El 78% de los españoles no cree que la investigación del caso Gürtel concluya en un plazo razonable de tiempo ni que finalmente sean procesados y condenados todos los en él implicados. Y un idéntico porcentaje (77%) dice lo mismo respecto del caso Urdangarin. La ciudadanía no acaba de creer que la Justicia pueda llegar a ser tan eficaz como debiera en los casos de corrupción. La perciben lastrada en su funcionamiento por factores al parecer insalvables. En primer lugar, la exasperante lentitud, que los españoles atribuyen en parte a la vigente legislación procesal, que no consideran acorde con las necesidades de una sociedad tecnológicamente avanzada como la española: facilita en exceso que los imputados puedan zancadillear impunemente la averiguación judicial de los hechos (así lo cree el 89% de los españoles); y propicia que esta se empantane en el profuso papeleo que su conducción exige (y así lo dice un 75%). Estas dos críticas, por cierto, coinciden plenamente con las expresadas recientemente en estas mismas páginas por Manuela Carmena, connotada experta en la materia y con dilatada experiencia judicial.

Pero se percibe una segunda causa, más preocupante y más nociva para nuestra moral cívica colectiva: las presiones que un 84% de la ciudadanía da por seguro que ejercen sobre la Justicia los partidos y grupos de presión implicados en esos casos. A ese cerco coactivo percibido de forma tan generalizada se atribuye un adicional efecto pernicioso: según el 65% de los españoles, consigue que teman por su futuro profesional los jueces que llevan tales asuntos. Nuestra sociedad parece así convencida de que la larga mano de la corrupción puede llegar si no a torcer el brazo de la Justicia al menos sí a paralizarlo.

Y, justamente cuando el estado de ánimo colectivo respecto de la lucha contra la corrupción muestra tales síntomas de desaliento, se produce el primer aniversario de la expulsión del juez Garzón de la judicatura. Los sondeos disponibles muestran que cuando ejercía sus funciones contaba en nuestra sociedad casi con tantos detractores como fans: era una figura a la vez admirada y controvertida. El paso del tiempo —y quizá también la acumulación de casos de corrupción en nuestra vida pública— parece haber realzado sustancialmente su imagen. La idea ampliamente mayoritaria ahora es que su condena fue injusta (así lo dice el 62%) y, sobre todo, que obedeció más a razones de tipo político (el 64% entre votantes del PP) que a causas exclusivamente jurídicas (como piensa solo el 7%). Y hay más: a la vista de como ha ido desarrollándose el caso Gürtel desde que Garzón dejó de ser juez, los españoles se inclinan por pensar que si se le expulsó fue, en realidad, para que este durara lo más posible.

El País