La sociedad española está más empobrecida ahora que en el año 2007, dice Cáritas en su último informe del Observatorio de la Realidad Social: la actual tasa de pobreza, la más alta de los últimos años, ha alcanzado a un 21,1 % de la población. Casi la mitad de los españoles conoce a alguien al que podría calificar como pobre y tres de cada diez definen su propia situación como de pobreza o cerca de ella, según datos de Metroscopia. Algo que los ciudadanos no perciben como circunstancial: el 81%  está convencido de que habrá más pobreza que antes en España cuando acabe la crisis y la economía vuelva a crecer. En este contexto de mayor empobrecimiento y poca confianza en que la situación mejore se ha celebrado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17O).

Con motivo de la celebración de este Día, los representantes de las organizaciones sociales reclaman al Estado un papel de liderazgo activo en las políticas sociales. Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), recuerda que el Estado “no debe ayudar a las entidades sociales sino que deben ser las entidades quienes ayuden al Estado”.. Lo que, de momento, no parece estar ocurriendo. La familia, una vez más, se ha convertido en el principal, y posiblemente único, apoyo para la supervivencia de muchos; y las organizaciones sociales, en el último recurso al que acudir cuando aquella ya da señales de agotamiento y extenuación. Cáritas o Cruz Roja son dos de las entidades que mayor aprobación provoca en los españoles, además de considerarlas de forma casi unánime como una tabla de salvación que hace que los efectos de la crisis sean menos insoportables.

El informe de Cáritas advierte del cambio de modelo de protección social que se ha producido como consecuencia de la crisis: va diluyéndose la estructura del estado de bienestar basada en los derechos que nos igualan a todos los ciudadanos. Los recortes económicos en sanidad o educación, entre otros, tienen mucho que ver con que este cambio esté teniendo lugar, aunque no se trata únicamente de recortes. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lo describe así: “la pobreza más que un tema económico es una privación profunda de las libertades fundamentales y un ataque a la dignidad humana”. La pobreza es, en definitiva, discriminación, y es a lo que se enfrentan a diario las personas en esta situación: a una exclusión económica, social y, desde luego, de atención política. Pero, sobre todo, a su falta de voz. Si la pobreza es una violación de los derechos humanos, es responsabilidad de los Estados erradicarla.


Cuadro
El País