Desde antes de las elecciones generales de noviembre de 2011, los españoles llevan reclamando cambios urgentes y profundos en nuestra vida política: en su organización, en su gestión, en su forma de proceder. Masivamente, se añora “el espíritu de la Transición”, es decir, la recuperación del diálogo, del mutuo respeto, de la lealtad institucional y de la altura y generosidad de miras como señas de identidad de nuestra vida pública (y aunque pueda haber quien piense que esta es una imagen algo sobre-embellecida de aquel ya lejano período de nuestra andadura colectiva no por ello es menos cierto que esa es la que tiene la ciudadanía —jóvenes incluidos—). Crece la frustración, pues a la dureza de una intensa y prolongada crisis (algo que no contribuye precisamente a cimentar el respeto por el entramado político-institucional), se añade la sensación, intensa, del ciudadano medio de ser sistemáticamente preterido o ignorado por sus representantes.

De ahí el inmediato eco popular que encuentran cuantos movimientos convierten en su bandera la exigencia de más transparencia, cercanía, información y representatividad en nuestra vida pública. Los españoles empiezan, además, a encontrarle el gusto al vértigo plebiscitario: quieren, cada vez con más facilidad y ligereza, ser consultados sobre casi todo, sin duda como reacción a la extendida sensación de no ser consultados ni tenidos en cuenta sobre casi nada. Por ejemplo, en el verano de 2011, según datos de Metroscopia, una clara mayoría pedía un referéndum para la aprobación de la reforma exprés de la Constitución, para inmediatamente añadir, de forma también ampliamente mayoritaria, que de haberse convocado su voto habría sido favorable a la reforma efectuada. En Cataluña, se apoya masivamente, desde ya tiempo, ese brillante invento terminológico que es el “derecho a decidir”, al tiempo que apenas la mitad de los ciudadanos dicen que, de celebrarse la reclamada consulta, optarían por la independencia (y claramente menos de la mitad si la independencia conllevara tener que salir de la Unión Europea). Y, ahora, dos de cada tres ciudadanos creen que en algún momento debería someterse a consulta popular la forma del Estado (o del Gobierno, que sobre si se trata de una cosa u otra difieren los constitucionalistas), pero al mismo tiempo son considerablemente más numerosos quienes dicen que en ese hipotético referéndum votarían a favor del rey Felipe VI. Sencillamente, los ciudadanos reclaman más voz y presencia en los asuntos colectivos, menos hieratismo y rigidez institucional, más diálogos, argumentaciones y datos y menos soflamas, slogans y medias verdades. Un tiempo nuevo, en suma, que abra un horizonte de luz en un panorama de tanta grisura y pesadumbre.

Y en este contexto anímico general, se produce la proclamación de un Rey joven que, sobre la base del —pese a todo— indiscutido y formidable legado del Rey saliente, convoca a nuevos esfuerzos para los múltiples problemas (sociales, económicos, identitarios pendientes) y lo hace con tono y maneras llamativamente coincidentes con lo que la ciudadanía lleva tanto tiempo esperando de alguna figura institucional. Felipe VI empieza así su reinado en clara básica sintonía con la ciudadanía: pensando en el futuro inmediato del país, son tres veces más los españoles a los que la figura del nuevo Rey inspira sensación de seguridad que de inseguridad. En los tres principales electorados (el tamaño muestral del sondeo impide considerar las respuestas de los restantes) predominan, de forma clara, quienes se sienten seguros con el nuevo Jefe del Estado; y lo mismo ocurre en los distintos tramos de edad. Pero hay más: el 75% de la ciudadanía cree que, si las formaciones políticas persisten en su desencuentro e incapacidad para pactar acuerdos y soluciones, el nuevo Rey debe convocarlas, urgirlas a dialogar y propiciar que se entiendan. Como en la Transición.

José Juan Toharia es catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia