La erosión del crédito social de la institución monárquica se hizo especialmente perceptible a partir de 2010, en la estela del caso Urdangarin.Hasta ese momento, y a lo largo de al menos dos decenios, la proporción de españoles que, puestos a elegir, optaban por la Monarquía había superado ampliamente a la de quienes lo hacían por la República. En 1996, el saldo favorable a favor de la primera era de 53 puntos (66% frente a 13%). Que con el tiempo pudiera producirse una lenta erosión del atractivo —teórico y en abstracto— de la institución monárquica era esperable. A fin de cuentas, la monarquía es una magistratura de carácter hereditario, es decir, basada en un principio frontalmente a contrapelo de los valores (igualitarismo, mérito personal, logro individual) característicos de las sociedades democráticas avanzadas, y solo la tradición, ininterrumpida y multisecular, o la probada eficacia y utilidad de su existencia pueden verosímilmente conseguirle en ellas el apoyo popular. Que es, por cierto, el caso de España. La forma en que el Rey ha ejercido sus funciones ha prestado legitimidad social a la Corona, y no al revés. Para un 78% de los españoles, sin la presencia y actuación de don Juan Carlos, la transición a la democracia no hubiese sido posible; y para un 74%, el Rey no solo ha logrado consolidar la Monarquía sino, además, probar que esta podía cambiar y adaptarse a las exigencias, en cada momento, de la sociedad española: anacrónica quizá, pero también útil y eficaz en momentos difíciles.

Los avatares recientes de la Casa del Rey han dado lugar, sin embargo, a que, entre 2007 y 2010, el saldo favorable a la monarquía haya quedado reducido a menos de la mitad (de +47 a +22) y se presente ahora estabilizado en +16. Esto no se debe a que se haya desplomado estrepitosamente la preferencia por la Monarquía (por la que en realidad sigue optando un todavía mayoritario 53%), sino a que la opción republicana ha ganado nuevos apoyos (del 13% en 1996 ha pasado al 37% ahora), quizá como resultado de una reacción de enfado y censura.

Por otro lado, es cierto que el hondo descrédito ciudadano en que, con la crisis económica, ha caído el sistema político en su conjunto ha de haber alcanzado también inevitablemente a la Corona, símbolo y cúspide, a la vez, de todo nuestro entramado político-institucional. En todo caso, el Rey es, con amplia diferencia, la figura de nuestro sistema político que resulta mejor evaluada: en el saldo de aprobación-desaprobación ciudadana queda 66 puntos por encima del Gobierno, 80 por encima del Parlamento y 94 por encima de los partidos. Pero, eso sí, ya no ocupa en solitario, como solía, el primer lugar en la tabla de confianza ciudadana, y pasa a un confortable lugar medio-alto, inmediatamente detrás, por cierto, del Príncipe de Asturias. Que, tras el caso Botsuana, el Rey está siendo, además, objeto de una especie de reconvención por parte de los españoles parece obvio. Dicho asunto supuso su primer y grave desencuentro con una ciudadanía con la que tan directamente había sabido conectar durante cuatro decenios y de forma especialmente significativa apenas cuatro meses antes, en su celebrado mensaje navideño. De ahí la intensidad de la decepción y enfado ciudadanos, traducidos en un llamativo desplome de la imagen del Monarca. En marzo de este año, el Rey era evaluado por los españoles de forma ampliamente positiva: un 74% de aprobación frente a un 21% de desaprobación, es decir, un excelente saldo positivo de +53 puntos. A finales de abril, inmediatamente después del malhadado viaje africano, dicho saldo pasó a ser de tan solo +6; es decir, bajó 47 puntos en apenas un mes. Va sin duda en honor de don Juan Carlos la rapidez con que tomó conciencia de su error. En un gesto sin precedentes en nuestra vida pública, sus primeras palabras tras el incidente fueron las ya famosas: “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”. Resulta imposible encontrar un antecedente de contrición equivalente en ninguna de las figuras de nuestra vida política por más que hayan podido errar (y varias lo han hecho, incluso grave y repetidamente). A finales de julio, su evaluación ciudadana presentaba síntomas claros de recuperación, que su acumulado capital de prestigio social —que sigue siendo formidable— sin duda contribuirá ahora a acelerar.

Así las cosas, y con vistas al futuro, ¿en qué situación cabe pensar que se encuentra ahora la Corona? En realidad, y pese a todo, mejor de lo que a primera vista podría parecer. Aunque el desgaste actual de la institución ha afectado también, tangencialmente, al Príncipe de Asturias, lo ha hecho en clara menor medida. Su evaluación ciudadana presenta ahora un saldo favorable de 29 puntos con tendencia al alza y, quizá, a aproximarse al saldo positivo de 53 puntos que tenía hace cinco meses. Además, el 79% de los españoles cree que don Felipe está totalmente preparado para asumir, en su día, las funciones de rey, y un 76% cree que, cuando llegue el momento, su acceso a la Corona se hará con total normalidad. Algo que sin duda ha de resultar tranquilizador para cuantos, durante años, se han estado preguntando si el juancarlismo de nuestra sociedad podría derivar alguna vez en felipismo. Parece que sí.

El País