En noviembre de 2012, según un sondeo de Metroscopia para este periódico, el 95% de los españoles reclamaba ya al Gobierno un cambio urgente de la legislación hipotecaria vigente. No sin motivos: el 91% pensaba que con mucha frecuencia las entidades financieras habían abusado de la buena fe y de la falta de conocimientos jurídicos de la gente haciéndoles firmar hipotecas con condiciones abusivas; por ello, el 91% concluía que el papel de los jueces no podía ya ser aplicar sin más la actual legislación hipotecaria, sino tratar de proteger de abusos a la parte más débil;  y, además, el 96% reprochaba al Banco de España no haber vigilado más de cerca la forma en que se formularon y concedieron  determinadas hipotecas. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado jueves, que ha venido, en líneas generales, a avalar este desasosiego ciudadano, es percibida por el 61% como un varapalo que desprestigia a España. Sin duda porque han tenido que transcurrir dos decenios para que nuestro país haya de darse formal e indefectiblemente por enterado de una normativa europea de protección de los consumidores que está vigente ¡desde 1993!

Nuestra ley hipotecaria data sin duda “de tiempo inmemorial”, como se ha dicho, pero el problema no parece radicar tanto en esta obvia vetustez como en la larga y generalizada tolerancia oficial de las crecientes y abusivas adherencias, en forma de cláusulas en letra pequeña, con que las entidades financieras han ido engordando nuestras hipotecas. Ciertamente —procede matizarlo— no siempre y no todas, pero sí las suficientes, y sí lo suficientemente a menudo como para que ahora su imagen social de conjunto esté severamente dañada. Como nuestra sociedad tiene la sensación (recogida en múltiples sondeos) de que los desmanes de bancos, y sobre todo Cajas, van tendiendo a quedar impunes, no puede extrañar la unanimidad con que ahora se pide que el varapalo europeo se aplique no solo en clave de presente o de futuro, sino también retroactivamente. Algo sin duda tan complejo como delicado pero que expresa claramente el ansia social de que las instituciones financieras sean obligadas a algún tipo de reparación expiatoria.

En esta misma clave de hartazgo y de exigencia de responsabilidades cabe entender el masivo apoyo ciudadano (89%) a la campaña de “escraches” anunciada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que consiste en presionar (se entiende que pacífica y educadamente) a los diputados mediante cartas, mensajes y concentraciones, para que apoyen la Iniciativa Legislativa Popular sobre hipotecas. En sistemas políticos distintos del nuestro (como, paradigmáticamente, el estadounidense) las presiones de este o muy parecido tipo sobre senadores y congresistas están a la orden del día. Sin duda, la línea entre la presión admisible y la coacción inaceptable puede llegar a ser muy sutil y frágil, pero este tipo de reacciones ciudadanas, por inquietantes que puedan llegar a ser, resultan entendibles cuando la carrera de los políticos depende directamente de su historial de decisiones.

En nuestro sistema político los diputados y senadores viven en un confortable anonimato decisorio: nadie lleva el registro (y, por otro lado, nadie ve mayor utilidad en hacerlo) de quién vota a favor o en contra de esta o aquella propuesta legislativa. La férrea disciplina de voto viene a eximir a los a ella sujetos de toda responsabilidad individual por la decisión resultante (salvo en las contadas ocasiones en que se permite la libertad de voto). Y eso es lo que esta novedad del “escrache” aspira a conseguir en el tema hipotecario: el voto en conciencia, es decir, que cada diputado o senador actúe como si tuviera que dar cuenta de sus actos a los votantes, y no a su jefe de filas. Que algo tan ajeno a nuestros usos políticos, que es tan difícilmente trasplantable a nuestra actual mecánica política y que conlleva tanto riesgo potencial de derivar en situaciones inaceptables (e incluso delictivas) de acoso —con independencia de la sin duda sincera intención de sus proponentes— reciba el apoyo de nueve de cada diez españoles debe ser entendido como muestra del grado extremo que está alcanzando el desapego, la desconexión y el recelo de la ciudadanía respecto de sus legítimos representantes.

Los españoles se muestran así dispuestos, un poco a la desesperada, a avalar estrategias que como mínimo cabe considerar heterodoxas por si acaso ese fuera el modo de pinchar la burbuja en que perciben encerrados a sus políticos y de lograr que aterricen, por fin, en el suelo común de la dura realidad cotidiana.

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