Regeneración democrática

Hace unos días, tras hacerse público el Barómetro del CIS en que la clase política vuelve a aparecer como el tercer problema que más preocupa a los españoles, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que había encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un informe sobre cómo regenerar nuestra democracia. No es este un tema sobre el que estemos por completo a oscuras. Al margen de lo que los expertos puedan ahora acabar proponiendo, la ciudadanía lleva ya largo tiempo expresando con claridad, sondeo tras sondeo, su diagnóstico sobre nuestro actual sistema político y dejando claro lo que al respecto desearía que se hiciera. Y lo que pide no es precisamente la luna. Para empezar, los españoles demandan —y de forma masiva— que nuestra cultura política vuelva a estar impregnada de los valores de respeto, diálogo, capacidad de comprensión mutua, transacción y pacto que caracterizaron a nuestra transición a la democracia —período este, por cierto, que ahora añoran incluso quienes, por edad, solo lo conocen de oídas—. Demanda que, no hace falta resaltarlo, es sistemáticamente desoída por todos los actores políticos (con la única excepción, si acaso, del Rey, que periódicamente la recoge y expresa con el lamentable escaso éxito que cabe constatar).

En segundo lugar, los ciudadanos reclaman que el respeto a la Constitución no se entienda y practique a modo de enfermizo fetichismo que lleve a considerar intangible cuanto esta dice y contiene (salvo, por cierto, cuando su reforma nos viene perentoriamente exigida desde fuera, en cuyo caso lo que se decía complicadísimo resulta ser, de pronto, factible y de forma fulminante: modo este de proceder, por cierto, que nuestra ciudadanía aún no ha perdonado a la clase política, como muestran los datos disponibles). Y en tercer lugar, lo que se reclama es que el sistema político sea menos autista, menos cerrado sobre sí mismo y se haga más abierto y poroso al mundo exterior. La hondura y persistencia de todas estas demandas está abundantemente documentada en multitud de estudios (y en todo caso, y si se me permite citar uno muy reciente y especialmente detallado, en el Pulso de España aparecido el pasado mes de junio). No cabe pues alegar ignorancia o sorpresa al respecto: estamos ante un auténtico clamor.

Los datos del sondeo que Metroscopia acaba de realizar para este periódico y que acompañan a estas líneas vienen una vez más a confirmar, de forma clara e inequívoca, el amplio anhelo ciudadano de contar con un entramado político-institucional más transparente, cercano y flexible, que posibilite una mayor participación y se adecue mejor a la realidad social actual. Así, ahora igual que hace seis meses, una masiva mayoría de los españoles se muestra partidaria de establecer un sistema de listas abiertas (de modo que los votantes puedan reordenar los candidatos o tachar alguno de los que les son propuestos por los partidos), de impedir la perpetuación de dirigentes a la cabeza de las maquinarias partidistas, de reformar la ley electoral de modo que la distribución de escaños sea lo más proporcional posible al total de votos conseguidos por cada formación, y de que la selección de candidatos se lleve siempre a cabo mediante elecciones primarias abiertas. Y además seis de cada diez españoles desean que, de una vez, el Senado se constituya y actúe como Cámara de representación de las comunidades autónomas, tal y como establece —hasta ahora en vano— el artículo 69 de la vigente Constitución. Propuestas todas ellas en modo alguno utópicas o de imposible consideración, pero que hasta ahora han ido cayendo en saco roto. ¿Cómo puede extrañar entonces que la ciudadanía tenga cada vez más la sensación de que lo que dice y piensa no merece la atención de quienes son sus representantes?

El País