Sin duda un ingrediente básico en la actual desconfianza ciudadana en políticos, Gobierno, entidades financieras y sindicatos es que, a pesar de sus diferentes estrategias, la situación económica no logra recuperarse. Según los datos del último clima social de Metroscopia, el 92% de los ciudadanos considera que la situación económica es mala y el 85% cree que no hay atisbos de mejoría. Este último es el registro más pesimista desde que empezó la crisis.

Se acostumbra a decir que la confianza cuesta mucho ganarla, pero poco perderla. Después de que buena parte de los ciudadanos creyera al Gobierno cuando habló de ralentización —y de que algunos defendieran esa opinión en sobremesas acaloradas—, la “contumaz ralentización” transformó la fe en descreimiento. Ahora, solo uno de cada cuatro aprueba su gestión. Y lo peor: en el momento actual es una de las instituciones que menos confianza inspiran.

También el recelo hacia políticos y partidos políticos ha alcanzado niveles alarmantes. Algo más de ocho de cada diez españoles tienen la impresión de que los partidos piensan solo en lo que les beneficia y que no tienen en cuenta a la gente. Además, muchos ponen en cuestión la forma en que ahora funciona nuestro sistema político: una amplia mayoría teme que la crisis esté erosionando la calidad de nuestra democracia (67%) y sospecha que quien realmente manda en el mundo no son ya los Estados, sino “los mercados” (79%). La ciudadanía quiere más transparencia, más honradez, más búsqueda del interés común. Y no son pocos —tres de cada cuatro— quienes añoran el abandonado espíritu de pacto y consenso de la Transición. La situación es grave. La clase política es percibida como un problema por sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad, más que como una solución. Independientemente del resultado que arrojen las elecciones del próximo 20 de noviembre, los políticos deberán intentar revertir esta tendencia o pechar con sus consecuencias.

El desencanto político ha terminado alcanzando a los Ayuntamientos. Por su cercanía al ciudadano, la tónica tradicional ha sido una mejor evaluación de los Gobiernos locales en comparación con otros niveles de la Administración. Tras tantas informaciones sobre mala gestión o corruptelas, la ciudadanía los sitúa ahora, junto con Gobiernos de Comunidades Autónomas, por debajo incluso de las empresas multinacionales en lo que a credibilidad se refiere.

El ciudadano de a pie tiene la percepción de estar pagando una crisis originada por otros —principalmente por los bancos— y que no han sabido solventar ni políticos ni sindicatos. Esa percepción se ha agudizado en estos últimos meses y ya ha bajado en veinte puntos, desde principios de este año, la credibilidad que la población general deposita en bancos y cajas. Los españoles no quieren ni oír hablar de ayudas al sector financiero: siete de cada diez creen que se debería prohibir cualquier tipo de asistencia con dinero público a los bancos o cajas que tengan problemas y que, en ese caso, deberían ser nacionalizados. Y son hasta nueve de cada diez quienes exigen a estas entidades la devolución del dinero público recibido y quienes estarían a favor de la dación en pago de la vivienda para cancelar las hipotecas. Las entidades financieras parecen tomar conciencia de este estado de ánimo: de ahí, por ejemplo, que el mayor banco español haya ofrecido una carencia de tres años a los hipotecados que estén en paro. Su consejero delegado ha admitido incluso que esta medida se debe a la pérdida de imagen del sector provocada, según él, por movimientos como el 15-M.

En el caso de los sindicatos, cuya existencia nuestra ciudadanía considera imprescindible para la defensa de los derechos de los trabajadores, es su modo de actuar lo que parece obsoleto. No se comparte ni su retórica de confrontación —la huelga general del pasado septiembre resultó un fracaso en opinión del 65% y un éxito solo para el 11%— ni su intento de pacto escenificado el pasado día 2 de febrero. Los motivos para desconfiar de ellos difieren según la ideología: entre el electorado de derechas son percibidos como frenos a las reformas que necesita el país; entre los votantes de izquierdas se duda de su efectividad.

En cuanto a la Iglesia católica, su credibilidad disminuye a medida que el foco se acerca a su jerarquía. O, lo que es lo mismo, aumenta cuando se aleja de ella: la evaluación de Cáritas está por encima de la que se hace de la Iglesia en su conjunto, y esta última, por encima de la de sus obispos. Uno de cada tres evalúa con cero sobre diez el grado de confianza que le inspiran los prelados —el peor registro entre las instituciones analizadas—. ¿Anticlericalismo visceral? Parece dudoso: una amplia mayoría de los españoles se definen como “católicos” (con más o menos matices), y las otras dimensiones de la Iglesia cuentan con una clara mejor imagen social. La escasa confianza en la jerarquía eclesial probablemente se deba a la no aceptación, por sectores amplios de la ciudadanía, de unos planteamientos que se perciben alejados de la sociedad actual y a una propensión excesiva a intervenir en la vida política. En la actualidad, apenas uno de cada cinco españoles se considera “católico practicante”, la cifra más baja de los últimos 50 años.

Finalmente, en el apartado de medios de comunicación, la televisión. Con menor credibilidad que la radio y la prensa escrita, congrega, sin embargo, la mayor audiencia: casi nueve de cada diez españoles la ven todos los días. La amplia gama de programas televisivos, desde informativos hasta entretenimiento, y su muy variable calidad hace que su credibilidad media sea baja. No mantiene, pero entretiene.

El País