Una mayoría de los españoles (60%) está en contra de que los mercados dicten los designios de la economía sin la participación de los gobiernos. La ciudadanía no desea que su voluntad política manifestada en las urnas quede atrapada por las fuerzas de la oferta y la demanda. Aunque el realismo en la percepción económica es también evidente entre los españoles, pues seis de cada diez manifiestan que el retraso en la consecución de pactos de gobernabilidad va a influir negativamente en la economía.

La marcha inexorable de los mercados parece confirmar las hipótesis realistas sobre las consecuencias de no pactar, mientras aleja la posibilidad de un activismo estatal en la economía. Los mercados, soberanos en sus decisiones, consideran que España –al contrario que Grecia o Portugal- es un país demasiado grande para caer. Nuestra pertenencia a una zona monetaria única nos sitúa en el ojo del huracán por las posibles implicaciones de riesgo sistémico que conlleva la incertidumbre sobre la situación económica de España. El reciente borrador del informe de la Comisión Europea sobre la economía española -25 de enero del 2016- alerta claramente sobre la  “vulnerabilidad” y “riesgos a la baja” en nuestros mercados.

El principal índice bursátil de España, el IBEX 35, ha bajado más de 1000 puntos respecto a la cotización previa a las elecciones, situándose en mínimos de los dos últimos años tras haber perdido  la cota de los 9000. El tramo de bajada de final de año ha colocado el índice español a la cola de los principales índices europeos con una rentabilidad anual del -6,8%. Por otra parte, desde que las encuestas comenzaron a dibujar un escenario de cambio hacia un entorno multipartidista desconocido, la prima de riesgo –que mide el diferencial de rentabilidad del bono español con el alemán- ha aumentado un 30 %.

Es cierto que estas bajadas en los precios de acciones y bonos españoles se producen en un contexto macroeconómico mundial con numerosos desequilibrios y peligros. La burbuja inmobiliaria y de crédito en China acompañada de la falta de pujanza económica de Latinoamérica (-3,6% de crecimiento del PIB en Brasil en el 2015) han hecho añicos la teoría del “desacoplamiento”. Según esta noción, los mercados emergentes podrían sustituir a la esclerotizada Europa y a EE UU como motores del crecimiento mundial en años venideros. Comprobada la fragilidad del crecimiento de estos mercados, solo queda la esperanza de una expansión vigorosa de EE UU que tire de la demanda mundial. Pero los responsables de la política económica de la primera potencia del planeta no comparten esta visión y plantean ya subidas de tipo de interés ante el riesgo inflacionista de la economía.

España se encuentra así atrapada entre la incertidumbre política interna y la crisis de demanda internacional con consecuencias evidentes para sus mercados de acciones y bonos.  Este doble riesgo afecta en especial a las acciones de los grandes bancos nacionales, que suponen casi un tercio de la capitalización bursátil del IBEX 35. Por un lado, su gran exposición a los mercados internacionales –especialmente en Latinoamérica- dificulta la generación de ganancias en un contexto de demanda mundial menguante. Debido a las expectativas decrecientes de flujos de ingresos el precio de las acciones se ha visto afectado muy negativamente. Por otro lado, el aumento del riesgo político provoca ventas de los bonos del gobierno español y caídas de los precios de los activos de renta fija –e incrementos en la rentabilidad, dada la relación inversa entre la rentabilidad y el precio de los bonos-.  Puesto que desde el comienzo de la crisis de deuda soberana española, los bancos comerciales han acumulado ingentes cantidades de bonos del Estado en sus balances –alrededor de un tercio del total de la deuda española-, la caída en el precio de estos activos deteriora gravemente sus cuentas.

Las ventas de bonos y mayores rentabilidades de la deuda incrementan los costes de financiación del Estado español. En estas condiciones, pese a la opinión de la ciudadanía española sobre el gobierno de los mercados, resulta difícil pensar en el Estado como elemento dinamizador de la demanda agregada, pues España ha de emitir deuda nueva para pagar los intereses de la deuda ya emitida.

Cuando la prima de riesgo se estabilizó en marzo del 2013 tras haber rozado el nivel insostenible de los 700 puntos básicos, el 67% de los españoles afirmaba que el resultado de la intervención no sería duradero. Entonces, con el bipartidismo todavía vigente, nadie podía prever un elemento adicional de preocupación: la inestabilidad política y la incertidumbre asociada. Para estar en situación de gobernar la economía, respondiendo al deseo de los españoles, los políticos están obligados a dotar de estabilidad al marco político actual. De otra forma, la voluntad ciudadana quedará atrapada por la soberanía de los mercados.