En círculos judiciales solía decirse de él que era “el obvio”, si bien a este calificativo acababa añadiéndose casi siempre la misma coletilla: “…pero sin posibilidad ninguna”. Lo que tan obvio ha parecido tanto tiempo a tantos es que Eduardo Torres-Dulce podría ser un fiscal general del Estado de los que marcan época. Su radical independencia y honestidad, su indiscutible competencia jurídica, su ponderación, bondad personal y sentido del humor parecían prefigurarle como uno de esos inolvidables personajes judiciales del universo cinematográfico (de los que encarnaría un James Stewart, un Spencer Tracy o un Henry Fonda —bajo la dirección, por supuesto, de John Ford—). Y por ello mismo se pensaba que era altamente improbable que alguna vez pudiese estar al frente de una institución tan compleja como determinante quien, como él, tantas muestras había dado de no estar dispuesto a someterse sino a la estricta legalidad y a lo que en conciencia considerase justo.

A lo largo de los últimos dos o tres decenios, y según los estudios disponibles, en el mundo occidental, pero en todo caso de forma clara en España, la imagen que la sociedad tiene del fiscal ha variado profundamente. Ya no se asocia exclusivamente su función con la de acusar, ni se le atribuye, irremisiblemente, el papel de malo dentro de la escenografía judicial. El fiscal tiende ahora a ser percibido más bien como el defensor de las víctimas, el promotor del interés público, el valedor de los indefensos: alguien que vela por que la ley sea aplicada de forma generalizadamente imparcial.

Y es que —no se olvide— es la imparcialidad lo que debe caracterizar al ministerio público (como de hecho así determina su propio estatuto). Y ser imparcial no es precisamente fácil. Y ser el jefe de quienes, por mandato legal, tienen que serlo, aún menos. En realidad, es una misión que la propia sociedad, en su dinámica cotidiana, se encarga de hacer prácticamente imposible. Salvo, claro está, que al frente de la institución se acierte a colocar a un caballero sin espada, a un Clarence Darrow redivivo o a un Paul Biegler repescado para el ministerio público. O sea, a un auténtico fiscal de cine.

El País