No hay gobernante, por impecablemente demócrata que sea, que en su fuero interno no haya deseado, al menos alguna vez, contar con una Justicia complaciente, es decir, propicia a fallar —llegado el caso— a su favor. Por ejemplo, el propio Franklin D. Roosevelt, tenido como prototipo del político ejemplar, consideró seriamente tras su primera reelección en 1936 una reforma legal que permitiese nombrar un juez del Tribunal Supremo adicional por cada uno de los que alcanzasen los 70 años de edad. En aquél momento esta medida suponía elevar a 15 el número de integrantes de dicho Tribunal (en vez de los nueve establecidos). Con seis Magistrados más (cuya propuesta le correspondería a él, como Presidente), Roosevelt pensaba acabar con la mayoría de 5 a 4 en su contra hasta entonces existente en el alto tribunal que había anulado varias de sus más ambiciosas medidas y reformas. Su propuesta originó una esperablemente intensa polémica jurídico-política que, finalmente, se resolvió gracias a un hecho inesperado: súbitamente el juez Owen Roberts, hasta entonces alineado con el bloque conservador, cambió de forma sistemática el sentido de su voto.

En consecuencia, el Tribunal Supremo pasó a proporcionar un apoyo mayoritario a las reformas sociales del New Deal rooseveltiano. No están claras las razones del viraje ideológico de Roberts: la hipótesis considerada más probable es que la arrolladora reelección de Roosevelt pudo haberle hecho concluir que era éste, y no el Tribunal Supremo, quien realmente expresaba mejor el sentir de la nación; es decir, quien más en concordancia estaba con esa the law of the land cuya protección tiene encomendada la corte suprema.

La Justicia, ciertamente, puede convertirse en determinadas ocasiones en un incordio para quien gobierna (quizá por ello, dicho sea de paso, la Ley de Transitoriedad aprobada por la mayoría independentista en el parlamento catalán el 7 de septiembre de 2017 se cuidaba de dejar claro que sería al Presidente de la prevista nueva república a quien correspondería nombrar a la cúpula judicial, a propuesta de una Comisión mixta —cinco de cuyos nueve integrantes dependerían directamente del gobierno de turno—). Ello implica que, en todas partes (pero con muy distintas maneras y consecuencias en unos y otros lugares), los gobiernos (y sus ministerios de Justicia u organismos equivalentes) tratan de marcar de cerca, y en la máxima medida posible, a los tribunales. Normalmente, en las democracias consolidadas (y España, por cierto, ya lo es, según diversas agencias evaluadoras externas) los jueces suelen ser, además de competentes juristas, expertos precisamente en resistir: en resistir presiones de arriba, de abajo, de los medios informativos, de los propios compañeros, de la sociedad toda, en suma.

En los diversos estudios de Metroscopia sobre esta cuestión realizados en los últimos dos decenios, los españoles han venido expresando, sondeo tras sondeo, la permanente sensación de que, en definitiva, todas las instituciones y grupos sociales (y no solo el gobierno, por más que suela ser el más obviamente sospechoso) pugnan, en la medida de sus posibilidades, por ejercer presión sobre los tribunales en aquellas cuestiones que les afectan. ¿Con éxito? La ciudadanía considera que, por lo general, no. Y ello a pesar de que, de forma masiva, reconoce que los tribunales han de llevar a cabo su labor con una sostenida (y al parecer irremediable) carencia de medios, materiales y personales. ¿Por qué no se le pone a ello remedio? De forma masiva, los españoles han venido indicando que los gobiernos —sean del signo que sean— acaban teniendo más interés en tratar de ejercer presión sobre la Justicia (pese a los limitados resultados que, según percepción generalizada, consiguen) que en proporcionarle los recursos precisos para el mejor desempeño de su función. Esa es, en definitiva, la forma en que realmente los gobiernos condicionan a la Justicia: no en sus decisiones, sino en sus condiciones de trabajo.

Un dato adicional: según datos de los diversos estudios de Metroscopia, los españoles perciben que en los tribunales hay jueces con orientaciones ideológicas dispares. Quizá no de forma estrictamente paralela a la existente en la sociedad, pero no excesivamente desviada. La sociedad —otra cosa es la clase política, según le sople el viento— no cree que la Justicia esté total e inequívocamente politizada, y en una sola dirección. Lo cual quiere decir que percibe que en su seno existen jueces de izquierda, centro o derecha. ¿Más de una orientación que de otra? Posiblemente (aunque estudios llevados a cabo entre los propios jueces indican una distribución ideológica de los mismos muy similar al del conjunto de la ciudadanía).

Pero la maldición —social— que pesa sobre institución tan clave en democracia como son los tribunales es que basta un solo caso que produzca escándalo, o solo un juez o jueza que diga o haga algo inaceptable, para que automáticamente surjan quienes tratan de poner bajo sospecha (incluso, directamente, bajo condena) a la institución toda. Aunque luego, súbitamente olvidadizos de su anterior proceder, apelen a su protección cuando consideren necesitarla (y, aunque pueda parecerlo, no estoy ahora señalando expresa y exclusivamente con el dedo a nadie).

Artículo publicado en: lainformacion.com