El error cometido por la Agencia Tributaria al atribuir a la infanta Cristina la venta no declarada de hasta 13 propiedades resulta a los españoles doblemente difícil de aceptar, según el sondeo de Metroscopia. En primer lugar, lo que resulta difícilmente aceptable es que un error así pueda producirse y nadie lo advierta. Un claro indicio de la conmoción pública causada (y sin duda también de la alarma social) es la instantánea y general atención que el asunto encontró: prácticamente todo el mundo (el 88%) se enteró y todo el mundo sigue al tanto. Como además ha ocurrido en plena campaña de la declaración de la renta, no puede sino haber causado un grave daño al claro prestigio y crédito social que ha venido gozando la ahora cuestionada institución: así lo cree el 74% de la sociedad española.

Nuestra ciudadanía se muestra ya escasamente propensa a creer en casualidades, errores o azares. Nos hemos hecho todos crecientemente escépticos y recelosos respecto de nuestras instituciones públicas. Algo sin duda tan lamentable como preocupante y que ayuda a entender que, en esta ocasión, solo una pequeña fracción ciudadana (el 29%) se muestre dispuesta a aceptar que estamos ante un simple error, casual e involuntario, de Hacienda. En cambio, son dos veces más numerosos (61%) quienes se inclinan por creer en la existencia de intenciones ocultas aún no descubiertas: un 25% cree que lo que se ha pretendido (¿quién?) ha sido desprestigiar a la Corona, y un 36% sospecha que alguien (¿quién?) ha utilizado el nombre de la Infanta para encubrir o camuflar a saber qué trapacerías o amaños.

Lo que, en segundo lugar, resulta difícil de aceptar al español medio es la asombrosa parsimonia y casi indolencia con que han reaccionado las instancias más directamente implicadas en el caso, como si este constituyera tan solo un incidente menor, banal y sin mayor trascendencia. Los españoles no lo ven así, y por ello el 76% reclama los ceses (o dimisiones) de los actuales responsables de Hacienda, y el 62% la salida del Gobierno del propio ministro Cristóbal Montoro. En uno y otro caso, quienes reclaman un gesto sancionador ejemplar son mayoría incluso entre los propios votantes del PP. Y es de resaltar que son algunos más los españoles (45% frente a 43%) que desaprueban que quienes aprueban la generosa decisión del abogado de la Infanta, Miquel Roca, de renunciar a ejercer acciones contra Hacienda.

Nuestra sociedad lleva ya largo tiempo expresando en los sondeos su hartazgo ante la aparente impunidad, en nuestra vida pública, de los errores, irregularidades o delitos que la salpican. No es el nuestro un país corrupto, pero sí hay corrupción, y como se la combate tarde y mal, acabamos dando la impresión de serlo. Los imputados gozan de increíbles facilidades procesales para marear, impunemente, a quienes los investigan; los partidos solo ven la paja en el ojo ajeno y ocultan y justifican la viga propia; y los ciudadanos masivamente (88%) anhelan que una y otra cosa dejen ya de ser posibles.

El País