Me refiero a la ola de republicanismo oportunista y facilón que parece a punto de caernos encima, como si todos —o al menos los principales— problemas que ahora tiene España pudieran resolverse de un plumazo cambiando de la noche a la mañana la forma de nuestro Estado. Es decir, la actual “monarquía parlamentaria” (artículo 1.3 de nuestra ya casi cuarentona Constitución). Una monarquía parlamentaria tiene la misma entidad democrática, en cuanto a su funcionamiento cotidiano, que una república parlamentaria. En ambos casos, lo verdaderamente esencial es el adjetivo (“parlamentaria”) que indica que todo el poder político reside exclusivamente en el parlamento. Al Jefe del Estado (rey o presidente, según el caso) le corresponden tan solo funciones representativas, simbólicas y arbitrales, importantes —llegada la ocasión— como factor equilibrador del sistema en su conjunto, pero vacías de toda capacidad decisoria.

Repúblicas y monarquías las hay, en la actualidad, de muchos tipos: solo las que llevan unido a su etiqueta el calificativo de “parlamentaria” detentan la misma máxima condición de sistema plenamente democrático. Nadie disputará que Suecia (o Dinamarca, o España) sean más o menos democráticas que Alemania, Portugal o Irlanda. Repúblicas son, en cambio, la Venezuela actual, o la Nicaragua de Ortega, y nadie se atreverá a afirmar que, solo por eso, su sistema político tiene una mayor entidad democrática que el nuestro.

El republicanismo que ahora se predica (desde el independentismo y desde el populismo) en realidad más bien desprestigia y empequeñece la forma de Estado que dice preconizar: utiliza el término república a modo de conjuro mágico susceptible de hacer saltar por los aires, con su sola enunciación, el actual sistema constitucional más que como meta lo suficientemente detallada y atractiva como para resultar preferible a la situación actual. Nadie sabe, en efecto, a ciencia cierta, qué contenido tendría esa república que tan pomposa —como vacuamente— proclaman un día sí, y otro quizá, los independentistas catalanes, ni la que los Comunes (con Colau al frente) tan decididamente anteponen al actual régimen constitucional. Como con su habitual lucidez ha dejado claro Ignacio Varela (‘Con el Rey o contra el Rey’) en realidad estamos ante un republicanismo meramente alborotador, que lo que en realidad desea es hacer descarrilar el actual sistema democrático y embarrancarlo en un callejón sin salida para ver si —“cuanto peor, mejor”— del caos generado pudiera quizá emerger algo útil.

Embarcado como está el procés, desde hace ya un tiempo, en planteamientos irreales y cercanos a lo mágico, esta ola de impostado ardor republicano busca más destruir lo que hay (un régimen político que ha funcionado como nunca antes lo hizo ningún otro en nuestra historia) que construir algo real y viable en su lugar. El propuesto viaje a Ítaca puede acabar teniendo, como destino final, una escombrera política. Entretanto, nos deparará momentos inolvidables de vergüenza colectiva: como, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Barcelona dedique su tiempo a actividad tan propiamente municipal, al parecer, como reprobar al rey Felipe VI y pedir la abolición de la monarquía.

Por cierto —y tómese oportuna nota— solo Manuel Valls ha dado debida réplica, por el momento, a tan peculiar despropósito, más propio de una políticamente adolescente asamblea estudiantil que del órgano gestor de una ciudad universal como es Barcelona.

Artículo publicado en lainformacion.com