Ocho de cada diez españoles opina que la de España será una sociedad más pobre y desigual cuando acabe la crisis y la economía vuelva a crecer. Existe una creciente preocupación de los ciudadanos españoles por cómo la pobreza se incrementa, cómo afecta a la población y cómo está dando lugar a un trato más desigual del Estado.

Más pobres pero quizás menos excluidos. El sociólogo francés Robert Castel, en su explicación del proceso de la exclusión social como una situación no estática, señalaba la existencia de tres espacios diferenciados denominados exclusión, vulnerabilidad e integración. A cada uno de ellos los situaba en relación con tres variables: el ejercicio de derechos, el mantenimiento de relaciones familiares y sociales y un proyecto de vida o sentido vital. De este modo, se puede pasar de una zona a otra en función de la estabilidad o calidad de dichas variables. Resulta mucho más fácil iniciar un proceso de caída hacia la exclusión social como consecuencia de la pérdida de un trabajo, la dificultad de afrontar las deudas, el deterioro de las relaciones sociales y la falta de acceso a la protección social, lo que comporta una pérdida de derechos sociales y una baja participación social, que iniciar un camino de ascenso hacia la zona de integración, que llevaría mucho más tiempo y esfuerzo, además de necesitar de políticas específicas dirigidas a favorecer esa inclusión e integración.

Un porcentaje significativo de la población —antes del inicio de la crisis y durante el comienzo de esta— se encontraba en la denominada zona de vulnerabilidad: trabajos precarios y mal remunerados, viviendo de alquiler o con elevadas hipotecas, relaciones familiares y redes sociales debilitadas, poco interés en la participación social cuando no difícil acceso a esta por motivos de desventaja social, etc. Con la crisis ya instalada, factores como el incremento del paro, la imposibilidad de hacer frente al endeudamiento y una reducción de la protección social del Estado ha llevado a que gran parte de esta población haya dejado la zona de vulnerabilidad para formar parte de las filas de la zona de exclusión. Sin embargo, esta nueva población en exclusión se caracteriza en este momento más por la falta de ingresos y el alejamiento del mercado de trabajo, que por una ausencia de participación social. No comparte con los hasta ahora excluidos una aparente indefensión aprendida, y canaliza la posible y temida conflictividad social a través de una inusitada resistencia a tolerar la pérdida de derechos sociales que menoscaben los principios del Estado de Bienestar: pensiones, educación, sanidad, empleo, vivienda, tutela judicial efectiva, prestaciones sociales…

España va perfilándose como una sociedad más pobre y más desigual, pero no menos participativa. La protesta pacífica y las manifestaciones masivas están a la orden del día, da igual la ideología o la edad, e incluso el estrato que hasta ahora se venía ocupando en la escala social. La ciudadanía es consciente de que ella es la que legitima a los políticos que ocupan un lugar en la escena pública, y en el momento actual no parece estar satisfecha con el trabajo que están realizando ni con a quien parecen estar rindiendo cuentas.

Más pobreza, menos exclusión

El País