España es un país serio y decente, en el que se puede confiar. Pero aunque sobreabundan los datos sociológicos que avalan esta afirmación, lo cierto es que nuestra propia ciudadanía expresa al respecto reacciones contradictorias. Por un lado, el 74% cree que, en conjunto y en líneas generales, los españoles somos ciertamente gente seria y decente; pero al mismo tiempo son mayoría (54% frente a 42%) quienes pese a ello piensan que, en la actualidad, España no es un país responsable y de fiar. Son 32 los puntos (74% frente a 42%) que separan a ambos diagnósticos.

Si aceptamos que  para el español medio el término ‘país’ puede connotar, semánticamente, dimensiones y elementos adicionales al de la exclusiva ciudadanía (como, por ejemplo, las instituciones) tendríamos una posible pista para explicarlo. A fin de cuentas, desde hace ya varios años, los españoles vienen expresando su cada vez más profunda decepción y creciente enfado con nuestras instituciones públicas, esas que de modo más directamente perceptible nos articulan y estructuran como país. El actual desaliento ciudadano no respondería así tanto a una pérdida de autoestima y confianza en nosotros mismos cuanto a la cada vez más insoportable constatación de que buena parte de nuestras instituciones y figuras públicas no están sabiendo estar a la altura que nuestra sociedad merece. Y no sobra decir que este desazonante diagnóstico ciudadano, reflejado mes a mes en los sondeos de Metroscopia para este diario, resulta coincidir milimétricamente con lo que llevan ya tiempo denunciando muchos de nuestros más fiables politólogos y analistas sociales. Lo que de su juicio experto, y de la intuición ciudadana, se desprende es que, de nuevo, nos hallamos ante una ‘España real’ y una ‘España oficial’, pero dando ahora a estas expresiones un sentido distinto del que les prestaran, cuando las acuñaron y popularizaron, Joaquín Costa y Ortega y Gasset (y sobre esto no me resisto a recomendar, a quien no lo haya leído todavía, el ejemplar alegato de Muñoz Molina en su “Todo lo que era sólido”). Ahora, un Silvela redivivo no podría concluir que España está sin pulso, sino más bien que los encargados de conducirla y regentarla no saben encontrárselo.

Nuestra sociedad está viva, pero muchas de sus instituciones languidecen y se muestran incapaces de seguirle el paso. A principios de los años 60 del pasado siglo, España era un país socialmente desigual, económicamente atrasado y padecía una dictadura que nos aislaba de nuestro solar europeo. En apenas una generación el panorama cambió radicalmente. Los españoles, los ciudadanos de a pie, se tomaron muy en serio el cambio político y llevaron a cabo una transición que fue modélica, se diga lo que se diga ahora —a toro muy pasado, y cuando ya no hay riesgo alguno de que este cornee—; se tomaron en serio resistir y hacer frente, con entereza, al terrorismo; se tomaron en serio el pluralismo de ideas, valores y estilos de vida, culminando así esa “revolución del respeto” que ansiara Fernando de los Ríos; se tomaron en serio el europeismo y nuestra integración en Europa. Además, al hacerse una economía potente, España cambió su mentalidad colectiva en el terreno económico, con una nueva y positiva actitud, cada vez más generalizada, respecto del emprendimiento y de la función empresarial (sobre todo en el caso de las PYMES, que ahora son la tercera institución mejor evaluada por los españoles, según el último Barómetro de Confianza Ciudadana realizado por Metroscopia). Se sigue recelando, eso sí, —y fuertemente, y no sin buenos motivos— de esa economía financiera desbocada, que nos ha descarrilado.

En proporción de dos a uno, los españoles creen que las cosas van mejor cuando el Estado ejerce un control razonable sobre la vida económica y no cuando le permite esa absoluta libertad, sin regulación alguna, que algunos preconizan. Se recela fuertemente de la globalización (que, en opinión del 72% de los españoles lo que hasta ahora ha supuesto ha sido, fundamentalmente, que sean los mercados quienes en realidad manden en los países, suplantando a las instituciones democráticas) y se abomina de la cultura del pelotazo y del enriquecimiento súbito. Es este, se mire por donde se mire, un país decente, y en modo alguno un país corrupto (como subrayaba, con énfasis, este pasado domingo, 28 de julio,  Antón Costas, otro connotado experto). Es, además, un país sereno, y moderado, que abomina de extremismos y violencias. Cuando en alguna ocasión se satura la capacidad de paciencia social, lo que se producen son movimientos como el 15-M o como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que si atraen una atención universal es, precisamente, por su carácter cívico, por lo básicamente razonable —y aun prudente— de sus planteamientos y por su afán regenerador de una democracia que languidece. La España violenta y cainita es un mito del pasado, al menos entre la ciudadanía de a pie: siete de cada diez españoles afirman que somos un país fundamentalmente pacífico y con fuertes valores cívicos que resuelve sus problemas mediante la negociación y el acuerdo. Nadie cuestiona, hoy, ni siquiera en medio de la actual catástrofe económica y social, el sistema democrático: el 75% de nuestra ciudadanía (el mismo porcentaje que hace, por ejemplo, tres años) sigue diciendo que es, sin duda alguna, el preferible. No parece fácil encontrar en nuestro entorno europeo una sociedad que sepa mantenerse tan paciente, solidaria y generosa en medio de una crisis tan profunda y con una tal carencia de liderazgo público. Porque ese es el principal problema que pesa sobre nuestra sociedad: el derrumbamiento (por anquilosamiento, incompetencia o ceguera partidista) de algunas instituciones de crucial importancia para la vigorización de nuestra vida pública.

Un país serio y decente

Este artículo constituye el primer avance del Pulso de España 3 (junio 2012-junio 2013) que, dirigido por José Juan Toharia, elabora Metroscopia para la Fundación Ortega-Marañón, con la colaboración de Telefónica. Fue publicado en la edición impresa de EL PAÍS el 11 de agosto de 2013 bajo el título “Un país decepcionado”

El País