La reforma del sistema electoral, uno de los puntos resaltados en el debate de investidura celebrado ayer, cuenta con el respaldo de amplia mayoría de la ciudadanía española. Desde 2012 hasta hoy, el 80% o más de la población se muestra de acuerdo con que exista la máxima proporcionalidad posible entre el número de votos obtenidos por cada partido y el de escaños que se derivan de los mismos.

La opinión pública no solo mantiene una opinión favorable a la reforma sino que, además, entiende que este cambio debería desligarse de la idea de estabilidad política. Para un 78% de la ciudadanía que sea más o menos difícil formar gobierno es algo independiente a la proporcionalidad que debe existir en el momento de traducir las papeletas en representantes. Solo el 19% preferiría que los dos partidos que logren más votos obtengan más escaños de los que proporcionalmente les corresponderían, de manera que se favorezca la formación de gobierno y se garantice mayor estabilidad política.

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La gran mayoría de los votantes de Podemos, Unidad Popular, PSOE y Ciudadanos apoyaría esta reforma electoral. Es entre el electorado del PP donde se registra mayor oposición. Pese a que la mayoría (57%) se muestra de acuerdo, el 37% optaría por continuar con una prima de escaños a los dos partidos mayoritarios.

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Evidentemente los criterios de proporcionalidad adoptados en España han demostrado su eficacia en sus casi 40 años de historia, pero la posición de la ciudadanía parece clara: no a la prima sistemática de escaños a PP y PSOE. Con estos datos parecería pertinente repensar y tratar de aplicar otro criterio de proporcionalidad más acorde al nuevo tiempo político, en el que son cuatro y no dos las formaciones más votadas con un margen de votos de menos de quince puntos porcentuales: del 28.7% de PP al 13.9% de Ciudadanos.