Desde hace ya muchos meses sabemos (por la secuencia regular de sondeos realizados en Cataluña por Metroscopia como parte de su proyecto Pulso de España), que siete de cada diez catalanes quieren un referéndum, pero no como el que acaba de aprobar el Parlament, sino debidamente negociado y pactado en todos sus extremos, y, por tanto, plenamente legal. Y lo quieren por dos motivos básicos: para mostrar su profundo (y transversal) enfado con el modo en que perciben que el Gobierno español está tratando (o maltratando, más bien) a Cataluña; y, al mismo tiempo, para votar a favor de la permanencia de esta en España, pero en un nuevo marco legal que garantice sus señas de identidad y que, también, blinde una serie de competencias. Esta es, en efecto, la opción por la que, cuando se les ofrece, lleva ya años optando casi la mitad de los catalanes (45% en el sondeo último de hace unas semanas), frente al 30% que no percibe otra salida a la actual situación que la independencia (un 20% adicional optaría por que las cosas siguieran como ahora están).  Este tercio aproximado de independentistas decididos que los sondeos registran (y que coincide con el 36.8% de la población total catalana que en 2015 votó a las dos formaciones que ahora lideran el procés) logra, según los momentos, atraerse la simpatía —y el apoyo— de un 10% o 15% adicional: pero estos neoindependentistas reconocen que lo son por reacción a lo que perciben como persistentes desaires y agravios a Cataluña “desde Madrid”. Pero en cuanto atisban una salida intermedia, pactada, se reorientan hacia ella.

Los datos de este sondeo-flash de Metroscopia, llevado a cabo en los días de la tormentosa tramitación de la ley del referéndum, revelan que una clara mayoría de la ciudadanía catalana (56%/38%) no cree que el referéndum aprobado reúna las garantías necesarias; y, en idéntica proporción, considera preferible que el procés  se interrumpiera y se optara a cambio por una vía negociadora “a la vasca”. Estos dos simples datos indican que la mayoría de los catalanes no avala lo que la actual mayoría de su Parlament está aprobando y que el ruido soberanista de la calle (el de todo este tiempo pasado, y el que se anuncia para el día 11), aun siendo muy importante y en modo alguno desdeñable, no parece corresponderse con lo que una clara mayoría absoluta realmente piensa y desea. Y si el sentimiento independentista, por extenso e intenso que sin duda es, resulta no ser tan arrolladoramente dominante entre la ciudadanía ¿cómo es que lo parece? ¿Cómo es posible que, en el día a día, el sentir mayoritario real no pase de susurro, que solo captan los sondeos, y no devenga clamor popular?

Desde Epícteto sabemos que lo que conmueve a los humanos no son los hechos —los datos— sino las palabras sobre los mismos: el relato. Y fuerza es reconocer que, desde ya mucho tiempo, en Cataluña solo el soberanismo ha sabido articular y difundir un relato potente sobre la situación existente. Da igual que esté amasado de verdades, medias verdades y completas falsedades: toca profundas fibras emocionales que le añaden la verosimilitud que un análisis puramente racional de su contenido le hurtaría. Frente al mismo, ninguna instancia pública o privada, en Cataluña o fuera de ella, ha sabido articular un contra-relato igualmente articulado, convincente y con las mismas dosis de atractivo emocional. Probablemente, porque el enfado transversal (de independentistas y de muchos no independentistas) con el resto de España (es decir, con el actual gobierno español), que desde el oeste del Ebro no se logra (o no se quiere) percibir, traba y emborrona la credibilidad y efectividad de ese potencial relato alternativo. Así, una minoría muy amplia —pero todavía minoría— se ha hecho con el práctico monopolio, en la escena pública, de la palabra al tiempo que la mayoría —ajustada, pero aún mayoría—  no logra rasgar el velo de silencio que la cubre.