No es buena señal que en la defensa de los derechos civiles, sociales y económicos el ritmo lo marque el clamor popular y las decisiones judiciales. Son los Parlamentos —y no los tribunales— los que deben velar en primera instancia por las necesidades y derechos de sus ciudadanos. En España, según los datos del sondeo realizado por Metroscopia, los ciudadanos no confían en el Gobierno (el 87%) para defender sus intereses si atravesaran una situación de necesidad similar a la de las personas que están inmersas en un proceso de desahucio. Tampoco en el principal partido de la oposición (el 86%) ni en el resto de partidos políticos (el 72%). Sí confían, en cambio, en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (el 81%) y en las ONG (el 76%). Y a pesar de que ha sido un juez el que ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las dos cuestiones prejudiciales sobre préstamos hipotecarios y desahucios —y cuya resolución exige modificar la actual normativa española—, la confianza de los ciudadanos (el 47%) en los jueces y fiscales parece caer en terreno de nadie, y es el abogado (para el 75%) la figura clave para defender sus intereses ante los tribunales en un proceso de desahucio.

La histórica resolución del tribunal de Luxemburgo es un avance importante en la suspensión cautelar de los desahucios y en el cambio de cultura que debe darse dentro de las entidades financieras. Sin embargo, la desprotección del deudor hipotecario todavía no está resuelta. La sentencia es clara en lo que a las cláusulas abusivas se refiere, pero no señala —puesto que ese no era el fondo del asunto— la dirección que debe seguirse en otras malas prácticas bancarias, como la tasación de los bienes, los requisitos en la concesión de créditos o la supervisión del proceso de préstamo.

La reforma del procedimiento hipotecario —que de manera casi inmediata se aprobará en el Congreso de los Diputados— llega a tiempo de recoger esas y otras cuestiones de fondo que aparecen en las numerosas enmiendas realizadas al proyecto de ley. La dación en pago es una de las medidas propuestas y cuenta con el apoyo no solo del casi millón y medio de firmas que avaló la Iniciativa Legislativa Popular donde está recogida, sino del 90% de los ciudadanos, tal y como se recogió en otro sondeo de Metroscopia para este periódico.

Cuanto más tiempo se tarde en una adecuada protección del deudor hipotecario mayor será la discusión sobre el alcance de los efectos retroactivos de las decisiones judiciales que se adopten. En este sentido, el 93% de los españoles opina que deben revisarse los desahucios ya ejecutados para sopesar si se han producido acciones ilegales que deban ser reparadas. Sin lugar a dudas, se llega tarde pero se llega a tiempo. A tiempo de recuperar —al menos— la confianza de los ciudadanos y no solo la de los mercados.

El País