De manera recurrente, el barómetro de Metroscopia recoge la cada vez peor percepción de la ciudadanía acerca de la situación política e institucional. Ha habido quien ha trazado la analogía con la situación que Ortega y Gasset denunció en su famosa conferencia “Vieja y nueva política”, de la que ahora se cumplen cien años: distancia entre la España oficial y la España real, muerte del sistema de la Restauración —hoy de la Transición—, fantasmagoría de los actores políticos.

Pero la analogía 1914-2014 quiebra en un punto primordial: los últimos cuarenta años han sido los de mayor modernización y prosperidad a los que España ha asistido en siglos. Y eso cambia de manera sustantiva la situación, porque, a diferencia de entonces, este país hoy tiene estructura y sistema más allá de los partidos políticos. El camino recorrido desde 1975 ha sido muy grande también en lo que afecta al ciudadano medio. No solo las mejoras consustanciales al estado de bienestar, la renta per capita española es actualmente de 22 279 €, según los últimos datos del INE (en 1982 era de unos 5 000 €; en 1996, 12 400 €; en 2004, 19 700 €; y en 2011, cuando Mariano Rajoy asumió el poder, alcanzaba 22 700 €).

Así, en este proceso refundacional al que parece abocada nuestra democracia, se deberían introducir mecanismos que garanticen el buen uso del bien público frente a la indignante corrupción —que afecta, fundamentalmente, a un coto muy reducido de la vida pública española: la clase política—. Porque, en lo que atañe a la vida cotidiana de los ciudadanos, las instituciones y el estado de derecho no han dejado de funcionar y el atisbo más cercano a la corrupción que implica a la gente normal es el “con IVA o sin IVA”, que se ha tratado de atajar, sin éxito, a lo largo de todos estos años. Con todo, la necesidad perentoria en este momento es definir el proyecto de vida en común (definición de nación para Ortega) que ha de inspirar a este país en las próximas décadas.

A estas alturas de la discusión política, conviene echar la vista atrás y no cometer errores que parecían superados. Cuando algunos prometen una catarsis en la realidad política e institucional, ha de recordarse el indispensable acuerdo que cualquier cambio sistémico necesita. Cuatro décadas después de la muerte del último dictador, es obvio que la Constitución precisa reformas. Este es otro país. Pero los cambios se han de realizar sobre consensos análogos a los de entonces. Nos llevó doscientos años levantar un acuerdo que tuvo por fundamento, por primera vez en la historia, el pacto y la transacción entre las dos Españas.

La historia de la construcción del Sistema Parlamentario Liberal en el siglo XIX tuvo por regla la exclusión del oponente político de manera que, cuando gobernaban los moderados, derogaban la última Constitución progresista, y viceversa. Eso por no hablar de fuerzas, como carlistas o socialistas que, sencillamente, no eran admitidas en el sistema. El Sexenio Revolucionario tampoco aceptó a quienes no compartieron las máximas de su programa. Fue, de hecho, la Restauración decadente a la que se refería Ortega en su conferencia de 1914, el primer régimen de nuestra historia que  basculó en torno a la aceptación del adversario político. El resultado fue no solo cierta estabilidad política, que duraría  algo más de cuatro décadas, sino que también posibilitó la emergencia de minorías que tendrían mucho que decir en la posterior historia de España: creación del Partido Socialista Obrero Español –que terminaría participando del sistema de la Restauración a partir de 1910 buscando derribarlo desde dentro-, sindicatos y organizaciones obreras –UGT y CNT, singularmente-; cierta tolerancia religiosa –la Constitución de 1876 reconocía la libertad de culto en el ámbito privado-; o también una relativa libertad de prensa –fue una edad dorada del periodismo español, con publicaciones que daban voz a un arco amplísimo de opiniones, desde declaraciones ultramontanas a soflamas anarquistas-.

El latrocinio del que han participado los actores del sistema político español nos escandaliza. Pero conviene no confundirse. Lo que procede es dirimir responsabilidades públicas y penales, y ponerse manos a la obra para construir ese nuevo proyecto que, como sucedió con la fundación del actual sistema, aúne a la ciudadanía. Si entonces el objetivo era construir la democracia y que esta sirviera de vehículo de modernización del país, hoy se necesita la imperiosa regeneración de los partidos, sí, pero para dar viabilidad a esa España que dicen los españoles que mayoritariamente desean: la próspera y moderna, la vertebrada territorialmente pero solidaria entre unas regiones y otras, la comprometida con un escenario internacional que busque la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible, la que blinde la indispensable independencia judicial garantía última del Estado de Derecho, la que proteja un sistema educativo y sanitario universal y de calidad, la que cuide de nuestros mayores —que, no en balde, y gracias a su esfuerzo y generosidad, hicieron posibles estos esplendorosos últimos cuarenta años—; en definitiva, una España que, con sus problemas y complejidades, destierre para siempre de sus ciudadanos ese fatalismo histórico que parecía enterrado y que, en los últimos tiempos, ha amenazado con resucitar. Para poder construir esos grandes acuerdos se necesita una idea de país. La ausencia de liderazgo representa un problema que alimenta la falta de respuesta que la vida política no da a sus ciudadanos.  Se necesitan nuevos Cánovas y Sagasta, o mejor aún, nuevos Suárez, González, Fraga, Roca o Carrillo que, acompañados por fuerzas económicas, sociales y políticas, pongan en marcha las reformas que hayan de venir. España debe andar cautelosa ante los mensajes adanistas. Hay mucho que perder.

· Antonio López Vega es profesor de Hª. Contemporánea de la UCM y dirige el Pulso de España 2014 de Metroscopia con patrocinio de Telefónica  y de próxima publicación en Ediciones El País.

*Foto superior Ferrán Arjona

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