad de “bienes” que el consumidor puede adquirir aumenta. En este contexto, el ciudadano español tendría capacidad de mantener o, incluso, incrementar su poder adquisitivo.

Sin embargo, lejos de percibir esta mayor capacidad adquisitiva, una amplia mayoría de los trabajadores, parados y estudiantes tienen la impresión de que el coste de la vida se incrementa para ellos. ¿Tienen algún tipo de ilusión monetaria los españoles, de manera que no aprecian las bajadas de los precios en los bienes que adquieren? ¿Existe algún error técnico/estadístico a la hora de configurar el IPC según el cual este no recoge realmente las decisiones de compra de un consumidor representativo de la economía española?

Lo que se aprecia con claridad es una brecha sustancial y constante en la percepción del incremento del coste de la vida según la situación laboral de los españoles (en torno a los 20 puntos porcentuales). Esta diferencia se percibe fundamentalmente entre aquellos cuya capacidad adquisitiva depende de alguna manera de ingresos sujetos al estado del mercado laboral y aquellos con un flujo de renta “garantizado”. Es decir trabajadores, estudiantes y parados versus jubilados/pensionistas.

Por un lado, los trabajadores perciben un salario nominal que, necesariamente, ha de disminuir para que se reduzca su capacidad adquisitiva cuando los precios bajan. Los parados perciben –en el mejor de los casos– un subsidio decreciente en el tiempo, mientras que su probabilidad de encontrar trabajo está relacionada con la marcha de la economía y las dinámicas del mercado laboral. Los estudiantes dependen para su subsistencia de un trabajo complementario o de las rentas de alguien. ¿Y los pensionistas? ¿Son capaces de encontrar consistentemente productos con una mayor elasticidad renta-precio para sus cestas? ¿Compran más productos de marca blanca? ¿Eligen mejores ofertas?

La respuesta no parece ir en ese sentido. Desde el año 2008, bien mediante mecanismos de compensación ad hoc o asegurando directamente un diferencial positivo con la inflación desde el ejecutivo, las pensiones han venido ganando poder adquisitivo: en el año 2014 un 0,75 % y en el 2015 el 0,25%.  Frente a estas leves subidas protegidas de los vaivenes del mercado laboral, las políticas de devaluación salarial nominal que (supuestamente) han permitido a las empresas españolas competir en el exterior, han provocado que una gran mayoría de los ciudadanos perciba un deterioro en su poder adquisitivo a pesar de la deflación.

Las decisiones de consumo en el presente se toman en virtud de la percepción sobre la capacidad de compra de la renta disponible presente y futura. Los españoles calculan diariamente sus necesidades y restricciones presupuestarias. El argumento sobre las ventajas de un modelo de devaluación salarial competitivo sin efectos nocivos sobre el consumo cuando los precios están bajando, no se sostiene a la luz de los datos. Es posible, e incluso probable, que la constante percepción del encarecimiento de los bienes del consumidor español acabe afectando al nivel del consumo y –por ende- al PIB. La espiral de deflación y deuda, asociada a un consumo ahogado, no puede solucionarse con más bajadas salariales.

[1] Utilizamos este dato porque constituye el elemento de referencia sustancial en la toma de decisiones de política monetaria del BCE.