Tres de cada cuatro ciudadanos (74 %) consideran que el Congreso de los Diputados no representa a la mayoría de los españoles y un porcentaje incluso superior (80 %) no se siente personalmente representado por él. Esta percepción es compartida por siete de cada diez votantes del PP, es decir, en apenas un año desde que se celebraron las últimas elecciones generales, una amplia mayoría del electorado popular —el mismo que le otorgó una rotunda victoria en las urnas— se siente ajeno a las decisiones que emanan del Congreso. Aquel grito que pusieron de moda las movilizaciones sociales del 15M —“No nos representan”— ha dejado de ser el lema de una minoría para pasar a expresar un sentimiento mayoritario. De hecho, la abrumadora mayoría de los ciudadanos (83 %) desaprueba la forma en que el Congreso de los Diputados está llevando a cabo su trabajo.

Sin duda, la cada vez más extensa —en duración y en número de personas afectadas— crisis económica está poniendo en tela de juicio la capacitación y cualificación de la élite política española. Al analizar las encuestas de los últimos 20 años en España se observa que una negativa percepción ciudadana de la situación económica siempre va acompañada de una negativa percepción de la situación política.

Al revés, sin embargo, no siempre ocurre lo mismo. En otras palabras, cuando la economía va mal los políticos son señalados como uno de los principales culpables (bien por acción —las políticas económicas que llevan a cabo—, bien por omisión —no ser capaces de resolver la crisis—), pero si la economía va bien, no corresponsabilizan de ello a los políticos. Por esto, en gran medida, la desafección política de la ciudadanía es cada vez mayor según avanza la crisis económica.

Y hay que añadir, además, los casos de corrupción política que, cada vez más, inundan las noticias de los medios de comunicación. En este sentido, la abrumadora mayoría de los españoles (85 %) considera que los Diputados del Congreso no desempeñan su trabajo con honestidad. Una falta de ética de nuestros representantes políticos solo igualable —a ojos de los ciudadanos— a la de los banqueros (un 84 % cree que estos no realizan su trabajo honestamente). En el otro extremo, aquellos que sí son honestos en el desempeño de su trabajo: el personal de enfermería (94 %), el personal médico (91 %), los profesores de la educación pública (88 %) y los policías (80 %).

En una posición intermedia, los periodistas (un 53 % cree que sí son honestos, frente a 40 % que opina lo contrario) y los abogados (51 % frente a 37 %). Unos resultados que vienen a coincidir con los de la tercera oleada del Barómetro de confianza ciudadana llevado a cabo por Metroscopia para EL PAÍS el pasado mes diciembre, en la que el personal médico y de la enseñanza aparecía en los primeros puestos del ranking y los tres últimos —de una lista de 37 instituciones y grupos sociales— correspondían a los bancos, los partidos políticos y los políticos. Hoy, miércoles 20 de febrero, día en el que se inicia el Debate del estado de la nación de este año —en 2012 no se celebró— sería un buen momento para que los políticos se esforzaran por recuperar la confianza de la ciudadanía. Veremos.

El País