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Cuando en España se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, no había ningún país del mundo que prohibiera constitucionalmente que esto pudiera ser así. Diez años después, al tiempo que ha aumentado el número de países que reconoce el “matrimonio igualitario”, lo ha hecho también el de aquellos que, por medio de su Constitución, blindan esta figura en torno a la unión entre un hombre y una mujer, exclusivamente.

Uno de los debates que genera el matrimonio entre personas del mismo sexo es, precisamente, si este tipo de uniones debe o no llamarse matrimonio. Otro, no menos exento de polémica, es si este modelo de familia tiene derecho o no a la adopción. Nuestro vecino Portugal lo resolvió con un referéndum que, sin negar la adopción individual, ha dado lugar a la prohibición de la adopción conjunta del “matrimonio gay”.

Para la sociedad española, ambos debates están superados y resueltos prácticamente desde el primer momento. Durante esta década de igualdad, se ha ido incrementando la tendencia de aquellos que consideran que la unión entre personas del mismo sexo debe poder llamarse matrimonio (69%) frente al —ya nimio— porcentaje de personas que creen que en ningún caso debería ser legal (4%).

Sin embargo, el dato más abrumador —de entre los que ofrece la encuesta realizada por Metroscopia con motivo de este décimo aniversario— es que tres de cada cuatro españoles están de acuerdo con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños: los más jóvenes lo apoyan casi incondicionalmente (86,6%),  los más mayores se resisten quizá algo más a aceptar esta posibilidad (53,8%). La sociedad española evoluciona, y lo hace en dirección a la completa normalización de un modelo de familia que representa la diversidad que existe, y existía, en ella.

Ahora, los retos son otros, porque la igualdad real no solo abarca el matrimonio y la adopción. Los casos de acoso (bullying) por orientación sexual e identidad de género se han incrementado en las escuelas, las agresiones por la condición sexual de la víctima encabezan la lista de las denuncias a la policía y, por último (casi siempre los últimos), siguen pendientes los derechos de las personas trans y su reconocimiento legal incondicional. Es el momento de concluir un proyecto que no se acaba con el “sí, quiero”.

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El País