Social liberalismo

Ilustración: Fernando Vicente

La crisis del ébola ha hecho visible el progresivo deterioro que está sufriendo nuestro sistema sanitario. Desde que la persistente recesión económica nos azota, una de las cuestiones que los responsables públicos han presentado como inevitable es la insostenibilidad del Estado de Bienestar. Paradójicamente, los españoles, por el contrario, lo que más valoran del sistema público es la garantía de una sanidad y una educación de calidad, universal y gratuita (según datos recurrentes del Barómetro de confianza institucional de Metroscopia). Puede que los recortes fueran necesarios para salvar una situación de crisis sistémica, pero lo que actualmente está en discusión es la aplicación de los mismos sobre esas cuestiones fundamentales para la ciudadanía.

Fue durante el siglo XIX cuando el Estado de Derecho Liberal adquirió carta de naturaleza política, jurídica, social y económica. Si durante el Antiguo Régimen las leyes y las penas eran diferentes en función del estamento al que se perteneciera o la profesión que se ejerciera, las revoluciones americana y francesa nos hicieron ciudadanos libres e iguales ante la Ley y suprimieron los derechos históricos o adquiridos. Con la Constitución de Cádiz de 1812, nació el liberalismo como ideología política fundamentada en la soberanía nacional y caracterizada por el imperio de la Ley, las garantías judiciales, la separación de poderes y la positivización de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Obviamente, mucho de lo normativizado en el siglo XIX tuvo consecuencias más aparentes que reales en la vida cotidiana de los ciudadanos de entonces, lo que motivó una reacción social cuya manifestación más visible fue el impulso y difusión del Movimiento Obrero y la creación de Partidos Socialistas por toda Europa. Las reivindicaciones obreras llevaron al logro de importantes conquistas, como el derecho a la huelga, el descanso dominical, la reducción de la jornada laboral, las pensiones de jubilación y viudedad o la limitación del trabajo de mujeres y niños.

Tras la I Guerra Mundial, el sistema parlamentario liberal comenzó a ser visto como un sistema débil e ineficaz –lo que se tradujo dentro de Europa en la conocida como “Era de las Dictaduras”–. Fue en ese contexto cuando surgió lo mejor de la tradición liberal española: Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón –en lo intelectual– o, en lo político, Azaña, Fernando de los Ríos o Indalecio Prieto –que no en balde dijo aquello de “soy socialista a fuer de liberal”–, imbuyeron al liberalismo de un fuerte anhelo de justicia social.

De manera análoga a lo que ocurrió con otros liberales europeos de entonces,  aquel social liberalismo español trajo consigo lo más valioso del espíritu reformista que auspició la llegada de la II República. Fue entonces cuando, entre otras cosas, la extensión universal y gratuita de la educación o de la atención sociosanitaria se convirtieron en una preocupación nacional, por citar los dos pilares que iban a fundamentar lo que conocemos como Estado de Bienestar, que vería la luz en la segunda mitad del siglo XX de la mano de la socialdemocracia europea y que tiene una de sus fuentes originarias en aquel social liberalismo de comienzos del siglo pasado.

El liberalismo solo lograría superar la crisis de entreguerras con la victoria sobre el totalitarismo nazifascista en la II Guerra Mundial. Más tarde, durante la Guerra Fría, alumbró el sistema político económico del bloque occidental, que vencería al otro totalitarismo del siglo XX: el comunista. Sin embargo, no deja de ser paradójico que, tras su triunfo total, el sistema liberal haya entrado en una nueva crisis de la que aún no ha salido. Una de las causas que ha originado el descrédito del liberalismo en las últimas décadas es el hecho de que se ha tendido a identificarlo, exclusivamente, con lo económico y, en ocasiones, con la desregulación masiva e irresponsable de los mercados, lo que, además de estar en el origen de la gravísima crisis económica que estamos sufriendo, ha generado que en el imaginario colectivo se tenga una idea peyorativa de lo liberal, asimilándolo a las peores prácticas del capitalismo financiero.

Es, por tanto, hoy, un buen momento para subrayar y reivindicar la mejor herencia histórica del social liberalismo: la que ensalzaba la ejemplaridad ética (severa y austera podría añadirse en esta coyuntura concreta: recuérdese que, antes de ser ideología política en el siglo XIX, liberal era sinónimo de prodigalidad o magnanimidad); la que entronca con lo mejor del Parlamentarismo como altavoz de todas las sensibilidades ciudadanas; la que hace de la separación de poderes el fundamento del equilibrio del Estado y protege a los ciudadanos ante posibles abusos de poder; la que nos ha legado un sistema sanitario solvente y de calidad; y, en fin, la que defiende y fomenta las libertades y la iniciativa individual frente a la injerencia del Estado, pero, a la vez y en aras del mejor espíritu liberal, protege y fomenta —a través de la educación— la igualdad de oportunidades con medidas comúnmente asociadas al Estado de Bienestar.

Así, los avances que han conllevado estas aspiraciones han hecho que buena parte de la ciudadanía española se identifique con los presupuestos básicos de la socialdemocracia. Por eso, cuando se mira ahora el peso que sanidad y educación tienen en el gasto público español, cabe preguntarse: ¿no habrá sido posible recortar de otros ámbitos, como, por citar algunos de los mencionados en estos últimos años, la reducción del gasto en entidades de ámbito local —los más de 8.000 ayuntamientos— o las diputaciones —hubo quien prometió acometerlo—? No deja de ser llamativo que, invariablemente, los científicos o los médicos aparecen entre los sectores más valorados por la ciudadanía. Sin embargo, los responsables públicos han detenido —o reducido— la inversión en ciencia y educación —decía Gregorio Marañón que era la única inversión que, a la larga, siempre resulta rentable en los Presupuestos Generales del Estado— y en sanidad —con lamentables espectáculos como el desmantelamiento de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Carlos III de Madrid…—. Si los responsables políticos ejercen una función de servicio público, la pregunta inevitable es: ¿por qué se castiga a estos sectores cuando la ciudadanía estaría dispuesta a prescindir antes de cualquier otro servicio o derecho? No estamos hablando de medidas económicas, estamos hablando de 200 años de conquistas de derechos sociales que han dotado de dignidad al ser humano.

· Antonio López Vega es prof. de Hª. Contemporánea de la UCM y dirige el Pulso de España 2014 de Metroscopia con patrocinio de Telefónica  y de próxima publicación en Ediciones El País.

El País