El Tribunal Constitucional obtiene una puntuación media de 5,3, solo tres décimas por debajo de la que los ciudadanos otorgan a una figura tan reconocida como es el Rey. Los abogados, por su parte, son evaluados en conjunto de forma claramente positiva, que hace que estén situados en un confortable lugar intermedio de la clasificación con una puntuación media de 5,2, la misma que logran también los notarios (figura en cierto modo mixta: profesionales que ejercen una función gestionada por una dirección general del Ministerio de Justicia). Los abogados suponen quizá el caso más paradigmático de ambivalencia evaluativa, probablemente por el carácter mismo de su actividad, que requiere una confianza total en el propio abogado, que no es fácilmente extensible al abogado de la parte contraria. Por cierto, algo más de la mitad de los españoles ha utilizado alguna vez los servicios de un abogado, y, según los datos disponibles, a plena satisfacción.

En todo caso, no deja de ser destacable que un grupo profesional al que podría, paradigmáticamente, percibirse como un grupo al servicio de intereses sectoriales logre un grado tan sustancial de confianza ciudadana. Una posible explicación es que el español medio perciba que, a través de la defensa que hacen de intereses particulares, la abogacía contribuye a la seguridad jurídica colectiva. Y cabe también pensar que la positiva evaluación ciudadana (según datos recientes) de una actividad, como la justicia gratuita, que gravita fundamentalmente sobre los hombros de la abogacía, pueda estar contribuyendo a esa imagen doble, a la vez sectorial y altruista, de los abogados.

Sorprende también, pero en este caso por las razones justamente inversas, que los jueces queden por debajo de los abogados en cuanto al grado de confianza ciudadana que inspiran. Lo esperable sería que, a ojos del ciudadano medio, los jueces y los tribunales figurasen entre las instituciones más directamente empeñadas en la defensa del bien común y de los intereses colectivos y, por tanto, con un inequívoco grado de credibilidad y confianza. No ocurre así. La ambivalencia y la incertidumbre son los sentimientos dominantes respecto de las instancias judiciales, lo que indica la profunda crisis en que se encuentra (o al menos, en que es percibida encontrarse) una institución tan crucial. Según datos de Metroscopia, la idea dominante entre los españoles es que nuestra justicia funciona mal; al mismo tiempo, dos de cada tres piensan que, con todos sus defectos e insuficiencias, constituye la garantía última de nuestros derechos y libertades. ¿Puede expresarse más contundentemente el fundamento de este sentimiento de recelosa ambivalencia?

En esta zona media de la tabla cuentan también con una presencia meritoria los empresarios. En primer lugar, las grandes empresas españolas, que, aunque se sitúan lejos de la confianza que para los españoles merecen las pequeñas y medianas empresas (6,6), obtienen una buena puntuación media: 5,2. Los empresarios, en general, y las multinacionales, en particular, cierran la zona media de la tabla de confianza institucional con puntuaciones de 4,6 y 4,5, respectivamente. En todo caso, es de destacar la mejor posición relativa que ocupa el mundo empresarial en comparación con su “contraparte” institucional, esto es, los sindicatos. Estos, con un 3,3, forman parte del grupo de instituciones que menor grado de confianza generan entre la ciudadanía Es decir, en el ámbito sociolaboral, los españoles parecen mostrarse más críticos, en general, con los representantes que con los representados.

Los funcionarios, considerados en su conjunto, obtienen una puntuación de 4,6. Sin duda, y como ocurre también con los empresarios, intentar calificar globalmente a colectivos tan amplios y genéricos, que agrupan una gran diversidad de cuerpos y categorías, no puede sino dar lugar a evaluaciones ambivalentes, que se traducen en posiciones intermedias en el ranking. Algo similar ocurre con la prensa escrita, que obtiene una puntuación promedio de 4,7. Esa etiqueta, “la prensa”, engloba en realidad tanto a los periódicos de calidad, que cabe considerar de referencia, como a la prensa especializada, a la prensa amarilla y sensacionalista. Por otro lado, cuando ella misma es noticia, rara vez lo es por algo positivo. Un claro ejemplo lo constituye el reciente escándalo en torno al tabloide británico The News of the World. Sus múltiples ilegalidades, trapacerías y aun delitos han sido ampliamente divulgados. Pero apenas si se ha dedicado atención al hecho de que otro periódico, esta vez uno de calidad como The Guardian, llevara años empeñado —en muy desigual y por ello particularmente arriesgada batalla— en desenmascarar las malas artes de uno de los diarios insignia del magnate Murdoch. En el ámbito mediático, las culpas de unos acaban, de algún modo, manchando a quienes forman parte del mismo entramado profesional, por muy diferente que sea su estilo y contenido. Así y todo, los periódicos se sitúan por encima de la televisión: esta puede ser la primera en audiencia, pero queda en último lugar (frente a radio y prensa) en cuanto a credibilidad (4,1).

Por último, compartiendo puntuación con los periódicos y los jueces, figura la obra social de la Iglesia. Al contrario de lo que ocurre con la justicia, cuya negativa evaluación de conjunto contamina a sus demás partes componentes, la baja confianza que los españoles sienten hacia la Iglesia católica (4,0) o a sus obispos (3,1) no afecta a su obra social, que logra situarse en este grupo intermedio con una apreciable puntuación media de 4,7.

El País (edición impresa)