¿La profunda y prolongada crisis económica actual está causando en nuestro país una paralela crisis de confianza ciudadana en las instituciones? La respuesta que cabe extraer de los datos del cuarto Barómetro de Confianza Institucional de Metroscopia es, a la vez, afirmativa y negativa. Existe una clara y profunda crisis de confianza en todo lo que tiene que ver con el ámbito político; pero, en cambio, se mantiene intacto, y por tanto reafirmado, el crédito que merecen los principales grupos sociales que conforman la sociedad civil, así como nuestras principales instituciones de signo altruista y protector.

La erosión de las instituciones políticas lleva ya meses anclada en niveles extremos: el saldo aprobación/desaprobación de políticos y de partidos es ahora de -87 y -84, respectivamente. Los españoles reprochan a ambos de forma masiva (sin diferencias en función de la edad o de la ideología) su incapacidad para alcanzar los grandes acuerdos que demanda la actual coyuntura. Los datos disponibles indican con claridad que no estamos ante un no ciudadano a la política o a la democracia: no hay a la vista oleada antisistema alguna que amenace con anegar nuestra vida pública. El actual desapego afecta exclusivamente a la forma —mediocre, mezquina— en que gestionan, unos y otros, los asuntos públicos. Y no sirve de consuelo saber que esta decepción con el ámbito político se detecta en comparable medida en la mayoría de las democracias actuales, desde Francia o Italia a EE UU o Gran Bretaña. Pues ocurre que los españoles —los de más edad y los jóvenes, por igual— saben que las cosas aquí fueron una vez distintas. Pese a la creciente distancia temporal, ha pervivido intacto, como referente quizá idealizado pero no por ello menos valorado, el recuerdo de aquellos años de la Transición en que, por encima de sus diferencias ideológicas, nuestros partidos sabían alcanzar pactos y consensos fundamentales. Y eso es lo que la ciudadanía añora. Y eso es, exclusivamente, lo que reclama: más grandeza de espíritu, menos mezquindad cortoplacista.

Esta caída en picado del crédito ciudadano afecta ahora también a la propia figura del Rey: una novedad tan inquietante como inoportuna. Durante casi tres decenios el rey Juan Carlos ocupó, sistemáticamente, los primeros lugares en este tipo de listados de evaluación ciudadana. Con el caso Noos (al que vino a añadirse el malhadado viaje a Botsuana) el grado de desapego, y aun de enfado ciudadano, con el jefe del Estado no ha hecho sino crecer, especialmente en el caso de los más jóvenes (entre ellos el saldo evaluativo del Rey ha quedado ahora en un espectacular -42). ¿Está en peligro la institución monárquica? Más bien parece estarse produciendo un acelerado reemplazo del hasta ahora dominante juancarlismo por un pujante felipismo.

En efecto, el desgaste de imagen que está padeciendo el Rey (y que cada vez parece menos fácilmente reversible) se presenta acompañado de una básica estabilidad de la buena evaluación ciudadana que merece el Príncipe Felipe, que en esta oleada del Barómetro obtiene un saldo de +28 (frente al de -13 del Rey: 41 puntos de distancia). Además, siete de cada 10 ciudadanos consideran que don Felipe está ya suficientemente preparado para ejercer con total garantía las funciones de jefe del Estado, y una proporción similar considera que don Juan Carlos debería fijar una fecha —no muy lejana— para cederle el testigo. Todo esto, por cierto, al mismo tiempo que se reconoce, y agradece, de forma ampliamente mayoritaria el modo formidable en que el Rey ha desempeñado sus funciones durante tantos, y tan complejos años. Queda abierta la cuestión de si, en algún momento y en caso de no remitir, este desgaste —por ahora controlado— de la Corona puede terminar afectando también a la figura del Príncipe.

Lo que impide, pese al desgaste de instituciones y figuras tan fundamentales como las que conforman nuestro entramado político básico, que nuestra sociedad derive hacia la descomposición, el caos y la desesperanza es la pujanza de la sociedad civil y de algunas de las instituciones que la articulan: es el caso de científicos, médicos, docentes, pequeños y medianos empresarios, instituciones asistenciales (desde Cáritas, a los servicios sociales municipales, incluyendo a la sanidad pública), instituciones protectoras (como Guardia Civil, policía, Fuerzas Armadas y ONG, incluyendo la PAH) y —¡oh, sorpresa!— los abogados. Ellos mantienen articulada nuestra quebrantada vida colectiva y permiten que, pese a todo, y como hace poco destacaba Rosa Montero, podamos seguir considerándonos un país serio.

Una novedad destacable es que en esta oleada del Barómetro se sumen a la nómina de instituciones merecedoras de crédito y aprobación ciudadanos las distintas instancias judiciales: desde los fiscales hasta el Tribunal Constitucional. Algo sin precedentes y que es probablemente explicable por su actuación en el asunto de las hipotecas, de tan amplia cobertura mediática.

El País