España es el país de la Unión Europea que en mayor medida espera del Estado protección para los desfavorecidos y un control efectivo sobre los desmanes de la economía financiera.

España es, posiblemente, el país europeo en el que más se espera del Estado y de “lo público”. El porcentaje de españoles que pide a las instituciones públicas amparo y protección en toda una variada serie de ámbitos  es, en promedio, casi 25 puntos más elevado que en el conjunto de los demás países de la Unión Europea, según un reciente y clarificador estudio comparado llevado a cabo por la Fundación BBVA en diez países —especialmente significativos— de los que la componen. Esta es, a todas luces, una sociedad fuertemente “estatalista” y, además, de forma transversal, por encima de los alineamientos ideológicos que la recorren. Los distintos grupos de votantes —de derecha, centro o izquierda— solo varían en cuestiones de matiz o intensidad, no de sustancia, en cuanto a la importancia que atribuyen a la acción del estado sobre la vida social. Dos ejemplos: una amplia mayoría tanto de votantes populares (62%) como de votantes socialistas (63%) cree que la economía funciona mejor cuando el Estado supervisa su funcionamiento; y una inequívoca mayoría en ambos electorados (65% en el caso del PP, 80% en el del PSOE) afirma que es el Estado el que, en primer lugar y ante todo, tiene la obligación de proteger y ayudar a las personas más necesitadas y desfavorecidas.

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Esta extendida convicción de que son los poderes públicos los que han de velar por quienes viven en situación precaria parece de hecho constituir un claro rasgo distintivo de nuestra cultura política actual. España resulta ser (en comparación con Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, según datos del Pew Research Center) el país donde una mayor proporción de ciudadanos (67%) llega incluso a considerar más importante que los poderes públicos garanticen que nadie viva desprotegido y sin asistencia que verse asegurada la no injerencia de los mismos en su capacidad personal de organizar, libremente, su propia vida (30%). La situación opuesta se registra en Estados Unidos, donde estos porcentajes son, respectivamente, 35% y 58%, es decir, casi milimétricamente inversos.

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En cuanto a la economía, y especialmente en lo que respecta a su vertiente financiera, los españoles desean que el Estado controle las actividades y beneficios de los bancos (lo pide un 78%) y que garantice los depósitos de los ahorradores frente al posible mal uso bancario de los mismos (71%). Los españoles están particularmente escaldados con mucho de lo que, en nuestra vida financiera, ha acontecido, y sin duda por eso (y según datos de Metroscopia), el 92% piensa que los únicos responsables del hundimiento de determinados bancos y cajas son sus gestores; el 90% cree que, pese a ello, a estos todavía no se les ha exigido adecuadamente las oportunas responsabilidades; y ello lleva a un 71% a preferir, visto lo visto, que el Estado deje quebrar a los bancos y cajas mal gestionados antes que utilizar para salvarlos recursos que incrementan la deuda pública y derivan en recortes del dinero público dedicado a sanidad o educación. Es fácil comprender esta casi unánime exigencia de un mayor rigor controlador público sobre actividades financieras más propias de una “economía de casino” que expresan los españoles. Aunque solo sea porque luego, cuando se rompe la engañosa y artificial galería de espejos montada, es a ellos a quienes acaba tocando pagar, colectivamente y sin rechistar, los platos que solo algunos han roto —impunemente, además—.

*Este artículo constituye el cuarto y último avance del Pulso de España 3 (junio 2012-junio 2013) que, dirigido por José Juan Toharia, elabora Metroscopia para la Fundación Ortega-Marañón, con la colaboración de Telefónica. Fue publicado en la edición impresa de EL PAÍS el 1 de septiembre de 2013.

El País