La respuesta que a este interrogante da la mayoría de los españoles es la esperable (y, de hecho, la usual) en sociedades democráticas avanzadas: “en general, y  en principio sí; pero con posibles excepciones”.

Parece fuera de duda que una democracia consolidada y estable se fundamenta en el generalizado e indisputado respeto a la ley que, por definición, es legítima, pues emana y encarna la voluntad general. Sencillamente, la ley (que es de todos) protege y garantiza la libertad común; por ello —y en frase de Rousseau— “ser libre es obedecer a la ley”.

Pero una sociedad libre, plural y compleja alberga una amplia diversidad de planteamientos, expectativas o necesidades que se corresponden con los distintos grupos sociales e ideológicos que la componen. De ahí que, en la práctica, el término democracia sea ante todo sinónimo de negociación, pacto y compromiso, y su función la de instrumento estabilizador en permanente tensión por posibilitar la convivencia mediante el “equilibrio armónico de frustraciones mutuas” (la fórmula es del historiador Hofstadter). El resultado es que toda ley tiene, siempre, alguna zona de sombra (es decir, de incomodidad o de insatisfacción) para alguien. La ley perfecta no existe. De ahí que, junto a la convicción de que hay que acatar las leyes, resulte permanentemente detectable en la sociedad  un cierto desasosiego  y una latente ambigüedad de fondo en relación con el entramado legal vigente.

La obediencia (incuestionada y sin excepciones) a la ley puede justificarse en clave de principios absolutos: la obediencia a la ley constituye un imperativo ético innegociable y en ella se basa la moral cívica (un planteamiento de este tipo es el que lleva a Sócrates —tal y como nos lo narra Platón en su Critón a aceptar una disposición legal, aun siendo injusta, que le condena a muerte).

Pero también cabe alegar planteamientos éticos de fondo para justificar la desobediencia, excepcional, a una norma jurídica: es el caso de la objeción de conciencia. La actual Constitución española solo reconoce esta objeción en relación con el servicio militar (artículo 30.2), y una famosa sentencia del Tribunal Constitucional (161/1987) niega la existencia de un derecho general a la objeción basada en la libertad de conciencia, pues su aceptación “supondría la negación misma de la idea de Estado” al abrirse la puerta a la relativización —inmanejable— de los mandatos jurídicos.

Los españoles combinan, como se desprende de los datos que acompañan a estas líneas, ambas convicciones éticas: predomina la idea de que las normas han de ser obedecidas, sin más. Pero no por ello deja de reconocerse —y lo hace una proporción sustancial de ciudadanos— que pueden darse situaciones excepcionales en las que proceda actuar según dicte la propia conciencia, aunque eso conlleve desobedecer la ley y afrontar la sanción correspondiente.

Las investigaciones disponibles revelan, por un lado, que  en las sociedades democráticas la obediencia a la ley emana básicamente de la convicción de su legitimidad más que en el temor a posibles sanciones en caso de incumplimiento (véase Tom Tyler, Why People Obey the Law); y, por otro, que la propensión a considerar incuestionable la ley tiende a ser algo mayor entre los votantes del partido gobernante (o, incluso, entre los partidos “de gobierno”) que entre el resto de la ciudadanía: cuando el gobierno cambia de signo, cambian también —siempre en términos relativos— las actitudes respecto de la ley, con independencia de que esta haya podido o no cambiar significativamente.

Por último, en momentos de especial tensión social e ideológica (como, quizá, en España en 1986 —en plena polémica sobre el referéndum relacionado con la OTAN—, o en 2008, en plena eclosión de la actual y dolorosa crisis económica), puede acentuarse, pasajeramente, la tendencia a cuestionar el entramado normativo vigente, con la consiguiente acentuación, en cambio, del apoyo a las objeciones por cuestiones de principio.