El País (edición impresa)

El juicio que merece a la ciudadanía la actuación de la jerarquía eclesiástica española, y aun la del propio papa Benedicto XVI, en relación con los casos de pederastia y abusos sexuales contra menores cometidos por clérigos, es sumamente severo. Siete de cada diez españoles, según un sondeo de Metroscopia, consideran que en este asunto ni Roma ni la Iglesia española están obrando correctamente. Y lo especialmente llamativo es que esta opinión resulte mayoritaria incluso entre quienes se definen como católicos practicantes, es decir, entre esa sexta parte de nuestra población que cabe considerar como el reducto de fieles católicos más sólido y leal.

Estos datos sólo pueden sorprender en realidad a quienes, por decirlo con palabras evangélicas, “teniendo oídos no oigan y teniendo ojos no vean” (Mc, 8,18). La cantidad de casos que se ha ido conociendo, en un goteo tan continuado en el tiempo como extendido en el espacio, merecía sin duda una reacción por parte de las autoridades eclesiásticas al menos proporcional al estupor, vergüenza e indignación que generaron. No ha sido así. Poco a poco se ha descubierto que el problema viene de antiguo; que no afecta a pobres e ignorantes curas de aldea (si es que esta especie aún existe), sino que alcanza a insignes prelados y hasta a alguien que además de fundador de una influyente orden religiosa fue también, durante años, confesor del anterior Papa; y que sus actos (que en primer lugar y ante todo son un delito, y sólo después, y además, un pecado) quedaron a cubierto tanto de la merecida sanción legal como del correspondiente oprobio público merced a un encubrimiento -que ahora no puede ser entendido sino como objetivamente cómplice- perpetrado con el pusilánime ánimo de evitar “un mal mayor”. Como si la sociedad, en general, y dentro de ella la feligresía católica, estuviese compuesta por personas sin criterio, asustadizas y cortas de entendederas. El escándalo -el inmenso escándalo- social no es tanto que haya sacerdotes, u obispos, o incluso un confesor papal, que resulten ser pederastas, sino que puedan serlo impunemente. Haber propiciado su encubrimiento ha supuesto además ensuciar de paso, tan torpe como injustamente, el buen nombre y fama del resto de los clérigos, en su inmensa mayoría personas honestas y sinceramente entregadas a su fe.

La Iglesia puede ahora ceder al erróneo reflejo del miedo y, en vez de encarar clara y firmemente la realidad, tratar de conseguir apoyos con denuncias de conjuras y “persecuciones”. Allá ella. Pero la inescapable realidad es que, en este tema, el dedo más inmisericordemente acusador es el del propio Jesús de Nazaret. En ninguno de los cuatro evangelios canónicos quedan recogidas frases suyas más duras que las que dedica precisamente a quienes quiebran la inocencia infantil. Para quienes así actúan, decreta que “sería preferible que les ataran al cuello una piedra y los arrojaran al mar” (Mc, 9-42). Con ligeras variantes (que en lugar de ser arrojados al mar, se tiren ellos mismos), la idea aparece recogida también en los evangelios de Mateo (18-6) y Lucas (17-1,2). Sería sin duda abusivo tomar estas palabras al pie de la letra y deducir que lo que Jesús de Nazaret recomienda es la ejecución sumaria o el suicidio de los pederastas. Pero parece claro que lo que en modo alguno propugna para estos casos es precisamente el encubrimiento, la ocultación o el secretismo. Que es lo que piensa también el masivo 70% disconforme con el proceder de la jerarquía católica.

José Juan Toharia es catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia.

Artículo publicado en El País (edición impresa)