Hay dos países en el mundo en que, según datos recientes del Instituto Gallup, casi la mitad de la población (el 42% exactamente) piensa que los líderes religiosos deben tener un papel directo y relevante en la redacción de los textos legales básicos, incluida la Constitución. Uno es Irán; el otro, Estados Unidos. Por supuesto, no cabe dar más sentido que el meramente anecdótico a la aparente coincidencia en este punto entre la democracia más antigua y consolidada del mundo y una muy peculiar forma actual de democracia -pero democracia al fin- como la iraní. Tras ese coincidente porcentaje subyacen, en realidad, dos planteamientos radicalmente opuestos: en un caso, el empeño por respetar un pluralismo religioso extremo y, en el otro, en cambio, el de preservar el monopolio absoluto de una única confesión. La radical separación en la vida pública estadounidense del ámbito religioso y del secular es compatible con el reconocimiento, generalizado e indiscutido, del papel que corresponde en la sociedad a la religión -a toda religión-. De ahí, sin duda, ese sustancial porcentaje de estadounidenses que piensa que el entramado normativo regulador de la vida social debe propiciar el acomodo de todas las sensibilidades religiosas. En el caso de Irán, el porcentaje reseñado parece sugerir más bien un sustancial (aunque no mayoritario) beneplácito a la tutela y control de la vida civil por la única autoridad religiosa existente.

Desde una perspectiva europea, y más concretamente española, datos como estos pueden resultar sorprendentes. Carecemos de la experiencia de un pluralismo religioso extremo como elemento constitutivo originario de la convivencia civil, y sí tenemos, en cambio, una larga experiencia de control total, o casi total, de la vida pública y privada por parte de una única confesión religiosa. Sin duda por ello, en nuestro caso, una masiva mayoría de ciudadanos (74%) considera que los legisladores deben realizar su tarea sin tener en cuenta consideración religiosa alguna. Los datos de una encuesta reciente de Metroscopia muestran además cómo tan solo dentro del relativamente reducido sector (que agrupa solo a uno de cada cinco españoles) que se define como “católico practicante” constituyen a su vez una ajustada mayoría absoluta quienes no están de acuerdo con esta idea. En otras palabras, apenas el 10% de nuestra población cree que los diputados deben tener en cuenta la opinión de la Iglesia católica, y de las demás confesiones, a la hora de elaborar leyes. El resto parece tener claro que entre lo que son competencias exclusivas “del César” y no “de Dios” está el dictar normas para todos, creyentes y no creyentes.

En este contexto resulta especialmente chocante que ante un reciente texto legal aprobado por las Cortes un obispo se atreva a proclamar que “esa ley no es ley” y que, en consecuencia, no debe ser obedecida porque va contra la doctrina de su Iglesia. Esa ley, por cierto, se limita a despenalizar en determinados supuestos un específico comportamiento (el aborto) pero por supuesto ni lo declara obligatorio ni moralmente aprobable. Y por supuesto, ni se le ocurre entrar a dirimir si debe o no ser pecado. Salidas de tono como la de este obispo, tan al margen de la realidad de las cosas y formulada con tan extremada rotundidad como imperceptible caridad, probablemente ayuden a entender que ese “pueblo fiel” al que dirige su nada cívica proclama haya ido gradualmente quedando en una exigua minoría. La inmensa mayor parte de quienes, pese a todo, y con los debidos matices, se siguen definiendo como católicos parecen optar, ante tanta intemperancia (que a la luz de esos datos de encuesta cabe pensar que no comparten), por hacer oídos sordos y mirar para otro lado.

José Juan Toharia es presidente de Metroscopia y director académico de la Fundación Ortega / Marañón.

El País (edición impresa)