España es un país que, en conjunto, padece un nivel bajo de corrupción, aunque ciertamente podría ser aún menor, según se desprende del último Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional —el correspondiente a 2012—: nuestro país aparece situado en el puesto 30 de un total de 174 países, una posición claramente mejorable pero no muy alejada de otros países de nuestro entorno (Francia, por ejemplo, está en el puesto 22).

Sin embargo, no es esa la sensación que predomina entre la ciudadanía al menos en lo que se refiere al sector público: la casi totalidad de los ciudadanos —96 %— considera que existe mucha o bastante corrupción en nuestra vida política y, además, que el grado de corrupción es ahora más elevado que el de hace dos o tres décadas (así lo piensa un 63 %), que es superior a la que existe en los países de nuestro entorno (54 %) y que está más extendida en el ámbito político que en otras esferas de nuestra sociedad (50 %). En realidad, los propios españoles matizan la percepción inicial que declaran, ya que reconocen de forma mayoritaria —67 %— que, de hecho, no hay tanta corrupción como parece, sino que se dan casos minoritarios pero suficientes como para poner en entredicho el buen nombre de los demás. Pocos casos pero suficientes para que en el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) —el correspondiente a diciembre de 2012— los españoles sitúen la corrupción y el fraude en el cuarto lugar del rankingde principales problemas de España, tras el paro, los problemas de índole económica y los políticos/los partidos/la política.

A la espera de que el Gobierno desarrolle la Ley de Transparencia, los ciudadanos proponen para combatir la corrupción posibles medidas que incumben a la Justicia, a los partidos políticos y, también, de forma autocrítica, a la propia ciudadanía. A la primera, se le pide mayor rapidez a la hora de investigar y juzgar los casos de corrupción porque la actual lentitud resta eficacia para combatirla (92 %); a los segundos, que denuncien y expulsen a sus militantes corruptos en lugar de protegerlos como parecen hacer ahora (95 %); y a la tercera, mayor severidad e intransigencia con los corruptos y deshonestos con independencia del partido al que representen (87 %) y que los electores se abstengan de votar listas electorales que incluyan personas acusadas de corrupción (85 %).

Corrupción 1
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El País