La organización de control ciudadano Access Info remitió en 2007 al Gobierno español una serie de preguntas con respecto a las medidas derivadas del convenio de la OCDE contra la corrupción, al que España está adherida. El Gobierno no contestó y la ONG fue a los tribunales para reclamar la información. Cinco años después, la Administración seguía sin contestar y Access Info era condenada en costas a pagar 3.000 euros. Es la versión judicial del “¡vuelve a por otra!”.

Esta pequeña anécdota ilustra al menos dos cuestiones relevantes sobre el momento por el que pasa la democracia española: la primera es que un país tiene problemas graves cuando los ciudadanos tienen que acudir a los tribunales para solicitar información básica sobre la lucha contra la corrupción… y estos encima se la niegan. La segunda es que el estado de alegre excepción en el que se han desenvuelto las instituciones españolas hasta este momento podría haber tocado a su fin: la respuesta de la derrota judicial de Access Info fueron cerca de 120.000 firmas en una petición de change.org, haciéndole al Gobierno las mismísimas preguntas que se había negado a contestar en primer lugar. Y más de 10.000 euros para apoyar las costas del juicio.

 En otras palabras, una parte creciente de la sociedad española reclama instituciones más creíbles y responsables, lo que empieza por hacerlas más transparentes. Estas intuiciones parecen confirmarse con los datos obtenidos por Metroscopia hace algo menos de un año, que señalan que 7 de cada 10 españoles piensan que las prácticas de corrupción son habituales y están generalizadas y que una Ley de Transparencia como la que ha propuesto el Gobierno del PP ayudaría mucho o bastante a prevenirlas.

Lamentablemente, si piensan esto último es porque no conocen en detalle la Ley de Transparencia que ha propuesto el Gobierno. Aunque la iniciativa constituye un hecho sin precedentes en la democracia española (con toda su fanfarria actual, el PSOE guardó sus ideas en un cajón durante siete añitos de gobierno), los expertos han destacado desde el primer momento las debilidades del borrador de ley. Entre otras, excluye a instituciones como las formaciones políticas, la Casa Real, los sindicatos o la patronal (¿quién podría estar preocupado por ellas?); limita el acceso a información auxiliar como las notas, los borradores o las comunicaciones internas (fundamentales para entender el proceso de toma de decisiones y sus resultados); y establece el silencio administrativo negativo, lo que elimina el derecho a una denegación motivada. Pero no se preocupen, porque la ley pone la supervisión en manos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, célebre por su ecuanimidad.

Algunas de estas taras serán corregidas durante la tramitación parlamentaria de la ley, que se está produciendo en este momento. Pero yo no pondría muchas botellas a enfriar. Al fin y al cabo, el hecho de haber llegado al siglo XXI con normas de transparencia del XIX es una responsabilidad colectiva. Esperar la conversión repentina de los mismos grupos parlamentarios que han mantenido apagada la luz hasta este momento es, por decirlo de forma suave, una ilusión de juventud. Si algo aprendemos al abrir cada mañana los suplementos de corrupción que ofrecen los periódicos es que la única posibilidad de regeneración interna de los partidos es la autocombustión.

 Mi convicción es que el cambio, el cambio verdadero, vendrá de la mano de la presión ciudadana. Las movilizaciones y la sociedad civil organizada están transformando el panorama a una velocidad esperanzadora. Los datos de Metroscopia muestran a una ciudadanía suficientemente harta y asustada como para dar todas las batallas que sean necesarias. Ahora solo falta que esté adecuadamente informada, y para eso necesitamos una Ley de Transparencia ambiciosa, comprehensiva y protegida de las manipulaciones de quienes deben ser controlados. Ellos lo saben, nosotros también.

El País